De acuerdo con información de la emisora local La FM, la Contraloría de Bogotá ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal formal contra la presidente del Grupo de Energía Bogotá (GEB), Astrid Álvarez, la ex vicepresidente jurídica, Diana Margarita Vivas, y los interventores Alejandro Botero y Mónica Jiménez, sin afectarlos con medidas cautelares.
5 de febrero de 2020. La Contraloría de Bogotá, en una investigación preliminar que adelantó en los últimos meses por el contrato que el Grupo Energía Bogotá suscribió con la empresa Berkeley Research Group, (mencionada en el escándalo de las chuzadas a los pilotos de Avianca y al director General de Enel en Colombia, Lucio Rubio) encontró que se presentaron irregularidades de la administración, al reconocer pagos por más de 2.040 millones de pesos a la empresa BRG sin los soportes de gastos reembolsables.
El gasto total de los servicios superó los 3.000 millones de pesos, así:
- 6 de septiembre de 2018, gastos reembolsables por $1.023.122.100 – sin soporte
- 10 de septiembre de 2018, gastos reembolsables por $1.012.931.700 – sin soporte
- 1 de febrero de 2019, gastos reembolsables por $1.036.262.700 – sin soporte
Hay que advertir que el Grupo Energía Bogotá maneja recursos del Distrito Capital, pues este es accionista del GEB en un 65%.
La Contraloría de Bogotá encontró que la gravedad de los hechos es tal, que compulsó copias de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, para que se determinen eventuales responsabilidades penales y disciplinarias.
BRG, la empresa con la que el Grupo adelantó dicho contrato, está mencionada dentro de la investigación de las chuzadas realizadas contra los pilotos sindicalistas de Avianca, contra el director General del Grupo Enel en Colombia, Lucio Rubio y contra el abogado Felipe Jaramillo, contraparte en un litigio jurídico contra el mismo Grupo de Energía Bogotá.
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación, en su escrito de acusación contra Laude Fernández, ex representante legal de BRG, hoy preso en desarrollo de la investigación por las chuzadas ilegales, asegura que esa empresa le entregó al Grupo Energía Bogotá, un folio identificado como “Caso Eje Cafetero”, en el que se relaciona información confidencial, sensible, privada y personal del abogado Felipe Jaramillo Londoño, y de su círculo más íntimo, incluidos datos biométricos y fotográficos de menores de edad. El escrito de acusación deja claro que el GEB se benefició del asunto.
Por este informe, Laude Fernández pudo haber cometido los delitos de concierto para delinquir en concurso con violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos y uso de software malicioso, según revela el escrito de acusación en poder de La FM.
El escrito de acusación pone de relevancia también la coincidencia de fechas en las que se firmó el contrato entre BRG y el GEB y la ocurrencia de las chuzadas ilegales.
La firma del contrato ocurre el 22 de junio de 2018 y Lucio Rubio es interceptado el 25 de junio. Un día hábil después de la firma del contrato.
La orden de servicios del Caso Eje Cafetero se da el 16 de julio de 2018 y Felipe Jaramillo, el abogado contraparte del GEB es interceptado el 17 de julio, un día después de la firma del contrato.
Para la Fiscalía es relevante esta coincidencia en las fechas entre las firmas de los contratos y la ocurrencia de las chuzadas.
Un dato adicional tiene que ver con que para comunicarse entre el GEB y la compañía BRG se usó un sistema cifrado de comunicaciones conocido como Proton, que es prácticamente infranqueable y que no deja rastro en internet.
Fuente: La FM
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