$18 billones perdería la Nación y las regiones si se frenan los hidrocarburos

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas estimó las consecuencias económicas, fiscales y sociales en caso que se impongan políticas que debiliten el sector de hidrocarburos.

9 de mayo de 2022.   En un escenario de debilitamiento de la industria de los hidrocarburos, como lo propone uno de los candidatos a la presidencia, las pérdidas estimadas serían de $18 billones en aportes fiscales y regalías de las empresas de Exploración y Producción a la Nación y las regiones en el próximo cuatrienio.

Por ejemplo, un departamento productor como el Meta dejaría de recibir $412 mil millones por regalías, recursos que equivalen a los ingresos destinados a fondos de salud y turismo del departamento; y uno no petrolero como el Chocó dejaría de recibir $70 mil millones, que hoy equivalen a la mitad de los ingresos del fondo local de salud de ese departamento.

Ad portas del cambio de gobierno en Colombia, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico Escenarios de política energética y su impacto para los colombianos, sobre los aportes que el sector podría hacer al país en el próximo cuatrienio, e incluso en esta década. El informe presenta dos escenarios, uno de sostenimiento de la exploración y producción de petróleo y gas (Futuro A) y otro de debilitamiento, con el freno en nuevos contratos de exploración y producción (Futuro B).

“Debilitar la industria repercutiría en una pérdida anticipada en la autosuficiencia energética: se importaría gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028, con las consecuentes pérdidas en ingresos fiscales, regalías y divisas por exportación”, dio Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.

Por el contrario, en el escenario de sostenimiento, se estima que el sector de hidrocarburos generaría ingresos a la Nación por $105 billones en los próximos cuatro años y $227 billones hasta 2032, contribuyendo a la financiación de programas de desarrollo social, reactivación económica, diversificación productiva y energética y al equilibrio fiscal del país.

Asimismo, aportaría $38 billones por regalías durante el próximo Gobierno, y $80 billones hasta 2032, que contribuirían a mejorar la calidad de vida de las regiones, especialmente aquellas con mayores necesidades básicas insatisfechas (beneficiadas con regalías) y las productoras.

En Colombia, el sector está compuesto por más de 500 empresas entre operadoras y contratistas de bienes y servicios, con presencia en al menos 97 municipios de 19 departamentos, y genera 95 mil empleos.

Frenar esta industria equivale a desaparecer la principal empresa del país (Ecopetrol) y los recursos que le genera a la Nación como principal propietaria. Además, se dejarían de percibir una tercera parte de los recursos por las exportaciones que representa el sector.

En el periodo 2022-2032, se dejarían de percibir 45.000 millones de dólares y, en cambio, habría que desembolsar 17.000 millones de dólares en importaciones de petróleo y combustibles.

Dentro de los hallazgos más relevantes del informe, se resalta también la importancia que tiene para Colombia contar con petróleo y gas nacional (autosuficiencia energética), fundamental para mitigar el costo de los servicios públicos de luz, gas y combustibles (gasolina y diésel), y, por tanto, el costo de vida.

Al contrario, esta situación cambiaría si el país requiere importar desde 2026 (Futuro B), teniendo en cuenta que, con importaciones de petróleo y gas el país sería aún más vulnerable a tensiones internacionales, se encarecerían la energía, los insumos con los que se fabrican productos del diario vivir, insumos agrícolas, el dólar, tasas de interés, el endeudamiento público y privado, todo esto con repercusión para el costo de vida.

Hay que señalar que en Colombia hay 11 millones de familias que utilizan el gas natural, 3,5 millones usan GLP, y otro 1,5 millones aún cocinan con leña. En el hipotético caso en que se debiera importar gas, a las cotizaciones internacionales actuales, el precio de este combustible subiría cinco veces, haciendo imposible el pago por los consumidores y enviando a un gran número de población a cocinar con combustibles más contaminantes y peligrosos para la salud.

“Este es un momento crucial para el país, luego de la pandemia y el recrudecimiento de la pobreza que esta ocasionó, hay muchos desafíos en materia social, y este sector puede ser un gran aliado en la lucha contra la pobreza, pues los recursos que genere apoyarían la financiación de los principales programas de desarrollo del próximo gobierno, y permitirían apalancar la diversificación energética y productiva, mientras aprovechamos los recursos de petróleo y gas con los que cuenta Colombia en esta ventana de oportunidad única para el país”, concluyó Lloreda Mera.

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