Consejo de Estado admite demanda contra lineamientos a pilotos de fracking

La alta corte se pronunció sobre la admisión de la demanda mediante la cual se pretende que se declare la nulidad del Decreto 328 del 28 de febrero de 2020.

15 de julio del 2020.   El Consejo de Estado admitió dar trámite a una demanda que busca que se anule el decreto por medio del cual el Gobierno Nacional fijó los lineamientos para adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos, utilizando la técnica de fracturamiento hidráulico conocida como ‘fracking’.

La decisión obedece a una demanda de nulidad por inconstitucionalidad que se presentó contra esta disposición. Para los accionantes, el acto administrativo vulnera el principio de precaución, en detrimento de los deberes del Estado de prevenir daños ambientales, el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano, y el derecho a la participación libre e informada que deberían tener comunidades indígenas y tribales, a través de la consulta previa obligatoria que, según los firmantes de la demanda, debería exigirse frente a cada uno de los proyectos.

Según el Consejo de Estado, las pretensiones de los demandantes no pueden examinarse a través de la acción de nulidad por inconstitucionalidad sino mediante el recurso de nulidad.

Así las cosas, la alta corte decidió adecuar la acción a este último medio de control, teniendo en cuenta que el decreto no fue expedido como desarrollo directo de un mandato constitucional sino con base en la ley que le confiere al Ministerio de Minas y Energía la competencia de evaluar los proyectos piloto del ‘fracking’.

Además, para examinar las supuestas falencias de este acto, no basta la confrontación directa con la Constitución sino que se requiere analizar varias normas de rango legal.

Adicionalmente, la alta corte sostuvo que esta acción cumple con los requisitos formales relacionados con la identificación de las partes, la individualización del acto demandado y la inclusión del acto administrativo frente al cual se pretende el examen judicial. Por estas razones, el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra el decreto.