Es importante la integralidad en el abordaje del sector y de la seguridad energética, tomando en consideración las fuentes primarias y secundarias de energía, sean ellas renovables o no. Se requiere tener una visión holística, partiendo de la premisa de su interés estratégico nacional.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
1º de junio de 2020. En el corto plazo, Colombia debe hacer un gran esfuerzo tendiente a frenar la caída de las reservas de petróleo y gas, que ponen en riesgo el autoabastecimiento del país, pero se debe ser consciente de que, como lo dijo la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CCMNUCC) Christine Figueres, refiriéndose a la industria petrolera pero que puede hacerse extensivo a la industria del carbón, a ellas les “llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.
El año 2015 se constituyó en un hito histórico para la energía, pues ese año el papa Francisco hizo pública su encíclica Laudato sí, sobre el cuidado de la Casa común, de corte ambientalista, las Naciones Unidas acogió la iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la cual se promueve la protección del medioambiente y tuvo lugar la Cumbre de París, la COP21 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscribiéndose un Acuerdo por parte de 195 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Colombia.
El Congreso de la República ratificó ese Acuerdo mediante la Ley 1844 de 2017 y por lo tanto es vinculante su cumplimiento, el cual entraña un compromiso de reducir el 20% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hacia el 2030. Adicionalmente, se expidieron dos documentos CONPES, el 3918 y 3934 de 2018, estableciendo una “estrategia para la implementación de los ODS y una “política de crecimiento verde”, en su orden.
La electricidad en Colombia apenas participa con el 17% de la matriz energética, es prioritaria la electrificación de la economía, sobre todo el transporte y la industria. Hay que promover el ahorro y la eficiencia tanto en la generación como en el transporte, la distribución y en el uso de la energía, incentivando la modernización y reconversión tecnológica de equipos y electrodomésticos.
Colombia cuenta con una arquitectura energética de clase mundial y un sistema regulatorio maduro. Se debe preservar la institucionalidad, pero sin caer en la autocomplacencia. Ha llegado la hora de salir de la zona de confort y prepararse para los cambios disruptivos propios de la Transición Energética. Es clave la modernización del sector energético, que pasa por la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y la big data de la operación y los procesos, teniendo al usuario y al consumidor en el centro.
La Transición Energética se deberá traducir en una mayor diversificación de la matriz energética integrando a esta las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre ellas la biomasa, que sirve de materia prima para la producción de los biocombustibles y para la generación de electricidad. Gracias a las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, desde el año 2005 se estableció la obligatoriedad de las mezclas de etanol y biodiesel con el combustible motor y con la Ley 1715 de 2014 se le desbrozó el camino a las FNCER.
A los biocombustibles se debe la reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado a la atmósfera anualmente. Adicionalmente contribuye con una capacidad instalada de generación de energía con la biomasa como insumo de más de 800 MW de potencia. Con la adjudicación el año pasado de 2.400 MW, aproximadamente, entre granjas solares y parques eólicos, Colombia está dando un salto desde el 5% de participación actual de las FNCER en la matriz energética al 11% en 2023.
Las FNCER no deben considerarse como sustituto sino como complemento de las fuentes no convencionales, de tal suerte que las FNCER sirvan de respaldo a las fuentes convencionales y estas a aquellas. De esta manera se tendrá una matriz más robusta, más confiable y más resiliente frente al cambio climático, sobre todo si se tienen en consideración el carácter contracíclico que caracteriza a las FNCER, habida cuenta que justamente cuando el verano es más intenso es cuando la velocidad de los vientos es mayor y se acrecientan las horas e intensidad de la radiación solar. Ello compensa con creces la intermitencia de las FNCER, de la que no son ajenas las fuentes hídricas, expuestas como lo están a la variabilidad climática.
Acoger la iniciativa de la Misión de sabios de crear el Instituto Nacional de Energía, liviano en su estructura e integración, abierto, incluyente, con participación de las empresas, el Estado y la academia, sirviendo de integrador, articulador y de masa crítica del sector energético.
El mismo debe integrarse con sus pares en Latinoamérica y tener un enfoque regional y diferenciado. Su financiación debe tener como fuente recursos públicos provenientes del FCTeI y de la empresa privada. La experiencia de Brasil puede servir de referente.
Se requiere que la seguridad energética se asuma como una política de Estado y no como política de gobierno. Este es un objetivo de largo aliento, en el que hay que perseverar para poder alcanzar sus objetivos. En el último Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) se dio un paso de la mayor importancia, al dejar claramente establecido que “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Se sigue de lo anterior que la política y la acción en materia de seguridad energética debe ser agresiva y continuada.
Eficiencia energética
Tan importante como contar con una capacidad para el abastecimiento de las distintas y variadas fuentes de energía con las que cuenta el país, es la eficiencia en toda la cadena, desde la generación, pasando por el transporte, la distribución y desde luego en su uso.
Según estudio de la UPME, de la energía generada sólo se aprovecha el 48%. Los dos sectores que sobresalen por el uso ineficiente de la energía son el transporte y la industria con el 82% y el 28% de pérdidas, respectivamente. Dicho de otra manera, en Colombia se derrocha el 52% de la energía generada, con un costo aproximado a los US $4.700 millones/año. Bien se ha dicho que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere, y la más barata es aquella que no se consume haciendo un uso racional y eficiente de la misma.
El sector energético está llamado a servir de dinamizador de la reactivación económica en la post pandemia y con tal fin debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno Nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.