En un insólito y tardío pronunciamiento de un connotado “grupo de ciudadanos con trayectoria profesional en los sectores público, privado y académico”, en el que priman los economistas ortodoxos, a través de un comunicado post morten, le dan un inesperado e inane espaldarazo a la reforma tributaria.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
16 de mayo de 2021. La razón esgrimida por el grupo de ciudadanos preocupados para apoyar tan abominable como abominado esperpento es que “no es posible estar de acuerdo al mismo tiempo con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el Gobierno. Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”.
No cabe duda de la necesidad de extender y tornar permanente, como lo ha propuesto el Gobierno, el “ingreso mínimo garantizado”, que va en la dirección correcta de una renta básicapara los más vulnerables que hemos venido planteando, así como “los demás gastos sociales” en que ha venido incurriendo el Gobierno Nacional, máxime después del exacerbamiento de las lacras sociales del desempleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad, principales secuelas de la pandemia. Pero, de ello no se sigue que la fuente de su financiación recaiga sobre la clase media y sobre los vulnerables, manteniendo incólumes los beneficios tributarios para los más pudientes, que era lo que pretendía el proyecto de marras.
Al contrario de lo que pretendía la fallida reforma, ahora el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en este segundo tiempo, admite que hay un consenso según el cual “cualquier decisión que se tome, no puede tocar a la población vulnerable ni a la clase media… Hay que buscar ese mecanismo de solidaridad de que los que más tengan contribuyan con los que menos tienen”. Definitivamente, este “grupo de ciudadanos” resultó ser más papista que el Papa.
No se puede desestimar el riesgo de la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana a consecuencia del actual desbarajuste fiscal, por cuanto ello conllevaría una dificultad mayor para el acceso al crédito en momentos en que más se requiere y el encarecimiento de la abultada deuda pública, que ya representa el 65% del PIB.
Pero tampoco se puede sobreestimar, pues, como lo afirma Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, “evitar una rebaja en la calificación no debería ser un propósito, sino más bien una restriccióncon la que las autoridades actúen en estos momentos”. Es decir, el llamado es a la prudencia y no al pánico frente a dicho fantasma.
Coincido con la ex ministra Cecilia López en que si bien el déficit fiscal es motivo de mucha preocupación, “el principal problema de la economía colombiana hoy no es el déficit sino el desempleo y la pobreza” sobre todo de los jóvenes, con una tasa impresionante del 23.5%. Se pregunta ella y con razón “a qué hora perdimos el foco”.
A todas esas, cabe preguntarse qué espera el Gobierno Nacional para presentarle al Congreso de la República y al país su proyecto de reforma 2.0, después que el ministro Restrepo le anunció al país que “hay unos puntos de consenso. Uno es el tema de gasto social enfocado en los más vulnerables y la necesidad de una ley que apoye ese gasto y que encuentre fuentes de financiación que garantice la estabilidad fiscal”.
Restrepo ha acotado el alcance del mismo. Según él, “la reforma debe aspirar a recoger anualmente un punto porcentual del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto porcentual para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”. En plata blanca, está hablando de “una reforma de unos $14 billones”, la mitad de lo que pretendía recaudar Carrasquilla.
Así las cosas, sigo sin entender el desdén con que el Gobierno ha recibido la oferta de la ANDI, por una parte, y de FENALCO – ACOPI por la otra, consistentes en aplazar en el primer caso y renunciar en el segundo a varios de los beneficios tributarios que recibieron en la reforma tributaria de 2019. Sumadas sus propuestas, de acogerla el Gobierno y para luego es tarde, le significarían un recaudo de $13.4 billones, casi a lo que aspira el ministro Restrepo.
El mensaje del presidente de la ANDI no ha podido ser más contundente: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrenos a nosotros”. El Gobierno no puede seguir deshojando margaritas, cójale la flota a los empresarios.
El Congreso de la República tiene el tiempo justo para tramitar y aprobar esta reforma, que no ampliaría ni la base del impuesto de renta a las personas naturales ni la del IVA y sería una contribución a la distensión tan necesaria en estos momentos en los que la movilización y la protesta en el país está en su segundo pico, después de las de noviembre pasado.
Bien dijo el sacerdote jesuita y profesor de filosofía de la Universidad Javeriana Vicente Durán Casas, que “si buscamos puntos en común, empezaremos a entendernos” y a superar nuestros desencuentros.
*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.