Una vez más salta a la palestra Hidroituango, proyecto de vital importancia para el país, el cual enfrenta en este momento sus mayores dificultades, en medio de una trifulca y un pulso político que ha trascendido a los estrados judiciales y está mediada por un fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General de la República.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
24 de octubre de 2021. El megaproyecto de generación de electricidad es considerado como el de mayor envergadura del país, pues contempla 8 unidades con una capacidad de 300 MW cada una de ellas, cuya generación estará en capacidad de satisfacer el 17% de la demanda nacional. De él depende la confiabilidad y firmeza de un servicio tan esencial como es el de la electricidad para los 13,8 millones de usuarios, entre regulados y no regulados.
Nadie esperaba que, cuando el avance del proyecto había alcanzado el 81%, se presentara una contingencia de enormes proporciones en mayo de 2018, atribuible al colapso de un túnel que se construyó sin contar con la licencia ambiental, razón por la cual la ANLA sancionó a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Así las cosas, pese a los esfuerzos del gobierno para garantizar el cubrimiento de la demanda y de EPM, al acordar con los cuestionados contratistas que continuaran la obra, con miras a asegurar que las primeras 4 unidades entraran en operación este año y no cumplirse con dicho cronograma, el sistema eléctrico del país en su conjunto ha sido sometido a un estrés que ha puesto en riesgo su estabilidad y confiabilidad.
Se podrá decir que no hay motivos de preocupación por un posible racionamiento, porque el nivel del agregado de los embalses en este momento está al tope, rozando el 85%, pero ello es efímero, puesto que es consabido que el Fenómeno de la Niña actual, con su alta pluviosidad, es pasajero y siempre va seguido del Niño y la consiguiente sequía. No se puede, entonces, jugar a la ruleta rusa, como es la aleatoriedad propia de la meteorología debido a la variabilidad climática.
Por todo lo anterior, el sólo anuncio por parte del Alcalde de Medellín y del Gerente de EPM que están contemplando un plan B que consistiría en cambiar al consorcio constructor, ha encendido todas las alarmas. Porque, así afirme el alcalde Quintero que si se cambia de montura en la mitad del río, “en principio el retraso era de 16 meses, si los contratistas salían, hoy lo calculamos en 4 meses y estamos trabajando para llevarlo a cero”, ello está por verse. Contra todos los pronósticos, su administración y la de EPM estiman que “en junio del próximo año, si no hay retrasos (sic), entraríamos en operación”.
Pero a contrario sensu de lo que piensa el Alcalde, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) sostiene que el cambio de ejecutores significaría, mínimo, añadirle un año más a la lista de espera. Por su parte, la firma auditora independiente Deloitte considera que, “en caso que exista un cambio en el constructor de obras civiles no sería posible cumplir con el cronograma”.
La situación se torna más compleja si tenemos en cuenta que sigue en firme la Resolución de la ANLA de suspender la Licencia Ambiental al proyecto y con ella se le puso un freno de mano a las “actividades constructivas”, permitiendo sólo la ejecución de obras o desarrollos relacionados con trabajos que tengan por finalidad “superar la contingencia”. La ANLA le requirió a EPM presentarle un dictamen pericial, que la empresa contrató con la firma POYRY, el cual hasta la fecha no ha sido presentado.
Ante esta encrucijada y la gravedad de la situación planteada, el presidente de la República Iván Duque convocó una cumbre en la Casa de Nariño. Al término de la misma el presidente se desmarcó de la posición del alcalde Quintero, quien se limitó a decir “que los responsables paguen”. Por su parte, Duque afirmó que “aquí lo que ocurrió fue un siniestro y lo que tiene que operar es que las aseguradoras cumplan con el pago de las pólizas”.
Con respecto al cambio de contratistas y a un eventual aplazamiento de la entrada en operación de las dos primeras unidades en junio de 2022, el gerente de EPM manifestó: “aquí no podemos estar improvisando como país. Poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, puede tener repercusiones graves para el país”. Y subrayó, “aquí no podemos estar jugando a la incertidumbre”.
Huelga decir que el no cumplimiento del nuevo cronograma para la entrada de Hidroituango para que empiecen a generar energía las primeras unidades, no sólo seguirá afectando el precio y las tarifas de energía en todo el país, sino que compromete seriamente la operatividad de los parques eólicos y las granjas solares fotovoltaicas que se están instalando, dado que así como las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) están llamadas a servir de respaldo al parque de generación convencional (hídricas y térmicas), igualmente este habrá de servir de respaldo a aquellas.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.