El sector eléctrico colombiano, con el liderazgo de Acolgen, consolida su compromiso con la sostenibilidad mediante inversión en energías limpias, desarrollo social y protección ambiental, según revela su más reciente informe de sostenibilidad.
Durante 2024, las empresas asociadas a Acolgen sumaron 963 megavatios solares fotovoltaicos al sistema eléctrico nacional, reafirmando su apuesta por la energía renovable. Actualmente, el 70 % de la electricidad en Colombia proviene de fuentes limpias como el agua, el sol y el viento.
A esta cifra se suma una capacidad en expansión superior a 4,6 gigavatios, distribuidos entre proyectos en construcción, pruebas finales, licencias ambientales otorgadas y etapas tempranas de desarrollo.
En materia ambiental, en 2024 el gremio invirtió más de $232 mil millones en iniciativas como la restauración ecológica y siembra de 2,8 millones de árboles, la recuperación de 4.000 hectáreas y la protección de cuencas y mejoras en el saneamiento básico en distintas comunidades.
Adicionalmente, las empresas también destinaron más de $187 mil millones en programas sociales, beneficiando a 839 mil personas. Las acciones incluyeron el mejoramiento de vías rurales, la instalación de paneles solares en escuelas, programas de salud, deporte y seguridad alimentaria, y apoyo a comunidades étnicas con kits escolares y proyectos productivos.
Además, se ejecutaron 67 consultas previas, alcanzando 229 acuerdos, y se canalizaron $114 mil millones en Obras por Impuestos, con impacto en bibliotecas, laboratorios, puentes y vías.
El informe destaca que el sector genera más de 27 mil empleos directos e indirectos. Del total de la fuerza laboral, 31 % son mujeres, con una representación importante en cargos directivos (31 %) e intermedios (38 %).
También se reporta la vinculación de 932 jóvenes menores de 30 años, fortaleciendo la renovación del talento humano en el sector.
Finalmente, por concepto de transferencias de ley, las empresas generadoras aportaron más de medio billón de pesos. De estos recursos, el 51,8 % fue destinado a autoridades ambientales, el 48,16 % a municipios y el 0,03 % a comunidades locales.