El documento «Agenda del Sector Privado al Próximo Gobierno 2026-2030» propone diez líneas de acción para recuperar la seguridad energética, aumentar la oferta de hidrocarburos y electricidad, acelerar la infraestructura y dar estabilidad regulatoria al sector.
El Consejo Gremial Nacional presentó al nuevo Gobierno de Abelardo de La Espriella una agenda de política pública para el período 2026-2030 en la que ubica la seguridad minero-energética entre las prioridades del país.
Más que insistir en el diagnóstico sobre la situación del sector, el documento concentra una serie de propuestas orientadas a garantizar el abastecimiento de energía, atraer inversión y fortalecer la competitividad.
El gremio de gremios plantea que la seguridad energética debe convertirse en una política de Estado de largo plazo, con reglas estables para la inversión, gobernanza institucional y una transición energética que amplíe la oferta sin desmontar las fuentes que hoy respaldan el suministro.
El capítulo dedicado al sector reúne diez iniciativas que abarcan hidrocarburos, minería, electricidad, transmisión, gas natural y energías renovables.
1. Convertir la seguridad energética en una política de Estado
La primera propuesta consiste en adoptar un Plan Nacional de Seguridad Energética con horizonte de largo plazo. El Consejo Gremial plantea que la política energética trascienda los periodos presidenciales y establezca objetivos permanentes para garantizar suficiencia, confiabilidad y competitividad.
La agenda propone que este plan incluya mecanismos de seguimiento, coordinación institucional y señales regulatorias que otorguen estabilidad a los inversionistas.
2. Diversificar la matriz sin reducir la oferta existente
El documento respalda la incorporación de nuevas fuentes renovables, pero sostiene que el proceso debe complementarse con el fortalecimiento de las tecnologías convencionales.
Para el Consejo Gremial, la expansión de la generación solar y eólica debe avanzar de forma paralela al desarrollo de gas natural, hidroeléctricas y otras fuentes capaces de aportar energía firme al sistema eléctrico. El objetivo consiste en ampliar la oferta disponible y mantener la confiabilidad del suministro.
3. Acelerar la infraestructura de transmisión y transporte
Otra prioridad es destrabar los proyectos de transmisión eléctrica, conexión y transporte de hidrocarburos y gas.
La organización plantea agilizar licencias, consultas previas y permisos para reducir los retrasos que afectan la entrada en operación de nuevos proyectos energéticos. También propone fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de estos procesos para disminuir tiempos y dar mayor previsibilidad a las inversiones.
4. Fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico
El Consejo Gremial solicita revisar los mecanismos de expansión del sistema eléctrico para garantizar que exista suficiente capacidad firme frente al crecimiento de la demanda.
Entre las propuestas aparecen medidas para acelerar la incorporación de nuevos proyectos de generación, mejorar la planeación del sistema y fortalecer los instrumentos que respaldan la confiabilidad eléctrica.
5. Resolver la situación financiera del sector eléctrico
El documento plantea una solución estructural para la deuda acumulada por subsidios, obligaciones oficiales y otros pasivos que llegan a la cifra de $9,2 billones y que afectan la liquidez de las empresas del sector.
La propuesta busca garantizar la sostenibilidad financiera del servicio mediante el pago oportuno de las obligaciones estatales y mecanismos que permitan recuperar la capacidad de inversión de los agentes del mercado.
6. Reactivar la exploración de hidrocarburos y el desarrollo offshore
Uno de los capítulos con mayor énfasis corresponde al fortalecimiento de la oferta futura de petróleo y gas.
El Consejo Gremial propone impulsar la exploración costa afuera, promover nuevas campañas exploratorias y facilitar el desarrollo de proyectos de producción para aumentar las reservas y reducir la dependencia de las importaciones de gas natural, que hoy rondan el 35%.
También plantea fortalecer la Agencia Nacional de Hidrocarburos en sus funciones técnicas relacionadas con la administración del recurso y la gestión contractual.
7. Establecer un marco para los yacimientos no convencionales
La agenda solicita crear un marco jurídico estable para el desarrollo de yacimientos no convencionales.
El documento considera que el país debe contar con reglas claras que permitan evaluar este tipo de recursos dentro de estándares ambientales y técnicos definidos por las autoridades competentes.
8. Implementar una solución para las tarifas eléctricas
El Consejo Gremial propone adoptar una solución estructural para el esquema tarifario, con énfasis en la Región Caribe.
La iniciativa busca corregir factores regulatorios y financieros que inciden sobre las tarifas, al tiempo que fortalece la sostenibilidad de las empresas distribuidoras y comercializadoras del servicio.
9. Reconocer al carbón como respaldo para la industria
La agenda plantea mantener el carbón nacional como fuente de respaldo para el sistema energético y la competitividad industrial.
Según el documento, este combustible continúa desempeñando un papel dentro de la seguridad del abastecimiento mientras avanza la diversificación de la matriz energética.
10. Llevar energía de calidad a las zonas no interconectadas
La última propuesta apunta a universalizar el servicio eléctrico en territorios donde la cobertura aún presenta limitaciones.
El Consejo Gremial propone ampliar la infraestructura, mejorar la calidad del suministro y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de las Zonas No Interconectadas, con el fin de reducir brechas de acceso a la energía.
Una agenda centrada en la oferta
El capítulo concluye con una visión orientada a ampliar la capacidad energética del país. La hoja de ruta combina el desarrollo de energías renovables con la continuidad de la exploración de hidrocarburos, el fortalecimiento del sistema eléctrico, la expansión de la infraestructura y la estabilidad regulatoria.
La premisa del Consejo Gremial es que la transición energética debe avanzar de manera simultánea con medidas que garanticen el abastecimiento, la inversión y la competitividad de la economía colombiana.