En diálogo con la guiadelgas.com, el director de la UPME habla sobre los proyectos de expansión prioritarios en gas natural y electricidad, para darles seguridad a estos sistemas energéticos.

Carlos Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), cree que la segunda convocatoria para la planta de regasificación del Pacífico y el gasoducto Buenaventura-Yumbo, no saldrá desierta y que, en consecuencia, se estaría adjudicando a mediados de julio próximo.

La afirmación la hace soportado en que la ampliación de tres meses para presentar propuestas fue solicitada por los mismos interesados, y además la UPME redujo la capacidad de almacenamiento de 200.000 a 170.000 metros cúbicos, lo que ha despertado interés en los inversionistas.

Por otro lado, además de la interconexión de los dos sistemas de transporte de gas natural, el de la Costa y el Interior, Correa considera que otros proyectos prioritarios para el sistema es la bidireccionalidad Barranquilla-Ballena y el cierre del anillo Jobo-Medellín, identificados en el Plan de Abastecimiento de Gas.

En el tema de líquidos, la UPME identificó otro proyecto importante: el poliducto Yumbo-Pasto, que solucionaría en un futuro próximo temas de confiabilidad y abastecimiento para el sur del país.

“Estamos a la espera de que la CREG defina las reglas para ese proyecto, pero creo que va a solucionar el suministro de combustibles líquidos: jet fuel, GLP, gasolina y diésel para esa zona del país, que como ya vimos con el tema del cierre de vías, tiene dificultades de transporte y sufre bastante”, dijo Correa.

Cambiar el chip en la planeación en electricidad

De acuerdo con el funcionario, hay aprobados 23.900 Mw para conexión, pero el cuello de botella del sector eléctrico está en la falta de redes de transmisión.

“Efectivamente, el refuerzo en las redes de transmisión se ha hecho históricamente tratando de seguir la demanda y tratando de ir, si se quiere, en un segundo plano hacia la expansión del parque de generación.

“Lo que nosotros estamos viendo es que, primero, hay que cambiar el chip en la manera en que se planea la transmisión, nos toca ser más anticipativos, porque ya vimos que por falta de transmisión muchos proyectos no pueden tener acceso a puntos de conexión.

“Entonces, por un lado, un cambio de chip en la planeación y, en segundo lugar, desde la UPME tenemos mapeado los proyectos más urgentes, el Ministerio también, hay inclusive una gerencia interministerial que se llama Gerencia Guajira, y nosotros dese la Unidad por supuesto nuestra labor esa sí diaria es hacer seguimiento a los proyectos de transmisión y tratar de determinar qué se puede hacer para impulsarlos y que lleguen a feliz término”, señala el funcionario.

Dentro de esos proyectos prioritarios en transmisión, Correa señala a Colectora-Cuestecitas y las líneas que se desprenden hasta La Loma y El Copey, pues esos proyectos permitirían evacuar una capacidad importante de generación en La Guajira, más o menos unos 1.050 Mw.

Otros proyectos están asociados a la zona Centro Oriente: Chivor Norte-Bacatá y Sogamoso Norte-Nueva Esperanza, que para la UPME son prioritarios porque permitirían aumentar la confiabilidad en la zona donde Bogotá representa una carga importante.

Si bien el 2022 cerró con buenos resultados para el sector petrolero colombiano, el 2023 comenzó con indicadores a la baja.

Efectivamente, el año pasado se perforaron 68 pozos exploratorios, el mayor número de los últimos cuatro años, con un crecimiento del 113% frente a 2021, cuando se perforaron 25; la producción tuvo un promedio anual de 754 mil barriles diarios; mientras el precio promedio del crudo fue de 101 dólares por barril, lo que le permitió a Colombia tener exportaciones de petróleo y derivados por 19.000 millones de dólares, el equivalente a cuatro reformas tributarias.

En consecuencia, la contribución a las regiones a través de regalías también aumentó a 10,7 billones de pesos, las más altas de los últimos veinte años, y Ecopetrol, la mayor empresa del sector, registró resultados históricos.

Pero desde finales del año pasado se ven nubarrones en el horizonte del sector de oil & gas colombiano. La actividad de taladros ha venido cayendo desde noviembre de 2022, cuando estaban activos 155 a 142 en febrero de 2023, una disminución de 13 equipos. La producción de crudo también pasó de 785 mil barriles diarios en diciembre de 2022, la más alta del año pasado, a un estimado de 760 mil barriles en febrero pasado, según datos preliminares.

De acuerdo con el recién publicado Balance Petrolero, elaborado por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), el entorno negativo nacional se debe a los riesgos de viabilidad y seguridad en las operaciones (caso Emerald – 2 de marzo de 2023- más dos campos parados en Arauca), por incidentes de orden público, que reducen los incentivos de los inversionistas del sector. En consecuencia, las empresas han solicitado la terminación de cerca de 60 contratos ya firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Además,  por la incertidumbre generado por el Gobierno ante la negativa a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, se ha generado desconfianza en el futuro de la industria O&G del país.

En efecto, “en el cuarto trimestre de 2022 la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector petrolero en Colombia fue de 416 millones de dólares. Lo anterior evidencia una contracción del 46%, con respecto al trimestre anterior ($768 millones de dólares) y una disminución del 5% frente al mismo trimestre de 2021”, señala el informe.

De acuerdo con Campetrol, esos “menores niveles de inversión podrían significar disminución en los taladros activos (mantenimiento y perforación) y, por tanto, menores niveles de exploración y producción de petróleo”, como efectivamente ya se está viendo al comienzo del año.

Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol, señaló que la inversión petrolera internacional en la región la están capturando países como Ecuador, Guyana y hasta Venezuela, por lo que señaló que, “en paralelo con la transición energética, la economía colombiana requiere mantener activos sus sectores más relevantes, los que aportan al crecimiento del PIB, de las exportaciones, empleos, impuestos, regalías, encadenamientos productivos en el territorio e inversión extranjera directa.”

El dirigente gremial resaltó la importancia económica del sector O&G, el cual en el periodo 2011-2021 representó en promedio el 6% del PIB nacional anual, el 43% del total de las exportaciones, el 26% de la Inversión Extranjera Directa y el 9% de los ingresos totales del Gobierno Nacional.

Según el informe del gremio, el entorno internacional tampoco ayuda. Los precios del crudo Brent han caído este año hasta los 79 dólares por barril a finales de marzo, mientras persiste la guerra entre Rusia y Ucrania y las restricciones productivas contribuyen al declive en los precios.

Pese a esos nubarrones que se ciernen sobre el horizonte de la industria de los hidrocarburos en Colombia, “desde Campetrol seguiremos siendo el puente técnico hacia el Gobierno y demás instituciones en pro del desarrollo del sector en el país, así como de una transición energética ordenada, que genere crecimiento y desarrollo económico sostenible”, concluyó Castañeda.

En la sesión del 24 de marzo pasado, la Junta Directiva de Ecopetrol designó a Alberto Consuegra Granger como Presidente encargado de la empresa a partir del 1 de abril de 2023 y hasta la fecha en que se nombre al sucesor en propiedad de Felipe Bayón Pardo, quien estará al frente de la Compañía hasta el próximo 31 de marzo.

Alberto Consuegra Granger, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector minero energético e ingresó al Grupo Ecopetrol en 2016 como vicepresidente de Abastecimiento y Servicios. Se ha desempeñado como Presidente encargado de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y actualmente es el vicepresidente Ejecutivo Operativo y representante legal suplente de Ecopetrol S.A.

De acuerdo con un comunicado, la Junta Directiva, con apoyo del Comité de Compensación Nominación y Cultura, y la asesoría de una firma caza talentos de talla internacional, continúa adelantando el proceso de selección del nuevo presidente de conformidad con la Política de Sucesión del Presidente de Ecopetrol S.A.

La formación Palermo Aike, en el sur de Santa Cruz, Argentina, podría contar con reservas por 130 terapiés cúbicos de gas natural y 6,6 billones de barriles de crudo, esto es más de un tercio de lo estimado en Vaca Muerta.

Por: IGNACIO ORTIZ

La formación geológica con potencial de gas y petróleo no convencional de Palermo Aike, ubicado en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, es la roca madre de la Cuenca Austral y puede representar en volúmenes hasta un tercio de lo que se le reconoce a Vaca Muerta, en Neuquén.

La proyección podrá comenzar a comprobarse con la nueva etapa de exploración que encarará YPF a partir de 2023, algo que ya viene realizando la Compañía General de Combustibles (CGC).

Desde comienzos de la década pasada, cuando la industria comenzaba a hablar del potencial de Vaca Muerta, también se destacaba que la Argentina contaba con otras formaciones geológicas no convencionales que podían ser muy importantes en materia de recursos de gas y petróleo.

Desde entonces se indaga en el potencial geológico y eventualmente comercial de rocas madre conocidas como D-129 en la que avanzó YPF en el Golfo San Jorge; Los Molles, en Neuquén; o Los Monos, en el noroeste del país.

De todas ellas se estima que la formación del sur de Santa Cruz es la que mayor potencial tiene para transformar sus recursos en reservas comercialmente explotables, con proyecciones que la ubican como el cuarto reservorio más importante del mundo, de acuerdo con la International Energy Agency.

Esas estimaciones indican que la formación podría contar con reservas por 130 terapiés cúbicos (TCF) de gas natural y 6,6 billones de barriles de crudo, lo que permite apreciar su magnitud frente a Vaca Muerta que dispone de 308 TCF y 16 billones de barriles.

Días atrás, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de YPF, Pablo González, anunciaron la decisión de encarar junto con CGC y otras compañías eventuales joint ventures en la exploración de Palermo Aike.

Al respecto, el presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, explicó que la roca generadora de la cuenca austral “es muy extensa y si bien ha tenido muchas campañas de exploración quedan cosas por relevar. No es como Vaca Muerta donde ya está probada su alta productividad sino que hay que arrancar casi de cero y empezar a probarla”.

“Hay que conocer cuánto es el contenido de materia orgánica, las profundidades, la estructura de la roca, la forma de encararla, toda información que pueden surgir de los estudios y las pruebas que decida encarar YPF”, agregó el especialista.

Para López Anadón, la transmisión de todo el conocimiento realizado por las operadoras en Vaca Muerta “no tendrá un aporte desde el punto de vista geológico porque son rocas diferentes y de distinto espesor, pero sí lo hará en la evaluación global de un proyecto no convencional, la logística que se requiere y quizás permita acortar los pasos de buen conocimiento de otras rocas.”

El eventual descubrimiento de recursos comercialmente aprovechables en Palermo Aike dará lugar al desarrollo de proyectos de largo plazo, lo que permitirá ir supliendo el declino de los hidrocaburos convencionales que se viene registrando en la cuenca Austral.

“Si Palermo Aike muestra que es una roca con alta productividad va a encontrar inversores interesados como hoy los tiene Vaca Muerta, pero no necesariamente será una competencia para la cuenca neuquina”, señaló López Anadón.

Días atrás, Massa se refirió a la decisión de YPF de encarar la exploración no convencional de la Cuenca Austral, generadora de buena parte de los hidrocarburos que se producen en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, para la cual el programa es perforar este año los primeros pozos y, de alguna manera, confirmar el potencial para un eventual desarrollo.

“Estamos hablando que representa un tercio de lo que es Vaca Muerta, en barriles de petróleo y TCF de gas”, dijo el ministro, tras lo cual remarcó que “es la oportunidad de la Argentina de multiplicar aún más su capacidad y sueño exportador de energía.”

En ese sentido, el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Matías Kalmus, consideró que el anuncio “reaviva todo lo que se vino desarrollando desde 2015 en la provincia con las primeras licitaciones de áreas a cargo de CGC, y en sociedad con YPF en el área Paso Fuhr.”

Desde 2018 hay un trabajo muy fuerte en la exploración de Palermo Aike a cargo de la petrolera que tiene como principal accionista a la Corporación América, que desde entonces realizó decenas de pozos exploratorios y avanzó con la fractura en dos de ellos en 2021 y 2022 con resultados positivos.

Kalmus afirmó que “Santa Cruz tiene el recurso y la infraestructura listas para poder desarrollar el potencial no convencional. Lo que necesitamos es que se sumen las grandes empresas que quieran invertir en la provincia y ayudarnos a explorar y explotar el Shale”, subrayó Kalmus.

El funcionario patagónico resaltó que “la provincia cuenta con una infraestructrura de ductos, plantas compresoras de gas y de tratamiento de petróleo, que hoy está sobredimensionada por la curva del convencional que viene decayendo, por lo que un descubrimiento permitiría volver a trabajar a pleno”, al hacer referencia a la disponibilidad del puerto Punta Loyola, que puede para a ser la vía de exportación de la producción de hidrocarburos.

Fuente: Télam

En el marco del Congreso Colombia Genera 2023, organizado por la ANDI, el presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda Mera, calificó como positiva la unificación de criterios al interior del Gobierno nacional con relación a la transición energética.

El dirigente gremial destacó especialmente el anuncio de los ministerios de Hacienda, Comercio Exterior y, Minas y Energía, que señala que el tiempo de esa transición dependerá de una transición exportadora, de alcanzar una economía más diversificada y menos dependiente del petróleo y del carbón, y de la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país.

“Es un anuncio que el país esperaba, pues parte del reconocimiento de que la transición energética no puede depender únicamente de unos objetivos en materia energética y ambiental, por loables que sean, más cuando es conocido que el impacto de la actividad del sector en la crisis climática global es mínimo y que el principal desafío de la transición energética en Colombia no está en la oferta de energía sino en la demanda; es decir, en la transición del parque automotor”, indicó Lloreda.

En esa línea, resaltó las bondades de una mayor inversión en energías limpias, la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles, una mayor eficiencia energética, la revisión y flexibilización de la regulación para acelerar la generación de energías limpias, y la reindustrialización de la economía colombiana, anunciadas por el Gobierno.

Al respecto, dijo que “se trata de unos objetivos importantes que, al igual que los que determinarán el tiempo de la transición, requerirán de acciones concretas, de metas y de indicadores, que ojalá se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo, para que, como lo indica el Gobierno, se evalúen de forma permanente”.

Con relación a la política de exploración y producción de petróleo y gas, el dirigente de la ACP afirmó que el comunicado del Gobierno pareciera supeditarla, con razón, a los cuatro determinantes de la transición anunciados (transición exportadora, diversificación de la economía, menor dependencia del petróleo y del carbón, y sostenibilidad fiscal y macroeconómica) y al monitoreo de los informes anuales de reservas probadas de hidrocarburos que oficialmente certifica la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

De acuerdo con el presidente Ejecutivo, es previsible que el informe de reservas del 2022 arroje un incremento en las reservas probadas (P1) de petróleo y gas, no solo por el esfuerzo exploratorio realizado por las empresas, sino, por los altos precios del petróleo en el 2022, cuyo promedio fue USD 100 el barril, y que permitirían materializar recursos que antes no eran posibles.

Cuando los precios son altos se puede desarrollar un petróleo y un gas más costosos de extraer; por eso, un volumen de reservas que se consideraban probables (P2) se

reclasifican como probadas (P1) y otras, consideradas como posibles (P3), se reclasifican temporalmente como probables (P2). “Será una buena noticia, que debe entenderse en el contexto coyuntural de los precios del año pasado”, aseguró Lloreda Mera.

El líder gremial también señaló que los contratos existentes de petróleo y gas requieren de un apoyo decidido del Gobierno nacional, del Congreso de la República y de las autoridades regionales, para que sean exitosos. Necesitan celeridad rigurosa en las licencias y permisos; la aplicación de la ley y la seguridad en el territorio; y estar vigilantes a iniciativas legales y regulatorias que dificulten su desarrollo y la articulación institucional. “Los ministros de Hacienda y de Minas y Energía han manifestado su interés y decisión de sacar adelante estos contratos, tarea en la que cuentan con el apoyo de la industria”, agregó.

Finalmente, Lloreda felicitó a las empresas Promigas y TGI por conectar de manera bidireccional los gasoductos del interior del país con los de la costa Caribe, para que sea posible enviar gas natural en ambos sentidos, facilitando el abastecimiento del hidrocarburo de ambos mercados.

“Es una extraordinaria noticia; el siguiente paso debería ser acordar un sistema de distribución más justo del costo del transporte para que todas las regiones cuenten con gas natural a precios razonables”, dijo.

“Desde la ACP, gremio que asocia a los productores de gas natural, continuaremos trabajando sin descanso para que ese gas sea hecho en casa y no importado; para que contemos con una infraestructura y regulación que permita desarrollarlo y que llegue al consumidor final, incentivando la demanda; y para que, en un futuro no lejano, Colombia exporte no solo petróleo sino gas natural y, así, la transición energética sea posible”, concluyó el presidente de la Asociación.

La producción preliminar de petróleo en febrero de 2023 registró una disminución del 1,8% respecto a enero del mismo año. En el mismo mes, la actividad de taladros se ubicó en 142 equipos activos (51 de perforación (Drilling) y 91 de mantenimiento (Workover), siete taladros menos que los registrados en enero pasado.

La producción preliminar de petróleo en Colombia durante febrero alcanzó los 759.900 barriles de petróleo por día (BPPD), registrando una caída de 1,8% (13.6 mil BPPD) respecto a enero pasado (774 mil BPPD), según el más reciente Informe de Taladros y Producción presentado por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).

La cifra para el año corrido (enero – febrero) registra una variación 3,7%, es decir, una producción promedio de 766.800 BPPD.

El dato, de acuerdo con el gremio, se explica principalmente por las situaciones de orden público registradas en los departamentos de Arauca, Putumayo y Caquetá, que propiciaron variaciones a la baja en la producción intermensual. 

Lo anterior, indicó Campetrol, significa una pérdida importante de recursos para la economía colombiana, en las regalías de los respectivos departamentos y el impacto negativo en la mano de obra de las regiones; teniendo en cuenta que durante los primeros tres meses del año se han presentado diferentes incidentes y alarmas de entorno que han derivado en la suspensión de las operaciones en Arauca por más de 48 días a la fecha.

Así mismo, en Meta, Putumayo y Caquetá se han presentado vías de hecho contra las movilizaciones de equipos e ingreso de personal a las operaciones que se han extendido inclusive durante más de 20 días.

Los bloqueos se han incrementado en aproximadamente un 40% entre el primer semestre de 2021 y el segundo del 2022, representado en un promedio de aproximadamente 3 bloqueos diarios durante 2022 en las operaciones de todo el país.

Por su parte, la producción comercializada de gas fue de 1.008 millones de pies cúbicos por día (MPCD), lo que significa una disminución del 6,6% respecto al mismo mes de 2022. Comparadas con el mes inmediatamente anterior, hubo un aumento del 3,8%. Para el promedio del año, se observa una producción de 990 MPCD, lo cual evidencia una disminución del 5,8% respecto al mismo periodo en 2022.

El informe también da cuenta de que en Colombia, para el mes de febrero de 2023, hubo 142 equipos activos: 51 de perforación y 91 de mantenimiento; siete equipos menos frente a enero de 2023. La proyección para los próximos tres meses estima una reducción en el número de taladros activos: 137, 135 y 133 en marzo, abril y mayo, respectivamente.

La actividad de taladros ha mantenido una tendencia decreciente en los últimos tres meses, al pasar de un total de 155 equipos activos en noviembre de 2022 hasta 142 en febrero de 2023, una disminución de 13 equipos activos (-8,4%).

Puntualmente, en este periodo de tiempo, los taladros de perforación pasaron de 60 a 51, experimentando una caída del 15%, mientras que los taladros de mantenimiento pasaron de 95 a 91, con una disminución del 4,2%. Este declive obedece principalmente a las afectaciones de orden público en los departamentos de Arauca y Putumayo.

La reducción en el número de taladros activos y la producción de petróleo en el país entre enero y febrero de 2023, vinieron acompañadas, según la última información reportada por el DANE, de una cifra de 1.024 millones de dólares FOB en exportaciones de crudo y derivados, una disminución de 244 millones de dólares FOB frente al mismo período de 2022.

“Desde Campetrol reiteramos la importancia del petróleo, el gas y la energía en la generación de bienestar, desarrollo económico, encadenamientos productivos, mano de obra local y soberanía energética, por lo cual, invitamos a seguir trabajando juntos: Gobierno, Industria y Territorio en pro del sostenimiento del sector para beneficio de todos los colombianos” afirmó Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de la Cámara.

La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (UTIPEC) ve con preocupación la propuesta de Reforma Laboral que el Gobierno ha planteado y que de a poco viene socializando con algunos sectores del país.

“Esto que mediáticamente se ha querido mostrar como una reforma garantista que entrega más beneficios a los trabajadores, la verdad es que los riesgos que trae sobre la viabilidad de los empleos formales generaría mayores perjuicios al momento de su implementación qué las bondades que promete”, señala el sindicato en un comunicado.

La UTIPEC presentó sus críticas a la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno, desde las siguientes perspectivas:

1)  Esta Reforma Laboral está errónea y exclusivamente limitada a un selecto grupo de los trabajadores con mejores condiciones de Colombia.

Al respecto es necesario contextualizar la situación laboral que tenemos en Colombia, en donde el mayor problema a nivel laboral en el país es el desempleo y la desocupación. En un país con aproximadamente 51,52 millones de habitantes, la población económicamente activa que está en edad de trabajar, sea empleada o buscando empleo, es de 24,25 millones; de las cuales, según el informe más reciente del DANE, el 57,9% están en la informalidad y el 13,7% se encuentran desempleados. En ese sentido, sólo el 28,4% de ese total de fuerza de trabajo son quienes tienen un empleo formal, es decir, aproximadamente 6,8 millones de personas.

De la manera cómo está planteada esta Reforma, sus prerrogativas están dirigidas sólo para estos 6,8 millones de personas que representan el 13% de la población. Sin mencionar, que muchas de sus disposiciones se aplican sólo a los trabajadores del sector privado, esto es algo menos de 5,5 millones de personas o un 10% de la población total de colombianos.

Desde la UTIPEC creemos que Colombia requiere una Reforma Laboral que tenga una visión global y presente soluciones creativas y factibles para todos los colombianos observando el panorama completo de los fenómenos actuales de informalidad y nuevas formas de ocupación. Esta termina siendo una reforma para beneficiar a una inmensa minoría de los colombianos dejando de lado a aquellos que se encuentran laboralmente en las condiciones más difíciles, lo cual va a seguir profundizando los problemas de desigualdad que tiene la sociedad colombiana.

2)   Esta reforma no genera empleo, sino que desincentiva el empleo formal y pone en riesgo los empleos que actualmente existen y congela la generación de nuevos empleos.

Como Sindicato aplaudimos que la Reforma Laboral se incline a la consecución de mejores condiciones para los trabajadores formales; sin embargo, sabemos que serán promesas incumplibles si estas disposiciones no se acompañan de criterios claros respecto a cómo se incrementará la productividad para la generación de los recursos suficientes que puedan costear los beneficios prometidos.

Prometer beneficios desde las disposiciones legales puede ser peligroso por cuanto un gran principio básico de nuestro ordenamiento jurídico es que nadie está obligado a lo imposible. Siendo eso así, al imponer cargas a los empleadores, más responsabilidades y riesgos sin ofrecerles caminos para cumplir con ellos, nos encontramos con una Reforma que hará más difícil el empleo y promoviendo indirectamente las condiciones para que los trabajadores formales estén en riesgo de perder su empleo.

Desde la UTIPEC creemos que Colombia requiere una Reforma Laboral que por supuesto genere las condiciones para la garantía de un empleo estable, decente, con la observancia de todos los derechos, bien remunerado, que respete el balance entre vida personal y trabajo, reconociendo las características particulares de ciertos individuos en las diferentes etapas de la vida como las mujeres en embarazo, madres y padres, o personas en condición de discapacidad, y que propenda por todos ellos.

Pero eso no puede separarse de la realidad del financiamiento de todos esos beneficios, es irracional e incoherente hablar de una Reforma Laboral que no incluya criterios claros acerca de cómo se hará viable la generación de mejores condiciones para el empleo. Por eso, le pedimos al Gobierno que por el bien de los trabajadores colombianos oriente su propuesta de Reforma Laboral de manera responsable, estableciendo las vías para que todo lo escrito sea materializable.

3)  Esta Reforma Laboral desincentiva el emprendimiento y por tanto el progreso de Colombia

Según el DANE, son las Mipymes las que generan aproximadamente el 79% del empleo del país. Es decir más de tres cuartas partes del empleo en el país depende de las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes no tienen grandes ventajas empresariales ni presupuestales sino que muchas de ellas son emprendimientos en edad temprana y que por las condiciones propias de su desarrollo serían las que tendrían mayores dificultades para el cumplimiento estricto de lo propuesto en la Reforma Laboral, en la cual sólo son tenidas en cuenta de manera diferencial para las sanciones respecto de infracciones a la libertad sindical

A la ya gran afectación que se generó al sector productivo colombiano mediante la Reforma Tributaria del 2022, el establecimiento de mayores cargas jurídicas (como los procesos disciplinarios o el depósito de los contratos de trabajo en el Ministerio del Trabajo) y nuevos costos a la empleabilidad para todos los empleadores privados sin distinción ni herramientas de apoyo para el micro, pequeño o mediano empresario; representa imposiciones desmedidas para las capacidades de los colombianos que pueden ser emprendedores incipientes, campesinos empleadores de un solo empleado para trabajar su tierra o personas trabajadoras que también dan empleo a alguien para los servicios generales de su casa. Lo anterior se configura en un gran desincentivo al empleo generado por parte de los más pequeños.

Si bien la afectación se hace crítica para la mediana y pequeña empresa, los sectores de mayor aporte tanto en la calidad del empleo como en las finanzas públicas, se ven igualmente afectados en las disposiciones contenidas en la propuesta de reforma; toda vez, que como en el caso de la industria de los hidrocarburos, que a la sobretasa que ubica su impuesto de renta en 50%, y le impide aplicar la deducibilidad de las regalías, y que ya generó una reducción del 33% de la inversión a realizar en 2023, se sumaría los sobre costos y complejidades propuestos, con lo que muchos campos e incluso empresas del sector estarían en grave riesgo de inviabilidad.

En la UTIPEC creemos que Colombia requiere una Reforma Laboral que con equidad comprenda las realidades sociales de los diferentes actores de la economía, que contemple la diversidad y naturaleza de las distintas labores que se ejecutan en el territorio colombiano y genere las condiciones para el crecimiento económico y desarrollo del país.

4)    Esta Reforma atenta contra la libertad de asociación y negociación colectiva.

En la historia de Colombia, los sindicatos hemos contado dentro de los mecanismos legales y legítimos de negociación con la figura del Contrato Sindical como opción que puede ser usada o no en el ejercicio del principio de la Libertad Sindical.

Respecto del mismo se han tenido ejemplos muy exitosos de sindicatos que han logrado mejorar las condiciones laborales de sus miembros, garantizando estabilidad laboral, incrementando su remuneración,y generando una mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo de los empleados, mientras que se fortalecía la productividad. Estos ejemplos se convirtieron en un modelo de negociación ideal en donde el trabajador y la empresa han ganado y, en consecuencia generan, un mayor progreso para el país.

Esta Reforma Laboral busca prohibir el Contrato Sindical. Tal prohibición pretendida por el Gobierno, no solo pone en riesgo la verdadera Libertad de Asociación y Negociación Colectiva, sino que además restringe a nuestro sistema económico y a la sociedad colombiana de un mecanismo que puede ser virtuoso y permitir que todos ganemos.

Si bien, se han visto ejemplos de sindicatos que le han dado un uso ilegítimo a la figura, ello no es óbice para negar el potencial de bienestar que el uso adecuado de la misma le hace a los trabajadores beneficiados y a la empresa colombiana que traerá progreso al país.

Así mismo, las disposiciones comprendidas en la Reforma Laboral que establecen beneficios y facultades excluyentes destinadas solo para los Sindicatos más representativos, atentan contra los demás sindicatos, excluyéndolos y menoscabando la Libertad de Asociación y el principio de Igualdad.

Por todo lo anterior, en la UTIPEC creemos que Colombia requiere una Reforma Laboral que se aparte del ya agotado paradigma de la lucha de clases y conflicto social que no permite la generación de valor sino que lo destruye, que aunque pretende una distribución equitativa limita al país en su transformación social y económica.

Es necesario entender que ser diferentes no es ser enemigos, y que en las relaciones laborales nos es preciso partir de la buena fe, el respeto y la confianza de ambas partes de cara a atender las expectativas de toda la sociedad.

Si bien la UTIPEC reconoce que la Reforma acierta con asuntos como los límites a las OPS (Órdenes de Prestación de Servicios), señala que la propuesta de Reforma Laboral requiere una visión en donde se integre un panorama más amplio y comprensivo de la realidad colombiana, sin cambiar la meta, pero con propuestas creativas que permitan alcanzarla sin sacrificar los empleos en el intento.

“Por eso, invitamos al Gobierno a la construcción de una propuesta que nos permita alcanzar los beneficios para el trabajador balanceándolos con los mecanismos reales que mejoren la productividad del país y fortalezcan nuestro aparato productivo para poder hacer realidad esos beneficios y que se materialicen no solo en la ley sino el diario vivir de todos los colombianos”, concluye el comunicado.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos de revisión expedidos por la UAE DIAN con relación a la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2012, presentada por Ecopetrol S.A.

De acuerdo con el alto tribunal, la DIAN rechazó en su momento los costos de venta porque:

1. No se cumplió con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social integral de los trabajadores independientes contratados por Ecopetrol S.A.,
2. No estaban respaldados por facturas o documentos equivalentes y
3. Algunas facturas no cumplían los requisitos legales -fecha de expedición-.

Además, impuso sanción por inexactitud, aspectos cuestionados en la demanda presentada por la sociedad contribuyente, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló parcialmente los actos administrativos enjuiciados, tras aceptar los costos asociados con el pago realizado a los trabajadores independientes, pues, para el período fiscalizado (2012), el contribuyente no tenía que verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de la protección social, deber exigible solo a partir del 2013. El reconocimiento de ese rubro dio lugar a la reducción de la sanción por inexactitud, de forma proporcional a la glosa.

Frente al desconocimiento de los costos que Ecopetrol S.A. pretendía acreditar con facturas sin fecha de expedición o los que no estaban soportados con dichos documentos, el tribunal le dio la razón a la DIAN. 

La sociedad petrolera interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, en lo que le fue desfavorable, con el propósito que el Consejo de Estado reconociera la deducibilidad de los demás costos, porque a su juicio, pese a que algunas facturas no tenían fecha de expedición, las operaciones económicas existieron.

La Corporación confirmó la decisión apelada. En primer lugar, se abstuvo de valorar las facturas entregadas con el recurso de apelación, por no ser la oportunidad procesal y, en segundo lugar, reiteró el criterio de la Sección sobre los requisitos que deben contener las facturas para el reconocimiento del costo, entre otros, la fecha de expedición y aclaró, que no se trata de un aspecto formal, sino el presupuesto de un derecho sustancial.

Por último, confirmó la sanción por inexactitud impuesta por la Administración Tributaria, tras considerar que la realidad de la operación económica no es motivo de exculpación para que proceda su levantamiento, pues así no fue previsto por el legislador. Además, el desconocimiento del costo apareja la sanción y no se evidenció una diferencia de criterio.

Ecopetrol rechazó el atentado que se registró en la noche del 6 de marzo contra el oleoducto que transporta crudo desde el corregimiento El Centro a la refinería de Barrancabermeja y la línea de agua que va hacia planta deshidratadora Lisama del campo de producción La Cira Infantas.

El atentado, cuyos autores se desconoce, ocurrió en el sector de la Carrilera, frente a la planta Deshidratadora Lisama, en la vereda Planta Nueva del corregimiento El Centro de Barrancabermeja.

El acto terrorista no afectó a personas, pero sí provocó daño ambiental por la pérdida de contención de los fluidos derramados, e incertidumbre en las comunidades aledañas a las operaciones de Ecopetrol.

La Fuerza Pública investiga en sitio los hechos y la brigada de atención de contingencias se encuentra a la espera de las correspondientes revisiones de las autoridades para iniciar el proceso de reparación de líneas y limpieza del área afectada.

Desde el 2021, el campo de producción La Cira Infantas ha sido objeto de once atentados; cuatro en 2021, seis 2022, y el último el ocurrido esta semana.

Las fuertes restricciones ambientales de la Unión Europea apenas tienen impacto en el clima, mientras China sigue batiendo récords de emisiones de CO2.

Por: MIGUEL PUGA*

China ha intensificado enormemente su producción de carbón en el último año pese a los compromisos alcanzados en 2014, junto con Estados Unidos, para reducir las emisiones de CO2 en los años venideros y avanzar hacia un horizonte de descarbonización en la economía.

En el último año, el gigante asiático ha más que duplicado la construcción de capacidad eléctrica de carbón con respecto al 2021.

Las olas de calor acaecidas en el último año sobre China y el consecuente aumento en el uso de aparatos de aire acondicionado han incrementado considerablemente el consumo de energía entre la población china. Esto ha hecho no sólo que la retirada de las centrales más desfasadas se haya ralentizado, sino que ha provocado la construcción de nuevas centrales con el fin de garantizar el suministro. Este aumento de la capacidad eléctrica de carbón se ha concentrado en las regiones de Guangdong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang y Hubei.

Esto lo podemos saber gracias a un reciente informe del CREA (Centre for Research on Energy and Clear Air), donde se muestra como en 2022 se dieron “luz verde” a distintos proyectos de energía de carbón con una capacidad de 106 GW, esto es prácticamente lo mismo que decir que se han puesto en funcionamiento dos grandes centrales eléctricas de carbón por semana.

Se sabe que el número de unidades autorizadas ha sido de 168 centrales en 82 emplazamientos distintos. Para hacerse una idea de la magnitud de todo esto, 106 GW equivale aproximadamente al 71% de toda la capacidad de Europa (Reino Unido incluido) para producir carbón en un año, siendo la capacidad europea de en torno a los 148 GW. Esto se ha de sumar al hecho de que China lleva desde el año 2016 incrementando sus emisiones de CO2 de forma constante, así lo vemos:

En el año 2021 China fue la responsable del 31% de las emisiones totales de CO2 en el mundo.

Mientras que las grandes economías mundiales como Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido ya han avanzado en su camino por descarbonizar sus economías, China no sólo no aborda esta cuestión, sino que invierte cada vez más recursos en crear nuevas centrales de carbón.

En 2022, China se convirtió en el acaparador mundial de casi todos los nuevos proyectos para abrir centrales eléctricas de carbón, concedió la práctica totalidad de todos los permisos mundiales para la puesta en marcha de nuevos proyectos, también reanudó o empezó la construcción de la inmensa mayoría de centrales, y se quedó sólo en la no retirada de centrales. El siguiente gráfico así lo ilustra:

Esta situación echa por tierra cualquier intento del resto del mundo por reducir las emisiones globales de CO2, pues poco margen de maniobra puede tener una región como la Unión Europea cuando únicamente supuso el 8,5% de todas las emisiones globales en el año 2021.

Por tanto, si la Unión Europea tiene poco que decir ante un gigante del tamaño de China, es obvio que mucha menos capacidad de influencia en el resultado final de estas emisiones tendrá un país como España, donde estas supusieron el 0,62% del total de emisiones mundiales en el año 2021. Esto podría llevar a que se replantearan las medidas y planes que se han venido implantando (y siguen haciéndolo) en España y en Europa en los últimos años, en detrimento de la calidad de vida.

Mientras China no tiene ningún problema en recurrir a fuentes como el carbón para satisfacer su demanda de energía, en la Unión Europea se prohíbe la venta de coches de gasolina y diésel nuevos a partir del año 2035, se prohíbe la venta de pajitas, platos y cubiertos de plástico, se crean nuevos impuestos sobre los residuos o los envases de plástico en España, continua creciendo el precio de los derechos de emisión de CO2 año tras año (incrementando así la factura de la luz o el precio de los carburantes), se alcanzan acuerdos provisionales para dificultar la exportación e importación de productos como la carne, el café o el cacao con el objetivo de “minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal”, etc.

Ante todo lo que se ha expuesto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿merece la pena este sacrificio de bienestar cuando, en realidad, no está teniendo prácticamente ningún impacto a nivel global? 

Queda a juicio del lector responder de una u otra forma a esta cuestión, lo que está claro es que todo este esfuerzo recae de manera más drástica en las personas de rentas medias y bajas, que son la inmensa mayoría de la población y aquellos a los que más gravemente afectan este tipo de medidas, pues no tienen tanta capacidad de maniobrar en cuanto a compras de automóviles, facturas de la luz o alimentación.

*Tomado de: libremercado.com