Por lo escuchado en la instalación de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, realizada en Bogotá el 28 y 29 de octubre, el país dará un giro de 180 grados en los próximos meses en materia minera.
Acertadamente, el lema del certamen fue: ‘De la ideología a la soberanía’. Y es que después de cuatro años en que el gobierno Petro le declaró la guerra a los hidrocarburos y a la minería legal, especialmente al carbón, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció que el Gobierno se empleará a fondo para restaurar la importancia del sector en la economía nacional y atraer nuevas inversiones, con miras a recuperar niveles de producción con vocación exportadora y para contribuir a la seguridad energética.
Carlos Cante, presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), señaló que en el gobierno anterior se legisló y se promulgó una serie de medidas “que lo único que pretendieron fue claramente el marchitamiento temprano del sector”.
Entre esas medidas anotó la no deducibilidad de las regalías, la sobretasa de renta para los carbones y el aceleramiento en la aplicación del impuesto al carbono, que llevaron al sector a una tasa de tributación efectiva de más del 80 por ciento.
“El plan nacional de desarrollo pretendió prohibir los nuevos títulos mineros de carbón y promover medidas para la salida temprana de la industria y, desde ese momento, se empezó a configurar una reforma ideologizada al Código de Minas, así como la creación de una empresa estatal: Ecominerales”, agregó Cante.
Además, la prohibición de exportaciones de carbón a Israel, también por prejuicios ideológicos, y el cierre del Muelle 13 en Buenaventura terminaron de minar la confianza comercial en el país y las empresas.
Las cifras muestran el tamaño del daño
En 2022 el país producía cerca de 68 millones de toneladas anuales y en 2025 estuvo alrededor de 51 millones. Los ingresos por exportaciones de carbón y coque cayeron de cerca de 12 mil millones de dólares en 2022 a menos de cinco mil millones en 2025.
Por su parte, los volúmenes de carbones y coque movilizados desde el interior hacia los puertos cayeron de 8,3 millones de toneladas en 2022 a 7,1 millones en 2025 y, con datos a agosto, es posible que el 2026 cierre por debajo de los 7 millones de toneladas, lo que significa haber pasado de cerca de 250 mil viajes de camión al año, a una cifra cercana a los 200 mil para el cierre de 2026.
A lo anterior hay que agregarle la pérdida de 25 mil empleos en toda la cadena de la industria durante el cuatrienio anterior.
En medio de esa persecución gubernamental, los precios internacionales se desplomaban (alrededor de los cien dólares la tonelada), las condiciones de seguridad se deterioraban, los bloqueos y atentados se multiplicaban y la tasa de cambio experimentaba una elevada volatilidad.
Según Fenalcarbon, por cada 100 pesos que baja la tasa de cambio, la economía de los carbones y el coque deja de percibir cerca de 450 mil millones de pesos.
Y como si fuera poco, los costos de producir, comercializar y exportar carbón iniciaron una carrera ascendente, liderados por el incremento de los fletes terrestres, que en dos años crecieron cerca del 60% para las principales rutas del interior hacia los puertos, al tiempo que la logística portuaria se estrechaba con el cierre arbitrario de Muelle 13, que movilizaba cerca de un millón de toneladas hacia los mercados del Pacífico.
“Los cuatro años del anterior gobierno se hicieron enarbolando las banderas de la supuesta Transición, sin reparar en que se estaba llevando al sector al marchitamiento temprano y a la pérdida irrecuperable de miles de fuentes de empleo formal, el desvanecimiento del financiamiento del desarrollo por la falta de ingresos nacionales y regionales de renta y regalías, y al rompimiento de toda una cadena de valor que involucra varios sectores de la economía”, agregó Cante.
No obstante, el dirigente dijo que el gremio no se quedó de brazos cruzados. Con el apoyo del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), construyeron una herramienta desde la visión del empresariado, con el fin de contrarrestar la narrativa creada por el gobierno anterior.
El ‘Informe TEC – Transición Energética de los Carbones Colombianos’ muestra diferentes escenarios del comportamiento de la demanda y la oferta de los carbones y el coque colombianos frente a la aplicación de diversas políticas que impulsan o fomentan su desarrollo o, por el contrario, lo desalientan.
Además, ilustra el camino de las políticas públicas que se deben desarrollar en el mediano y largo plazo, si es que se quiere apostar a la diversificación productiva en las regiones y no simplemente a la extinción de una actividad.
“Colombia tiene una capacidad productiva cercana a los 92 millones de toneladas anuales. Es decir, no estamos hablando de un sector sin futuro; estamos hablando de una capacidad que hoy está subutilizada. La pregunta es cómo volvemos a poner esa capacidad al servicio del país”, señaló Cante.
Fenalcarbón estima que, con las condiciones adecuadas, el sector podría volver a generar aportes al Estado superiores a $10 billones anuales, frente a los menos de $3,5 billones estimados para 2025.
Aporte a la seguridad energética
Y es que el carbón no es solo un mineral. Es una de las materias primas para la generación de energía. Se estima que las térmicas a carbón tienen una capacidad de 1.600 MW, que fueron fundamentales para que el país no se pagara en 2024 y ahora también son protagonistas en el Fenómeno de El Niño.
En el certamen se habló de dos proyectos a carbón en la costa Caribe que podrían agregar entre 600 y 800 MW, y aunque su materialización tardaría unos cinco años, la decisión hay que tomarla hoy, pues el país ya adolece de un déficit de energía firme del 5%, pero a comienzos de la próxima década podría llegar al 10%.
Pero reactivar la industria carbonífera y respaldar el sector energético se requiere recuperar competitividad, seguridad jurídica y confianza.
“El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de construir una política minera e industrial que entienda que la sostenibilidad ambiental, la competitividad empresarial, la seguridad energética y el desarrollo de las regiones no son objetivos incompatibles”, dijo Cante, y agregó:
“Desde Fenalcarbón hemos desarrollado una agenda de trabajo que involucra en principio a 9 ministerios y sus entidades. Minas y Energía, Ambiente, Trabajo, Transporte, Hacienda, Planeación, Defensa, Comercio e Interior. Entidades que en conjunto determinan con sus políticas y actuaciones, el devenir de nuestro sector. Y debo reconocer la enorme receptividad del nuevo gobierno a nuestras propuestas”.
Las iniciativas apuntan a tres objetivos claros: El restablecimiento de las condiciones tributarias y financieras, el mejoramiento de las condiciones de competitividad nacional y exportadora, y la certeza jurídica.
“Tres metas, un solo destino: La soberanía energética e industrial de Colombia”, concluyó Carlos Cante.