El SGR en su cuarto menguante

El sector minero-energético pasó de participar en el PIB con 5,9% en la década pasada a sólo 3,5%.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El proyecto de presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2027–2028 pasa de $30,96 billones a $27,54 billones, una reducción de $3,42 billones, equivalente al 11%.

Más preocupante aún, los ingresos corrientes provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables disminuyen aproximadamente $4,11 billones, el 161%. Otros ingresos compensan parcialmente esta caída, disimulando la magnitud del deterioro de la fuente que alimenta al Sistema.

El problema no termina en las regalías. La actividad extractiva aporta impuestos, dividendos y divisas. Su debilitamiento estrecha el margen fiscal de la Nación y agrava una crisis que exige decisiones difíciles.

Aunque las regalías tienen un régimen presupuestal propio, la pérdida de dinamismo de la industria golpea simultáneamente las cuentas nacionales y la inversión regional. No estamos ante una simple operación contable. Su mengua compromete las posibilidades de desarrollo de los territorios y de sus habitantes, precisamente cuando las necesidades insatisfechas reclaman mayores esfuerzos.

La participación del sector minero-energético, catalogado en las estadísticas del DANE como Minas y Canteras, pasó de participar en el PIB con 5,9% en la década pasada a sólo 3,5%.

La transición energética es necesaria. Lo que cuestiono es haberla confundido con el debilitamiento deliberado de las actividades que pueden contribuir a financiarla. Una cosa es diversificar la economía y otra, muy distinta, renunciar prematuramente a sus fuentes de recursos. No se construye el futuro desfinanciando el presente, no se puede llegar a la tarde sin pasar por el mediodía.

Le corresponde al actual Gobierno rectificar el rumbo y reactivar responsablemente la actividad extractiva. Pero no basta con anunciarlo. El capital no regresa por decreto: requiere recuperar la confianza inversionista y la seguridad jurídica, respetar los contratos, ofrecer reglas estables y resolver oportunamente los trámites, con pleno cumplimiento de las exigencias ambientales y sociales. Recuperar la credibilidad exige hechos y coherencia entre las distintas entidades del Estado.

El debate en torno al presupuesto del SGR, además de lamentarnos por la mengua de sus recursos, no puede limitarse a ver cómo se reparte la escasez. Debe conducir a un alto en el camino para rectificar la equivocada política que la provocó y darle un timonazo para recuperar la actividad que genera sus recursos y a invertirlos en una diversificación económica efectiva.

La transición necesita financiación; la financiación necesita producción, y la producción necesita confianza. Desconocer esa cadena fue el error. Restablecerla es la tarea.

A la insuficiencia de oportunidades se suma otro problema: los recursos disponibles no siempre se traducen en bienestar. Resulta pertinente traer a colación la llamada “paradoja de las regalías”, detectada por la Contraloría General de la República, la cual reveló hallazgos preocupantes en la contratación y ejecución de los proyectos financiadas con recursos provenientes de las regalías: territorios que contribuyen a generar riqueza siguen padeciendo carencias, mientras las inversiones llamadas a superarlas se diluyen entre deficiencias de planeación, proyectos dispersos, retrasos y obras inconclusas.

Entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2026, la Contraloría auditó 2.028 proyectos por $38,4 billones e identificó 1.571 hallazgos fiscales por más de $4,5 billones, sin que estos constituyan por sí solos fallos definitivos de responsabilidad fiscal.

Estas cifras ponen de manifiesto que el debate sobre el presupuesto del SGR no puede limitarse al monto de los recursos ni a su distribución: debe ocuparse también de la calidad del gasto, de la capacidad de ejecución y de sus resultados. De poco sirve aprobar billones si estos no se traducen en obras terminadas, servicios efectivos y bienestar para las comunidades.

La debilidad técnica e institucional de las entidades territoriales y la fragmentación de las inversiones en pequeños proyectos pueden frustrar el impacto que se espera de ellas. No basta con aprobar recursos: hay que ejecutar bien los proyectos, terminar las obras y garantizar que presten el servicio para el cual fueron concebidas.

Otra arista de este cuarto menguante del SGR es la baja ejecución de sus recursos. A la limitada capacidad técnica de muchas entidades territoriales para formular y estructurar proyectos se suman la paquidermia y el molondrismo de los ministerios a la hora de viabilizarlos.

Se configura así un doble atasco: proyectos que no logran madurar y otros que se empantanan en los trámites. Mientras tanto, los recursos permanecen sin ejecutarse y las necesidades de las comunidades siguen sin respuesta. A la mengua de los ingresos se añade la incapacidad para convertir los recursos disponibles en obras y bienestar.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.