Las investigaciones recaen sobre Vanti, Alcanos, Gas Cundiboyacense, Gases del Caribe, Enel – Codensa y Cedenar por presuntas irregularidades en el cobro de los servicios durante el periodo de emergencia sanitaria.
3 de agosto de 2020. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió investigación y pliego de cargos contra las empresas Vanti, Alcanos, Gas Natural Cundiboyacense, Gases del Caribe, Enel – Codensa y Cedenar por presuntos incumplimientos de las normas sobre medición de consumo y algunas disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional para aliviar el costo de los servicios públicos a los usuarios durante la emergencia por Covid-19.
Sobre estos procesos, la Superintendente, Natasha Avendaño García, manifestó que “en cumplimiento de nuestra función de control y en defensa de los derechos de los usuarios, hemos formulado cargos a estas seis empresas luego de identificar presuntos incumplimientos a la ley en relación con la medición de los consumos y la no aplicación oportuna de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional para favorecer a los usuarios de los servicios de energía y gas en esta contingencia. Como parte del debido proceso, las empresas podrán presentar sus descargos ante la Superservicios, para su respectivo análisis”.
Facturación por consumos estimados
La apertura de investigación contra estas seis empresas se fundamenta en la facturación por consumos estimados a usuarios durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, sin que, preliminarmente, se evidencie que las empresas hayan realizado las acciones necesarias para medir el consumo real, como lo establecen la ley y la regulación. El cobro del consumo promediado se efectuó a 2.133.376 suscriptores de Vanti, 729.784 de Alcanos, 372.491 de Gas Cundiboyacense, 362.315 de Gases del Caribe, 260.708 de Enel-Codensa y 151.895 de Cedenar.
A las investigaciones contra Vanti, Alcanos, Gas Cundiboyacense y Gases del Caribe se suma que, presuntamente, no se evidenció la aplicación oportuna de la Opción Tarifaria Transitoria obligatoria, implementada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución 048 de 2020. Esta opción tarifaria tiene como objetivo mitigar el impacto, en el corto plazo, del incremento del costo del metro cúbico (m3) del servicio público de gas natural durante el aislamiento preventivo obligatorio, en el que muchos usuarios han visto reducidos sus ingresos.
Tarifa regulada
Adicionalmente, en los casos de Vanti y Gas Cundiboyacense se investiga un presunto manejo inadecuado a un conflicto de interés entre las empresas y los suscriptores, relacionado con la aplicación de la tarifa regulada en la reliquidación de los consumos que fueron inicialmente facturados por promedio en los meses de abril y mayo de 2020, y en el que las dos empresas pudieron haberse beneficiado al haber aplicado una tarifa más gravosa para el usuario. De ser así, habrían afectado a sus usuarios con cobros no autorizados por valor de $1.838.980.952 y $335.040.779, respectivamente.
Por último, en la actuación contra Cedenar se investiga también la presunta facturación mediante el mecanismo denominado “normalización de consumos”, que no se encuentra previsto en la normativa vigente ni en el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) de la empresa. Este esquema, que consiste en la aplicación de un método matemático para determinar un consumo equivalente al periodo de facturación, habría sido aplicado a 327.161 suscriptores durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020.
Reacción de Naturgas
Ante el anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos de formular pliego de cargos contra algunas empresas distribuidoras de gas natural, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) dijo que respeta las decisiones de los entes regulatorios del Gobierno Nacional y aseguró que las empresas involucradas en este proceso presentarán los descargos necesarios para aclarar cualquier duda en la prestación del servicio.
Agregó el gremio que el compromiso de las empresas ha quedado manifiesto en acciones que incluso han ido más allá de lo exigido por la ley, como:
- Reconexión gratuita de 117 mil familias al servicio de gas natural, la mayoría en estratos vulnerables 1, 2 y 3.
- Las empresas comercializadoras de gas natural han ido más allá de los alivios otorgados por el gobierno, financiando la factura a 0% de interés, lo cual ha representado una financiación adicional a cargo exclusivo de ellas de $52 mil millones para estratos 1 y 2.
- Aporte de $10.900 millones (a corte de 17 de julio) en el descuento del 10% del valor no subsidiado para los usuarios de estratos 1 y 2 que paguen la factura a tiempo.
- 24 y 36 meses posibilidad de diferir la tarifa del consumo vital, sin penalidad ni mora.
- $92 mil millones donaciones de la industria de gas natural para la luchar contra el coronavirus.
- Productores, transportadores y distribuidores renegociaron contratos en beneficio de los usuarios.
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