Por deferencia de las ONG ECOS y GDIAM, hice de “pluma”, una especie de relator y redactor del texto del Documento Derechos humanos, minería y competitividad territorial, cuyos apartes me permito compartir.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
La minería en Colombia tiene un papel relevante en la economía nacional y en la vida de numerosos territorios. Su contribución al desarrollo, sin embargo, depende de las condiciones en las que se realiza y de su capacidad para generar bienestar, proteger el medioambiente y respetar los derechos de quienes participan en ella o reciben sus impactos. Desde esta perspectiva, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GDIAM, plantea que los derechos humanos constituyen una base indispensable de la competitividad territorial.
Esta visión amplía la manera de entender el desempeño del sector. La productividad, los costos y la rentabilidad son necesarios para la viabilidad de la actividad minera, pero resultan insuficientes para valorar su aporte al desarrollo.
También es preciso considerar la seguridad de las personas, la estabilidad de las reglas, las condiciones laborales, la protección de los ecosistemas y la participación de las comunidades. Estos factores inciden directamente en la posibilidad de atraer inversión formal, sostener las actividades económicas y construir relaciones de confianza.
Se reconocen los avances de Colombia en la construcción de un marco normativo de protección de derechos. Al mismo tiempo, se advierte una brecha persistente entre esos instrumentos y su aplicación.
En distintos territorios mineros continúan la violencia contra líderes sociales y ambientales, las desigualdades de género, la precariedad laboral, el trabajo infantil y las afectaciones a comunidades étnicas. La degradación ambiental y la expansión de la extracción ilícita de minerales agravan el panorama.
El desafío de sortearlos y gestionarlos exige una presencia estatal integral y sostenida. Allí donde las instituciones carecen de capacidad para garantizar seguridad, administrar justicia, ejercer control ambiental y acompañar las actividades productivas, los actores armados encuentran condiciones para imponer sus propias reglas. Su intervención compromete la vida y la integridad de las comunidades, somete a trabajadores y pequeños mineros a distintas formas de coacción y coerción y afecta la viabilidad y la actividad misma de las empresas que operan dentro de la legalidad.
Abordar esta realidad requiere reconocer las diferencias entre las distintas formas de minería. La minería empresarial, la artesanal, la ancestral y la de pequeña escala tienen condiciones, capacidades y necesidades diversas.
La informalidad, por su parte, demanda respuestas que permitan identificar qué actividades pueden avanzar hacia la formalización y qué apoyos necesitan para hacerlo. Confundir estas realidades con las estructuras criminales dificulta el diseño de políticas pertinentes y puede profundizar la exclusión de poblaciones que dependen de la actividad minera para su subsistencia.
La formalización debe ofrecer una ruta viable hacia la legalidad. Además de trámites y permisos, requiere acompañamiento técnico, organización productiva, acceso a financiación y comercialización, seguridad social y mejores prácticas ambientales. También debe reconocer las particularidades culturales de los territorios y promover la coexistencia entre escalas de producción. Para muchos pequeños mineros, estas condiciones determinan la posibilidad real de trabajar de manera segura y mejorar sus ingresos.
De igual manera, combatir la extracción ilícita exige comprender toda la cadena de valor. Una estrategia concentrada en sus eslabones más vulnerables deja intactas las redes que financian, comercializan y aprovechan el negocio. Se propone, entonces, identificar dónde se genera la violencia y actuar sobre todos los eslabones y los vínculos entre extracción, distribución, lavado de activos y mercados internacionales, con respuestas ajustadas a las dinámicas de cada territorio.
La garantía de derechos también exige reconocer que los riesgos y beneficios de la minería se distribuyen de manera desigual. Las mujeres enfrentan barreras de acceso al empleo formal, brechas salariales, limitaciones para participar en las decisiones y exposición a violencias. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras requieren garantías efectivas de sus derechos colectivos, culturales y territoriales. Los niños y adolescentes necesitan protección especial frente al trabajo infantil, la explotación y el reclutamiento. Estas diferencias deben incorporarse en las políticas públicas, los procesos de formalización y la gestión empresarial.
La protección del medioambiente forma parte de la misma responsabilidad. El cuidado del agua, la reducción de la contaminación, la restauración de áreas intervenidas y la gestión de pasivos ambientales inciden en la salud, los medios de vida y las posibilidades futuras de los territorios. Por ello, se necesitan autoridades con capacidad técnica, información accesible y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar y corregir los impactos.
Todo esto requiere participación efectiva. Las comunidades deben poder intervenir oportunamente en las decisiones, expresar sus prioridades y hacer seguimiento a los compromisos. Se impone la necesidad de fortalecer espacios permanentes de diálogo y coordinación territorial que articulen al Estado, las empresas y las comunidades. La confianza depende de la calidad de esa relación y, especialmente, del cumplimiento de los acuerdos.
La competitividad territorial se construye cuando existen condiciones para producir dentro de la legalidad, ejercer los derechos y compartir los beneficios del desarrollo.
Una minería que fortalece las capacidades locales, genera empleo digno, protege el capital natural y puede contribuir a la paz y al bienestar colectivo. Alcanzar ese propósito demanda coherencia institucional y una responsabilidad compartida que se traduzca en resultados verificables en los territorios.
*Exministro de Min as y Energía y miembro de Número de la ACCE.