Los gremios de la industria de los hidrocarburos ACP, ACGGP, ACIEM y CAMPETROL pusieron sobre la mesa un paquete de propuestas para crear condiciones que hagan más atractivo invertir en Colombia.
La primera propuesta de los gremios, y en particular, a la que la Ley de Rescate propuesta por el Gobierno y que puede abordar de forma directa es la competitividad tributaria.
Los gremios plantean eliminar la sobretasa de renta para la extracción de petróleo, que puede sumar hasta 15 puntos porcentuales a la tarifa general de 35%, y crear un régimen de estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria para grandes inversiones en energía, hidrocarburos y gas.
La propuesta responde a una característica propia del sector en el que un proyecto de petróleo y gas invierte durante años antes de producir, por lo que conocer de antemano las reglas es parte central de la decisión de inversión.
Para la vigencia 2026 se estima que la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a la actividad alcance el 50%, frente a una tarifa promedio del 21% en América Latina.
“Esa diferencia, así como la inestabilidad de la tarifa que varía anualmente, impacta la capacidad del país para atraer capital de riesgo necesario para desarrollar proyectos de hidrocarburos. La alta carga tributaria puede desincentivar nuevas inversiones, limitar la ejecución de proyectos y profundizar la caída de la producción. Por tanto, eliminar la sobretasa favorece la competitividad, estimula la inversión y permite una mayor producción y más sostenible en el tiempo, sobre la cual se generan aportes fiscales y regalías”, señala los gremios del sector.
Un referente en esta materia es Argentina. En 2024 creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años y una tasa de renta de 25%. Al 18 de septiembre de 2026, el RIGI sumaba 23 proyectos aprobados por US$49.766 millones. Frente a ese régimen, la carga de renta en la extracción de petróleo en Colombia es entre 10 y 25 puntos más alta.
Según los gremios, un instrumento colombiano tendría que definir el monto mínimo de inversión, las actividades cubiertas, el plazo y las normas que se estabilizan, una regla de compras locales y un mecanismo de seguimiento a los compromisos. Así, la estabilidad que recibe el inversionista se traduciría en inversión, producción y demanda para las empresas nacionales.
«Colombia necesita fortalecer sus finanzas públicas y aumentar el recaudo fiscal mediante incentivos que impulsen una mayor producción de petróleo y gas. Hoy el país produce 27% menos petróleo y 32% menos gas que en 2015. Además, el gas importado ya representa un tercio del volumen comercializado y Colombia completa más de cuatro años sin firmar un contrato de exploración. En su mejor momento, el sector aportó al Gobierno nacional cerca de $48 billones anuales, a precios de 2025. El año pasado esa contribución fue de $13,6 billones, menos de una tercera parte, sin incluir las regalías que reciben las regiones, que ascendieron a $6,98 billones”, explicó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.
Castañeda reiteró que la “Ley de Rescate representa una oportunidad para recuperar la competitividad del país y establecer un régimen de estabilidad para la inversión de largo plazo, como lo hizo Argentina con el RIGI. Con reglas estables y condiciones favorables para la inversión, Colombia podrá aumentar la producción de sus campos, desarrollar sus recursos de gas, avanzar en proyectos de yacimientos no convencionales y retomar la exploración, de la mano de las empresas de bienes y servicios que generan encadenamientos productivos y empleo en los territorios».
Sanear las finanzas públicas
El punto de partida es el deterioro del aporte fiscal de la industria. En 2025, los ingresos del Gobierno nacional provenientes del sector, que incluyen el impuesto de renta y otros tributos, los dividendos de Ecopetrol y los derechos económicos de la ANH, fueron de $13,6 billones, el 4,5% de sus ingresos totales. En 2013 ese aporte alcanzó cerca de $47,6 billones a precios de 2025, el 20,8% de los ingresos del Gobierno. De acuerdo con estimaciones de la ACP, si la exploración se limita a los contratos vigentes, el país dejaría de recibir cerca de $40 billones entre 2027 y 2035.
“Hoy Colombia tiene el reto de sanear y ordenar sus finanzas públicas y, al mismo tiempo, recuperar las condiciones que le permitan volver a crecer y generar nuevas fuentes de ingreso. El esfuerzo del Gobierno para ajustar el gasto puede complementarse con medidas que ayuden a movilizar inversión, fortalecer la competitividad y generar oportunidades de desarrollo, a través de proyectos estratégicos que requieren altos niveles de capital y que pueden generar empleo, actividad económica, regalías e ingresos fiscales durante varios años”, señaló Frank Pearl, presidente de la ACP.
Pearl agregó que “es necesario contar con mecanismos que brinden mayor estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria a las grandes inversiones. Experiencias como el RIGI en Argentina han mostrado cómo otros países de la región han logrado atraer billones de dólares en proyectos de largo plazo, en sectores como energía, hidrocarburos, minería e infraestructura; para los cuales también es necesario avanzar en la optimización de trámites y la garantía de la viabilidad operacional”.
Condiciones para acelerar la inversión
La segunda propuesta se centra en las barreras. Los gremios piden que la ley establezca plazos ciertos para los trámites, con términos perentorios y una ruta articulada para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa que reduzca los tiempos muertos, y que armonice los requisitos socioambientales con las necesidades operativas, manteniendo el rigor ambiental.
Como complemento, proponen un programa de pedagogía regional que transforme la relación entre industria, institucionalidad y comunidades de un esquema transaccional a uno de confianza y beneficio compartido.
“Lo que proponemos no exige gastar, exige destrabar. Hay recursos descubiertos esperando a ser producidos. Ofrecemos nuestro acompañamiento técnico y proponemos instalar de inmediato una mesa con la ANH para priorizar estas medidas”, señaló Jaime Checa, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).
Reactivación para fortalecer la industria y generar empleo
La tercera propuesta busca que la reactivación del sector se traduzca en empresas y empleo nacional. Según estimaciones del Comité Intergremial de Petróleo y Gas, de cada peso generado por el sector, 56 centavos corresponden a compras a proveedores, y sus actividades tienen un impacto directo sobre el 39% de las ramas de actividad económica del país.
Por eso, los gremios proponen que el régimen de estabilidad incluya una regla de compras locales, como lo hace el RIGI, que exige destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores nacionales cuando haya oferta competitiva.
Además, plantean líneas de financiación y condiciones de contratación para las empresas colombianas de ingeniería y de bienes y servicios petroleros, en especial las mipymes, que protejan el empleo calificado, promuevan la formación de profesionales y dinamicen las economías de las regiones.
“La Ley de Rescate no debe limitarse a resolver necesidades fiscales de corto plazo. Si se apoya en la Ingeniería nacional, puede convertirse en una agenda de empleo calificado, productividad y desarrollo para las regiones”, afirmó Carlos Arturo Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM).
Las propuestas serán parte de las conversaciones en la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se realizará del 4 al 6 de noviembre en Cartagena, en pleno trámite legislativo de la Ley de Rescate.
Los gremios reiteraron su disposición a aportar información, experiencia técnica y propuestas para que el ajuste fiscal sea también el punto de partida de una nueva etapa de inversión, seguridad energética y crecimiento para Colombia.