El proyecto de decreto sería el reglamento para ejecutar los llamados Proyectos Piloto Integrales de Investigación, para realizar fracking en el país en yacimientos no convencionales con la técnica de perforación horizontal.
27 de diciembre de 2019. El pasado 26 de diciembre, el Ministerio de Energía publicó un proyecto de decreto, “por el cual se fijan lineamientos para adelantar actividades de exploración en Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa mediante perforación horizontal.”
El proyecto de decreto señala que “en octubre de 2018, el Gobierno nacional designó una Comisión Interdisciplinaria Independiente para determinar la posible realización de la exploración de yacimientos no convencionales en roca generadora mediante la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal, en forma segura, responsable y sostenible para las comunidades y el medio ambiente.”
La comisión recomendó que los PPII se caracterizaran “como experimentos de naturaleza científica y técnica sujetos a las más estrictas condiciones de diseño, vigilancia, monitoreo y control y, por tanto, de naturaleza temporal”, y que deberían poder ser suspendidos en cualquier momento por orden de la autoridad competente y, por ende, tener efectos potenciales limitados en su alcance y en el tiempo.
El documento del Ministerio aclara “que esta técnica no es utilizada para la exploración y explotación de todos los yacimientos no convencionales, como es el caso de las arenas bituminosas y el gas metano asociado a los mantos de carbón, entre otras.”
Esta aclaración es importante, toda vez que el pasado 12 de diciembre el Consejo de estado suspendió la actividad de quince pozos en el campo La Loma, propiedad de Drummond, cuya explotación está asociada a mantos de carbón.
Además de las pautas para la implementación de los PPII, el proyecto de decreto contempla además las entidades encargadas de establecer las líneas base en materia de ambiental, de salud, sismicidad y social; y establece los mecanismos de transparencia y participación ciudadana, como veedores de la correcta aplicación de la técnica.
El ministerio estableció un plazo hasta el 20 de enero para hacer comentarios y el documento puede ser descargado en este link: