Venezuela y Estados Unidos sellaron un pacto petrolero por 25 años: 65.000 millones de barriles de reservas y una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios.
Luego de 25 años del desastre castro-chavista que destruyó el país y llevó a la ruina al sector petrolero, Caracas y Washington firmaron un acuerdo que abre una nueva etapa en la relación energética.
El gobierno de Delcy Rodríguez asegura que Venezuela conservará la propiedad de sus recursos, mientras Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar la industria petrolera.
Venezuela y Estados Unidos dieron un giro en su relación energética con un acuerdo petrolero que tendrá una vigencia de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.
El anuncio fue confirmado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien presentó el pacto como un mecanismo para recuperar la industria petrolera del país y transformar sus reservas en ingresos para el Estado.
El acuerdo involucra campos con un potencial de 65.000 millones de barriles de petróleo, cifra equivalente a cerca del 22% de las reservas venezolanas, las mayores reservas probadas de crudo del mundo. El pacto convierte a Estados Unidos en un actor central en la explotación de una parte de esos recursos.
Una inversión para recuperar la producción
El objetivo inmediato es elevar la producción petrolera mediante inversiones, tecnología y recuperación de infraestructura. Rodríguez señaló que Venezuela aporta sus reservas, su industria y la experiencia de sus trabajadores, mientras Estados Unidos aporta el capital y la capacidad tecnológica necesarios para desarrollar los activos.
El acuerdo contempla ocho bloques nuevos o “greenfields” en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona de más de 55.000 kilómetros cuadrados. Estos proyectos tendrán una regalía mínima de 16% y una tasa de impuesto sobre la renta de 34%, según los términos expuestos por Rodríguez.
La presidenta encargada calculó que, con un precio de referencia de US$65 por barril, el Estado venezolano podría recibir US$209.335 millones durante la vigencia del convenio. Según su explicación, cerca de US$19 por cada barril producido y vendido ingresarían directamente al país.
La magnitud de la cifra contrasta con la situación actual de la industria venezolana. La agencia Reuters reportó que el país produce alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, pese a contar con las mayores reservas probadas de crudo del planeta. El deterioro de la infraestructura, la falta de inversión y las sanciones han limitado la capacidad productiva.
Recordemos que al momento de la llegada de Chávez al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios.
¿25 años o 100 años?
Uno de los puntos que generó mayor confusión tras el anuncio inicial fue la duración del acuerdo.
Tras el anuncio del pacto, circularon versiones sobre contratos con una duración de hasta 100 años. Sin embargo, Rodríguez afirmó que el convenio binacional tendrá una vigencia de 25 años.
La diferencia surge de otra estructura contemplada en el acuerdo. Un funcionario estadounidense citado por medios internacionales señaló que podría existir una empresa conjunta privada con una concesión de hasta 100 años, mientras que el acuerdo binacional anunciado por Caracas tiene una duración de 25 años.
Ese elemento mantiene abierta una de las principales interrogantes del pacto: cómo quedará estructurada la participación de las empresas privadas y qué derechos tendrán sobre los campos y la producción durante el periodo de operación.
Estados Unidos toma posición sobre una parte del crudo venezolano
Desde Washington, el acuerdo fue presentado como una oportunidad para ampliar el suministro petrolero estadounidense. El presidente Donald Trump aseguró que el convenio permitirá aumentar la disponibilidad de crudo y contribuir a reducir los precios de los combustibles en el largo plazo.
La administración estadounidense también busca utilizar parte del petróleo venezolano para fortalecer sus reservas estratégicas. Trump anunció que el crudo adquirido bajo el nuevo esquema será utilizado para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra en uno de sus niveles más bajos en décadas.
Para Venezuela, el beneficio esperado está en otra dimensión: recuperar producción, atraer capital, aumentar los ingresos fiscales y reconstruir una industria que perdió capacidad durante años de crisis.
Rodríguez también anunció que el acuerdo podrá complementarse con nuevos negocios con compañías internacionales, además de Exxon, con Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, con el propósito de ampliar la inversión y la producción.
El debate sobre la soberanía
El acuerdo también abrió un debate político y jurídico sobre el control de los recursos venezolanos.
Rodríguez insistió en que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus reservas. Su argumento es que el país necesita capital y tecnología para convertir sus recursos bajo tierra en producción, empleo e ingresos.
La posición contrasta con las críticas surgidas tras el anuncio inicial, debido a la falta de información pública sobre algunos términos del pacto y al papel que tendrá Estados Unidos en la explotación de los campos. Algunas versiones señalan que una empresa conjunta podría quedar bajo control mayoritario estadounidense.
Más allá de las diferencias sobre la estructura contractual, el acuerdo marca un cambio de fondo en la política energética venezolana: Washington pasa de aplicar presión y sanciones sobre Caracas a convertirse en socio de la recuperación de su industria petrolera.
El resultado dependerá de la capacidad para movilizar las inversiones anunciadas, recuperar infraestructura, aumentar la producción y convertir una parte de las mayores reservas petroleras del mundo en ingresos efectivos.
Por ahora, las cifras del pacto muestran su dimensión: 25 años de vigencia, 17 campos estratégicos, 65.000 millones de barriles de potencial, más de 1,5 millones de barriles diarios de producción objetivo y más de US$209.000 millones de ingresos proyectados para Venezuela.