Categoría: Industria

Los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra de Ricardo Roa agravan la situación de la empresa y generan riesgos que de materializarse pueden afectar aún más su adecuado funcionamiento, así como el cumplimiento de la estrategia empresarial que requiere Ecopetrol y el país.

La Unión Sindical Obrera (USO), el mayor sindicato de Ecopetrol, pidió la separación de Ricardo Roa como presidente de la compañía, ante las imputaciones de cargos que le hizo la Fiscalía General de la República.

El sindicato señaló que “no obstante el entorno retador de la industria que plantea grandes desafíos a la compañía, el momento exige grandes esfuerzos para lograr la sostenibilidad de mediano y largo plazo, para ello.”

Agrega que los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra del presidente Ricardo Roa agravan la situación de la empresa y generan riesgos que de materializarse pueden afectar aún más su adecuado funcionamiento, así como el cumplimiento de la estrategia empresarial que requiere Ecopetrol y el País.

“Como organización sindical, reconocemos la presunción de inocencia del ciudadano Ricardo Roa. Sin embargo, consideramos que la situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos, permitiendo que el presidente Ricardo Roa concentre todos sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas en curso”, concluyó la USO.

Este miércoles 17 de marzo se instaló en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, la decimoquinta edición de Colombia Genera, el evento del sector de hidrocarburos, minería y energía de la ANDI.

Durante la apertura del evento, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dio un contexto de la situación internacional donde preciso que la confrontación geopolítica es una de las principales amenazas para la estabilidad mundial, con algunas implicaciones como una mayor volatilidad de precios o interrupciones en las cadenas de suministro.

“La geopolítica está cada vez relacionada con el mundo energético y lo que hay detrás del mismo; incluyendo minerales, hidrocarburos, la capacidad de nuevas tecnologías, entre otras. Lo cierto es que tenemos focos interesantes que deberíamos estar mirando dentro de la economía mundial”, comentó el líder gremial.

Aranceles, tierras raras, semiconductores y combustibles fósiles en la transición energética, fueron algunas de las temáticas que se discuten actualmente en el mundo y en dónde Colombia, según comentó el presidente de la ANDI, puede jugar un rol importante para el país, ya que son recursos que están sin utilizarse.

En el contexto nacional, el dirigente gremial comentó sobre la situación fiscal por la que atraviesa el país. “Colombia tiene un problema que es el de las finanzas públicas y del cual hay pocas soluciones. Un país sobre endeudado es como una compañía que pierde plata todos los años. Colombia, sin duda alguna, se ha venido adentrando en el riesgo de la viabilidad financiera”, mencionó Mac Master.

Para mejorar este panorama se puede jalonar el sector minero energético. La realidad es que el rubro se ha deteriorado en los últimos años, con un PIB sectorial que registró caídas consecutivas de -1,38% y -3,31% en 2024 y 2025, a lo que también se registra una reducción del recaudo fiscal del carbón y el petróleo, pasando de $52,1 billones en 2022 hasta $27,2 billones en 2025.

Las exportaciones del sector también se han reducido en los últimos años pasando de US$26.342 millones en 2022 hasta US$14.002 millones en 2025.

«Hoy en día estamos viviendo una multicrisis de un sector que pudiera estar muy bien, produciendo resultados y contribuyendo al progreso del país y que además es parte de la esencia de la discusión mundial. El sector empresarial tiene la posibilidad de apoyar las decisiones de política pública que conduzcan al desarrollo del país», dijo Mac Master.

Al cierre de su intervención, el líder gremial planteó una serie de 16 recomendaciones transversales para encauzar el rumbo del sector minero energético del país. Entre esas iniciativas, se encuentran recuperar tasas impositivas, incentivos a la exploración minera y de hidrocarburos y garantizar la seguridad en zonas críticas.

También se presentaron recomendaciones específicas para cada rubro, como, por ejemplo, en cuanto a energía se deben ejecutar mecanismos para garantizar la energía en firme que cubra la demanda eléctrica del país, así como también la elaboración y presentación de un plan de estabilidad financiera y operativa del servicio eléctrico, especialmente en la región Caribe.

Asimismo, se planteó que existe un potencial importante en los yacimientos no convencionales, en cobre como material para la transición energética; o el biogás, biometano y otros biocombustibles, en cuanto a las energías renovables.

“Hacemos un llamado al Estado colombiano para que sea consciente de los recursos que tiene a su disposición. Hoy, todos los países del mundo están tratando de fortalecer su posición en materia energética, de minerales y de capacidad para influir en la economía global. Colombia decidió retraerse; es el único país que ha optado por no avanzar en esa dirección. Esto nos parece una pérdida de oportunidades gigantesca”, concluyó Mac Master.

Pese a que Colombia tiene grandes cantidades de reservas de carbón, la producción ha venido cayendo en los últimos años.

Ante la nueva coyuntura de la geopolítica y los nuevos equilibrios del comercio internacional, el carbón colombiano es un energético de muy buena calidad y confiable en su abastecimiento.

Así lo aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en la Decimoquinta Colombia Genera, que se realiza en Cartagena.

Nariño dijo: “Esas matrices del abastecimiento mundial toman cada vez más relevancia, ya no solo el precio, sino también mercados que puedan abastecerse de manera confiable y segura y atender así esa inestabilidad que está sucediendo en el mundo con una guerra tras otra. Y los carbones colombianos tienen un papel que jugar en esa dinámica mundial de demanda.”

Sin embargo, pese a que Colombia tiene grandes reservas de carbón, la producción ha venido cayendo en los últimos años. En 2017 el país produjo 90 millones de toneladas de carbón, en 2023 pasó a 69 millones, en año 2024 a 60 millones, y en 2025 cayó a 55 millones de toneladas.

“Pero el mundo sigue demandando carbón. Es decir, mientras el mundo demanda más, nosotros producimos y exportamos menos. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno entonces para impulsar la producción y exportación de carbón colombiano? Rodear a los productores de carbón en el país, del norte del país y del centro del país”, señaló Nariño.

Y es que el potencial de crecimiento y de generación de renta y de generación de regalías del carbón es cercana a los 4 billones de pesos anuales a los precios de hoy.

Además, el dirigente gremial expresó que se debe generar seguridad en el territorio y pensar de manera estratégica cómo ganar competitividad.

“Hoy nuestros carbones tienen que ir a regiones más lejanas y eso resta competitividad. Como país tenemos que rodear las industrias para abordarlas desde los factores de competitividad. Nunca antes un ministerio de Comercio ha abordado y atendido a la industria minera, menos a la industria de carbón”, dijo Nariño y agregó:

“El consumo del mundo va a seguir subiendo y nosotros vamos a perder una oportunidad realmente histórica. Pero no solo nosotros, miles de personas y de familias que dependen de la industria del carbón en todo el territorio colombiano.”

En contravía del mundo

Al ser consultado sobre la restricción del gobierno de exportar carbón a Israel. Nariño dijo: “Hoy el mundo está sacando decretos, leyes y resoluciones para fomentar la inversión minera, para hacer que los países produzcan más de manera responsable y de manera más verde. Colombia está sacando lo mismo: resoluciones, leyes, decretos y nuevos impuestos, pero para lo contrario, no para atraer la inversión, sino para alejar la inversión, para generar incertidumbre en relación al largo y mediano plazo que esta industria demanda.

“No ha sido solamente el decreto de Israel, ha sido una gran cantidad de decretos y resoluciones que hoy suman más de 200. Eso ha producido que la inversión extranjera directa en minería caiga 86% en relación con el año anterior y que el sector minero sea el que menos crezca en la economía colombiana, decreciendo con cifras cercanas al 8.6%.”

Eso se ha reflejado en el government take de la minería del carbón en Colombia, que está por encima del 75%, muy alto en comparación con sus pares en el resto del mundo.

Finalmente, sobre las peticiones del sector al próximo gobierno, Nariño expresó que primero se debe tener una conversación honesta y, segundo, que ya es hora de que Colombia decida ser un país minero.

“Y tomar la decisión de una vez por todas de ser un país minero implica también otorgar títulos mineros, atraer la inversión extranjera en exploración y tramitar con agilidad los permisos ambientales”, concluyó.

Alerta en el sector energético colombiano: gremios advierten que deuda a las empresas asciende a $9.2 billones generando nuevamente riesgos en la prestación los servicios de energía y gas natural.

Además de la quiebra del sector salud, el gobierno del cambio deja al borde de la crisis al sector energético colombiano. Y la fórmula aplicada para lograrlo fue la misma: la asfixia financiera.

Las alarmas las encendieron los gremios y las empresas del sector energético desde hace años; sin embargo, el gobierno, en lugar de tomar medidas para rescatar al sector, tomó las que llevaron a la actual asfixia financiera de las empresas.  

Los presidentes del comité intergremial del sector energético —conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser-Colombia— alertaron nuevamente este 17 de marzo sobre la crítica situación que atraviesa la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas natural en el país, derivada de incumplimientos del Gobierno Nacional y decisiones recientes que han profundizado el deterioro financiero y operativo del sector.

Al corte del 28 de febrero de 2026, el monto de lo adeudado al sector ascendía a $9,2 billones, desglosados así: subsidios ($3,5 billones, $2,32 para energía eléctrica y $1,15 para gas natural), opción tarifaria ($2,2 billones), deudas de entidades oficiales ($1,4 billones) y la crisis de Air-e ($2,1 billones).

En el caso del servicio de gas natural, el gobierno no ha liquidado los subsidios del 2025 y lo corrido del 2026, que ya las empresas cubrieron a los usuarios de los estratos 1 y 2, con el agravante que por cada mes la deuda aumenta en $110.000 millones.

«Los subsidios no son un beneficio para las empresas. Son un alivio para los hogares más vulnerables que el sistema ya aplicó en la factura. Lo que hoy está pendiente es que el Gobierno gire esos recursos que ya se entregaron en la práctica. Si ese pago no llega, las empresas terminarán financiando con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener solas.» afirmó Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas.

Al borde de la crisis

Este escenario ha generado una restricción severa de liquidez que limita la capacidad de las empresas de energía y gas para operar, mantener la infraestructura y ejecutar inversiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Los gremios señalaron que, pese a que han planteado múltiples propuestas y alternativas, no se han concretado soluciones.

“Colombia no se ha apagado gracias al esfuerzo sin precedentes de las empresas, que han tenido que endeudarse para garantizar el servicio, a pesar de que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios, y esos recursos siguen sin ser pagados. Esta deuda está afectando la sostenibilidad de las compañías que acentúa el riesgo de un apagón técnico, porque ya la demanda de electricidad supera la oferta. Se deben tomar decisiones inmediatas.” indicó Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

«Hoy nuestras empresas afrontan un complejo escenario donde vemos aumentos en sus costos, reducción en sus ingresos y para rematar, deudas crecientes,” comentó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.

Adicionalmente, la crisis de Air-e representa un riesgo sistémico para toda la cadena del sector eléctrico. “El crecimiento de la deuda de Air-e compromete la sostenibilidad del sistema eléctrico. Hoy, las acreencias de la empresa intervenida superan $2,1 billones, lo que pone en riesgo el capital de trabajo que requieren los agentes de la cadena para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de electricidad y se mitigue el riesgo sistémico. Por esto, es fundamental que el Gobierno Nacional asegure

el pago de las obligaciones de Air-e», destacó Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG.

Ante este panorama, los gremios hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para implementar un plan de choque financiero que permita restablecer el flujo de recursos en el sector. Entre las medidas prioritarias se destacan el pago inmediato de subsidios adeudados, la asunción de la opción tarifaria, la solución estructural a la situación de Air-e.

Del apagón financiero al apagón técnico

A esta situación financiera, se suma un panorama técnico cada vez más desafiante. En energía eléctrica, el operador del mercado ha advertido que no existe suficiente energía firme para cubrir la demanda.

«El colchón entre oferta de energía firme y demanda ya es negativo. Según datos de XM, cerraremos 2026 con un déficit del -2% y llegaremos a un alarmante -3.5% en 2027. Sumando el panorama del gas que todos conocemos y una posibilidad de un Fenómeno de ‘El Niño’ iniciando a finales de este año según las agencias internacionales, la seguridad energética de Colombia está en grave riesgo», afirmó Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidente de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional.

Finalmente, los gremios expresaron su preocupación frente a medidas adoptadas en el marco de la emergencia climática, como los decretos 0177, 0214 y 0242 de 2026, que podrían afectar la confiabilidad del sistema energético, trasladar cargas económicas adicionales a las empresas e impactar en los precios de energía.

La decisión fue adoptada pese a la imputación de cargos al directivo por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Amparada en la presunción de inocencia y su derecho al debido proceso, la Junta Directiva de Ecopetrol, en reunión extraordinaria del 11 de marzo, decidió mantener a Ricardo Roa al frente de la compañía.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Roa por su presunta responsabilidad por el delito de tráfico de influencias de servidor público y, en un segundo expediente, por sobrepasar los topes financieros de la campaña Petro Presidente, cuando el directivo se desempeñaba como gerente de la campaña.

“En la legislación colombiana la imputación (de cargos) es un acto de comunicación que tiene el efecto de vincular formalmente al proceso penal al señor Ricardo Roa, dar a conocer los hechos materia de investigación, las consecuencias jurídicas de los mismos y activar el derecho de defensa. La referida diligencia no equivale a una condena o a una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción inocencia que le asiste al señor Roa” señala la Junta Directiva en un comunicado de prensa.

El comunicado agrega que: “La Junta Directiva seguirá haciendo un pormenorizado y juicioso seguimiento de la información financiera para analizarla y tomar los correctivos al impacto que pudiera generar la situación del Presidente sobre los valores de la compañía y continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad del Presidente con las obligaciones regulatorias de la compañía, conforme a los deberes fiduciarios de este órgano de administración”.

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente americano, con más de 19.000 empleados. Además, cotiza en las bolsas de valores de Bogotá y Nueva York.

La compañía reportó ingresos totales por $8,0 billones y un EBITDA ajustado récord de $5,9 billones, creciendo 16%, impulsado por dividendos de inversiones de transmisión de energía en Brasil.

La utilidad neta del Grupo Energía Bogotá (GEB) alcanzó $3,4 billones, destacando la recuperación de Enel Colombia después de un año en el que el Fenómeno de El Niño tuvo un impacto significativo.

“El 2025 confirma que nuestra estructura y estrategia de largo plazo en infraestructura energética están dando resultados. Con cifras récord de ingresos y EBITDA, seguimos fortaleciendo un portafolio sólido que garantiza seguridad energética, genera valor para nuestros accionistas y, al mismo tiempo, mejora la vida de las comunidades y regiones donde operamos”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

Durante 2025, la compañía pagó un total de $2,2 billones en dividendos a más de 21.000 accionistas. Las inversiones alcanzaron USD 515 millones, un crecimiento del 9% frente al año anterior, mientras la proyección de CAPEX orgánico a cinco años se actualizó a USD 1.396 millones, liderada por Transmisión de Energía.

Por su parte, la utilidad operacional alcanzó $1,1 billones, 67% superior al cuarto trimestre de 2024, impulsada además por la venta de activos inmobiliarios no productivos por $231.000 millones.
Adicionalmente, el 22 de octubre de 2025 se realizó una emisión de bonos internacionales por USD 500 millones, a 10 años y cupón de 5,75%, para financiar parcialmente el plan de inversiones 2023–2027.

“Durante el año fortalecimos nuestra posición financiera con mayor generación de caja y una gestión eficiente de la deuda. Esto respalda la solidez del Grupo y nuestra capacidad para ejecutar el plan de inversiones y continuar expandiendo la infraestructura energética en la región”, señaló Jorge Tabares, vicepresidente Financiero del GEB.

Infraestructura y desarrollo regional

El GEB avanzó en proyectos clave que refuerzan la confiabilidad del suministro y generan impactos positivos en las comunidades. Se pusieron en operación el Tramo III del Refuerzo Suroccidental (Alférez–San Marcos) y la línea Río Córdoba–Bonda, fortaleciendo los sistemas eléctricos del Valle del Cauca y Magdalena, respectivamente, y beneficiando a más de 28.000 personas.

En generación, Enel Colombia incrementó su aporte propio y energizó el Parque Solar Guayepo III, con capacidad de 266 MWp, consolidando el mayor hub fotovoltaico del país. La modernización de la red en Bogotá y Cundinamarca, bajo el Plan de Expansión 2030, implicó inversiones por $1,3 billones, elevando confiabilidad y habilitando proyectos de movilidad eléctrica masiva.

Vidas con energía sostenible y competitiva

El impacto social del Grupo Energía Bogotá se consolidó en 2025 con inversiones por más de $70.000 millones, beneficiando a más de 400.000 personas. Estas inversiones incluyen proyectos que generan desarrollo tangible, desde el suministro confiable de energía hasta el impulso a la conectividad, la movilidad eléctrica y la conservación ambiental.

A través de obras por impuestos, se aprobaron $62.000 millones destinados a comunidades energéticas, conectividad, cultura y conservación ambiental, integrando eficiencia fiscal con impacto social medible. En gasificación rural, TGI conectó a más de 4.300 personas. La inversión ambiental superó $45.000 millones.

En resumen, los resultados financieros récord del Grupo, ingresos, EBITDA e inversiones estratégicas, se traducen en transformación social y económica, consolidando un modelo de energía sostenible, responsable y con impacto directo en las comunidades.

Colombia cuenta con un nuevo instrumento regulado para la contratación mayorista de energía eléctrica. El mecanismo, que se realizará a través de la Bolsa Mercantil, cumple los principios y requisitos regulatorios definidos por la CREG para la formación de precios eficientes.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101-100 de 2026, mediante la cual adopta el Mecanismo de Comercialización de Energía (MCE) propuesto por Conexión Energética, y define las condiciones bajo las cuales los precios resultantes podrán trasladarse a la tarifa de los usuarios regulados.

Conexión Energética es la filial del Grupo Bolsa Mercantil especializada en el diseño, promoción y administración de mecanismos de negociación de energía que impulsan mercados más eficientes, competitivos y transparentes en Colombia.

La decisión del regulador incorpora al mercado un esquema que cumple los principios de eficiencia, transparencia, neutralidad y fiabilidad exigidos en la reglamentación, fortaleciendo la competencia y la protección del usuario.

El mecanismo incorpora el anonimato de los participantes, la estandarización contractual y un sistema uniforme de garantías que amplía el acceso a la contratación y ofrece condiciones equilibradas para los comercializadores de todos los tamaños.

Además, promueve un entorno de contratación transparente y competitivo entre agentes, con reglas claras y homogéneas.  

Al incentivar la participación general de los agentes del mercado eléctrico en la celebración de contratos de largo plazo, el mecanismo de Conexión Energética disminuye la necesidad de acudir al mercado diario —cuyos precios son altamente sensibles a la hidrología, la disponibilidad del sistema y eventos climáticos—, reduciendo la exposición a variaciones abruptas y contribuyendo a tarifas más estables y predecibles para hogares, pequeños comercios y microempresas.

“Con esta aprobación, Colombia incorpora una solución institucional que fortalece la arquitectura del mercado eléctrico. Desde nuestra filial Conexión Energética, hemos trabajado en conjunto con agentes, gremios y autoridades para diseñar un mecanismo que promueve la competencia en igualdad de condiciones, reduce vulnerabilidades frente a la volatilidad y contribuye a un entorno más predecible para los usuarios. Este es el valor de contar con mercados organizados y con reglas claras, lo que refleja la visión de la Bolsa como institución que crea mercados eficientes”, explicó María Inés Agudelo Valencia, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Para el sector eléctrico, la resolución representa un avance regulatorio significativo. El mecanismo introduce un estándar común que mejora la gestión de riesgos mediante garantías homogéneas y dota al mercado de herramientas modernas para planear, negociar y ejecutar compras de energía con eficiencia y seguridad jurídica.

Adicionalmente, la CREG definió reglas claras sobre qué transacciones pueden trasladarse a la tarifa final, cómo se calcula el precio reconocible y qué costos financieros pueden incluirse, acompañadas de indicadores de desempeño, auditoría independiente y seguimiento permanente.

Este diseño amplía la competencia y aporta transparencia, elementos esenciales para la sostenibilidad del mercado energético en el largo plazo.

“El diseño del mecanismo responde a una necesidad concreta del mercado: contar con reglas homogéneas, garantías estandarizadas y un entorno anónimo que permite negociar energía en condiciones más equilibradas. Esto mejora la formación de precios, facilita la gestión de riesgos y amplía el acceso al mercado para comercializadores de todos los tamaños”, indicó Luis Eduardo Leiva Mutis, gerente de Conexión Energética.

Lo que sigue

Tras la expedición de la resolución, Conexión Energética iniciará la fase de implementación operativa, que incluye la adecuación tecnológica, la acreditación de participantes, la publicación del reglamento operativo y la preparación de las primeras ruedas de negociación.

La primera rueda se anunciará una vez culminen los procesos de alistamiento y pruebas operativas, conforme a los requerimientos definidos por la CREG.

“Con este mecanismo, el país incorpora una herramienta institucional que fortalece la arquitectura del mercado eléctrico y aporta mayor competencia, acceso y estabilidad en la contratación de energía”, agregó Leiva Mutis.

La Fuerza Pública propinó un golpe a las organizaciones dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos, refinación ilegal y el hurto de activos críticos de la industria petrolera, en los departamentos de Bolívar, Meta, Casanare, Cesar y Norte de Santander, donde fueron detenidos cerca de 23 actores criminales vinculados a estas actividades ilícitas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó que la articulación institucional ha permitido avanzar en la protección de los recursos estratégicos del país. “El trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, las entidades del Estado y las empresas del sector permiten afectar las finanzas criminales de actores armados y de carteles del narcotráfico que se lucran de actividades ilícitas como el apoderamiento de hidrocarburos”, señaló.

Luego de un proceso de investigación del Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación – con el apoyo de Ecopetrol –, se logró la desarticulación de la organización ilegal liderada por alias ´Tuta´ del ELN, dedicada al apoderamiento de hidrocarburos del poliducto Pozos Colorados – Galán; que dio como resultado la captura de tres individuos.

El combustible hurtado era envasado en bidones y transportado en vehículos no convencionales hacia veredas y corregimientos de El Tarra, Teorama, Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, donde se almacenaba en bodegas para su comercialización ilegal.

En otro operativo, las autoridades allanaron en Cartagena las instalaciones de la empresa Carman International S.A.S., que simulaba el procesamiento de aceites, pero en realidad funcionaba como un centro de refinación ilegal de combustibles hurtados.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa Carman International S.A.S., dedicada al procesamiento de aceite residual, al parecer se dedicaba a la refinación ilegal de hidrocarburos (crudo), el cual sería apoderado del oleoducto Caño Limón – Coveñas. Posteriormente, el crudo era almacenado en piscinas artesanales para ser refinado y convertido en combustible artesanal conocido como ‘pategrillo’, generando además afectaciones ambientales.

Finalmente, en los departamentos de Meta y Casanare, se desarticuló la organización criminal conocida como ‘Los Mecánicos’, dedicada al hurto continuo y la comercialización de cable de cobre, así como otros componentes esenciales de la industria petrolera. En el procedimiento se materializaron 11 capturas y tres imputaciones.

A su turno, el director General de la Policía William Rincón Zambrano sostuvo “que estamos evitando, a través de nuestra policía y de nuestras Fuerzas Militares, que estos delincuentes tengan un radio de accionar criminal en diferentes partes de Colombia, donde han estado articulados y tejiendo su criminalidad con diferentes departamentos”.

“Para el Grupo Ecopetrol, esta lucha contra el apoderamiento ilegal de los hidrocarburos y la protección de los recursos de todos los colombianos, es un avance en la defensa frontal ante las bandas y organizaciones que impactan no solo a nuestras comunidades sino también el entorno social y ambiental; por eso, seguiremos prestando todo nuestro apoyo a la fuerza pública y demás organismos del Estado”, afirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

Entre 2025 y lo corrido de 2026 se han registrado pérdidas por más de 950 mil barriles de hidrocarburos, con un impacto cercano a US$81 millones para el Grupo Ecopetrol.

El Grupo Ecopetrol presentó sus resultados consolidados correspondientes al cuarto trimestre y al año 2025, en un entorno retador marcado por menores precios del crudo, presiones inflacionarias, revaluación del peso y eventos de orden público.

Pese a que las utilidades de la empresa siguen en picada, con un desplome del 40% en el último año, al pasar de $14,9 billones en 2024 a $9 billones en 2025, el principal indicador por el que saca pecho Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, es el de adición de reservas, que terminó el año con un índice de reposición de 121%, el valor más alto de los últimos cuatro años.

Así, las reservas probadas 1P cerraron el 2025 en 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente, con una vida media de 7,8 años. Por su parte las reservas de gas natural terminaron con una vida media de 6,3 años

Por el lado de la producción, el promedio del año fue de 745.000 barriles de petróleo equivalente por día (kboed), dentro del rango meta propuesto para 2025 de entre 740.000 y 750.000 kboed, en un entorno de menores precios del Brent (-15%).

En crudo, la producción en Colombia alcanzó 517.000 barriles por día en promedio, la cifra más alta en cinco años. De acuerdo con Roa, este resultado obedeció al avance del recobro mejorado, el crecimiento del campo Caño Sur y la adquisición del 45% de participación en el bloque CPO 09.

En exploración, la empresa también mostró cifras positivas. Ecopetrol perforó 16 pozos exploratorios frente a una meta anual de 10. Del total, 7 fueron exitosos, 5 continúan en evaluación y 4 resultaron en falla. El ejecutivo resaltó que, en los últimos tres años, la compañía alcanzó una tasa de éxito promedio del 44%.

En el segmento de refinación, en 2025 la carga promedio fue de 417.000 barriles/día. El Ebitda del segmento creció 20% comparado con el 2024 y el margen bruto de refinación aumentó 32%, pasando de 9,9 USD/barril en 2024 a 13,1 USD/barril en 2025.

Participación y proyectos en gas

Ante el creciente déficit de gas nacional, la empresa confirmó el cierre exitoso de la comercialización del gas proveniente de Sirius, con potencial de hasta 249 Millones de Pies Cúbicos por Día (MPCD), previsto para 2030; la comercializaron de los 60 GBTUD de gas licuado que llegará a Buenaventura con regasificación en Buga, y hasta 370 GBTUD vía Puerto Bahía (Cartagena), desde finales de 2026.

Por otro lado, Roa señaló que Ecopetrol fue el único productor nacional en vender volúmenes firmes para 2026: 326 GBTUD, equivalente al 76% de la demanda residencial y comercial.

Energías renovables

En el segmento de energías renovables, el Grupo superó la meta anual de 900 MW, con 951 MW instalados.

Al mismo tiempo, anunció avances en proyectos como: Granja Solar Portón del Sol, primer proyecto de autogeneración remota del país, y la decisión final de inversión del parque eólico Windpeshi (205 MW), uno de los más grandes de Colombia.

Resultados financieros

En un entorno con caída del precio del Brent de -15% respecto a 2024, revaluación del peso, inflación y afectaciones por bloqueos, ataques a la infraestructura y nuevos impuestos, el Grupo alcanzó un EBITDA de 46,7 billones de pesos, con un margen estable de 39%, en línea con la meta anual.

La cifra fue impulsada por la recuperación gradual de refinación, la estabilidad del transporte y 3,6 billones de pesos en eficiencias.

La utilidad neta consolidada fue de 9 billones de pesos, $5,9 billones menos que en 2024, con un precio promedio del Brent 5 dólares por debajo de la estimación inicial de 73 dólares por barril.

Entre los factores que afectaron la utilidad, la empresa cita:

1.  No recurrentes: Ausencia de ingresos por valoración del CPO 09 y reversión de impairment (1,6 billones en 2024). Estos elementos no implicaron salidas de caja y, por tanto, no afectaron el flujo de efectivo.

2.  Mercado: Caída del Brent (15% anual), mayores presiones de inflación en costos y gastos, y revaluación del peso (impacto acumulado: 7,2 billones).

3.  Entorno: Bloqueos en campos, ataques a la infraestructura y nuevos impuestos (ligados a conmoción interior e IVA no descontable a importaciones de combustibles).

Según Roa, los factores externos explican el 95% de la variación anual, mientras que la actividad operacional y comercial mitigó cerca del 22% de dicha caída.

Al final de la rueda de prensa, una periodista le preguntó a Roa por qué la iguana se veía tan flaca. El presidente respondió que él la veía esbelta.

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) presentó un borrador de proyecto de ley impulsado por geólogos, geocientíficos e ingenieros, orientado a fortalecer la seguridad energética, la soberanía del subsuelo y el ordenamiento territorial de Colombia.

El anuncio se da en un año desafiante, cuando el país enfrenta decisiones determinantes sobre su matriz energética, la adaptación al cambio climático y la gestión del territorio. El documento, presentado como policy brief, busca llevar el conocimiento geocientífico al centro de la política pública nacional, superando debates ideológicos y apostando por decisiones basadas en evidencia.

El borrador propone una hoja de ruta clara para Colombia: reconocer las geociencias como un activo estratégico de la Nación, indispensable para reducir riesgos, fortalecer la resiliencia territorial y garantizar una transición energética realista, segura y socialmente justa.

Tres propuestas que aportan al debate

El documento plantea tres acciones concretas de política pública:

1. Gestión geocientífica territorial: Profesionalización de los territorios a través de un geólogo por municipio, como inversión en prevención, planificación y reducción del riesgo, no como un costo. Se estima que el costo de la prevención y mitigación sería un diez por ciento de los gastos en atender desastres naturales.
2. Inclusión obligatoria del conocimiento geológico en el ordenamiento territorial, para que los POT, PBOT y EOT se construyan con base en la realidad del subsuelo a través de la iniciativa “Un geólogo por municipio”.
3. Una Ley de Seguridad Energética y Subsuelo para la Adaptación al Cambio Climático, que articule energía, territorio y el clima, y permita pasar de la improvisación a la planeación estratégica.

Según la ACGGP, el país no puede seguir tomando decisiones sobre energía, agua, ciudades y riesgos naturales sin integrar de forma sistemática el conocimiento del subsuelo, especialmente en un contexto donde el 84 % de los colombianos vive en zonas de riesgo y la dependencia energética va en aumento.

Geociencias: de disciplina técnica a infraestructura del Estado

El borrador fue presentado en el marco de la Convención de Exploración Energética: Camino a la Coexistencia, que se realizó en Cartagena, en el que se enfatiza que las geociencias no solo soportan la exploración de hidrocarburos, minerales estratégicos o geotermia, sino que son clave para la gestión del agua, la reducción del riesgo de desastres, la adaptación climática y la planificación territorial.

Casos como los sistemas de alerta temprana en Medellín, el potencial gasífero offshore o los proyectos geotérmicos volcánicos demuestran que el conocimiento geocientífico salva vidas, aporta recursos públicos y fortalece la soberanía minero-energética.

“La transición energética no puede construirse desconociendo el subsuelo. Las geociencias no son un obstáculo: son la garantía de que el país transite con seguridad, autonomía y responsabilidad”, señala el documento presentado.

Un mensaje político desde la técnica

El lanzamiento del borrador en la Convención de Exploración envía un mensaje directo: la seguridad energética y el ordenamiento territorial no pueden seguir siendo decisiones políticas desconectadas de la ciencia. Para la ACGGP, 2026 representa una oportunidad histórica para alinear política, técnica y territorio.

“Colombia necesita más ciencia en las decisiones públicas, porque donde hay conocimiento del subsuelo, hay soberanía. Y donde hay soberanía energética y territorial, hay desarrollo sostenible real”, indicó Flover Rodríguez Portillo, director Ejecutivo de la ACGGP.