Durante la presentación de XXVI Informe del Sector Gas Natural en Colombia, que cada año elabora Promigas, se llamó la atención sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de abastecimiento.
Desde 2024 Colombia inició importaciones permanentes de gas natural para atender segmentos diferentes a la generación térmica. Además, en ese año las reservas probadas cayeron a 2.064 Gpc, con una disminución del 64% en 12 años, lo que equivale a apenas 5,9 años de suministro nacional parcial.
Este panorama afecta directamente el trilema energético, desequilibrando sus tres ejes fundamentales:
- Seguridad energética, con una dependencia creciente de importaciones, incluso para el mercado no térmico.
- Equidad, con exposición a la volatilidad de precios internacionales que lleva incrementos tarifarios.
- Sostenibilidad, con el riesgo de que industrias y el transporte regresen al carbón y otros combustibles más contaminantes, elevando las emisiones de CO₂.
De acuerdo con el Informe del Sector Gas Natural 2025, en el próximo quinquenio las importaciones necesarias —sin incluir las del Grupo Térmico de la Costa— podrían llegar a cerca de 400 MPCD, lo que representa un costo de oportunidad de entre 7 a 15 billones de pesos en los próximos 10 años (VPN), por pagar gas natural importado más caro frente al gas nacional.
Además, cada año de atraso en la entrada del gas offshore a partir de 2031, implicaría costos adicionales de entre 4 a 5 billones de pesos anuales.
Si entre 10% y 20% de la industria y de 15% a 25% del consumo de GNV migraran a combustibles más contaminantes, por pérdida de competitividad del gas, el país enfrentaría un efecto ambiental adverso: entre 0,4 y 0,7 millones de toneladas de CO₂ al año, entre 48 y 50 toneladas de material particulado fino al año y entre 14 y 417 mil millones de pesos anuales en costos de compensación de emisiones.
Medidas para recuperar el rol del gas
Durante la presentación, Promigas señaló las medidas para recuperar y fortalecer el mercado de gas de Colombia en toda la cadena de valor.
Entre las medidas urgentes con impacto en el corto plazo, están:
- Ajustar la regulación de comercialización para alinear los contratos de suministro de gas con las prácticas del mercado internacional, en cuanto a eventos eximentes y de fuerza mayor, de forma que puedan suscribirse contratos a largo plazo que viabilicen precios de gas importado más competitivos y estables para el país.
- Optimizar la gestión de licencias ambientales y consultas previas para el desarrollo de infraestructura de regasificación y transporte asociada.
- Habilitar la comercialización del suministro y transporte de gas de las plantas térmicas hacia la demanda no térmica, siempre que dicho gas no sea requerido para el despacho de energía.
Entre las medidas con impacto en el mediano y largo plazo para reducir la dependencia de gas importado, están:
- Retomar la exploración de hidrocarburos y avanzar en pilotos de yacimientos no convencionales para asegurar nuevas fuentes de suministro.
- Convertir los recursos contingentes en reservas y producción efectiva, especialmente en campos offshore, como Sirius, lo que exige también la conversión oportuna de infraestructura existente de hidrocarburos al transporte de gas natural, como es el caso del proyecto Jobo–Vasconia y la ampliación del gasoducto Ballena-Barranca.
- Optimizar el licenciamiento ambiental y consultas previas, junto con un esquema fiscal competitivo que elimine sobretasas y brinde estabilidad tributaria, para dinamizar la inversión, acelerar nueva oferta y viabilizar la entrada de nuevos productores al mercado de gas.
- Desarrollar infraestructura crítica de transporte que conecte las nuevas fuentes al mercado y proteja la demanda con señales claras de disponibilidad.
- Promover un plan de masificación del gas para ampliar cobertura en hogares y reducir la pobreza energética.
- Reconocer el rol del gas natural como respaldo confiable para las fuentes renovables intermitentes, consolidándolo como aliado en la agregación energética y la descarbonización.
- Asegurar una visión de largo plazo y coordinación efectiva entre autoridades, sector privado y comunidades, para que el gas despliegue su potencial como motor de progreso y prosperidad para Colombia.