En la lucha contra el cambio climático no sólo hay que pensar cuánto reducimos las emisiones sino cómo. Sobre todo ahora que el país va a asumir compromisos que tendrán enormes implicaciones para todos.
Por: TOMÁS GONZÁLEZ*
7 de agosto de 2021. Quizá el mayor aporte de Antanas Mockus —uno de los más singulares líderes políticos que ha tenido nuestro país— fue su filosofía del “todos ponen”. Con esa enorme capacidad que tiene para explicar cosas difíciles de manera fácil, el profesor Mockus hizo su campaña a la alcaldía de Bogotá a partir de una pirinola que simbolizaba su forma de pensar frente a los asuntos públicos: si todos ponen va a haber mucho más para que todos tomen.
Con este profundo pero sencillo enfoque ganó las elecciones a la alcaldía y capturó la imaginación de los bogotanos que se embarcaron en un proyecto de cultura ciudadana sin precedentes. El poder de la filosofía del “todos ponen” radica, a mi modo de ver, en los mensajes que enfatiza: que cómo nos vaya depende del esfuerzo colectivo, que todos debemos contribuir, pero que no todos debemos poner lo mismo.
Este último punto lo captura maravillosamente el meme de Craig Froehle sobre igualdad y justicia que se volvió viral en redes: para que un resultado sea justo no a todos se les debe pedir lo mismo.
Adaptado de Craig Froehle / Angus Maguire.
¿Qué tiene que ver esto con la energía y la lucha contra el cambio climático? La respuesta corta es que Colombia decidió comprometerse a llevar a cero sus emisiones netas de CO2 (carbono-neutralidad) a 2050 sin que todavía esté muy claro cómo va a repartirse el esfuerzo para lograrlo. Esto, que puede parecer esotérico y distante, tiene grandes consecuencias económicas y sociales. Si, como quisiéramos, el país crece sostenidamente a tasas superiores al 4%, análisis realizados por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) muestran el tamaño del esfuerzo que Colombia tendría que hacer para cumplir la meta de carbono neutralidad anunciada por el gobierno.
La combinación de crecimiento elevado (que aumenta el consumo de energía) y de reducción acelerada de emisiones (que obliga a recurrir a fuentes limpias) supone grandes cambios para la industria, los hogares, el transporte y, por supuesto, la producción de energía. Por un lado, la capacidad de generación eléctrica tendría que multiplicarse más de cinco veces ante la necesidad de atender la demanda principalmente con fuentes intermitentes como sol y viento, lo cual llevaría a su vez a fuertes incrementos en los precios de la electricidad.
Por el lado de la demanda supondría aumentar drásticamente la eficiencia en el consumo, lo que supone un cambio masivo de equipos como calderas en la industria, neveras, lavadoras y aires acondicionados en los hogares, así como chatarrización de buses y camiones viejos.
¿Cómo se financiarían estos cambios? Si es con ayuda del gobierno, ¿a quiénes ayudaría y cómo? ¿Cuál es el impacto fiscal? ¿Cómo se enfrentaría una posible pérdida de competitividad por el aumento en los precios de la energía? ¿Se mantendría el actual esquema de subsidios a la energía a pesar de los eventuales aumentos en sus precios? ¿Cómo se compensaría el impacto fiscal de la pérdida de regalías e impuestos ante la caída en la producción de combustibles fósiles? ¿Qué apoyo se la daría, por ejemplo, a sectores productivos como los pequeños productores de carbón del interior del país cuando pierdan su sustento? ¿Cómo se ayudaría a los hogares más vulnerables que necesiten cambiar sus electrodomésticos? ¿Qué previsiones se están haciendo para facilitar los cambios tecnológicos que podrían aminorar estas dificultades?
Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil. Sin embargo, debemos contestarlas para asegurar que la transición energética sea efectiva y minimice sus costos económicos y sociales, lo cual nos lleva de vuelta al meme de la justicia.
Si suponemos que las personas representan los sectores productivos, su altura el costo social de reducir una tonelada de emisiones y la cerca la magnitud de la meta de reducción, claramente no todos los sectores deben hacer el mismo esfuerzo. Sería ineficiente. Lo eficiente es que a quien le cuesta menos (el más bajito) haga más esfuerzo (más cajas) para llegar a la meta, mientras que a los sectores que más les cuesta hagan menos.
En el caso de Colombia, la Universidad de los Andes realizó hace algunos años un estudio que identificó cerca de 80 proyectos para reducir emisiones de gases efecto invernadero a 2030 en todos los sectores de la economía y calculó para cada uno el costo por tonelada reducida. Su conclusiones muestran que, de los 10 proyectos que generan la mitad de las reducciones 9 no están en el sector energético, y que 21 de los 25 proyectos con menores costos de reducción por tonelada están en la agricultura, el transporte y la industria.
Lo anterior no quiere decir que el sector energético no deba contribuir a la lucha contra el cambio climático, sino que debe hacerlo de acuerdo con sus costos de reducción de emisiones y de cómo estos se comparen con los de otros sectores. En lugar de satanizar tecnologías o sectores debemos encontrar la combinación de medidas que nos permitan cumplir las metas a mínimo costo.
En un sentido más general, y consistente con el principio de que no todos deberían poner lo mismo, esta discusión supone preguntarse por criterios complementarios para la asignación del esfuerzo: ¿Debe hacer más esfuerzo el que más emite? ¿Debe aportar más el que más recursos tiene? Ambas preguntas tienen que alimentar la estrategia de Colombia al ser el sustento del principio de responsabilidad compartida en el que la comunidad internacional debería asumir parte de nuestros esfuerzos de descarbonización.
Estar comprometido con el cambio climático no es desechar el carbón y el petróleo; es apoyar el mejor paquete para nuestras necesidades ambientales, pero también para las de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si lo pensamos así, es posible que entendamos que es preferible el pragmatismo al fundamentalismo y que la meta de descarbonización se puede cumplir con menos polarización, más tranquilidad y menores costos.
Volviendo al meme y considerando los costos, cabe preguntarse también si no tendría sentido considerar la altura de la cerca. ¿Es necesario que nuestra carbono-neutralidad sea en 2050?
Artículo originalmente publicado en La Silla Vacía el 30 de enero de 2021.