Ecopetrol presentó resultados del cuarto trimestre y cierre del 2025

El Grupo Ecopetrol presentó sus resultados consolidados correspondientes al cuarto trimestre y al año 2025, en un entorno retador marcado por menores precios del crudo, presiones inflacionarias, revaluación del peso y eventos de orden público.

Pese a que las utilidades de la empresa siguen en picada, con un desplome del 40% en el último año, al pasar de $14,9 billones en 2024 a $9 billones en 2025, el principal indicador por el que saca pecho Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, es el de adición de reservas, que terminó el año con un índice de reposición de 121%, el valor más alto de los últimos cuatro años.

Así, las reservas probadas 1P cerraron el 2025 en 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente, con una vida media de 7,8 años. Por su parte las reservas de gas natural terminaron con una vida media de 6,3 años

Por el lado de la producción, el promedio del año fue de 745.000 barriles de petróleo equivalente por día (kboed), dentro del rango meta propuesto para 2025 de entre 740.000 y 750.000 kboed, en un entorno de menores precios del Brent (-15%).

En crudo, la producción en Colombia alcanzó 517.000 barriles por día en promedio, la cifra más alta en cinco años. De acuerdo con Roa, este resultado obedeció al avance del recobro mejorado, el crecimiento del campo Caño Sur y la adquisición del 45% de participación en el bloque CPO 09.

En exploración, la empresa también mostró cifras positivas. Ecopetrol perforó 16 pozos exploratorios frente a una meta anual de 10. Del total, 7 fueron exitosos, 5 continúan en evaluación y 4 resultaron en falla. El ejecutivo resaltó que, en los últimos tres años, la compañía alcanzó una tasa de éxito promedio del 44%.

En el segmento de refinación, en 2025 la carga promedio fue de 417.000 barriles/día. El Ebitda del segmento creció 20% comparado con el 2024 y el margen bruto de refinación aumentó 32%, pasando de 9,9 USD/barril en 2024 a 13,1 USD/barril en 2025.

Participación y proyectos en gas

Ante el creciente déficit de gas nacional, la empresa confirmó el cierre exitoso de la comercialización del gas proveniente de Sirius, con potencial de hasta 249 Millones de Pies Cúbicos por Día (MPCD), previsto para 2030; la comercializaron de los 60 GBTUD de gas licuado que llegará a Buenaventura con regasificación en Buga, y hasta 370 GBTUD vía Puerto Bahía (Cartagena), desde finales de 2026.

Por otro lado, Roa señaló que Ecopetrol fue el único productor nacional en vender volúmenes firmes para 2026: 326 GBTUD, equivalente al 76% de la demanda residencial y comercial.

Energías renovables

En el segmento de energías renovables, el Grupo superó la meta anual de 900 MW, con 951 MW instalados.

Al mismo tiempo, anunció avances en proyectos como: Granja Solar Portón del Sol, primer proyecto de autogeneración remota del país, y la decisión final de inversión del parque eólico Windpeshi (205 MW), uno de los más grandes de Colombia.

Resultados financieros

En un entorno con caída del precio del Brent de -15% respecto a 2024, revaluación del peso, inflación y afectaciones por bloqueos, ataques a la infraestructura y nuevos impuestos, el Grupo alcanzó un EBITDA de 46,7 billones de pesos, con un margen estable de 39%, en línea con la meta anual.

La cifra fue impulsada por la recuperación gradual de refinación, la estabilidad del transporte y 3,6 billones de pesos en eficiencias.

La utilidad neta consolidada fue de 9 billones de pesos, $5,9 billones menos que en 2024, con un precio promedio del Brent 5 dólares por debajo de la estimación inicial de 73 dólares por barril.

Entre los factores que afectaron la utilidad, la empresa cita:

1.  No recurrentes: Ausencia de ingresos por valoración del CPO 09 y reversión de impairment (1,6 billones en 2024). Estos elementos no implicaron salidas de caja y, por tanto, no afectaron el flujo de efectivo.

2.  Mercado: Caída del Brent (15% anual), mayores presiones de inflación en costos y gastos, y revaluación del peso (impacto acumulado: 7,2 billones).

3.  Entorno: Bloqueos en campos, ataques a la infraestructura y nuevos impuestos (ligados a conmoción interior e IVA no descontable a importaciones de combustibles).

Según Roa, los factores externos explican el 95% de la variación anual, mientras que la actividad operacional y comercial mitigó cerca del 22% de dicha caída.

Al final de la rueda de prensa, una periodista le preguntó a Roa por qué la iguana se veía tan flaca. El presidente respondió que él la veía esbelta.

Geólogos de Colombia lanzan propuestas de política pública

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) presentó un borrador de proyecto de ley impulsado por geólogos, geocientíficos e ingenieros, orientado a fortalecer la seguridad energética, la soberanía del subsuelo y el ordenamiento territorial de Colombia.

El anuncio se da en un año desafiante, cuando el país enfrenta decisiones determinantes sobre su matriz energética, la adaptación al cambio climático y la gestión del territorio. El documento, presentado como policy brief, busca llevar el conocimiento geocientífico al centro de la política pública nacional, superando debates ideológicos y apostando por decisiones basadas en evidencia.

El borrador propone una hoja de ruta clara para Colombia: reconocer las geociencias como un activo estratégico de la Nación, indispensable para reducir riesgos, fortalecer la resiliencia territorial y garantizar una transición energética realista, segura y socialmente justa.

Tres propuestas que aportan al debate

El documento plantea tres acciones concretas de política pública:

  1. Gestión geocientífica territorial: Profesionalización de los territorios a través de un geólogo por municipio, como inversión en prevención, planificación y reducción del riesgo, no como un costo. Se estima que el costo de la prevención y mitigación sería un diez por ciento de los gastos en atender desastres naturales.
  2. Inclusión obligatoria del conocimiento geológico en el ordenamiento territorial, para que los POT, PBOT y EOT se construyan con base en la realidad del subsuelo a través de la iniciativa “Un geólogo por municipio”.
  3. Una Ley de Seguridad Energética y Subsuelo para la Adaptación al Cambio Climático, que articule energía, territorio y el clima, y permita pasar de la improvisación a la planeación estratégica.

Según la ACGGP, el país no puede seguir tomando decisiones sobre energía, agua, ciudades y riesgos naturales sin integrar de forma sistemática el conocimiento del subsuelo, especialmente en un contexto donde el 84 % de los colombianos vive en zonas de riesgo y la dependencia energética va en aumento.

Geociencias: de disciplina técnica a infraestructura del Estado

El borrador fue presentado en el marco de la Convención de Exploración Energética: Camino a la Coexistencia, que se realizó en Cartagena, en el que se enfatiza que las geociencias no solo soportan la exploración de hidrocarburos, minerales estratégicos o geotermia, sino que son clave para la gestión del agua, la reducción del riesgo de desastres, la adaptación climática y la planificación territorial.

Casos como los sistemas de alerta temprana en Medellín, el potencial gasífero offshore o los proyectos geotérmicos volcánicos demuestran que el conocimiento geocientífico salva vidas, aporta recursos públicos y fortalece la soberanía minero-energética.

“La transición energética no puede construirse desconociendo el subsuelo. Las geociencias no son un obstáculo: son la garantía de que el país transite con seguridad, autonomía y responsabilidad”, señala el documento presentado.

Un mensaje político desde la técnica

El lanzamiento del borrador en la Convención de Exploración envía un mensaje directo: la seguridad energética y el ordenamiento territorial no pueden seguir siendo decisiones políticas desconectadas de la ciencia. Para la ACGGP, 2026 representa una oportunidad histórica para alinear política, técnica y territorio.

“Colombia necesita más ciencia en las decisiones públicas, porque donde hay conocimiento del subsuelo, hay soberanía. Y donde hay soberanía energética y territorial, hay desarrollo sostenible real”, indicó Flover Rodríguez Portillo, director Ejecutivo de la ACGGP.

En 2025, Enel Colombia ejecutó el mayor plan de inversión de su historia

Con 2,9 billones de pesos, la compañía invirtió en fortalecimiento de infraestructura eléctrica y desarrollo del parque de generación renovable.

En 2025, Enel Colombia ejecutó el mayor plan de inversión de su historia, con más de 2,9 billones de pesos destinados a fortalecer la infraestructura eléctrica del país e impulsar la transición energética a través de la generación renovable.

Estas inversiones, consolidan a la compañía como un actor clave en el desarrollo del sistema eléctrico, la electrificación de la movilidad y la confiabilidad del servicio para millones de personas en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.

Al cierre de 2025, Enel Colombia registró un EBITDA consolidado de 7,3 billones de pesos, equivalente a un crecimiento del 20,7% frente al año anterior, y una utilidad neta de 3,2 billones de pesos, con un incremento del 34,9%.

Asimismo, la compañía redujo la deuda financiera neta, mejoró la rentabilidad operativa y preservó el grado de inversión, reafirmando su compromiso con la creación de valor sostenible y la transición energética.

Los resultados reflejan el desempeño del negocio de generación, que contó con un mayor aporte de energía propia, tuvo menores compras en el mercado spot y una estructura de costos controlada.

Adicionalmente, el negocio de distribución contribuyó mediante un aumento de la remuneración regulada, asociado a la entrada en operación y reconocimiento de nueva infraestructura, que incrementó la Base Regulatoria de Activos (BRA).

Por otro lado, en diciembre de 2025, Standard & Poor’s ratificó la calificación internacional de Enel Colombia en ‘BBB-’ con perspectiva negativa, mientras que Fitch Ratings ajustó la calificación de ‘BBB’ a ‘BBB-’ y revisó la perspectiva de negativa a estable, en línea con la revisión de la calificación soberana de Colombia.

De acuerdo con la compañía, “ambas acciones se dieron en el contexto de la revisión de la calificación soberana de Colombia y no responden a un deterioro del desempeño operativo o financiero de la compañía, las calificaciones se mantienen en grado de inversión y por encima de la calificación soberana”.

Apuesta por las energías renovables y la confiabilidad

La compañía avanzó en la construcción y puesta en marcha del Parque Solar Guayepo III que contará con una potencia máxima de 266MWp, al completar su fase completa de energización.

En paralelo, Enel Colombia realizó un mantenimiento mayor en la Central Hidroeléctrica El Guavio. Con una inversión superior a 18 millones de euros en dichos trabajos y la participación de cerca de 500 personas, se aportó al fortalecimiento de la confiabilidad del sector asegurando la disponibilidad y el desempeño de uno de los activos más relevantes del sistema eléctrico nacional.

Adicionalmente, durante el mantenimiento, se realizaron por primera vez en el país adecuaciones subacuáticas en la bocatoma de la planta, con buzos a 120 metros de profundidad para instalar una pantalla de protección de cerca de 8 metros de altura, con el fin de evitar el ingreso de sedimentos al sistema de generación y garantizar la operación confiable de la central.

También, con una inversión superior a siete millones de euros, en 2025 la compañía modernizó las centrales hidroeléctricas Paraíso y Guaca, en El Colegio (Cundinamarca), que suman 600 MW y aportan cerca del 3% de la demanda anual del país.

Infraestructura eléctrica

En el último trimestre de 2025, Enel Colombia avanzó en la expansión y modernización de la red eléctrica en Bogotá y Cundinamarca, en el marco del Plan de Expansión Bogotá–Región 2030, mediante la puesta en marcha de infraestructura estratégica que fortalece la confiabilidad del sistema y habilita proyectos de movilidad eléctrica masiva.

En ese marco, entró en operación la Subestación Porvenir, ubicada en el Patio Taller del Metro de Bogotá, que suministrará la energía necesaria para la operación de la Primera Línea del Metro. El proyecto contó con una inversión cercana a los 88.000 millones de pesos y una capacidad total de 80 MVA, conectados a nuevas

líneas de alta tensión de 115 kV en Kennedy y Bosa, garantizando un suministro robusto y confiable para el sistema de transporte más importante de la capital.

De manera complementaria, la compañía puso en servicio la Subestación Montevideo, en Puente Aranda, un hito para la operación del RegioTram de Occidente.

Con una inversión cercana a los 106.000 millones de pesos y una capacidad total de 80 MVA, esta infraestructura 100% digital y telecontrolada, permitirá la conexión ferroviaria entre Bogotá y los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, beneficiando a más de 60.000 habitantes y fortaleciendo la integración regional.

Asimismo, Enel completó la puesta en operación de la Subestación Bochica, en Gachancipá, con una inversión aproximada de 85.000 millones de pesos y una capacidad de 130 MVA, para fortalecer el servicio de la Sabana Centro y así beneficiar a más de 20.200 habitantes.

Como parte de la confiabilidad del sistema, la compañía avanzó en la construcción de la línea de alta tensión de doble circuito La Guaca – El Colegio, alcanzando un progreso cercano al 90% al cierre del periodo, con una inversión superior a 34.800 millones de pesos, reforzando la infraestructura de conexión de Cundinamarca.

Finalmente, en 2025 Enel Colombia superó los cuatro millones de clientes consolidándose como el principal operador de distribución eléctrica del país.

Colombia ha gastado $24 billones en atender emergencias en los últimos 15 años

Durante tres días, los geólogos y geofísicos se reúnen en Cartagena para presentar la importancia del subsuelo en la generación de riqueza para el país, en la Segunda Convención de Exploración Energética.

Durante los últimos 15, el país ha desembolsado cerca de 24 billones de pesos en atender emergencias por desastres climáticos. “¿Qué habríamos podido lograr si tan solo el 10% de esa cifra se hubiera destinado de manera sistemática a gestión preventiva, fortalecimiento institucional, profesionalización de los territorios y planeación técnica de largo plazo?”

Esa fue la pregunta que hizo Jaime Checa, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), durante la inauguración de la Segunda Convención de Exploración Energética, que se realiza en Cartagena del 24 al 27 de febrero.

En relación con la más reciente emergencia que azota a los departamentos de Córdova y Sucre, “esa reflexión nos interpela directamente, porque nuestra voz es importante en todos los niveles de la industria nacional, porque el conocimiento técnico, la rigurosidad científica y la capacidad de planeación no son accesorios, son herramientas de desarrollo y de protección social”, señaló Checa.

Geología y energía

En la misma intervención, el directivo se refirió al tema de la energía. “La transición energética y la seguridad energética se han convertido en temas centrales de la agenda global y cada vez más en una prioridad para los ciudadanos. La energía ya no es un asunto exclusivo de especialistas, es un componente esencial de la estabilidad económica, el bienestar social y la autonomía de las naciones. Quienes estamos aquí reunidos, compartimos una convicción profunda: nuestro trabajo importa y el subsuelo es un actor clave para nuestro desarrollo. Somos gestores del futuro energético de Colombia.»

Sin embargo, resaltó que esa convicción debe trascender el recinto de la Convención, por lo que llamó la atención sobre la necesidad de redoblar esfuerzos para que toda la sociedad comprenda la dimensión de este reto y la responsabilidad que implica.

“La transición energética no es una disruptiva excluyente. La transición es con la ‘Y’ y no con la ‘O’. Es diversificación y seguridad, es sostenibilidad y competitividad, es innovación y responsabilidad social. Y, sobre todo, requiere de la articulación eficiente de todos los actores que intervienen en su materialización en el territorio”, dijo Checa.

Finalmente, concluyó: “Depende de nuestra capacidad de dialogar con respeto, de discrepar con argumentos y de construir sobre una base de evidencia. Estamos para contribuir a la construcción de una coexistencia energética basada en la ciencia, centrada en nuestra realidad local y asumida con convicción como un proyecto de país de largo aliento. Una coexistencia que no divida, sino que convoque, que no simplifique, sino que explique, y que no improvise, sino que planifique.”

Charle Gamba sale de la presidencia de Canacol Energy

Canacol Energy anunció un cambio en su presidencia y el nombramiento de un director independiente a su junta directiva. La Junta considera que estos cambios posicionarán a la Compañía para el éxito en la siguiente fase de su reestructuración.

El Sr. Jason Bednar, Chief Financial Officer de Canacol, y el Sr. Ravi Sharma, Chief Operating Officer, asumirán los cargos de Co-Chief Executive Officers (CEO) interinos con efecto inmediato, cargo que desempeñaba Charle Gamba desde la creación de la compañía, en 2008.

Recordemos que la compañía canadiense comenzó a finales de 2025 un proceso de reestructuración en Canadá, Estados Unidos y Colombia, ante las dificultades financieras y operativas en Colombia, donde es la mayor productora privada de gas natural.

Bednar continuará desempeñándose como Chief Financial Officer y el Sr. Sharma continuará como Chief Operating Officer, además de asumir conjuntamente las responsabilidades como Co-CEOs interinos. En estas funciones, supervisarán de manera conjunta las operaciones de la Compañía y continuarán avanzando en los objetivos estratégicos y operativos mientras la Compañía sigue reestructurando sus asuntos en el marco de los procedimientos bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (“CCAA”).

“La Junta confía en la solidez del equipo directivo mientras la Compañía atraviesa este período transformador y emerge del proceso de reestructuración más saludable y fortalecida”, afirmó Michael Hibberd, presidente de la Junta. “El Sr. Bednar y el Sr. Sharma aportan un profundo conocimiento institucional, sólidas capacidades de ejecución y un compromiso compartido con nuestros clientes, empleados y demás partes relacionadas,” agregó.

De esta manera se concreta la salida del Charle Gamba de su cargo como Presidente y CEO, con efecto inmediato.

La Compañía también anunció el nombramiento de Peter Laurinaitis como director independiente de la Junta. El Sr. Laurinaitis es un reconocido y altamente experimentado asesor financiero y banquero de inversión, y llega para aportar capacidades estratégicas y técnicas como veterano en asuntos de reestructuración.

“Canacol da la bienvenida al Sr. Laurinaitis a la Junta como director independiente mientras trabajamos en la reestructuración de los asuntos de la Compañía en el marco de los procedimientos CCAA. Su nombramiento es un paso significativo para ayudarnos a generar valor para las partes interesadas,” señaló Hibberd.

Acerca de Peter Laurinaitis

Laurinaitis es un experimentado asesor financiero y banquero de inversión con 30 años de experiencia en transacciones relacionadas con reestructuración financiera, levantamiento de capital, fusiones y adquisiciones, situaciones especiales y reestructuraciones corporativas.

El Sr. Laurinaitis actualmente se desempeña como Socio Director (Managing Partner) de Breakpoint Partners LLC, una firma de asesoría en reestructuración y situaciones especiales. Previamente, y durante los últimos 24 años, fue socio tanto en el Grupo de Reestructuración y Situaciones Especiales de PJT Partners como en el Grupo de Reestructuración de Blackstone. También se desempeñó como Contador Público Certificado (CPA) y consultor en reestructuración empresarial en el Grupo de Reestructuración Corporativa de Arthur Andersen.

Laurinaitis obtuvo un BSBA y un MSA de la Universidad de Central Florida y un MBA de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Es Contador Público Certificado, Asesor Certificado en Insolvencia y Reestructuración, y Profesional Certificado en Reestructuración Empresarial.

Recientemente se desempeñó como Presidente de la Junta de FirstElement Fuel Inc., una empresa con sede en California dedicada a infraestructura de hidrógeno, y actualmente es Director Independiente de Solo Brands Inc. (NYSE: SBDS), empresa de marcas de actividades al aire libre enfocada en venta directa al consumidor; Director Independiente de una empresa manufacturera privada valorada en $6 billones de dólares, de un fabricante automotriz (OEM) valorado en $1 billón de dólares y de Axip, una empresa con sede en Houston dedicada a servicios de compresión de gas natural.

Empresas aceleran la demanda de consultoría energética

El aumento en la demanda eléctrica, la presión regulatoria y los compromisos climáticos están llevando a más compañías en Colombia a buscar asesoría especializada en energía y sostenibilidad.

La transición energética dejó de ser un discurso corporativo para convertirse en una necesidad operativa. En Colombia, más del 65% de la electricidad que se produce proviene de centrales hidroeléctricas, pero fenómenos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño han expuesto la vulnerabilidad del sistema y elevado la urgencia de estrategias empresariales más resilientes.

A esto se suma el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica. De acuerdo con XM, el consumo nacional de energía ha mantenido una tendencia al alza impulsada por la electrificación de procesos industriales, el crecimiento urbano y la digitalización empresarial.

En este contexto, las compañías están recurriendo con mayor frecuencia a consultorías especializadas que integren energía, sostenibilidad y tecnología.

Según datos de Deloitte Colombia y PwC Colombia, más del 70% de las grandes empresas del país ya incluyen metas ESG dentro de su planeación estratégica, pero menos de la mitad cuenta con hojas de ruta detalladas para alcanzar objetivos de descarbonización.

Frente a este escenario, Schneider Electric anunció el lanzamiento de SE Advisory Services, una expansión de su práctica de consultoría en energía y sostenibilidad para América Latina, incluyendo Colombia.

La iniciativa acompaña a las organizaciones en procesos de transición energética, gestión de riesgos climáticos y transformación digital con foco en ejecución.

El anuncio se produce en un momento en el que el sector privado enfrenta nuevas exigencias regulatorias, como la adopción de estándares internacionales de reporte como los del International Sustainability Standards Board  (ISSB) y el avance de regulaciones locales en materia de divulgación climática, que han incrementado la presión sobre las áreas financieras y de sostenibilidad.

«Los tiempos de incertidumbre requieren, sobre todo, claridad y dominio sobre lo que se puede controlar. Por eso, hemos reunido nuestras capacidades de consultoría para permitir que nuestros clientes actúen con más agilidad y confianza, superando desafíos urgentes en energía, sostenibilidad y tecnología», afirmó Fréderic Godemel, vicepresidente Ejecutivo de Gestión Energética en Schneider Electric.

En América Latina, la discusión se intensificó tras los avances limitados en compromisos globales evidenciados en la COP30, lo que ha trasladado mayor responsabilidad al sector empresarial.

En Colombia, el país mantiene su meta de reducir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 frente a un escenario tendencial, según el Ministerio de Ambiente.

Para Mathieu Piccin, director de Negocios Sostenibles para América Latina en SE Advisory Services, señaló: “Consolidamos nuestra capacidad para apoyar a las organizaciones latinoamericanas en la transición hacia modelos bajos en carbono, enfrentando riesgos climáticos, energéticos y regulatorios, acelerando la descarbonización, ESG y estrategias de adaptación, e integrando soluciones digitales que fortalecen la sostenibilidad, resiliencia operativa y competitividad», explica.

Del discurso ESG a la ejecución

En Colombia, uno de los principales retos no está en la intención sino en la implementación. De acuerdo con la ANDI, cada vez más empresas reportan compromisos ambientales, pero enfrentan dificultades en la medición de emisiones de alcance 3, en la gestión de su cadena de suministro y en la estructuración de contratos de energía renovable a largo plazo.

El nuevo enfoque de consultoría anunciado apunta precisamente a cerrar esa brecha entre estrategia y ejecución, incorporando herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial para optimizar procesos, infraestructura y consumo energético.

La demanda de este tipo de servicios también responde a la volatilidad en precios energéticos y a la necesidad de fortalecer la resiliencia operativa ante eventos climáticos extremos. Sectores como alimentos, retail, minería, manufactura y data centers están entre los más activos en la búsqueda de soluciones integrales.

Con una economía cada vez más electrificada y con metas climáticas en el horizonte de 2030, la transición energética en Colombia parece estar entrando en una fase más técnica y menos declarativa: menos promesas y más implementación.

Robo de energía, cables y equipos azota a las eléctricas colombianas

Además del robo de energía, el hurto de tapas de cámaras subterráneas, baterías, piezas de control y cableado, azotan a las distribuidoras de electricidad en el país.

En el caso de Enel Colombia, durante 2025 registró más de 28.290 casos de hurto eléctrico. De estos, 1.080 correspondieron al robo de red y materiales, mientras que 27.210 estuvieron relacionados con conexiones directas no autorizadas y manipulaciones en los medidores, de los cuales 7.230 casos se vinculan específicamente con intervenciones para evitar el registro correcto del consumo de energía.

El hurto de infraestructura eléctrica ha afectado la calidad del servicio a más de 300.000 clientes en el área de cobertura de Enel y la normalización de estas afectaciones le costó a la compañía más de $1.200 millones de pesos.

Entre los casos registrados se encuentran 629 eventos de robo de tapas de energía subterránea y la sustracción ilícita de 413 elementos asociados a equipos telecontrolados, como baterías, piezas de control y cableado; que se suman a los más de siete kilómetros de red eléctrica hurtada para extraer el material y comercializarlo de manera ilegal.

Las localidades de Bogotá con mayor número de reportes relacionados son: Chapinero, Kennedy, Santa Fe, Engativá y Suba.

Sobre la cantidad de energía hurtada, según análisis de la compañía, esta asciende a más de 56 GWh, proporcional al consumo mínimo vital (130 kWh al mes) de 430 mil hogares de estratos 2 y 3, que puede compararse con la población de localidades como Usme, Fontibón o Suba.

Los reportes destacan que el 6% de los casos corresponde a parques industriales y comerciales con una energía hurtada de 24,7GWh, es decir, el 44% de la totalidad de la energía recuperada en 2025. 

Las localidades en donde se identificó mayores casos de hurto fueron: Kennedy, Mártires y Puente Aranda, y municipios como: Soacha, Tenjo, Mosquera, Cogua y Madrid.

El hurto de energía o la manipulación fraudulente de la infraestructura eléctrica, además de ser delitos que atentan contra la seguridad pública, representan un riesgo para la vida de las personas y pueden ocasionar interrupciones en la prestación del servicio.

Colombia: Producción de petróleo y gas sigue en picada

Al cierre de 2025, la producción de gas y petróleo en Colombia siguió su tendencia a la baja, en consonancia con la política del gobierno de marchitar la industria de hidrocarburos mediante la no firma de nuevos contratos y asfixiando a las empresas con mayores impuestos.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, al cierre de 2025, la producción de petróleo en Colombia cayó un -2,9%, mientras que la caída del gas comercializado fue aún más profunda, -17%.

Efectivamente, mientras enero de 2025 inició con una producción de petróleo promedio de 769 mil barriles por día (KBPD), en diciembre terminó con un promedio de 747 KBPD, reflejando una disminución de 22,6 KBPD, equivalente a una variación negativa del 2,9%.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), “la disminución de la producción de petróleo en 2025 frente a 2024 estuvo asociada a diferentes factores, entre ellos, la declinación natural de los campos, estimada en 22% según la ACP, y las afectaciones operativas derivadas de eventos de entorno.”

Producción de gas sigue de capa caída

Por su parte, el gas comercializado alcanzó en 2025 un promedio de 794,2 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), lo que significó una disminución del 17,1% respecto a 2024 (958,5 MPCD), es decir, 164,3 MPCD menos, reflejando un ajuste en los volúmenes disponibles para el mercado.

El retroceso en la producción nacional ha llevado al incremento en las importaciones de la molécula. En 2025 el promedio de gas extranjero se ubicó en 170 MPCD, equivalentes al 18% del consumo nacional, confirmando el creciente rol del gas importado dentro del balance nacional de abastecimiento.

En cuanto al gas fiscalizado, en 2025 este registró un promedio de 1.258,5 MPCD,evidenciando una disminución frente a 2024, cuando el nivel promedio se ubicó en 1.427,9 MPCD, lo que representó una variación negativa de 169,4 MPCD (-12,0 %).

Según Campetrol, “esta dinámica estuvo asociada principalmente a la declinación natural de los campos productores en Colombia”.

En este contexto, cerca del 80 % de la producción nacional de gas se concentró en 12 campos; y de estos, los que registraron la mayor caída fueron Cusiana, con una disminución del 32% (de 66,8 MPCD a 45,5 MPCD); Clarinete, con una reducción del 301% (de 77,1 MPCD a 53,3 MPCD); y Cupiagua, con una caída del 24% (de 152,3 MPCD a 116,1 MPCD).

“Para recuperar de manera sostenida la producción de gas y petróleo, el país requiere gestionar la conflictividad en los territorios, desarrollar los proyectos offshore, los Yacimientos No Convencionales (fracking), aumentar el factor de recobro de los campos actuales y mejorar la competitividad para la firma de nuevos contratos, así como aumentar la actividad exploratoria”, señaló Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de CAMPETROL.

Usuarios de Latinoamérica exigen electricidad segura y a precios justos

Un informe conjunto de Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica detalla brechas en precios, calidad de servicio y regulación de la energía, junto con oportunidades en contratación, autogeneración y gestión eficiente de la demanda.

Las asociaciones que agrupan a los clientes eléctricos no regulados de Argentina (AGUEERA), Chile (ACENOR), Colombia (Asoenergía), Panamá (AGRANDEL) y Costa Rica (ACOGRACE) publicaron un informe comparado que identifica los principales desafíos, lecciones y oportunidades para los usuarios eléctricos de la región en el período 2024–2025.

El documento ordena las cifras por país y describe riesgos crecientes en calidad de servicio, volatilidad de precios y nuevos cargos que presionan la competitividad de la industria. A la vez, releva oportunidades en contratación, autogeneración y gestión eficiente de la demanda para avanzar hacia sistemas eléctricos más seguros, limpios y con tarifas competitivas.

“Los grandes consumidores requieren un suministro seguro, confiable y a precios que les permitan invertir y crear empleo, junto con mercados eléctricos transparentes y acceso oportuno a la información para decidir”, señala el informe.

Riesgos y oportunidades

Entre los principales riesgos, el documento menciona la seguridad y calidad del servicio, las señales de precio distorsionadas y la creación o aumento de cargos que terminan encareciendo la cuenta de electricidad de los usuarios intensivos en energía. Según las asociaciones, estas señales afectan directamente decisiones de inversión, encarecen la producción y reducen el espacio para nuevos proyectos industriales.

En el lado de las oportunidades, el informe destaca el potencial de una gestión más activa de la demanda, el fortalecimiento de los portafolios de contratos con indexadores adecuados y el despliegue de autogeneración detrás del medidor.

Los retos de Colombia para la gran demanda industrial

En el caso de Colombia, el documento plantea los temas que han afectado el desarrollo de la industria del país desde el punto de vista energético.

Señala el gran reto que tiene el país en cuanto al desacople entre la oferta y la demanda de energía que ha impactado el costo de la energía, lo que es un golpe directo a la estructura de costos de los industriales; de igual manera, se mencionan los grandes retos en calidad del servicio y cómo esto afecta la productividad, así como la incertidumbre existente para la inversión a largo plazo.

“Desde la demanda se ha esperado una señal de eficiencia en energía eléctrica para todo el parque de generación disponible, cuyo desarrollo y expansión debe responder a un portafolio de recursos energéticos y tecnologías, ya que la pérdida de reserva eficiente que lleva a una estrechez entre la oferta y la demanda sigue enfrentando a los usuarios a una distorsión de precios en el mercado de energía mayorista,” concluye el análisis sobre Colombia.

*El  informe  completo,  con  datos  y  fichas  por  país,  está  disponible aquí: https://asoenergia.com/documento-de-asociaciones-latinoamericanas-de-grandes-consumidores-de- energia/

Fiscalía imputa cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, en un expediente que combina hechos de la campaña presidencial con decisiones posteriores dentro de Ecopetrol.

La imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se convirtió en un caso que trasciende lo judicial y expone las tensiones entre política, financiamiento electoral y gobernanza corporativa en la empresa estatal más importante de Colombia.

Según el ente acusador, existen elementos que apuntan a que la campaña habría superado los límites legales de gasto, mientras otra línea de investigación examina si desde la petrolera se favorecieron contratistas con vínculos personales con Roa.

El núcleo del caso se remonta a 2022, cuando Roa ejerció como gerente de la campaña Petro Presidente.

Investigaciones del Consejo Nacional Electoral, lideradas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, establecieron que la campaña habría superado los topes de gasto en más de 5.300 millones de pesos, incluyendo recursos no reportados en ambas vueltas presidenciales.

Este hallazgo derivó en sanciones administrativas y posteriormente fue trasladado a la Fiscalía, lo que marcó el paso del proceso del ámbito electoral al penal.

Además, el expediente incluye el análisis de posibles donaciones irregulares y el origen de recursos, en medio de un contexto político ya tensionado por investigaciones paralelas sobre la financiación de la campaña.

Segundo frente: el apartamento y los contratos

El otro eje del caso es la presunta relación entre beneficios personales y decisiones contractuales dentro de Ecopetrol.

La Fiscalía investiga si Roa habría recibido un apartamento de lujo con un descuento significativo por parte de un empresario que posteriormente obtuvo contratos con la compañía petrolera.

También se indagan inconsistencias en los costos de remodelación del inmueble: mientras Roa reportó gastos cercanos a 300 millones de pesos, el arquitecto encargado señaló que la obra habría superado los $2.300 millones, con pagos en efectivo.

En este contexto aparece el nombre del empresario William Vélez, con quien Roa tuvo vínculos laborales previos y cuya eventual relación con la financiación de la operación es analizada por los investigadores.

Otro actor mencionado en el expediente es el empresario Juan Guillermo Mancera, presuntamente favorecido con contratación tras haber participado en negocios relacionados con el inmueble.

La defensa de Roa, encabezada por el abogado Juan David León Quiroga, ha insistido en que el directivo no ha sido formalmente notificado de la imputación y ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades.

El equipo jurídico sostiene que el proceso debe respetar la presunción de inocencia y cuestiona los tiempos y la forma en que se han divulgado las decisiones judiciales.

Roa, por su parte, ha negado las acusaciones y ha insistido en que sus actuaciones se ajustaron a la legalidad.

Ecopetrol en el centro de la tormenta

Más allá del proceso penal, el impacto más inmediato se ha sentido en Ecopetrol. La imputación generó fracturas dentro de la Junta Directiva, donde al menos tres miembros habrían considerado solicitar su renuncia, en medio de temores por el impacto reputacional y financiero para la empresa.

El caso coincide con un periodo complejo para la petrolera, marcado por: Observaciones de entes de control, costos legales millonarios, rebaja en la calificación crediticia, mayor costo de la deuda y caída en las utilidades año tras año. Todo ello ha alimentado la percepción de inestabilidad en la gobernanza corporativa.

El presidente Petro ha sostenido que las acusaciones responden a motivaciones políticas, mientras la oposición insiste en que el caso evidencia problemas estructurales en la relación entre política y empresas estatales.

El contexto se vuelve más relevante en la antesala de los ciclos electorales de 2026, donde el caso podría convertirse en un elemento central del debate político nacional.

Debate estructural sobre empresas estatales

Expertos señalan que el caso abre un debate más profundo sobre la gobernanza de empresas estratégicas en Colombia.

Ecopetrol representa una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país, por lo que cualquier crisis en su liderazgo genera efectos en confianza inversionista, política energética y estabilidad macroeconómica.

El desenlace del proceso no solo definirá la situación judicial de Roa, sino que podría marcar precedentes sobre la relación entre financiamiento político, nombramientos en empresas públicas y control institucional en Colombia.

Mientras la Fiscalía avanza en el proceso y la defensa insiste en su inocencia, el desenlace judicial podría redefinir no solo el futuro de Roa, sino también la gobernanza de la empresa más importante de Colombia.

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