¿Qué necesita Colombia para ser un hub de infraestructura digital?

Bogotá y la Sabana concentran la mayor parte de la capacidad instalada de centros de datos en el país, impulsados por proyectos de gran escala y nodos estratégicos de conectividad.

Colombia atraviesa una etapa de expansión de su infraestructura digital, impulsada por el crecimiento de la nube, la inteligencia artificial y otros servicios tecnológicos. El desafío ahora es determinar qué condiciones necesita el país para acompañar esa demanda y atraer proyectos de mayor escala.

Este escenario forma parte de una transformación que alcanza a toda América Latina. Para Luis Santamaría, líder del segmento de Cloud & Service Providers en Schneider Electric, la región vive “una de las mayores expansiones de infraestructura digital de la historia” y empieza a convertirse en un destino estratégico para inversiones vinculadas con estas tecnologías.

Colombia cuenta con más de 20 centros de datos que superan los 100 MW de capacidad instalada proyectada y en servicio, posicionándose como el tercer mercado más importante de Suramérica, aunque todavía con espacio para cerrar la brecha frente a referentes como Chile (que supera los 250 MW) o Brasil (que bordea los 900 MW). Esta diferencia muestra el margen que existe para ampliar la infraestructura digital del país.

Bogotá y sus alrededores concentran la mayor infraestructura

Bogotá y los municipios aledaños de la Sabana (como Cota, Tenjo y Tocancipá) reúnen más del 70% de la potencia instalada en el país. La disponibilidad de terrenos amplios, parques industriales bien estructurados y el acceso a infraestructura de energía de media y alta tensión han favorecido el desarrollo de proyectos de colocation e hyperscalers de gran escala, sumados a nodos emergentes en Medellín y la Costa Caribe.

Además, la Sabana de Bogotá concentra condiciones para ampliar esta capacidad a futuro. Este factor será cada vez más relevante a medida que aumenten las cargas de IA. Santamaría explica que estas son más impredecibles, requieren mayores niveles de energía y generan mayores exigencias de refrigeración.

El cambio también se refleja en la densidad de los racks: de niveles tradicionales de alrededor de 10 kW se está pasando a instalaciones que superan los 50 kW y, en algunos casos, alcanzan los 100 kW. Por ello, el desarrollo de nuevos centros de datos requiere considerar desde el inicio no solo el terreno, sino también la capacidad eléctrica y las posibilidades de expansión.

Energía y refrigeración: dos desafíos para la IA

Uno de los principales retos será contar con una infraestructura eléctrica capaz de acompañar estas mayores densidades. “Los retos principalmente los vemos en el tema energético, no solo desde el punto de vista de generación, sino también en transmisión y distribución eléctrica”,señala Santamaría.

A esto se suma la necesidad de desarrollar capital humano especializado para diseñar y operar estas nuevas arquitecturas. El ejecutivo identifica la brecha de especialistas como otro de los desafíos que debe abordar la región.

La mayor densidad de procesamiento también exige nuevas capacidades de refrigeración. La refrigeración líquida tendrá un papel cada vez más relevante en las cargas de IA, aunque su incorporación dependerá de las características y proyecciones de cada centro de datos.

Diseñar hoy pensando en las cargas de mañana

Energía, refrigeración e infraestructura tecnológica deben pensarse de manera integrada para evitar que alguno de estos componentes se convierta en una limitante para la expansión.

La eficiencia será otro factor determinante. Para Santamaría, “la única forma que la inteligencia artificial escale de manera sostenible es construyendo una infraestructura cada vez más eficiente. La sostenibilidad ya dejó de ser un complemento y hoy es un requisito de diseño”.

Para Colombia, el desafío será articular las condiciones que ya favorecen el crecimiento —ubicación estratégica, mayor demanda interna y disponibilidad de parques industriales—, aunque falta contar con energía suficiente y confiable, tecnologías de refrigeración adaptables y talento especializado.

Se proyecta que los ingresos del mercado colombiano de data centers superen los US$450 millones hacia el final de la década, lo que refleja el espacio que todavía existe para el desarrollo del sector.

Colombia da giro de 180 grados en política minera

Por lo escuchado en la instalación de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, realizada en Bogotá el 28 y 29 de octubre, el país dará un giro de 180 grados en los próximos meses en materia minera.

Acertadamente, el lema del certamen fue: ‘De la ideología a la soberanía’. Y es que después de cuatro años en que el gobierno Petro le declaró la guerra a los hidrocarburos y a la minería legal, especialmente al carbón, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció que el Gobierno se empleará a fondo para restaurar la importancia del sector en la economía nacional y atraer nuevas inversiones, con miras a recuperar niveles de producción con vocación exportadora y para contribuir a la seguridad energética.

Carlos Cante, presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), señaló que en el gobierno anterior se legisló y se promulgó una serie de medidas “que lo único que pretendieron fue claramente el marchitamiento temprano del sector”.

Entre esas medidas anotó la no deducibilidad de las regalías, la sobretasa de renta para los carbones y el aceleramiento en la aplicación del impuesto al carbono, que llevaron al sector a una tasa de tributación efectiva de más del 80 por ciento.

“El plan nacional de desarrollo pretendió prohibir los nuevos títulos mineros de carbón y promover medidas para la salida temprana de la industria y, desde ese momento, se empezó a configurar una reforma ideologizada al Código de Minas, así como la creación de una empresa estatal: Ecominerales”, agregó Cante.

Además, la prohibición de exportaciones de carbón a Israel, también por prejuicios ideológicos, y el cierre del Muelle 13 en Buenaventura terminaron de minar la confianza comercial en el país y las empresas.

Las cifras muestran el tamaño del daño

En 2022 el país producía cerca de 68 millones de toneladas anuales y en 2025 estuvo alrededor de 51 millones. Los ingresos por exportaciones de carbón y coque cayeron de cerca de 12 mil millones de dólares en 2022 a menos de cinco mil millones en 2025.

Por su parte, los volúmenes de carbones y coque movilizados desde el interior hacia los puertos cayeron de 8,3 millones de toneladas en 2022 a 7,1 millones en 2025 y, con datos a agosto, es posible que el 2026 cierre por debajo de los 7 millones de toneladas, lo que significa haber pasado de cerca de 250 mil viajes de camión al año, a una cifra cercana a los 200 mil para el cierre de 2026.

A lo anterior hay que agregarle la pérdida de 25 mil empleos en toda la cadena de la industria durante el cuatrienio anterior.

En medio de esa persecución gubernamental, los precios internacionales se desplomaban (alrededor de los cien dólares la tonelada), las condiciones de seguridad se deterioraban, los bloqueos y atentados se multiplicaban y la tasa de cambio experimentaba una elevada volatilidad.

Según Fenalcarbon, por cada 100 pesos que baja la tasa de cambio, la economía de los carbones y el coque deja de percibir cerca de 450 mil millones de pesos.

Y como si fuera poco, los costos de producir, comercializar y exportar carbón iniciaron una carrera ascendente, liderados por el incremento de los fletes terrestres, que en dos años crecieron cerca del 60% para las principales rutas del interior hacia los puertos, al tiempo que la logística portuaria se estrechaba con el cierre arbitrario de Muelle 13, que movilizaba cerca de un millón de toneladas hacia los mercados del Pacífico.

“Los cuatro años del anterior gobierno se hicieron enarbolando las banderas de la supuesta Transición, sin reparar en que se estaba llevando al sector al marchitamiento temprano y a la pérdida irrecuperable de miles de fuentes de empleo formal, el desvanecimiento del financiamiento del desarrollo por la falta de ingresos nacionales y regionales de renta y regalías, y al rompimiento de toda una cadena de valor que involucra varios sectores de la economía”, agregó Cante.

No obstante, el dirigente dijo que el gremio no se quedó de brazos cruzados. Con el apoyo del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), construyeron una herramienta desde la visión del empresariado, con el fin de contrarrestar la narrativa creada por el gobierno anterior.

El ‘Informe TEC – Transición Energética de los Carbones Colombianos’ muestra diferentes escenarios del comportamiento de la demanda y la oferta de los carbones y el coque colombianos frente a la aplicación de diversas políticas que impulsan o fomentan su desarrollo o, por el contrario, lo desalientan.

Además, ilustra el camino de las políticas públicas que se deben desarrollar en el mediano y largo plazo, si es que se quiere apostar a la diversificación productiva en las regiones y no simplemente a la extinción de una actividad.

“Colombia tiene una capacidad productiva cercana a los 92 millones de toneladas anuales. Es decir, no estamos hablando de un sector sin futuro; estamos hablando de una capacidad que hoy está subutilizada. La pregunta es cómo volvemos a poner esa capacidad al servicio del país”, señaló Cante.

Fenalcarbón estima que, con las condiciones adecuadas, el sector podría volver a generar aportes al Estado superiores a $10 billones anuales, frente a los menos de $3,5 billones estimados para 2025.

Aporte a la seguridad energética

Y es que el carbón no es solo un mineral. Es una de las materias primas para la generación de energía. Se estima que las térmicas a carbón tienen una capacidad de 1.600 MW, que fueron fundamentales para que el país no se pagara en 2024 y ahora también son protagonistas en el Fenómeno de El Niño.

En el certamen se habló de dos proyectos a carbón en la costa Caribe que podrían agregar entre 600 y 800 MW, y aunque su materialización tardaría unos cinco años, la decisión hay que tomarla hoy, pues el país ya adolece de un déficit de energía firme del 5%, pero a comienzos de la próxima década podría llegar al 10%.

Pero reactivar la industria carbonífera y respaldar el sector energético se requiere recuperar competitividad, seguridad jurídica y confianza.

“El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de construir una política minera e industrial que entienda que la sostenibilidad ambiental, la competitividad empresarial, la seguridad energética y el desarrollo de las regiones no son objetivos incompatibles”, dijo Cante, y agregó:

“Desde Fenalcarbón hemos desarrollado una agenda de trabajo que involucra en principio a 9 ministerios y sus entidades. Minas y Energía, Ambiente, Trabajo, Transporte, Hacienda, Planeación, Defensa, Comercio e Interior. Entidades que en conjunto determinan con sus políticas y actuaciones, el devenir de nuestro sector. Y debo reconocer la enorme receptividad del nuevo gobierno a nuestras propuestas”.

Las iniciativas apuntan a tres objetivos claros: El restablecimiento de las condiciones tributarias y financieras, el mejoramiento de las condiciones de competitividad nacional y exportadora, y la certeza jurídica.

“Tres metas, un solo destino: La soberanía energética e industrial de Colombia”, concluyó Carlos Cante.

Texaco cumple un siglo en Colombia y proyecta inversiones

Con su presencia en el país, Chevron, a través de la marca Texaco, se consolida como una de las compañías más emblemáticas en el sector energético colombiano.

La marca Texaco cumple cien años de operaciones continuas en el mercado colombiano, y Chevron Colombia anuncia una hoja de ruta de inversiones superior a los 100 millones de dólares para los próximos años.

Los recursos estarán orientados a modernizar su infraestructura de almacenamiento, ampliar la red de distribución minorista y optimizar la logística de combustibles en puntos estratégicos del territorio nacional.

Dentro del paquete de iniciativas, se contemplan inversiones para incorporar nuevas tecnologías, elevar estándares operativos y sumar más de 200 estaciones de servicio en mercados prioritarios.

Además, la compañía tendrá iniciativas que buscan incrementar la capacidad en terminales de almacenamiento, renovación de equipos y el fortalecimiento de los estándares de seguridad, servicio y eficiencia operacional en todo el país.

También continuará con la optimizando de operaciones en la planta de lubricantes para mantener los estándares de calidad mundial en el abastecimiento de productos a Colombia, Perú, Chile, Centroamérica y el Caribe.

“El monto de inversión propuesto se basa en los planes actuales de la compañía y está sujeto a cambios por diversos factores, incluidos aspectos comerciales, operativos y regulatorios aplicables. Para consolidar este crecimiento y seguir dinamizando el sector, resulta fundamental mantener un entorno con estabilidad normativa y condiciones competitivas que respalden la inversión privada de largo plazo”, afirmó Alejandro Riveros, gerente de Asuntos Corporativos de Chevron.

A su vez, la gerente de Ventas de Combustibles, María de los Ángeles Manrique, explicó que los proyectos que se esperan ejecutar en el corto plazo se apalancan en una trayectoria de inversiones realizadas en los últimos años en estaciones de servicio Texaco y terminales estratégicos, incluyendo la planta de Buenaventura y Yumbo, que fue adquirida en 2019.

Como único distribuidor mayorista estadounidense de combustibles con operación en Colombia en este segmento, la red abastece a los sectores clave de la movilidad nacional que ayudan a movilizar anualmente más 20 millones de vehículos, 183 millones de toneladas de carga, a 57,5 millones de pasajeros aéreos y suministra el combustible requerido para la generación de energía en Zonas No Interconectadas.

«Celebramos que Chevron – Texaco se suma a Misión Crecer y a nuestro propósito de atraer más inversión y generar más oportunidades laborales en los próximos años. La compañía aumentaría su impacto en el empleo en cerca de un 35% frente al panorama actual», afirmó José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, en la presentación de la inversión.

La compañía cuenta con seis terminales propias de distribución y almacenamiento de combustibles ubicadas en Bogotá, Medellín, Cartagena, San Andrés, Yumbo y Buenaventura, cuatro terminales conjuntas, distribución de combustibles de aviación, y una planta de lubricantes.

El almacenamiento es una alternativa para grandes consumidores de energía

La coyuntura energética que enfrenta Colombia exige que los grandes consumidores de energía comiencen a implementar estrategias de ahorro y respaldo energético, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño y la creciente presión sobre el sistema eléctrico.

Soluciones innovadoras de almacenamiento energético como las de Caban Energy son una herramienta clave para garantizar continuidad operativa, eficiencia y sostenibilidad empresarial.

Dependiendo de las necesidades energéticas de cada empresa, estas soluciones pueden operar bajo esquemas On-Grid u Off-Grid. En configuraciones On-Grid, los sistemas solares y de almacenamiento trabajan de manera complementaria con la red eléctrica, permitiendo cubrir desde una parte significativa hasta la totalidad de la demanda energética del cliente en determinados periodos.

Por su parte, los sistemas Off-Grid permiten que la generación solar y el almacenamiento suministran el 100% de la energía requerida sin depender de la red eléctrica, una alternativa especialmente valiosa para operaciones ubicadas en zonas remotas o para organizaciones que buscan máxima autonomía energética.

Gracias a esta combinación de tecnologías, las empresas pueden alcanzar ahorros energéticos significativos de su consumo proveniente de la red, al tiempo que fortalecen su capacidad de respuesta ante interrupciones o fluctuaciones del sistema eléctrico.

A través de su modelo “Energy as a Service», Caban Energy facilita a las empresas el acceso a infraestructura energética inteligente. Esta solución permite fortalecer la continuidad operativa de sectores estratégicos como hospitales, telecomunicaciones, data centers e industrias; impulsando sobre todo la transición energética, donde la modernización de la infraestructura y la adopción de tecnologías más sostenibles serán fundamentales para enfrentar los desafíos energéticos.

Además de responder a las necesidades actuales del sistema eléctrico, el almacenamiento energético se perfila como una herramienta clave para transformar la forma en que Colombia gestiona y distribuye la energía en el futuro.

Frente a los desafíos que enfrenta el país en materia de abastecimiento energético, fortalecer alternativas que complementen la infraestructura tradicional será fundamental para garantizar mayor estabilidad, eficiencia y continuidad operativa en sectores estratégicos.

Ante el posible racionamiento a finales de 2026 y principios del 2027, este tipo de soluciones cobran aún más relevancia, impulsando la necesidad de que empresas e industrias adopten medidas preventivas antes de que el sistema eléctrico enfrente mayores niveles de presión.

“Hoy más que nunca es necesario que Colombia fortalezca sus alternativas energéticas y avance hacia modelos más inteligentes que permitan anticiparse a posibles escenarios de presión sobre la red eléctrica. Trabajamos para brindar soluciones que ayuden a las empresas a garantizar su continuidad operativa, especialmente en sectores con alta demanda energética, mientras impulsamos una infraestructura más preparada, eficiente y sostenible para Colombia”, afirmó Alexandra Rasch, CEO y fundadora de Caban Energy.

El almacenamiento energético, la modernización de infraestructura y la integración de modelos más sostenibles no solo representan una alternativa frente a los retos actuales del abastecimiento de energía, sino también una oportunidad para acelerar la transición energética en el país.

Asimismo, la implementación de este tipo de tecnologías permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de empresas e industrias ante posibles contingencias energéticas, reducir la dependencia de fuentes tradicionales y promover una infraestructura de cara a los desafíos que podrían presentarse en el futuro del sistema eléctrico nacional.

Bogotá será escenario de conversación sobre el futuro del carbón y el coque

Con el apoyo del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, la capital recibirá la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, encuentro organizado por Fenalcarbón, que se realizará el 28 y 29 de octubre en el Hotel Sheraton.

Con el apoyo del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, la capital será sede de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, un encuentro organizado por Fenalcarbón que reunirá a más de 450 asistentes.

La Cumbre contará además con la participación de más de 25 expertos nacionales e internacionales, líderes institucionales como el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), y los directores del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), así como referentes del mercado, las finanzas y gremios como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) y la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR).

La cumbre se realizará el 28 y 29 de octubre en el Hotel Sheraton Bogotá, bajo el lema “De la ideología a la soberanía”. Su agenda abordará, entre otros temas, el futuro de la industria en Colombia, los mercados internacionales, la seguridad energética, la logística exportadora, la tributación, las nuevas tecnologías y la gestión del riesgo.

Más que un foro de discusión, la Cumbre se consolida como una plataforma líder de networking y posicionamiento técnico, en la que se analizan decisiones clave para un sector estratégico para la seguridad energética y la reindustrialización del país.

Para el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, apoyar este tipo de encuentros es una oportunidad para conectar a la ciudad con conversaciones sectoriales de alcance internacional y promover relaciones entre empresas, especialistas e instituciones.

“La competitividad de la cadena del carbón y el coque exige conectar conocimiento técnico, tecnologías y mercados internacionales. Esta cumbre permitirá abordar retos concretos de logística exportadora, diversificación comercial y modernización productiva, con Polonia como país socio. Desde el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá apoyamos este encuentro para que la ciudad facilite conexiones entre productores, proveedores de tecnología y expertos internacionales que puedan traducirse en oportunidades de negocio”, señaló Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.

Polonia, país socio del encuentro

Uno de los componentes internacionales de esta edición será la participación de Polonia como país invitado. La Agencia Polaca de Inversiones y Comercio —PAIH— anunció una misión dirigida a empresas de minería, energía y tecnologías interesadas en explorar oportunidades en Colombia y la región andina.

La iniciativa contempla un stand nacional, encuentros empresariales B2B y contactos con instituciones colombianas. Este componente abre un espacio para acercar la oferta tecnológica polaca a las necesidades del sector y explorar posibilidades de cooperación y desarrollo de negocios.

La programación de la cumbre también incluirá la entrega del Galardón Hechos al Carbón y el Reconocimiento a la Mujer Minera de Cundinamarca.

Bogotá como escenario de conexión empresarial

El apoyo del Bureau se enmarca en su labor de promover a Bogotá-Región como destino de reuniones y eventos. La realización de encuentros sectoriales ofrece oportunidades para visibilizar la capacidad de la ciudad como anfitriona y facilitar conexiones entre actores nacionales e internacionales.

En esta ocasión, la cumbre permitirá que Bogotá sea escenario de conversaciones sobre el futuro de la industria del carbón y el coque, sus mercados y las tecnologías que pueden contribuir a su competitividad.

Gobierno colombiano deroga los Distritos Mineros Especiales

Con la Resolución 40579 de 2026, el Ministerio de Minas y Energía levanta las delimitaciones que cubrían más de 5,3 millones de hectáreas, en 11 departamentos y el litoral Pacífico.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, expidió la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, por la cual deroga las 15 resoluciones que delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva.

Con la decisión, el Gobierno Nacional devuelve certidumbre a miles de mineros, empresas y comunidades, y ratifica una política que protege, impulsa y respalda la minería legal, responsable y regenerativa en Colombia.

Los 15 distritos sumaban 5.340.192 hectáreas, cerca del 5% del territorio nacional, en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y el litoral Pacífico. Catorce de ellos fueron declarados en el transcurso de 2026.

“Para el Gobierno Nacional la minería es fundamental en la agenda de reactivación económica. Colombia tiene el potencial de ser un país minero: un país capaz de aportar minerales y energía a la transición del mundo. Los distritos mineros especiales planteaban sustituir una actividad que sostiene a miles de familias sin ofrecerles una alternativa real. Hoy les decimos a los mineros formales de Colombia que tienen reglas claras, que sus derechos están protegidos y que el Gobierno Nacional va a trabajar con ellos para acompañar los procesos de formalización, cerrar brechas y combatir la extracción ilícita”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

Entre las razones para derogar los distritos mineros especiales, la cartera planteó las siguientes:

  • Sin resultados. Más de dos años después de la primera delimitación, no hay resultados verificables en diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización ni en la calidad de vida de las zonas delimitadas. Los planes estratégicos de gestión nunca se terminaron de formular ni de adoptar.
  • Sustitución sin alternativa. El instrumento apuntaba a la sustitución progresiva de la minería sin acreditar antes alternativas productivas ciertas, financiables y viables, con efectos sobre el empleo, las regalías y el derecho al trabajo de las comunidades.
  • Incertidumbre jurídica. Las delimitaciones no fijaron vigencia, extensión máxima ni reglas de transición, y algunas podían ampliarse a municipios vecinos. Esto desestimulaba nuevos proyectos dentro y fuera de los polígonos.
  • Sin las regiones. Las resoluciones no se armonizaron con los planes de ordenamiento territorial ni se concertaron con gobernaciones y alcaldías, lo que generó superposiciones y confusión sobre las reglas aplicables.

¿Qué gana el país?

  • Seguridad jurídica: Los títulos vigentes y las solicitudes en trámite siguen rigiéndose por el Código de Minas, ahora sin el factor de incertidumbre que pesaba sobre ellos.
  • Más exploración y conocimiento geológico: Se reactiva la búsqueda de minerales, incluidos los minerales estratégicos que el mundo necesita para su transición energética.
  • Más regalías para las regiones: Una minería legal que crece genera más recursos para inversión en salud, educación, vías y agua en los municipios productores.
  • Una diversificación que suma: La minería se integra con el agro, el turismo, el comercio y la industria para ampliar la base económica de los territorios, en lugar de ser reemplazada.
  • Respeto a la autonomía territorial: Las decisiones con impacto en el territorio se construirán de la mano de gobernadores, alcaldes y concejos municipales.

Finalmente, el Ministerio señaló que la derogatoria no afecta los derechos adquiridos, los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales ni los acuerdos válidamente celebrados.

En particular, el Ministerio reconoce los procesos de participación y consulta previa adelantados en el Bajo Cauca antioqueño y en el Norte del Cauca, cuyos compromisos con fundamento jurídico propio se mantienen.

Los Data Centers llegan a la minería

En Latam, grandes compañías mineras ya han implementado centros modulares de 40 pies, con respaldo eléctrico, refrigeración y monitoreo remoto para operar en faenas aisladas y bajo condiciones exigentes.

La digitalización de la minería está generando una transformación que va más allá de la incorporación de nuevas aplicaciones y sistemas de automatización.

A medida que aumenta el uso de inteligencia artificial, analítica avanzada, sensores, monitoreo en tiempo real y operación remota, también crece la necesidad de contar con capacidad de procesamiento de datos más cerca del lugar donde estos se generan.

Una señal de esta evolución se observa en el Índice de Transformación Digital de Proveedores Mineros 2025, elaborado por la Corporación Alta Ley y PMG Chile.

El estudio, que consideró a 334 empresas, muestra que el uso declarado de inteligencia artificial entre los proveedores de la minería pasó de 30% en 2020 a 76% en 2025. En el mismo período, el índice de adopción digital aumentó de 70 a 76 puntos.

Este escenario abre nuevas oportunidades para fortalecer la infraestructura digital de las operaciones mineras, especialmente en faenas remotas.

La creciente demanda por procesamiento de datos, disponibilidad, seguridad y eficiencia energética está impulsando soluciones capaces de operar bajo condiciones exigentes. En ese contexto, disponer de capacidad de procesamiento en terreno permite reducir la latencia, mejorar la respuesta de aplicaciones críticas y complementar la infraestructura centralizada.

La relevancia de esta capacidad aumenta en una industria donde la continuidad operacional está expuesta a múltiples variables. En julio de 2026, la actividad económica chilena cayó 1,5% interanual, principalmente por el desempeño de la minería, afectada por menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas, según el Banco Central.

Frente a escenarios como estos, contar con una infraestructura digital robusta permite sostener el monitoreo y las aplicaciones críticas, contribuyendo a una operación más resiliente.

“Los Centros Integrados de Operaciones han permitido concentrar el monitoreo y la toma de decisiones a distancia de las faenas. Este modelo puede seguir evolucionando con capacidad de procesamiento en terreno, especialmente a medida que las aplicaciones basadas en datos requieren mayor velocidad de respuesta y disponibilidad”, explica Martín Jiménez, LATAM Sales Manager Modular Datacenters de Schneider Electric.

Infraestructura que llega hasta la operación

La particular geografía de la minería latinoamericana agrega complejidad a este escenario, ya que parte de las operaciones se desarrolla a gran altura y en lugares donde las condiciones de temperatura, viento, polvo y conectividad hacen que la infraestructura tecnológica deba responder a requerimientos diferentes a los de un centro de datos convencional.

La experiencia de la industria evidencia la magnitud de estos desafíos. Existen proyectos que han requerido infraestructura capaz de operar a 4.800 metros sobre el nivel del mar, mientras otros han debido responder a vientos de hasta 86 km/h y temperaturas de -22 °C.

En este contexto, compañías mineras ya han incorporado Data Centers modulares de 40 pies en faenas remotas, con capacidad para crecer de acuerdo con las necesidades de la operación.

Schneider Electric también cuenta con experiencia en proyectos mineros en Perú, Argentina, México y Australia. Estos Data Centers prefabricados integran en una misma solución respaldo eléctrico, refrigeración, equipamiento TI, protección contra incendios, monitoreo ambiental y gestión remota, lo que permite reducir las intervenciones en terreno y ampliar la capacidad de manera gradual.

Esta evolución también está llevando a las compañías a incorporar la infraestructura digital desde las primeras etapas de planificación de una faena.

“La infraestructura digital debe planificarse con el mismo horizonte que los demás sistemas críticos de una faena. Y, en este sentido, el diseño modular posibilita comenzar con la capacidad necesaria y ampliarla de acuerdo con la evolución de la operación”, concluye Jiménez.

Hidrocarburos en modo 4×4

CAMPETROL presentó el balance petrolero del primer semestre de 2026. El documento plantea cuatro pilares y cuatro habilitadores para impulsar el desarrollo de la industria de hidrocarburos y avanzar hacia la soberanía energética nacional.

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL) presentó su Balance Petrolero del primer semestre de 2026, en el que propone el 4×4, una estrategia que articula cuatro pilares y cuatro habilitadores para desarrollar el potencial de hidrocarburos del país, fortalecer la soberanía energética y ampliar los beneficios económicos y sociales del sector.

La estrategia contempla cuatro pilares: aumentar la producción de los campos existentes, desarrollar el potencial de gas natural en tierra y costa afuera, materializar el potencial de los yacimientos no convencionales e incrementar la actividad exploratoria.

Para avanzar en estos pilares, CAMPETROL plantea cuatro habilitadores fundamentales: una gestión ambiental y de consulta previa eficiente y predecible; seguridad física, laboral y social; estabilidad jurídica y fiscal, y fortalecimiento institucional.

El potencial de los yacimientos no convencionales (YNC) dimensiona la magnitud de los recursos que Colombia podría desarrollar para fortalecer su soberanía energética.

Los recursos prospectivos recuperables asociados a roca generadora se estiman en 8.234 millones de barriles de petróleo y 167 Terapíes Cúbicos (TPC) de gas natural. Estos volúmenes equivalen a cuatro veces las reservas probadas de petróleo y 97 veces las reservas probadas de gas natural.

Impactode las decisiones hacia 2050

El Balance también recoge los resultados del estudio Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa, elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor EU por encargo de los seis gremios del comité gremial petrolero: ACIEM, ACP, CAMPETROL, ACIPET, ACGGP y NATURGAS.

El modelo compara escenarios de desarrollo de recursos y abastecimiento energético hasta 2050. Sus resultados muestran la magnitud de las diferencias que podrían surgir según el desarrollo de los recursos nacionales y las decisiones que adopte el país.

En el escenario Renacer, la producción de gas natural podría alcanzar 3.040 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) en 2040, frente a 205 MPCD en el escenario Marchitamiento.

Para el petróleo, los escenarios contemplan una producción de 1.064 mil barriles diarios en Renacer y de 149 mil barriles diarios en Marchitamiento para ese mismo año.

La diferencia también se refleja en los ingresos públicos. Según el modelo, el aporte fiscal acumulado del sector entre 2025 y 2050 podría oscilar entre $162 billones y $695 billones, dependiendo del escenario de desarrollo. La brecha entre ambos escenarios sería de $533 billones, lo que dimensiona el impacto potencial de las decisiones sobre la actividad de hidrocarburos en los ingresos de la Nación y las regiones.

“Colombia tiene la oportunidad de transformar su potencial energético en desarrollo, inversión, empleo e ingresos para el país. Con el 4×4 queremos plantear una hoja de ruta que permita habilitar el escenario Renacer, aumentando la producción de los campos existentes, desarrollando el potencial de gas natural, materializando los yacimientos no convencionales e incrementando la actividad exploratoria. Para lograrlo, es fundamental contar con las condiciones

ambientales, de seguridad, jurídicas, fiscales e institucionales que permitan llevar estos proyectos a la realidad y avanzar con prontitud hacia la soberanía energética”, afirmó Nelson Castañeda Barbour, presidente Ejecutivo de CAMPETROL.

Venezuela: oportunidades para la industria colombiana

El Balance Petrolero incluye un análisis del sector de hidrocarburos en Venezuela, con énfasis en la evolución reciente de su industria, los cambios regulatorios y las nuevas condiciones para el desarrollo de actividades y proyectos.

El documento examina las modificaciones al marco normativo, los aspectos fiscales y contractuales, y las condiciones regulatorias internacionales que inciden en la participación de empresas extranjeras en ese mercado.

Este análisis permite contextualizar las oportunidades que podrían surgir para Colombia a partir de la reactivación de la industria venezolana, considerando las necesidades de recuperación de activos, reactivación de operaciones y desarrollo de infraestructura. En este escenario, las compañías colombianas pueden aportar su experiencia en ingeniería, operación, mantenimiento, servicios a pozos, logística y otras actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos.

Asimismo, el Balance aborda el relacionamiento empresarial entre ambos países y los avances que pueden facilitar la identificación de oportunidades comerciales y de inversión. La materialización de estas oportunidades dependerá de la evolución del marco regulatorio, las condiciones de cada proyecto y el cumplimiento de los requisitos legales y de licenciamiento aplicables.

“Desde CAMPETROL destacamos la importancia de trabajar de manera articulada entre Gobierno, Industria y Territorio para convertir el potencial energético de Colombia en oportunidades de desarrollo para el país. Avanzar en esta agenda requiere construir condiciones que permitan impulsar los proyectos, fortalecer la industria nacional, generar empleo y contribuir al cierre de brechas sociales, de manera que los beneficios de la actividad de hidrocarburos se traduzcan en bienestar para las regiones y sus comunidades”, agregó Castañeda.

Propuestas del sector hidrocarburos para la Ley de Rescate

Los gremios de la industria de los hidrocarburos ACP, ACGGP, ACIEM y CAMPETROL pusieron sobre la mesa un paquete de propuestas para crear condiciones que hagan más atractivo invertir en Colombia.

La primera propuesta de los gremios, y en particular, a la que la Ley de Rescate propuesta por el Gobierno y que puede abordar de forma directa es la competitividad tributaria.

Los gremios plantean eliminar la sobretasa de renta para la extracción de petróleo, que puede sumar hasta 15 puntos porcentuales a la tarifa general de 35%, y crear un régimen de estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria para grandes inversiones en energía, hidrocarburos y gas.

La propuesta responde a una característica propia del sector en el que un proyecto de petróleo y gas invierte durante años antes de producir, por lo que conocer de antemano las reglas es parte central de la decisión de inversión.

Para la vigencia 2026 se estima que la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a la actividad alcance el 50%, frente a una tarifa promedio del 21% en América Latina.

“Esa diferencia, así como la inestabilidad de la tarifa que varía anualmente, impacta la capacidad del país para atraer capital de riesgo necesario para desarrollar proyectos de hidrocarburos. La alta carga tributaria puede desincentivar nuevas inversiones, limitar la ejecución de proyectos y profundizar la caída de la producción. Por tanto, eliminar la sobretasa favorece la competitividad, estimula la inversión y permite una mayor producción y más sostenible en el tiempo, sobre la cual se generan aportes fiscales y regalías”, señala los gremios del sector.

Un referente en esta materia es Argentina. En 2024 creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años y una tasa de renta de 25%. Al 18 de septiembre de 2026, el RIGI sumaba 23 proyectos aprobados por US$49.766 millones. Frente a ese régimen, la carga de renta en la extracción de petróleo en Colombia es entre 10 y 25 puntos más alta.

Según los gremios, un instrumento colombiano tendría que definir el monto mínimo de inversión, las actividades cubiertas, el plazo y las normas que se estabilizan, una regla de compras locales y un mecanismo de seguimiento a los compromisos. Así, la estabilidad que recibe el inversionista se traduciría en inversión, producción y demanda para las empresas nacionales.

«Colombia necesita fortalecer sus finanzas públicas y aumentar el recaudo fiscal mediante incentivos que impulsen una mayor producción de petróleo y gas. Hoy el país produce 27% menos petróleo y 32% menos gas que en 2015. Además, el gas importado ya representa un tercio del volumen comercializado y Colombia completa más de cuatro años sin firmar un contrato de exploración. En su mejor momento, el sector aportó al Gobierno nacional cerca de $48 billones anuales, a precios de 2025. El año pasado esa contribución fue de $13,6 billones, menos de una tercera parte, sin incluir las regalías que reciben las regiones, que ascendieron a $6,98 billones”, explicó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.

Castañeda reiteró que la “Ley de Rescate representa una oportunidad para recuperar la competitividad del país y establecer un régimen de estabilidad para la inversión de largo plazo, como lo hizo Argentina con el RIGI. Con reglas estables y condiciones favorables para la inversión, Colombia podrá aumentar la producción de sus campos, desarrollar sus recursos de gas, avanzar en proyectos de yacimientos no convencionales y retomar la exploración, de la mano de las empresas de bienes y servicios que generan encadenamientos productivos y empleo en los territorios».

Sanear las finanzas públicas

El punto de partida es el deterioro del aporte fiscal de la industria. En 2025, los ingresos del Gobierno nacional provenientes del sector, que incluyen el impuesto de renta y otros tributos, los dividendos de Ecopetrol y los derechos económicos de la ANH, fueron de $13,6 billones, el 4,5% de sus ingresos totales. En 2013 ese aporte alcanzó cerca de $47,6 billones a precios de 2025, el 20,8% de los ingresos del Gobierno. De acuerdo con estimaciones de la ACP, si la exploración se limita a los contratos vigentes, el país dejaría de recibir cerca de $40 billones entre 2027 y 2035.

“Hoy Colombia tiene el reto de sanear y ordenar sus finanzas públicas y, al mismo tiempo, recuperar las condiciones que le permitan volver a crecer y generar nuevas fuentes de ingreso. El esfuerzo del Gobierno para ajustar el gasto puede complementarse con medidas que ayuden a movilizar inversión, fortalecer la competitividad y generar oportunidades de desarrollo, a través de proyectos estratégicos que requieren altos niveles de capital y que pueden generar empleo, actividad económica, regalías e ingresos fiscales durante varios años”, señaló Frank Pearl, presidente de la ACP.

Pearl agregó que “es necesario contar con mecanismos que brinden mayor estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria a las grandes inversiones. Experiencias como el RIGI en Argentina han mostrado cómo otros países de la región han logrado atraer billones de dólares en proyectos de largo plazo, en sectores como energía, hidrocarburos, minería e infraestructura; para los cuales también es necesario avanzar en la optimización de trámites y la garantía de la viabilidad operacional”.

Condiciones para acelerar la inversión


La segunda propuesta se centra en las barreras. Los gremios piden que la ley establezca plazos ciertos para los trámites, con términos perentorios y una ruta articulada para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa que reduzca los tiempos muertos, y que armonice los requisitos socioambientales con las necesidades operativas, manteniendo el rigor ambiental.

Como complemento, proponen un programa de pedagogía regional que transforme la relación entre industria, institucionalidad y comunidades de un esquema transaccional a uno de confianza y beneficio compartido.

“Lo que proponemos no exige gastar, exige destrabar. Hay recursos descubiertos esperando a ser producidos. Ofrecemos nuestro acompañamiento técnico y proponemos instalar de inmediato una mesa con la ANH para priorizar estas medidas”, señaló Jaime Checa, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).

Reactivación para fortalecer la industria y generar empleo

La tercera propuesta busca que la reactivación del sector se traduzca en empresas y empleo nacional. Según estimaciones del Comité Intergremial de Petróleo y Gas, de cada peso generado por el sector, 56 centavos corresponden a compras a proveedores, y sus actividades tienen un impacto directo sobre el 39% de las ramas de actividad económica del país.

Por eso, los gremios proponen que el régimen de estabilidad incluya una regla de compras locales, como lo hace el RIGI, que exige destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores nacionales cuando haya oferta competitiva.

Además, plantean líneas de financiación y condiciones de contratación para las empresas colombianas de ingeniería y de bienes y servicios petroleros, en especial las mipymes, que protejan el empleo calificado, promuevan la formación de profesionales y dinamicen las economías de las regiones.

“La Ley de Rescate no debe limitarse a resolver necesidades fiscales de corto plazo. Si se apoya en la Ingeniería nacional, puede convertirse en una agenda de empleo calificado, productividad y desarrollo para las regiones”, afirmó Carlos Arturo Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM).

Las propuestas serán parte de las conversaciones en la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se realizará del 4 al 6 de noviembre en Cartagena, en pleno trámite legislativo de la Ley de Rescate.

Los gremios reiteraron su disposición a aportar información, experiencia técnica y propuestas para que el ajuste fiscal sea también el punto de partida de una nueva etapa de inversión, seguridad energética y crecimiento para Colombia.

GeoPark multiplicó por 3,5 su producción en Vaca Muerta en un año

La compañía pasó de 1.400 a más de 5.000 barriles equivalentes de petróleo por día en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Su plan contempla inversiones superiores a US$1.000 millones y una meta de producción de 20.000 boepd en tres años.

GeoPark multiplicó por 3,5 su producción en Vaca Muerta durante los primeros doce meses de operación de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, en la provincia argentina de Neuquén. La compañía pasó de 1.400 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd), en octubre de 2025, a más de 5.000 boepd en septiembre de 2026.

El balance, divulgado por la compañía el 16 de octubre, coincide con el primer aniversario de la entrada de GeoPark como operador de estos activos y marca su incursión en la explotación de hidrocarburos no convencionales.

La empresa también reportó 365 días de operación sin incidentes y la consolidación de un equipo de cerca de 50 personas con experiencia en Vaca Muerta, más de 40 de ellas en Neuquén.

Cinco pozos horizontales en cuatro meses y medio

Uno de los principales hitos del año fue el desarrollo del Pad 1030, donde GeoPark perforó cinco pozos horizontales e inició operaciones de fractura hidráulica en junio de 2026.

La compañía completó 180 etapas de fractura en 32 días, con picos de nueve etapas por jornada y hasta 20 horas diarias de bombeo. Las operaciones concluyeron el 13 de julio.

El 4 de agosto los nuevos pozos entraron en producción, cuatro meses y medio después del inicio de la perforación y tres semanas después de finalizar la fractura.

En paralelo, GeoPark ejecutó dos campañas de intervención de pozos existentes. La segunda, en enero de 2026, permitió aumentar la producción en 17 %, según el comunicado.

La empresa también amplió la capacidad de la batería de Loma Jarillosa Este, que pasó de 6.000 a 10.000 boepd en septiembre. La adecuación incluyó 60 conexiones entre instalaciones.

Inversión superior a US$1.000 millones

GeoPark proyecta elevar la producción de los dos bloques hasta 20.000 boepd en un plazo de tres años, mediante inversiones superiores a US$1.000 millones.

En mayo de 2026, junto con Gas y Petróleo del Neuquén, presentó una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vinculada a un programa de inversión por ese monto.

La estrategia contempla la transición hacia un modelo de perforación continua, denominado “modo factoría”. La compañía prevé iniciar esta etapa a finales del cuarto trimestre de 2026 y perforar entre 50 y 55 pozos con un equipo dedicado de Helmerich & Payne, asegurado mediante un acuerdo a tres años.

El plan incluye, además, una nueva planta de procesamiento en Puesto Silva Oeste y un oleoducto para conectar los bloques.

En julio, la empresa suscribió acuerdos con Pan American Energy para procesar y exportar petróleo por los puertos de Puerto Rosales y Punta Colorada. GeoPark también proyecta exportar crudo a través de infraestructura propia.

Activos con más de 60 millones de barriles recuperables

Los bloques abarcan 12.355 acres en la ventana de petróleo de Vaca Muerta. GeoPark estima que contienen más de 60 millones de barriles brutos de crudo recuperable.

La compañía posee el 100 % de Loma Jarillosa Este y el 95 % de Puesto Silva Oeste. El 5 % restante de este último bloque corresponde a Gas y Petróleo del Neuquén.

Desde que asumió la operación, GeoPark ha establecido cerca de 500 acuerdos con proveedores, según sus cifras.

El desarrollo de estos activos también representa una apuesta por trasladar la experiencia técnica y operativa adquirida en Argentina a otras formaciones no convencionales de América Latina.

GeoPark nació en Argentina en 2002 y, con la entrada en Vaca Muerta, retomó su crecimiento en el país. El siguiente desafío será convertir el aumento inicial de producción en un desarrollo sostenido, respaldado por nuevas perforaciones, infraestructura de transporte y capacidad de exportación.