La ANH promete recuperar el tiempo perdido

El objetivo del nuevo gobierno es recuperar el liderazgo técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), fortalecer el conocimiento del subsuelo, convertirlo en inversiones, reservas, producción y bienestar para las regiones.

El presidente de la ANH, Ernesto Forero, señaló en la inauguración del XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, de Acipet, que la política hidrocarburífera del nuevo gobierno es recuperar parte de lo que no se hizo durante los últimos años.

El funcionario expresó que la seguridad energética es una tarea de Estado, que no puede alcanzarla una sola entidad trabajando de manera aislada, sino que “requiere empresas capaces de invertir y de operar, profesionales que conozcan el subsuelo, instituciones que den confianza y regiones y comunidades que participen de los beneficios del desarrollo”.

Agregó que durante el primer mes de gobierno, la entidad se ha enfocado en una tarea fundamental y elemental: mirar los números de frente y entender con precisión cuál será el punto de partida.

Forero indicó qu el diagnóstico inicial deja tres mensajes fundamentales. “El primero de ellos es que necesitamos recuperar la actividad exploratoria, que de manera deliberada renunciamos. La producción que hoy sostiene al país son el producto del resultado de decisiones, inversiones y descubrimientos hechos años atrás, muchos de ellos del siglo pasado. Sin exploración hoy no tendremos reservas que necesitaremos mañana”, señaló.

El segundo mensaje es que el país debe fortalecer el conocimiento del subsuelo. “Perdimos en estos cuatro años la inercia del conocimiento del subsuelo, la reducción de adquisición sísmica de la perforación exploratoria y la generación de nueva información, lo que limita la capacidad del Estado para administrar los recursos y la del inversionista para adoptar decisiones. Sin información no hay prospectos maduros, sin prospectos maduros no hay decisiones de inversión, y sin inversión no habrá nuevos descubrimientos”, dijo.

El tercer mensaje es que se debe reactivar la promoción del país. “Desde el 2021 no se realiza un nuevo proceso de asignación de áreas de exploración y producción. Entretanto, el capital ha seguido tomando decisiones y otras jurisdicciones han presentado oportunidades. Nuestra respuesta será no improvisar una ronda y ofrecer áreas simplemente por aumentar una estadística.

“Estamos construyendo una estrategia que permita responder para cada oportunidad de recurso que necesita Colombia, qué información tenemos, qué inversionista puede desarrollarlo y cuál es el instrumento de asignación más adecuado. Colombia mantiene una prospectividad importante en cuencas continentales y costa afuera, tanto en convencional como en yacimientos no convencionales. Nuestro desafío es convertir esa prospectividad en oportunidades técnicamente maduras, competitivas y ejecutables”.

En ese sentido, dijo que desde finales de septiembre la entidad iniciará con unos ciclos de conocimiento del subsuelo. “Lo hemos denominado Oportunidades Exploratorias en Hidrocarburos 2026 y será un espacio técnico y recurrente para compartir el proceso de maduración de oportunidades exploratorias, contrastar información, identificar necesidades de conocimiento y acercar progresivamente el potencial del subsuelo colombiano a quienes toman decisión de inversión. La construcción de conocimiento no puede ser una conversación cerrada dentro de la agencia. Este es el rumbo que estamos trazando. Los invito a recorrer juntos ese camino, con datos, con rigor técnico e instituciones fuertes”, concluyó Forero.

Acipet propone al Gobierno recuperar la exploración y optimizar activos

Acipet le pidió al Gobierno recuperar y mantener la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas, tanto en territorio continental como costa afuera, y elevar los proyectos estratégicos del sector de hidrocarburos a la categoría de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES).

En la inauguración del XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet) presentó al Gobierno Nacional tres propuestas orientadas a fortalecer la seguridad energética de Colombia, aprovechar el potencial de sus recursos y garantizar que la transición hacia nuevas fuentes de energía cuente con un respaldo económico sostenible.

Las medidas fueron planteadas por Martha Villarreal, presidente de la Junta Directiva de Acipet, y parten de la premisa que “Colombia necesita mantener y fortalecer su capacidad de producir petróleo y gas mientras avanza en la diversificación de su matriz energética”.

Para el gremio, la exploración, la optimización de los campos existentes y la innovación tecnológica son determinantes para asegurar las reservas y los recursos que requerirá el país en las próximas décadas.

En ese sentido, la primera propuesta del gremio es recuperar y mantener la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas, tanto en territorio continental como costa afuera, y elevar los proyectos estratégicos del sector de hidrocarburos a la categoría de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES).

Para el gremio, recuperar la actividad exploratoria es fundamental para ampliar las reservas, reducir el riesgo de una mayor dependencia de las importaciones y mantener el flujo de regalías que contribuye al desarrollo de las regiones productoras.

“Colombia necesita tomar decisiones hoy sobre la energía que requerirá mañana. La exploración permite ampliar el conocimiento del subsuelo, encontrar nuevas reservas y generar los recursos que el país necesita para financiar su desarrollo,” dijo Villarreal.

La segunda propuesta está enfocada en aumentar la eficiencia de los campos que actualmente producen petróleo y gas. El gremio plantea estructurar un plan de choque que facilite la incorporación de tecnologías avanzadas de recobro mejorado, innovación técnica y nuevas soluciones para la optimización de campos maduros. Estas herramientas permitirían incorporar producción adicional en el corto y mediano plazo, aprovechando infraestructura y conocimiento ya disponibles.

El gremio también plantea evaluar de manera técnica y responsable el potencial de los yacimientos no convencionales, comúnmente llamado fracking, considerando las características geológicas de cada zona y las condiciones necesarias para garantizar la protección de los ecosistemas.

La tercera propuesta parte de que ACIPET reconoce la necesidad de avanzar hacia una matriz energética más diversificada, y plantea que este proceso debe desarrollarse de manera gradual y financieramente sostenible.

Para ello, propone una hoja de ruta en la que el petróleo y el gas continúen generando los recursos necesarios para impulsar nuevas fuentes y tecnologías energéticas. Desde esa perspectiva, las regalías, impuestos e inversiones asociados a la industria pueden contribuir a financiar proyectos de hidrógeno, geotermia, nuevas energías y conectividad regional.

Energía: la gran fuente de crecimiento de la ‘Patria Milagro’

Para el Gobierno de De La Espriella, los minerales estratégicos, el petróleo y el gas, son sectores clave en la política de Estado.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, dijo que la energía es uno de los sectores estratégicos para recuperar la senda de crecimiento del país, luego del desastre heredado del gobierno Petro, donde los sectores de salud y minero energético fueron los más perseguidos.

El anuncio lo hizo en la inauguración de 18° Congreso de Energía de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

El funcionario señaló que la energía forma parte central de los encargos del presidente Abelardo de la Espriella y consignados en el Decreto 1373 de 2026, por el cual se le confían unas misiones al vicepresidente de la República.

Efectivamente, en el artículo 3,3 le confía “coordinar y articular con la institucionalidad las acciones orientadas a dinamizar los proyectos relacionados con recursos estratégicos, como son, entre otros, la generación y transmisión de energía, hidrocarburos, minerales críticos y las energías renovables”.

“En el marco de la Misión Crecer estamos trabajando en nuevas formas de incentivos para atraer esa inversión y, simultáneamente, dar estabilidad jurídica, dos caminos que los inversionistas del mundo reclaman para este sector en particular”, dijo Restrepo.

En ese sentido, señaló que el gobierno será neutro sobre las tecnologías. “Tenemos la convicción de que es con energía eólica, solar, térmica, hidro y también de nuevas fuentes, incluida la energía nuclear”, dijo.

Agregó que la única manera para solucionar la problemática que atraviesa el sector es destrabar trámites y demoras en licencias ambientales y consultas a comunidades, “que han hecho inviable no solo este sector sino muchos otros sectores de la economía”.

Agregó que las licencias ambientales se demoran hasta 800 días y las consultas previas pueden llevar hasta cuatro años.

Para el vicepresidente, existe claridad de que en la medida en que haya más energía el producto interno bruto crece. Una correlación directa entre lo uno y lo otro.

En ese sentido invitó a construir a todos los actores de la sociedad. “Necesitamos construir de la mano del sector privado y vamos a hacer todo el esfuerzo para establecer reglas de juego claras y estables, destrabar también los nudos financieros y apoyar las nuevas tecnologías, todas las tecnologías”, dijo Restrepo.

“En la medida en que hagamos un esfuerzo mancomunado, vamos a ser capaces de llegar más lejos. Solo pido tres cosas: uno, confiar en el futuro del país, volver a tener esperanza, no en el país de los cuatro años, sino en el país del 2050; dos, confiar en el gobierno de que estamos construyendo con el interés de poner el acento en las poblaciones más vulnerables y, finalmente, que juguemos juntos en la misma dirección, que nos pongamos la camiseta por el país. Tenemos el potencial, lo que tenemos que hacer es liberarlo”, concluyó el vicepresidente Restrepo.

Acolgen alerta sobre déficit de energía firme más allá de El Niño

Para recuperar el sector energético, se necesita acelerar la generación y transmisión, garantizar combustibles, agilizar trámites y recuperar reglas de juego estables.

Por: ANDREA JARAMILLO, Especial para Guía del Gas

En el congreso anual de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), su presidente Natalia Gutiérrez advirtió que el país enfrenta un déficit de energía firme que eleva los riesgos para la confiabilidad del sistema durante El Niño y en los próximos años.

“Para superarlos, el país requiere acelerar nueva generación, transmisión, combustibles e inversión”, dijo la dirigente gremial.  

Citando cifras de XM, Gutiérrez señaló que el déficit frente a la demanda en 2026 es de 5,4%, pero en 2027 será de 7,8%, por lo que el problema no termina cuando pase este fenómeno de El Niño

Menor colchón hídrico

Con los embalses llenos, el sistema tendría unos 66 días de cobertura de demanda sin lluvias en este Niño, frente a 87 días en 2015 – 2016.

Colombia es un país más grande y consume más energía: el 28 de agosto pasado alcanzó un récord de 262 GWh/día, con crecimiento anual de 6,26%, más del doble del crecimiento histórico cercano al 3%.

Por su parte, las plantas térmicas dan respaldo crítico cuando el agua no alcanza: ya aportan 90 GWh/día, cerca del 40% de la demanda.

En un escenario crítico, XM señala que podrían requerirse entre 90-100 GWh/día durante los 11 meses consecutivos, algo sin precedentes para el sistema.

Pero hay un problema de ejecución. Los proyectos existen pero están retrasados: En 2022 ingresó al sistema apenas el 28% de la energía esperada; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; en 2025, el 10,8%; y en 2026 ha ingresado el 23% de la energía que se esperaba.

Para dimensionar el impacto de un racionamiento de energía sobre Colombia, Gutiérrez cita dos estudios:

Fedesarrollo estima que un racionamiento similar al de los años 90 implicaría una contracción de la economía en 1,5 puntos porcentuales del PIB. También se perderían 230.000 empleos, llevaría a la pobreza a 203.000 personas y a la pobreza extrema a 102.000 personas

Por su parte, el Banco de Bogotá prevé que el costo de una hora al día de racionamiento de energía podría ser de hasta 204.000 millones de pesos (alrededor de US$65.4 millones); los sectores más afectados serían manufactura, minería y comercio, los cuales representan 24% del PIB y 30% de los empleos del país

“El país tiene hoy la oportunidad de tomar decisiones que permitan recuperar la confianza y volver a poner en marcha los proyectos que Colombia necesita”, dijo Gutiérrez.

“Se necesita acelerar la generación y transmisión, garantizar combustibles, agilizar trámites y recuperar reglas de juego estables a 20, 30, 40 años para atraer inversión de largo plazo”, concluyó.

Enel Colombia duplicó la capacidad de la subestación Nueva Esperanza

La ampliación requirió una inversión cercana a los 75.000 millones de pesos y el montaje de tres transformadores de última generación, de 120 toneladas cada uno, conectados directamente al Sistema de Transmisión Nacional.

Enel Colombia amplió de la Subestación Nueva Esperanza, ubicada en el municipio de Soacha. Este proyecto, integrado al Plan de Expansión Bogotá-Región 2030, contó con una inversión total cercana a los 75.000 millones de pesos y responde al aumento sostenido de la demanda de energía en la capital y en el centro-oriente del país.

La obra, energizada en tiempo récord, consistió en la instalación de un segundo banco de autotransformación 500/115 kV, con una capacidad de 450 MVA, un hito técnico que permitió duplicar la capacidad total de la Subestación Nueva Esperanza hasta alcanzar los 900 MVA.

Esta infraestructura es clave para fortalecer la confiabilidad de la red regional y mitigar riesgos operativos ante posibles contingencias en el suministro.

Para materializar el incremento de potencia, llegaron a la Subestación tres transformadores de última generación diseñados específicamente para transformar el nivel de tensión de 500 kV a 115 kV.

Cada uno de esos equipos pesa cerca de 120 toneladas y tiene un volumen equivalente a tres buses biarticulados del sistema TransMilenio, cuya incorporación permite conectar la Subestación directamente al Sistema de Transmisión Nacional.

La operación logística involucró controles técnicos, cierres viales programados, pasos controlados sobre el río Bogotá y adecuaciones estructurales en las vías de acceso a la Subestación. Un despliegue de alta ingeniería y planeación estratégica para superar desafíos geográficos y de infraestructura.

Con este proyecto, además de beneficiar a más de cuatro millones de personas, la red eléctrica del centro-oriente colombiano refuerza su estabilidad, facilita la distribución de grandes volúmenes de energía y respalda el crecimiento habitacional e industrial de la zona.

En Cartagena se discutirá el futuro de los servicios públicos en Colombia

La agenda incluye diálogos con el nuevo Gobierno nacional, congresistas, organismos de control, gobernadores y alcaldes, además de espacios especializados en energía, agua, aseo, ambiente y TIC, y la entrega del 21° Premio Andesco a la Sostenibilidad.

El Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) llega a su edición número 28 bajo el lema Construyendo Futuro.

Del 23 al 25 de septiembre, Cartagena reunirá a autoridades del Gobierno nacional, empresarios, reguladores, académicos, constitucionalistas, congresistas, medios de comunicación, organismos de control y cooperación internacional, para dialogar sobre los retos y las oportunidades del sector.

En esta versión, la Unión Europea será invitada de honor, con la participación de embajadores de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia, además de representantes de la Comisión Europea, quienes compartirán su visión sobre transición energética, economía circular, biogás y el futuro digital del sector desde la experiencia europea.

“Este Congreso llega en un momento de nuevos aires para Colombia. Con el cambio de Gobierno, el país tiene la oportunidad de construir, desde el diálogo, las soluciones que el sector de servicios públicos necesita para seguir siendo el nivelador social por excelencia. Desde Andesco convocamos a construir juntos ese futuro, con la certeza de que la unión entre el sector público y privado es la mejor ruta para enfrentar los retos que vienen”, señaló Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

La agenda académica contempla más de 90 speakers nacionales e internacionales, diálogos sectoriales especializados en energía eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento básico, gestión de residuos, medio ambiente y TIC, así como páneles con el nuevo Gobierno nacional, el Procurador General, el Contralor General, la Superintendencia de Servicios Públicos, gobernadores, alcaldes y congresistas.

También se realizará el panel sobre el modelo de prestación de los servicios públicos desde la perspectiva constitucional, y la entrega del 21° Premio Andesco a la Sostenibilidad.

La programación del encuentro más importante del sector de los servicios públicos en Colombia incluye además la tradicional Carrera 5K en las playas de Cartagena.

Grupo Gilinski toma control de Geopark y aterriza en Venezuela

El Grupo Gilinski se convierte en el accionista controlante de Geopark, al tiempo que adquiere activos petroleros en Venezuela.

GeoPark anunció su entrada estratégica en Venezuela a través del bloque Bare, un activo productor de petróleo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del mundo.

Bare tiene un largo historial operacional, con producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente, anunció la Compañía.

GeoPark considera que el redesarrollo de Bare puede contribuir a la reactivación del sector energético de Venezuela y a esfuerzos más amplios de reconstrucción económica. Mediante una mayor inversión, la aceleración de la producción, la rehabilitación de infraestructura y el crecimiento de las reservas de largo plazo, la Compañía apuesta por el largo plazo en Venezuela.

La oportunidad de Bare fue liderada por el Grupo Gilinski, que aseguró un marco contractual de 25 años mediante un Contrato de Participación Productiva (“CPP”) con PDVSA.

La transacción se financió con acciones de GeoPark para preservar su solidez financiera y su posición de caja, con lo cual el Grupo Gilinski toma el control de GeoPark con una participación de entre el 56,3% y el 58,4%, al tiempo que le permite ingresar al mercado venezolano.

Entrada estratégica a un activo emblemático

De acuerdo con la Compañía, la oportunidad de Bare representa un paso transformacional en la estrategia regional de largo plazo de GeoPark, junto con sus posiciones clave en Colombia y Argentina, al ofrecer una exposición temprana a Venezuela en un momento de renovado impulso del sector petrolero en ese país.

Se espera que la incorporación de Bare y la mayor producción de Vaca Muerta en Argentina incrementen la producción de GeoPark a entre 75 y 85 kboepd para 2030, aproximadamente 2,7 veces los niveles actuales de producción.

Los principales atributos del activo incluyen:

  • Aproximadamente 15,7 mil millones de barriles de petróleo original in situ (“OOIP”).
  • Más de 700 millones de barriles de producción histórica acumulada, que alcanzó niveles superiores a 100.000 bopd.
  • Aproximadamente 1.100 pozos existentes.
  • Producción bruta actual de aproximadamente 11.000 bopd, con un potencial máximo de 85.000–95.000 bopd.
  • Más de 10 años de producción potencial en plateau de 55.000–62.000 bopd netos para GeoPark.
  • El plan de redesarrollo acordado bajo el CPP contempla una producción neta acumulada de aproximadamente 400 millones de barriles para GeoPark, incrementando el factor de recobro del campo de 4–5% a un rango de 8–9%, con un importante potencial de producción remanente aún por capturar.

El inventario de pozos existente y la infraestructura instalada del activo, junto con el amplio conocimiento de yacimientos de GeoPark, proporcionan la base para un enfoque de redesarrollo por fases.

GeoPark tiene acceso a aproximadamente US$700 millones de liquidez y a fuentes de financiamiento comprometidas o negociadas, incluidos aproximadamente US$310 millones de efectivo disponible, lo que proporciona una base sólida para respaldar el desarrollo progresivo y el perfil de inversión de la oportunidad de Bare, junto con las actividades de crecimiento en curso en Colombia y Vaca Muerta.

GeoPark considera que la oportunidad en Venezuela complementa su estrategia regional de largo plazo al añadir reservas de gran escala y larga duración, crecimiento significativo de la producción y mayor generación de EBITDA, a sus plataformas existentes en Colombia y Argentina.

Pueden los hidrocarburos ser la base para reconstruir el país

Un estudio realizado por el CREE y presentado por el Comité Intergremial de Petróleo y Gas, evidencia que las decisiones que Colombia tome hoy sobre exploración y producción definirán su seguridad energética, sus ingresos fiscales y su capacidad de financiar prioridades sociales en las próximas décadas.

Luego del desastre del gobierno Petro y la tragedia del terremoto, Colombia tiene por delante enormes desafíos. Necesita reconstruir las regiones afectadas, recuperar el crecimiento económico, generar empleo, reducir la pobreza, fortalecer las finanzas públicas y, al mismo tiempo, asegurar la energía que necesitan los hogares, los comercios y las industrias.

Cada uno de esos retos exige recursos, inversión y capacidad de ejecución. Y el sector de hidrocarburos considera que puede ser la palanca principal para recuperar al país.

Esta es, tal vez, la principal conclusión del estudio “Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa”, elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor, cuyos resultados fueron presentados por el Comité Intergremial de Petróleo y Gas, integrado por ACGGP, ACIEM, ACIPET, ACP, CAMPETROL y NATURGAS.

El análisis pone en el centro las necesidades de Colombia y evalúa cómo las decisiones que se tomen hoy sobre exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos pueden determinar no solo la seguridad energética de Colombia y la solidez de las finanzas públicas, sino también la capacidad del país para movilizar recursos hacia dos prioridades fundamentales: la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto y la reducción de la pobreza.

El estudio plantea cuatro escenarios que no son pronósticos, sino trayectorias posibles. Entre ellos “Coexistencia”, que muestra que Colombia puede mantener una industria de hidrocarburos dinámica (con un papel especialmente relevante del gas natural y los proyectos costa afuera) mientras avanzan las energías renovables, el almacenamiento, la electrificación y el hidrógeno.

La conclusión es clara: el país no tiene que escoger entre transición energética, seguridad energética y desarrollo; puede avanzar en los tres objetivos de manera complementaria apalancado en el sector de hidrocarburos.

“Estamos convencidos de que recuperar la autosuficiencia energética es recuperar oportunidades para Colombia: para su industria, sus regiones y sus ciudadanos. Significa incorporar nuevas reservas, incrementar la producción de petróleo y gas y fortalecer toda la cadena de valor que hace posible el desarrollo de los hidrocarburos. Cada proyecto, cada pozo y cada barril adicional moviliza equipos, tecnología, transporte, mantenimiento, servicios especializados y talento, generando empleo de calidad, dinamizando las economías regionales, fortaleciendo la industria nacional y aumentando los ingresos de la Nación y las regalías para los territorios”, dijo Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de CAMPETROL.

Recursos para la reconstrucción y el desarrollo

Y es que el aporte de los hidrocarburos trasciende la producción de energía. Su contribución a las exportaciones, la inversión, el empleo y los encadenamientos productivos convierte al sector en una fuente relevante de recursos para la Nación y las regiones.

El análisis fiscal elaborado en el estudio muestra la magnitud de lo que está en juego. Al sumar regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, el valor presente del aporte fiscal entre 2025 y 2050 alcanzaría $695 billones en el escenario de mayor oferta, $276 billones en el escenario de “Coexistencia”, $207 billones en el escenario de “Pérdida de autosuficiencia”, y $162 billones en el de “Transición Rápida”. Entre los escenarios extremos existe una diferencia de $533 billones.

El estudio muestra que, dependiendo de la trayectoria que siga el sector, los recursos disponibles para atender prioridades sociales podrían ser hasta ocho veces mayores en los escenarios extremos. Las decisiones que Colombia tome hoy en materia energética pueden ampliar o reducir significativamente los recursos con los que contará en el futuro para responder a las necesidades sociales del país.

“Desarrollar el potencial que tiene Colombia en petróleo y gas podría multiplicar por ocho los recursos disponibles para financiar inversión social. Por eso, desde el sector proponemos una Agenda de Crecimiento para Colombia que priorice la reactivación de la exploración, el desarrollo de nueva oferta local, y las condiciones que permitan atraer y mantener la inversión. Así podremos garantizar la seguridad energética, contribuir a la estabilidad fiscal y generar los recursos que el país necesita para avanzar en su reconstrucción y desarrollo”, indicó Frank Pearl, presidente de la ACP.

Los dirigentes pusieron el caso de Argentina, que se encontraba hace diez años en una situación aún peor que la de Colombia, con importaciones de gas superiores a los 8.000 millones de dólares anuales y una economía al borde del default; pero hoy, gracias a los recursos shale de Vaca Muerta, sanearon las finanzas públicas y exportan gas por valor 8.000 millones de dólares   

Gas natural: producir más para reducir la dependencia

El gas natural representa el reto energético inmediato del país por su importancia para los hogares, la industria, el comercio y el respaldo de la generación eléctrica.

En el escenario “Pérdida de autosuficiencia”, el estudio muestra que las importaciones podrían llegar al 65 % de la demanda de gas en 2035 y alrededor del 98 % hacia 2045.

Recordemos que durante el gobierno Petro no se firmaron nuevos contratos de exploración ni producción y la autosuficiencia en gas se perdió en diciembre de 2024, al punto que hoy el país importa el 35% de la demanda.

Así, las importaciones seguirán siendo una herramienta necesaria para complementar el abastecimiento, pero no deberían convertirse en sustituto estructural del desarrollo de los recursos nacionales. El reto es construir un portafolio de oferta que combine producción local, infraestructura e importaciones, con visión de largo plazo.

“Con las decisiones adecuadas, el sector de hidrocarburos puede alcanzar un valor agregado cercano a los $105 billones y generar inversión, regalías, impuestos y recursos fundamentales para el desarrollo del país. Aprovechar responsablemente nuestros recursos mientras avanzamos en la transición energética nos permite fortalecer la seguridad energética y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de Colombia para financiar sus prioridades sociales y generar oportunidades en las regiones”, explicó Luz Stella Murgas, presidenta de NATURGAS

El futuro energético se decide hoy

El estudio identifica una ventana crítica entre 2029 y 2032. Las reservas probadas actuales se vuelven marginales hacia 2035 y la trayectoria posterior dependerá de la capacidad de convertir oportunamente recursos contingentes, prospectivos y descubrimientos costa afuera en nuevas reservas y producción. Esto significa que los proyectos que sostendrán la oferta de la próxima década requieren decisiones, inversión y ejecución desde ahora.

La diferencia entre escenarios es significativa. Para 2040, la brecha de producción puede alcanzar 915.000 barriles diarios de petróleo y 2.834 millones de pies cúbicos diarios de gas. Retrasar la entrada de proyectos no necesariamente desplaza la misma producción hacia el futuro: parte de esa oportunidad productiva puede perderse de manera permanente.

El estudio evidencia que el principal desafío no es únicamente geológico. Colombia necesita condiciones que permitan transformar sus recursos en reservas y producción: reglas claras y estables, señales competitivas para la inversión, licenciamiento ambiental eficiente y riguroso, seguridad en los territorios, infraestructura, coordinación institucional y prevención y gestión oportuna de la conflictividad social.

La agenda de acción plantea reactivar la exploración y los contratos de exploración y producción (E&P); recuperar señales de inversión y estabilidad fiscal; asegurar la entrada oportuna de los proyectos de gas natural onshore y costa afuera; avanzar, con rigor técnico, en el desarrollo de yacimientos no convencionales; y fortalecer la gestión territorial, el orden público y la legitimidad social.

El de hidrocarburos es un sector sobre diagnósticado, el nuevo estudio del CREE plantea una hoja de ruta con cuatro escenarios. El balón está ahora en la cancha del gobierno.

EPM entrega infraestructura eléctrica en Cundinamarca

El pasado 30 de agosto, EPM puso en operación el proyecto asociado a la Convocatoria UPME 03-2023 en la Subestación Nueva Esperanza, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La infraestructura estratégica fortalece la confiabilidad y la capacidad del sistema eléctrico que abastece el centro-oriente de Colombia: Cundinamarca, Guaviare y Meta.

La obra, adjudicada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), habilita la conexión de un segundo banco de autotransformadores de 450 MVA, con capacidad para mejorar las condiciones de confiabilidad y respaldo para aproximadamente 4 millones de habitantes. Así, incrementa la capacidad de transformación en uno de los puntos de intercambio de energía más importantes del centro del país.

La puesta en operación del proyecto representa un aporte para la seguridad energética nacional. Colombia enfrenta un severo fenómeno de El Niño, mientras diversas obras del sector energético avanzan con dificultades en sus cronogramas. En este contexto, disponer de infraestructura de transmisión es fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema.

La seguridad energética no depende únicamente de incorporar nueva generación. También requiere redes de transmisión y transformación robustas que permitan transportar la energía allí donde se necesita, con mayores niveles de flexibilidad y respaldo para atender el crecimiento de la demanda y responder ante eventuales contingencias.

Atender el crecimiento de la demanda

A través de una convocatoria anterior de la UPME, la Subestación Nueva Esperanza fue construida principalmente por EPM y opera desde 2017, junto con las líneas de transmisión de 230 kV y 500 kV asociadas. Esta infraestructura es fundamental para abastecer el sur de Bogotá y los municipios del centro-oriente del país.

La subestación aporta actualmente al Sistema de Transmisión Nacional y, con la entrada en operación de este cuarto diámetro, se fortalece además la capacidad de transformación requerida para apoyar el Sistema de Transmisión Regional.

La ampliación forma parte del Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2020-2034 del Ministerio de Minas y Energía, hoja de ruta de la infraestructura eléctrica colombiana.

Pacto petrolero: ¿Regresa la Venezuela saudita?

Venezuela y Estados Unidos sellaron un pacto petrolero por 25 años: 65.000 millones de barriles de reservas y una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios.

Luego de 25 años del desastre castro-chavista que destruyó el país y llevó a la ruina al sector petrolero, Caracas y Washington firmaron un acuerdo que abre una nueva etapa en la relación energética.

El gobierno de Delcy Rodríguez asegura que Venezuela conservará la propiedad de sus recursos, mientras Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar la industria petrolera.

Venezuela y Estados Unidos dieron un giro en su relación energética con un acuerdo petrolero que tendrá una vigencia de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

El anuncio fue confirmado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien presentó el pacto como un mecanismo para recuperar la industria petrolera del país y transformar sus reservas en ingresos para el Estado.

El acuerdo involucra campos con un potencial de 65.000 millones de barriles de petróleo, cifra equivalente a cerca del 22% de las reservas venezolanas, las mayores reservas probadas de crudo del mundo. El pacto convierte a Estados Unidos en un actor central en la explotación de una parte de esos recursos.

Una inversión para recuperar la producción

El objetivo inmediato es elevar la producción petrolera mediante inversiones, tecnología y recuperación de infraestructura. Rodríguez señaló que Venezuela aporta sus reservas, su industria y la experiencia de sus trabajadores, mientras Estados Unidos aporta el capital y la capacidad tecnológica necesarios para desarrollar los activos.

El acuerdo contempla ocho bloques nuevos o “greenfields” en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona de más de 55.000 kilómetros cuadrados. Estos proyectos tendrán una regalía mínima de 16% y una tasa de impuesto sobre la renta de 34%, según los términos expuestos por Rodríguez.

La presidenta encargada calculó que, con un precio de referencia de US$65 por barril, el Estado venezolano podría recibir US$209.335 millones durante la vigencia del convenio. Según su explicación, cerca de US$19 por cada barril producido y vendido ingresarían directamente al país.

La magnitud de la cifra contrasta con la situación actual de la industria venezolana. La agencia Reuters reportó que el país produce alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, pese a contar con las mayores reservas probadas de crudo del planeta. El deterioro de la infraestructura, la falta de inversión y las sanciones han limitado la capacidad productiva.

Recordemos que al momento de la llegada de Chávez al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios.

¿25 años o 100 años?

Uno de los puntos que generó mayor confusión tras el anuncio inicial fue la duración del acuerdo.

Tras el anuncio del pacto, circularon versiones sobre contratos con una duración de hasta 100 años. Sin embargo, Rodríguez afirmó que el convenio binacional tendrá una vigencia de 25 años.

La diferencia surge de otra estructura contemplada en el acuerdo. Un funcionario estadounidense citado por medios internacionales señaló que podría existir una empresa conjunta privada con una concesión de hasta 100 años, mientras que el acuerdo binacional anunciado por Caracas tiene una duración de 25 años.

Ese elemento mantiene abierta una de las principales interrogantes del pacto: cómo quedará estructurada la participación de las empresas privadas y qué derechos tendrán sobre los campos y la producción durante el periodo de operación.

Estados Unidos toma posición sobre una parte del crudo venezolano

Desde Washington, el acuerdo fue presentado como una oportunidad para ampliar el suministro petrolero estadounidense. El presidente Donald Trump aseguró que el convenio permitirá aumentar la disponibilidad de crudo y contribuir a reducir los precios de los combustibles en el largo plazo.

La administración estadounidense también busca utilizar parte del petróleo venezolano para fortalecer sus reservas estratégicas. Trump anunció que el crudo adquirido bajo el nuevo esquema será utilizado para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra en uno de sus niveles más bajos en décadas.

Para Venezuela, el beneficio esperado está en otra dimensión: recuperar producción, atraer capital, aumentar los ingresos fiscales y reconstruir una industria que perdió capacidad durante años de crisis.

Rodríguez también anunció que el acuerdo podrá complementarse con nuevos negocios con compañías internacionales, además de Exxon, con Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, con el propósito de ampliar la inversión y la producción.

El debate sobre la soberanía

El acuerdo también abrió un debate político y jurídico sobre el control de los recursos venezolanos.

Rodríguez insistió en que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus reservas. Su argumento es que el país necesita capital y tecnología para convertir sus recursos bajo tierra en producción, empleo e ingresos.

La posición contrasta con las críticas surgidas tras el anuncio inicial, debido a la falta de información pública sobre algunos términos del pacto y al papel que tendrá Estados Unidos en la explotación de los campos. Algunas versiones señalan que una empresa conjunta podría quedar bajo control mayoritario estadounidense.

Más allá de las diferencias sobre la estructura contractual, el acuerdo marca un cambio de fondo en la política energética venezolana: Washington pasa de aplicar presión y sanciones sobre Caracas a convertirse en socio de la recuperación de su industria petrolera.

El resultado dependerá de la capacidad para movilizar las inversiones anunciadas, recuperar infraestructura, aumentar la producción y convertir una parte de las mayores reservas petroleras del mundo en ingresos efectivos.

Por ahora, las cifras del pacto muestran su dimensión: 25 años de vigencia, 17 campos estratégicos, 65.000 millones de barriles de potencial, más de 1,5 millones de barriles diarios de producción objetivo y más de US$209.000 millones de ingresos proyectados para Venezuela.