Para que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
En 2015 se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en el cual se fijaron tres objetivos básicos: limitar el incremento promedio de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a los niveles anteriores a la primera revolución industrial; segundo, redoblar los esfuerzos tendientes a impedir que el mismo sobrepase el umbral de 1,5 grados a finales del siglo XXI y, tercero, alcanzar la carbono neutralidad en 2050, siendo este último, el de la descarbonización de la economía, la clave para alcanzar los otros dos objetivos.
De la Transición Energética se empezó a hablar desde las postrimerías del siglo pasado, cuando los movimientos ambientalistas reaccionaron en Alemania contra el avance de las instalaciones de reactores nucleares para generar electricidad, derivando posteriormente en el propósito manifiesto de descarbonizar el sector eléctrico migrando hacia fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), sobre todo después del Acuerdo de París.
Este énfasis en la descarbonización del sector eléctrico se explica porque en los países desarrollados, que son los mayores responsables del acumulado en la atmósfera de los gases de efecto invernadero (GEI) y de sus emisiones, tienen en el mismo la mayor fuente de emisiones con el 73,5%.
No es el caso de Colombia donde, a lo sumo, contribuye con el 34% de las mismas, habida cuenta de que el 68% de su capacidad instalada de generación de electricidad es de origen hídrico.
Huelga decir que las emisiones de GEI de Colombia son ínfimas en comparación con otros países, pues apenas representan el 0,55% del total global.
Las emisiones per cápita de Colombia, alrededor de 1,6 toneladas de CO2 equivalente por persona al año, está muy por debajo del promedio mundial que oscila en torno a 4,5 toneladas, e incluso del promedio de Latinoamérica, que tiene un registro de 2,6 toneladas.
Dicho sea de paso, en Colombia la mayor fuente de emisiones de GEI está constituida por el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por alarmante deforestación, factores que sumados representan más del 55% de las emisiones de GEI.
Por ello, coincidimos con el experto ambientalista Juan Pablo Ruiz cuando afirma que para que Colombia cumpla su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030, “la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos”.
Además de las particularidades anteriores de Colombia, hay una diferencia fundamental a la hora de definir la hoja de ruta de la Transición Energética entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón y Colombia, que también depende, pero de la producción y exportación de petróleo y carbón, sus dos principales renglones de exportación, superando el 50% de las mismas, así como de la generación de divisas, que supera el 20% de los ingresos corrientes de la Nación. Y de contera, en promedio, más del 35% de la inversión extranjera directa (IED) es atraída por el sector petrolero. Por todo ello planteamos la necesidad de una transición energética a la colombiana, que se ajuste a sus particularidades y prioridades.
Las bajas emisiones de GEI por parte de Colombia y la reducida contribución a las mismas del sector eléctrico no la puede llevar a convertirse en el llamado peyorativamente polizón climático, cruzándose de brazos a la espera de que sean otros quienes hagan el esfuerzo tendiente a la descarbonización de la economía, pero tampoco debe asumir el papel de Atlas, cargando a cuestas con el resto del mundo.
Como bien lo dejó establecido la COP26, el mandato del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por los países que lo suscribieron, entre ellos Colombia, conllevan una “responsabilidad común pero diferenciada”, no se puede prorratear.
La encrucijada para Colombia es doble, está ante el riesgo de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual la obligaría a importar, afectando la balanza comercial, porque no sólo dejaría de percibir divisas por la exportación de crudo, provocando una hiperdevaluación del peso, sino que deberá gastar sus escasas reservas de dólares para importar el crudo requerido para cargar las dos refinerías y evitar poner en riesgo el abastecimiento de combustibles.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.