Mientras se da el contrapunteo entre el gremio del gas natural y el Ejecutivo, se acentúa la dependencia de Colombia de las importaciones, que serán cada vez mayores en los próximos años.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
Mientras el ex ministro de Energía Andrés Camacho adujo, sin fundamento alguno y a contrapelo de la cifra oficial proporcionada por el Gestor del Mercado de Gas, de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que en Colombia no se presentaba una escasez sino un acaparamiento de gas por parte de algunas empresas, el presidente Petro aseguró “están especulando” y “quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder«.
Atribuirle esa mala intención a las empresas generadoras es absurdo, puesto que no les asiste interés alguno en elevar las tarifas de energía ya que en nada las beneficia a ellas.
Con esta afirmación del Presidente, se violó la presunción de la inocencia y el debido proceso a las empresas, al tiempo que se presionó a la Superintendencia de Servicios Públicos para “proceder” de acuerdo con su juicio de valor.
No hay que perder de vista que dicha Superintendencia depende directamente del despacho del presidente de la República y en consecuencia el Superintendente es su subalterno. Eso se llama prejuzgamiento y es lo más contrario al Estado social de derecho que nos rige.
Empezando por el principio, cuando se dio a conocer por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) un cuestionado y controvertido informe sobre el balance reservas/producción de gas natural, que le costó la salida a la viceministra de Energía Belizza Ruiz por tomar distancia del mismo, el cual mostraba una caída de sus precarias reservas, la entonces ministra, la filósofa Irene Vélez, para justificar la decisión tomada de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, hizo las cuentas de la lechera, sumando peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles + recursos contingentes), para concluir que no había de qué preocuparse porque teníamos garantizado el autoabastecimiento hasta el 2037.
Posteriormente, su sucesor, Andrés Camacho, del mismo corte y sesgo ideológico y más activista que ingeniero eléctrico, se mantuvo en la misma línea y ello lo llevó en su negacionismo, a sostener que en Colombia no se presentaba una escasez.
No obstante, VANTI, como todas las demás comercializadoras, se atuvo a la cifra oficial, pues al fin y al cabo dato mata relato y ante su obligación de garantizarle a los usuarios la prestación del servicio de gas, se dispuso a comprar gas importado por la firma TLP GAS. Y ello, mientras el ex ministro Camacho, insistía en que al no haber escasez de gas tampoco había necesidad de importarlo. Con terquedad aragonesa sostuvo que “Colombia cuenta con abastecimiento de gas por 20 años”.
Y cuando el primero de diciembre se recibió el primer despacho de 40 MMPCD se atrevió el Ministro Camacho a decir que se estaba importando ese gas sólo para tenerlo de “reserva” por parte de algunas empresas y que nada justificaba el alza de los precios y las tarifas del gas como consecuencia de su importación. Pidió a las superintendencias de Industria y Comercio y a la de Servicios Públicos que investigaran a las empresas comercializadoras del gas. Según él, “cuando se revende el mismo volumen de gas varias veces, se inflan los precios, similar a un proceso especulativo”. Y las superintendencias procedieron en consecuencia.
El negacionismo llevó al ministro Camacho a demorar la expedición del Decreto que se requería para facilitar las importaciones, que se venía solicitando por parte de las empresas desde noviembre y el cual sólo fue expedido el 10 de diciembre (1467 de 2024).
Lo propio ocurrió con la Resolución de la CREG, que apenas ahora se anuncia por parte del ministro Edwin Palma, para hacer posible que las empresas puedan seguir importando el gas pero mediante contratos de largo plazo, con más bajos precios y no como lo vienen haciendo comprando gas en el mercado spot a precios exorbitantes.
Pese a todo, el presidente Petro, en tono amenazante, a través de su cuenta X, expresó el pasado viernes, mientras se adelantaba en Barranquilla el Congreso anual de NATURGAS, que “las decisiones están tomadas: que los intermediarios del gas dejen de especular con los precios, incluidos los importadores, o el Gobierno tomará las medidas de ley”.
A ello respondió la presidente de NATURGAS, Luz Stella Murgas, que “las cifras relacionadas con los faltantes de gas natural no son cifras de NATURGAS ni de los agentes del mercado, son cifras que producen la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas, la Unidad de Planeación Minero-Energética y el Gestor del Mercado”.
Ahí vamos en este contrapunteo entre el gremio del gas natural y el Ejecutivo, mientras se acentúa la dependencia del país de las importaciones de gas, que serán cada vez mayores en los próximos años.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.