No tomar medidas para afrontar la escasez de los recursos energéticos nos llevará a una colisión de derechos que, posiblemente, fragmentará el bien común al tener que decidir quién tiene mejor derecho sobre otro a recibir los servicios esenciales.
Por: MÓNICA TORRES SIERRA*
Con posterioridad al anuncio que realizó Ecopetrol sobre la escasez de gas que tendrá Colombia en 2025 y 2026, las noticias de las últimas semanas en los sectores eléctrico y gasista no son alentadores, y han aumentado la incertidumbre y la sensación de escasez inminente.
El 11 de septiembre, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta concedió el amparo al derecho a la consulta previa de la comunidad Indígena Taganga y al derecho a la propiedad intelectual, cultural y medio ambiente por el uso de los nombres “Tayrona” y “Uchuva” para denominar el bloque y el pozo de exploración.
El juez ordenó la suspensión inmediata otorgando dos meses para iniciar las acciones que sean necesarias para suspender de manera segura las actividades en el pozo Uchuva 2. Esto hasta tanto no se realice la consulta previa y se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya los efectos del proyecto sobre el cabildo indígena Taganga y su relación con el entorno marítimo.
Uchuva 2 es un pozo cuya exploración se adelanta para determinar la capacidad de producción de gas natural que tiene, la cual, se afirma, podría abastecer a Colombia hasta el 2040, y devolverle la autosuficiencia energética al país.
La decisión fue impugnada por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, Petrobras y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Aproximadamente, a inicios de noviembre se sabrá el resultado de la impugnación.
El 20 de septiembre, debido a la escasez de agua a la que se enfrenta el país se presentó una “condición de probable escasez” en el mercado de energía, por lo que Ecopetrol se vio en la obligación de cumplir con los contratos de opción de compra de gas.
Estos contratos, tienen el propósito de asegurar la entrega de gas natural en tales eventos de escasez, para garantizar principalmente la generación de energía eléctrica.
En ese sentido, el suministro de los contratos cuya firmeza está condicionada se suspendió temporalmente, afectando a varios distribuidores de gas natural vehicular.
En agosto pasado, por solicitud que hiciera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA suspendió el trámite de la licencia ambiental para la perforación de Komodo – 1, el pozo costa afuera más profundo del mundo y que promete una capacidad de producción de gas relevante.
La Ministerio argumentó que, debido a que en el mundo ni en Colombia se han realizado perforaciones de tal profundidad, el permiso ambiental debe contar con un concepto técnico para evaluar los impactos ambientales del proyecto.
El trámite podrá tomar meses y afectará el cronograma de perforación de un pozo crucial para Colombia, en momentos en que el país no incorpora suficientes reservas.
La escasez de agua y su afectación al sector eléctrico ha vuelto a ser noticia. El aumento de las lluvias y la recuperación de los embalses no se ha dado como se esperaba. Esto, sumado a la falta de entrada en operación de nueva capacidad de generación, ha puesto en apuros el sistema eléctrico.
Las sequías que algunas ciudades enfrentan han vuelto a prender las alarmas no solo para el suministro eléctrico, sino para el de agua potable.
Seguimos sin CREG. Los servicios públicos como el gas, el agua y la electricidad son inherentes al ser humano, son indispensables para mejorar su calidad de vida, garantizar su dignidad, superar la desigualdad y, al ser esenciales, son un derecho de todos.
Es por eso que son inherentes a la finalidad del Estado, y este, sin importar el gobierno de turno, está obligado a garantizarlos a favor de todos los ciudadanos, sin excepción alguna.
Las discusiones caprichosas a las que se enfrenta el país en relación con la transición energética y con el sombrero de la descarbonización, han puesto al país en peligro de escasez.
Esta escasez no solo nos llevará a un alza de precios sin precedentes, sino que llegaremos a un punto de no retorno en el que nos veremos obligados a poner en la balanza un sin número de derechos que tendrán que ponderarse.
Nos obligará a elegir quién tiene un mejor derecho sobre otro a recibir los servicios públicos esenciales, afectando la confiabilidad y seguridad en su suministro y, sin duda alguna, la economía nacional.
*Abogada especializada en el sector energético. Actualmente, desempeña su práctica como Counsel del área de Energía & Cambio Climático.