El Gobierno no solo no ha honrado su compromiso de pagar el saldo de la opción tarifaria, sino que ahora lo ató a la aprobación de la Ley de Financiamiento, poniendo en aprietos financieros a las distribuidoras.
El 7 de mayo de 2014 en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno Nacional asumiría los saldos de la opción tarifaria, medida que se tomó durante el gobierno Duque para diferir el pago del servicio de electricidad en la época de la pandemia de la Covid-19.
Ya han pasado más de siete meses y el Gobierno no solo no ha cumplido con la promesa sino que ahora incluyó ese pago en la nueva reforma tributaria, llamada Ley de Financiamiento, chantajeando al país con el argumento que si no le aprueban el proyecto no se realizaría el pago.
Hay que recordar que cuando el presidente hizo la promesa no existía en ese momento ningún proyecto de reforma tributaria.
A comienzos de diciembre de 2024 el monto adeudado por el Gobierno a las distribuidoras era de 3,4 billones de pesos. Pero a esto hay que agregarle el retraso en el pago de los subsidios por un monto de $2,4 billones, un billón en deudas por el servicio prestado a entidades oficiales del orden nacional y regional, y $0,2 billones por una mayor exposición a los precios en bolsa.
“En total son siete billones de pesos que equivalen a dos años de ingresos brutos de las comercializadoras y que tienen al borde de un apagón financiero a varias de ellas”, señaló José Camilo Manzur, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), durante la jornada que realizó el gremio el 27 y 28 de noviembre en Bogotá.
Y si bien se abrieron líneas de crédito con Findeter por dos billones de pesos para paliar la opción tarifaria, este mecanismo solo se ha podido implementar en un 16%, pues ningún banco quiere respaldar una entidad que tiene problemas financieros.
“Más que crédito, lo que se requiere es el desembolso de los saldos de lo opción tarifaria y el pago de los subsidios atrasados, para poder saldar las deudas que tiene el gobierno con las distribuidoras. Urge que se paguen los recursos del subsidio, pues hay empresas que ya no pueden asumir esos subsidios. No pagar apaga el país, no volvamos a momentos oscuros del pasado”, dijo Manzur.
El dirigente agregó que las empresas están en una disyuntiva con lo pocos recursos que tienen: o pagan la energía o financian los subsidios o adelantan los planes de inversión, pero no pueden hacer las tres cosas, y puso como ejemplo el caso de la intervenida Air-e.
Y es que en caso que las empresas no puedan seguir financiando los subsidios, la factura para el estrato uno puede llegar a subir hasta en un 150%, pues si actualmente el subsidio cubre el 60% del consumo básico, sin subsidio un usuario que paga $40.000 tendría que pagar una factura de $100.000.
“Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno de la gente, para que apoye a la gente más vulnerable de este país”, concluyó Manzur.