El sector energético colombiano, que ha sido modelo de transformación y éxito durante las últimas tres décadas, se enfrenta a una encrucijada crítica.
A pesar de los importantes avances logrados desde el apagón de 1992, el sector eléctrico colombiano lidia hoy con desafíos financieros, regulatorios y sociales que podrían comprometer la seguridad del suministro y la inversión necesaria para una transición energética sostenible.
Así lo destacó Carlos Alberto Zarruk, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, en la apertura, este 10 de septiembre, del XI Congreso del gremio.
Zarruk hizo un repaso de la historia reciente del sector, recordando que la crisis de 1992, con racionamientos diarios que afectaron al 15% del consumo, fue el catalizador para las reformas estructurales de las Leyes 142 y 143 de 1994.
Estas leyes liberalizaron el sector, abrieron la puerta a la inversión privada y crearon organismos reguladores clave como la CREG y la UPME, que hoy son fundamentales para su funcionamiento. Gracias a estas reformas, el país ha logrado modernizar su infraestructura, diversificar la matriz energética con la adición de 3 gigavatios de energías renovables no convencionales, y reducir la dependencia hídrica.
Sin embargo, este progreso se ve amenazado por una serie de factores interconectados. El principal, Zarruk, es la crisis financiera que atraviesan los comercializadores de energía, quienes acumulan altas deudas por la opción tarifaria, subsidios y la falta de pago de entidades públicas. Esta situación crea un «círculo vicioso que amenaza con deteriorar la calidad del servicio y frena las inversiones necesarias para la transición energética y la expansión del sistema».
La región Caribe, en particular, enfrenta un riesgo inminente. El dirigente gremial alertó que «el 35% de los hogares de la región podría enfrentar racionamientos prolongados» debido a la crisis financiera de la empresa Air-e, con una deuda de $1,5 billones, un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. La propuesta del gobierno de reemplazar la operación de Air-e por una empresa pública demuestra la gravedad de la situación.
A esto se suman retos regulatorios, sociales y ambientales que frenan la expansión del sector. La complejidad de los trámites de licencias ambientales y las consultas con comunidades ancestrales han causado suspensiones y retrasos en proyectos cruciales.
Además, el vocero expresó preocupación por las recientes propuestas de cambios regulatorios donde, a su juicio, «no prima el análisis técnico», lo cual puede generar incertidumbre y desincentivar la inversión privada, un pilar del crecimiento del sector.
Finalmente, concluyó que, a pesar de los desafíos, la visión a largo plazo es clara: Colombia debe avanzar hacia una transición energética robusta. La demanda eléctrica seguirá creciendo a un 3% anual, impulsada por la electrificación del transporte y la industria.
Para 2040, el país necesitará duplicar su capacidad instalada, un objetivo que solo se podrá alcanzar si se garantiza la estabilidad regulatoria, la confianza inversionista y la coordinación entre todos los actores del sector.