La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) dio a conocer el Informe TEC “Transición Energética de los Carbones Colombianos”, elaborado junto al Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), que concluye que el país enfrentará riesgos fiscales, sociales y económicos si la transición energética se acelera sin una estrategia clara.
El documento advierte que un proceso mal diseñado podría significar una caída de $38 billones en la economía nacional. El recaudo de las regalías y el impuesto de renta representa cerca del 95% de los ingresos que recibe el país por el desarrollo de la actividad minera de carbón, lo que lo convierte en un pilar insustituible para la financiación pública.
En departamentos como Cesar y La Guajira, las regalías por carbón representan más del 100% de sus ingresos corrientes, por lo que una transición desordenada tendría efectos devastadores en la estabilidad regional y en los recursos para educación, salud e inversión social. Lo mismo sucede en otras regiones del país como Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y los Santanderes, donde la industria carbonífera no solo genera empleo, sino aportes sociales y ambientales.
“Este no es un debate sectorial, es un debate de país. El futuro fiscal de la Nación, la estabilidad laboral de miles de familias y la inversión social en 132 municipios de 11 departamentos dependen de una transición bien planificada”, afirmó Carlos Cante, presidente Ejecutivo de Fenalcarbón.
Tres escenarios de transición para Colombia
El informe presenta tres posibles rutas hacia la descarbonización del país, con sus impactos sobre el sector carbón:
• En el escenario intermedio de “referencia”, el país buscaría la carbono-neutralidad en 2060. La reducción sería del 85% en la producción de carbones, con una disminución significativa de exportaciones, aunque todavía con cierta capacidad de aprovechar reservas metalúrgicas y térmicas. Si bien los impactos sociales y fiscales serían menores que en el escenario acelerado, seguiría existiendo un riesgo importante para las finanzas de las regiones productoras.
• En el escenario de “viento de frente”, es decir el más adverso, Colombia se plantea alcanzar la carbono-neutralidad en 2050, con la electrificación más acelerada y ambiciosa. Este camino implicaría una reducción del 89% en la producción de carbones frente a 2021, una fuerte caída en la demanda interna y un golpe crítico a la transformación de coque por las restricciones de emisiones. En este escenario, los territorios quedarían con menos recursos en el corto plazo, sin tiempo suficiente para la reconversión laboral y social.
• En el escenario de “viento de cola”, la transición se extendería hasta 2070 o incluso 2100. Esto permitiría aprovechar la totalidad de las reservas de carbón en la costa y de carbón metalúrgico, garantizando divisas y regalías durante varias décadas más. La demanda interna de carbones térmicos se mantendría por más tiempo, apoyada en la incertidumbre de precios del gas y en nuevas tecnologías como el CCUS (captura, uso y almacenamiento de carbono). Esta salida ordenada daría margen al país para planificar la reconversión productiva de los territorios y sostener la inversión social.
La visión del empresariado
El TEC concluye que, sin una política pública pragmática y realista, Colombia corre el riesgo de pagar altos costos sociales, económicos y ambientales. Los análisis muestran que una transición improvisada puede llevar a la pérdida acelerada de 74.000 empleos y de más del 60% de los ingresos por regalías, recursos que hoy financian la educación, la salud y la infraestructura de los municipios.
De acuerdo con el presidente del gremio, “la transición debe tener un ritmo alineado con las tendencias globales y la demanda del mercado internacional, evitando impactos abruptos que comprometan la estabilidad social y económica del país. Para ello, necesitamos una estrategia que reconozca las particularidades de cada territorio productor, promoviendo actividades alternativas y fortaleciendo capacidades locales”.
Cante enfatizó que este proceso no puede recaer únicamente en el Estado. “La transición debe construirse de manera conjunta entre el Estado, las regiones y el sector privado, bajo principios de justicia fiscal y laboral, que eviten desequilibrios económicos y protejan a los trabajadores”.
En ese sentido, subrayó que es fundamental que el proceso se autofinancie en gran medida con los recursos que ya genera la industria. “Las regalías, los impuestos y los encadenamientos productivos del carbón deben ser la base para financiar programas de reconversión laboral, impulsar nuevas actividades económicas en las regiones y desarrollar proyectos de gestión ambiental. Así reducimos la dependencia de recursos externos y aseguramos la sostenibilidad de la transición en el tiempo”.
Finalmente, planteó una medida concreta: “Se requiere la creación de un Fondo Fiscal que permita enfrentar los efectos de una transición desordenada, y el diseño de programas de formación y reconversión laboral que conviertan una política ambiciosa en un verdadero proceso de transformación productiva de los territorios, realista e incluyente”.
Por su parte, Tomás González, director del CREE, recalcó que “con planeación adecuada, el carbón puede ser motor de la transición, no su obstáculo. La clave está en equilibrar la ambición climática con el realismo económico y social, aprovechando la ventana de oportunidad que tiene el país al 2030 para preparar una transición adecuada”.
A través del Informe TEC, Fenalcarbón reitera que el carbón no es incompatible con la transición energética y que, por el contrario, puede convertirse en el principal sostén financiero para avanzar hacia una matriz más limpia y sostenible.
El sector puso a disposición de las autoridades y tomadores de decisión, esta visión del empresariado, como insumo para el diseño de políticas públicas que garanticen una transición óptima y una transformación productiva de los territorios.
Un sector estratégico para la economía nacional
Actualmente, el sector genera más de 55.000 empleos directos altamente formales, con ingresos 2,6 veces superiores al promedio nacional, y beneficia indirectamente a más de 250.000 personas. Por cada $1.000 millones adicionales en producción de carbón, se generan 4,7 empleos en la economía, y cada peso en el carbón multiplica 2,42 veces el PIB nacional.
Además, las compras nacionales alcanzaron $31,6 billones entre 2015 y 2022, de los cuales $16 billones se destinaron a proveedores locales, dinamizando más de 1.000 empresas regionales.
En materia de divisas, Colombia es el 5° exportador mundial de carbón térmico y el 4° exportador mundial de coque metalúrgico, el primer producto industrial de exportación del país, que se produce teniendo como base el carbón metalúrgico. Solo en 2022, las exportaciones del sector sumaron más de USD $8.100 millones.