La situación del sector energético colombiano tiende a agravarse. Viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del Fenómeno de El Niño, tanto más cuando de los 24 embalses que sirven a las hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de cuatro meses.
En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el estrés del Sistema de Transmisión Nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta.
De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.
Y ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a la contingencia que se presentó en sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4.
También es debido a los 2.400 MW de capacidad de generación eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, y de los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%.
El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de $2.6 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida.
A ello se suma la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontaron y el Gobierno debe reintegrarles a ellas. Al corte de agosto, dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural por $760.000 millones y a las de GLP por $41.700 millones.
Y lo más grave es que en el Presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de 2025. Es decir que los tres restantes trimestres está desfinanciados.
De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto de $8.9 billones que se van a requerir, el aforo es de sólo $7.5 billones.
Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos de la empresa Air-e, que les presta el servicio a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y la razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado.
La Superintendencia se ha cruzado de brazos, y dice que el Fondo Empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.
Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse, alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede llevar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica en la prestación del servicio.
La reticencia del Gobierno a girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción, se ha convertido en parte del problema.
Mensajes del presidente Petro con afirmaciones falaces y tendenciosas como que “Colombia es el único país en América Latina donde las tarifas de energía no están reguladas por el Estado”, a sabiendas de que sí las regula a través de la CREG, y llegando al extremo de decir, mentirosamente, que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente”, y que en consecuencia “las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales”, son señales que atentan contra la confianza inversionista y contra la percepción de la estabilidad jurídica, a causa de los reiterados anuncios de reformar las leyes 142 y 143 de 1994, con el ánimo de intervenir el mercado y fijar los precios y tarifas a su arbitrio.
Es sabido que es más fácil hacer política con los precios y tarifas que agenciar una política de precios y tarifas.
Como dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”.
Concluimos diciendo que el signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual, en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas, los aleja.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.