Asoenergía, gremio que reúne a los grandes consumidores industriales y comerciales de energía en Colombia, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la prevalencia del ordenamiento jurídico y la estabilidad en las relaciones contractuales que soportan el abastecimiento energético del país.
La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), manifestó su preocupación frente a las recientes situaciones que podrían comprometer la continuidad en el suministro de gas natural a miles de usuarios del país y comprometer la estabilidad económica de regiones como la Costa Caribe.
El gas natural es un insumo esencial que se usa en múltiples procesos productivos que en muchas ocasiones operan de manera continua y que, igualmente, en muchas ocasiones no cuentan con sustitutos que puedan ser viables técnica y económicamente en el corto plazo.
En este contexto, cualquier interrupción o incertidumbre en el suministro no solo pone en riesgo la operación de empresas, sino que puede tener efectos significativos sobre el empleo, las economías regionales y la competitividad del país.
De materializarse la cancelación de contratos de suministro de gas natural en el mercado mayorista de gas natural, se estaría afectando un número significativo de usuarios, ya que Canacol Energy es el segundo productor más grande del país con una participación cercana al 17% del suministro nacional y representa cerca del 50% del abastecimiento de la Costa Caribe colombiana.
Recordemos que esta empresa está actualmente en un proceso de reorganización (para evitar la quiebra), tanto en Canadá como en Colombia,
La decisión podría tener un gran impacto en el precio interno de gas natural, lo que en el contexto actual del país agravaría la situación para toda la demanda. Un cambio en estas condiciones podría generar incrementos en las facturas del servicio para sectores como el industrial, residencial, comercial, vehicular y de compresores; así mismo, impactaría el sector de la generación térmica que, ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y los eventos geopolíticos que han generado que el gas importado eleve sus precios, requiere condiciones estables y energéticos
competitivos, en especial porque la generación de energía eléctrica para la Costa Caribe se sustenta la generación térmica.
De igual manera, se presentan casos como el de Cerro Matoso, compañía que produce níquel y que sustenta cerca del 80% del suministro de gas natural para sus operaciones de Canacol Energy, evidenciando los riesgos asociados a eventuales terminaciones anticipadas de contratos de suministro, en un entorno en el que la estabilidad y cumplimiento de las condiciones contractuales resultan fundamentales para garantizar la confiabilidad energética y la sostenibilidad de la industria.
“Esto podría tener afectaciones en más de 2.000 empleos, entre directos e indirectos en el sur de Córdoba e impactar de manera negativa a más de 50.000 personas del territorio cordobés y 25 comunidades vecinas que se benefician de los proyectos sociales que desarrolla la compañía en la zona. De igual manera, traería un impacto fuerte en los aportes al Estado, que en el 2025 recibió cerca de $334.570 millones de pesos por concepto de regalías e impuestos por parte de la empresa”, señaló Silvana Habib Daza, directora Ejecutiva de Asoenergía.
El gremio reiteró la importancia de preservar la seguridad jurídica en las relaciones contractuales, así como de asegurar condiciones de suministro estables y previsibles para los grandes consumidores de energía, quienes representan un pilar clave en la generación de empleo, el desarrollo regional y el aporte fiscal al país.
En este contexto, el gremio hizo un llamado a las autoridades competentes, en particular a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que garanticen la prevalencia del ordenamiento jurídico colombiano en las relaciones contractuales que impactan el abastecimiento energético del país.
“La resolución de este tipo de situaciones debe darse en el marco de la institucionalidad nacional, con criterios de seguridad jurídica y estabilidad, evitando decisiones que puedan comprometer la continuidad del suministro de energía para la industria, la seguridad energética y la competitividad del país”, señala.
“Colombia necesita señales claras de estabilidad y confiabilidad en el suministro energético. Situaciones como esta no solo afectan a una empresa en particular, sino que envían mensajes a toda la industria y a los inversionistas. Es fundamental que prime el ordenamiento jurídico colombiano y que se proteja la continuidad de operaciones que son clave para el empleo, las regiones y la competitividad del país”, concluyó Habib Daza.