La sostenibilidad fiscal no es un asunto ideológico; es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
La crisis fiscal que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro dejó de ser una advertencia de los analistas para convertirse en una realidad inocultable.
El creciente déficit fiscal, que crece a un ritmo endiablado de $50 billones anualmente, el aumento sostenido del endeudamiento público, la caída de los ingresos tributarios y el desbordamiento del gasto, han puesto en evidencia la fragilidad de las finanzas del Estado colombiano.
El Gobierno apostó a una ambiciosa expansión del gasto público sustentada en la premisa de que la reforma tributaria garantizaría recursos suficientes para financiar sus programas sociales y sus promesas de transformación económica.
Sin embargo, después de la reforma tributaria de 2022, cuyo mayor recaudo se esfumó, los intentos de otras se le frustraron al gobierno y el menor crecimiento económico, la desaceleración de sectores estratégicos y la reducción de la inversión privada terminaron afectando el recaudo fiscal, generando un preocupante desbalance entre ingresos y gastos.
A ello se suma el debilitamiento deliberado de sectores que históricamente han contribuido de manera significativa a las finanzas nacionales, como el minero-energético.
La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios frente a la exploración de hidrocarburos y las restricciones a nuevos proyectos, han impactado la confianza inversionista y reducido las expectativas de ingresos futuros provenientes del petróleo y el gas, pilares fundamentales de las exportaciones y de los recursos fiscales del país.
La situación se agrava por el incremento del servicio de la deuda pública. Hoy una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses y amortizaciones, limitando el margen de maniobra del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y seguridad. En otras palabras, el Gobierno dispone de menos recursos para atender las necesidades sociales porque una parte creciente del presupuesto está comprometida con la deuda.
El Gobierno central acusa un déficit primario (excluyendo intereses de la deuda) de 3.6%, según la CEPAL, el más alto de Latinoamérica. El déficit fiscal cerró 2025 en 6.4%.
El abultado déficit y el creciente endeudamiento afectan la sostenibilidad fiscal, lo cual le ha valido a la Nación la rebaja de la calificación de la deuda soberana, así como el mayor costo de su deuda y de su endeudamiento, al punto que la mayor prima de riesgo le ha significado pagar tasas de colocación hasta el 14.46%.
De ello se sigue una mayor erogación para cubrir el servicio de la deuda. Como botón de muestra tenemos la apropiación de $46 billones más en dicho rubro en el PGN para 2027, partida que explica por sí sola el incremento del aforo presupuestal para el año entrante, constituyéndose en la mayor de todas después de la educación, restándole de paso espacio a la inversión. Esta partida es la verdadera inflexibilidad del gasto público de que tanto se queja el gobierno para justificar sus fallidos intentos de pasar una nueva reforma tributaria por el Congreso de la República.
Otro elemento preocupante es la pérdida de credibilidad frente a los mercados y las agencias calificadoras. La incertidumbre sobre el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas se ha traducido en mayores costos de financiamiento para el país, afectando tanto al Estado como al sector privado.
En mi concepto, el hecho de que la exhausta caja de la Nación cayera un 45.7%, desde los $13.8 billones en abril de 2025 a los $7.5 billones, es solo la punta del iceberg.
Estamos en presencia de un déficit estructural de las finanzas del gobierno central, el cual refleja el descalce entre los ingresos del orden del 16.3% del PIB y el gasto, que alcanza el 22.7%. Estamos en presencia de un verdadero desbarajuste fiscal.
Este estrés y la incontinencia del gasto, advertida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que llevó al gobierno a pausar el cumplimiento de la Regla Fiscal, ha llevado al gobierno a endeudarse exageradamente.
Basta decir que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó la cifra histórica de $1.238 billones, lo que representa un incremento cercano al 20% en un solo año y un aumento de más de $433 billones desde agosto de 2022.
El ajuste fiscal requerido será una ímproba tarea, puesto que implica adoptar decisiones difíciles pero necesarias: racionalizar el gasto, priorizar la inversión productiva, controlar el crecimiento del endeudamiento y fortalecer las fuentes permanentes de ingresos. No se trata únicamente de reducir el déficit en el corto plazo, sino de enviar señales claras de disciplina y responsabilidad fiscal.
Cabe advertir el hecho de que el elevado déficit fiscal se ha venido a sumar al creciente déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. El déficit de la Balanza Comercial pasó de US $10.807 millones en 2024 a US $16.377 millones en 2025, un incremento del 51,5%. Los denominados déficits gemelos (déficit fiscal + déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos) alcanzaron el -8.8%, el mayor en la última década.
En momentos de incertidumbre internacional, volatilidad de los precios del petróleo y desaceleración económica, mantener unas finanzas públicas sanas es fundamental para proteger la estabilidad económica y social del país.
La sostenibilidad fiscal no es un asunto ideológico; es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de las políticas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.
*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.