Colombia requiere hoy estabilidad institucional, responsabilidad fiscal, seguridad jurídica y capacidad de concertación, no un prolongado período de incertidumbre constitucional.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
Fueron múltiples los intentos del actual gobierno de promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, so pretexto de superar el supuesto “bloqueo institucional”, atribuido al Congreso de la República y a las altas cortes, por el hecho de ser deliberantes y ejercer a plenitud sus funciones y competencias.
Pero, bien dijo el constitucionalista Mauricio Gaona, cuando en respuesta al alegato del Gobierno afirmó que “eso que llaman bloqueo institucional es el ejercicio de la oposición y de la separación de poderes”, esto es al sistema de pesos y contrapesos inspirado en el pensamiento y la obra de Montesquieu y reforzado por las ideas de John Locke contra la centralización y concentración del poder.
La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido y sigue siendo la bandera del partido de gobierno El Pacto Histórico, y desde luego de su candidato a la presidencia Iván Cepeda, así este, tácticamente la condicionara al Acuerdo Nacional que le sirve de señuelo para atraer a otros sectores del centro de la política, como ya lo hizo Petro hace cuatro años cuando pasó a la segunda vuelta gracias a este as que sacó de la manga.
En virtud de ese Acuerdo aterrizaron en su campaña y abrazaron su candidatura los partidos Liberal, Conservador, los verdes, la U y hasta Cambio Radical, contribuyendo así a la derrota de Rodolfo Hernández.
A renglón seguido integró un gabinete que reflejaba dicho Acuerdo, pero todo fue fugaz, efímero, sólo 6 meses después tres de sus ministros que habían llegado al mismo por cuenta del fementido “Acuerdo nacional” fueron defenestrados por disentir de los términos del frustráneo proyecto de Ley radicado en el Congreso por la ministra Carolina Corcho. Ello se podría repetir.
El fantasma de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente persiste, como nos lo recordó el 1º de mayo el candidato Cepeda cuando afirmó en la Plaza de Bolívar que “ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”.
A última hora, después del revés de la candidatura de Cepeda en primera vuelta añagaza con desistir de su cometido de convocarla, más que como estrategia como estratagema electoral para embaucar incautos y atraer al esquivo centro político para la segunda vuelta.
Fue el propio presidente Petro quien dejó en claro que la simulación del “retiro” de su convocatoria por parte de sus promotores se reduce a la suspensión del proceso de recolección de firmas, no se descarta, es sólo una pausa.
La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia resulta a todas luces inconveniente en las actuales circunstancias políticas, económicas e institucionales del país.
La Constitución de 1991, fruto de un amplio consenso nacional, dotó a Colombia de un robusto Estado Social de Derecho, fortaleció la descentralización, amplió los derechos fundamentales y creó mecanismos de participación ciudadana que aún conservan plena vigencia.
Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva. La inseguridad, la crisis fiscal, la pobreza, la informalidad laboral, la corrupción y la debilidad institucional no se solucionan cambiando las reglas de juego, sino garantizando su aplicación y fortaleciendo las instituciones existentes.
No podemos caer en lo que el ex ministro Alfonso Gómez Méndez cataloga como fetichismo constitucional, un espejismo que lleva a crear la ilusión de que los problemas del país pueden resolverse mágicamente mediante cambios de Constitución, como ahora se pretende.
Abrir la caja de pandora de un proceso constituyente en medio de una profunda polarización política como la actual podría generar mayor incertidumbre jurídica, económica y social.
La experiencia internacional demuestra que este tipo de procesos, cuando no están precedidos de amplios consensos nacionales, terminan profundizando las divisiones y debilitando la confianza inversionista, afectando el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad institucional.
Además, existe el riesgo de que una Asamblea Constituyente desborde sus competencias iniciales, como ya sucedió en 1991. Basta recordar que la misma fue convocada como una Asamblea Constitucional para reformar la Constitución y derivó en una Constituyente que expidió una nueva Constitución. Ello puede terminar concentrando excesivo poder en el Ejecutivo, alterando el equilibrio entre los poderes públicos y debilitando los controles democráticos.
La Constitución de 1991 estableció un sistema de pesos y contrapesos justamente para evitar la concentración del poder y preservar las libertades ciudadanas.
Colombia requiere hoy estabilidad institucional, responsabilidad fiscal, seguridad jurídica y capacidad de concertación, no un prolongado período de incertidumbre constitucional.
Las reformas que el país necesita pueden y deben tramitarse a través de los mecanismos ordinarios previstos en la propia Constitución. Cuando se dice en el texto con el que se pretende convocar la Constituyente que “las herramientas jurídicas ordinarias resultan insuficientes para forzar al Congreso a legislar cuando este incurre en omisiones legislativas absolutas”, entendidas estas como la reticencia a aprobar sin reparos las iniciativas del ejecutivo, es una forma de considerar al Congreso como un estorbo, como un obstáculo a remover.
Como lo afirma Hernando Gómez Buendía, “la mayoría puede y debe decidir en todos aquellos casos en los cuales ha sido previsto que decida, cómo debe decidir y por cuánta mayoría. Eso sí, no puede usarse para cambiar las reglas de juego que existían al comienzo del partido… La democracia no consiste en la voluntad mayoritaria sino en el respeto por los procedimientos”. De lo contrario se impondría el mayoritarismo avasallador. Y por esta vía Colombia haría tránsito de un régimen presidencialista al absolutismo presidencial, que sería lo más próximo al despotismo. Dios nos libre.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.