El presupuesto ha dejado de ser un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
La nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas sino desbarajustadas. Recibe una bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del gobierno Petro por el crecimiento excesivo del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.
Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente, un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.
El “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, equivalente al 29,9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575,6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, porque el proyecto presentado por el ex ministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores clave como la salud ($2 billones), las pensiones ($6,5 billones), la educación superior (($0,7 billones), los subsidios de energía ($5,8 billones) y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (9,6 billones)”.
Del total presupuestado, el 62% se destinará a funcionamiento ($392,5 billones), el 24% al servicio de la deuda ($155,4 billones) y apenas el 14% a inversión ($86,9 billones).
Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315,1 billones (49,6%), recursos de capital (préstamos) $287,7 billones (45,3%), fondos especiales $20,7 billones (3,3%) y contribuciones parafiscales (11,4 billones (1,8%).
Las cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.
El presupuesto ha dejado de ser principalmente un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana.
Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. Una parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de títulos y la contratación de créditos no financiará nuevas obras ni proyectos productivos. Se destinará a refinanciar vencimientos, pagar altos intereses y sustituir obligaciones anteriores. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro.
Esta práctica no es excepcional dentro del manejo financiero de un Estado. Los gobiernos refinancian normalmente una parte de sus obligaciones. Lo peligroso aparece cuando el endeudamiento deja de ser un mecanismo para financiar inversión y se convierte en una práctica consuetudinaria para cubrir déficits estructurales y pagar deudas anteriores.
Se configura un círculo vicioso: el déficit obliga a contratar más deuda; la nueva deuda incrementa el pago de intereses; los mayores intereses agravan el déficit y este, a su vez, exige más endeudamiento. Es la temida bola de nieve de la deuda pública.
Cuanto mayor sea la percepción de riesgo, más alta será la tasa que deberá pagar Colombia para conseguir recursos. Y cuanto más costoso resulte el financiamiento, mayor será la proporción del presupuesto que deberá destinarse al servicio de la deuda. La pérdida de confianza termina traduciéndose en mayores intereses, que ya superan el 15%, menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los colombianos.
El endeudamiento no es gratuito. Toda deuda pública de hoy se paga mañana mediante impuestos, reducción del gasto, venta de activos o contratación de nuevas obligaciones. En cualquiera de estos casos, alguien termina pagando la cuenta.
La nueva administración no solo recibe un presupuesto desfinanciado, sino también altamente inflexible. Buena parte del gasto está amarrado estructuralmente por disposiciones constitucionales y legales, compromisos pensionales, transferencias territoriales, aseguramiento en salud, subsidios, gastos de personal y obligaciones previamente adquiridas. Sumadas estas partidas, representan alrededor del 90% del total de su aforo.
Esto significa que el Gobierno dispone de muy poco espacio fiscal para efectuar recortes sin afectar programas esenciales o provocar fuertes resistencias sociales y políticas. Por eso, cuando las cuentas no cuadran, la inversión pública se convierte en la principal variable de ajuste.
Y allí reside otra de las grandes paradojas fiscales: para pagar el gasto acumulado y el servicio de la deuda, se termina sacrificando la inversión que permitiría crecer más, elevar la productividad y generar los ingresos necesarios para sanear las finanzas públicas. Es el equivalente a vender las herramientas de trabajo para pagar las cuentas de la casa. Puede aliviar temporalmente la caja, pero reduce la capacidad futura para generar ingresos.
La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno nacional tiene que recortar programas de inversión.
Por eso, la crisis fiscal no es un asunto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados.
El primer deber de la nueva administración es sincerarse y decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.
*Exministro de Minas y Energía y membro de Número de la ACCE.