Colombia enfrenta una doble presión: la necesidad de avanzar en la transición energética sin comprometer la estabilidad fiscal, y el rezago en cobertura eléctrica con altos costos sociales.
Por: ANIF
En el marco del proyecto Colombia Progresa 2630, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) desarrolló el eje estratégico “Asegurar la energía para todos”, un componente para garantizar la sostenibilidad y equidad del desarrollo nacional.
Este eje busca consolidar una política energética integral que equilibre la seguridad en el suministro, la competitividad, la sostenibilidad fiscal, la eficiencia en el consumo y la mitigación del impacto ambiental.
De acuerdo con el CREE, los objetivos de política energética en Colombia se deberían estructurar en torno a seis pilares: seguridad en el suministro, sostenibilidad fiscal, impacto ambiental, pobreza energética, eficiencia en el consumo y competitividad.
Hoy, las prioridades de política se concentran en los primeros cuatro; en este contexto, la agenda pública debe enfocarse en fortalecer la inversión en infraestructura, acelerar la expansión de proyectos de generación y transmisión, y rediseñar los incentivos regulatorios y fiscales que permitan financiar una transición energética ordenada y sostenible.
En ese plano, Colombia enfrenta el gran desafío de una transición energética que debe avanzar en armonía con la estabilidad fiscal.
Durante décadas, los ingresos provenientes del sector de hidrocarburos han sido un pilar de las finanzas públicas, reflejando una alta dependencia de los recursos no renovables, que además representan el 56% de las divisas del país. Esta dependencia genera vulnerabilidad macroeconómica ante los ciclos internacionales de precios.
En un contexto de menor inversión, mayores restricciones regulatorias y creciente incertidumbre, la caída en la producción energética ya se traduce en un deterioro de las cuentas fiscales, lo que obliga a repensar cómo financiar la transición sin desestabilizar el balance macroeconómico.
A esta complejidad se suma un rezago social y estructural en cobertura energética. Aunque Colombia ha avanzado en electrificación, el número de viviendas sin acceso al servicio creció de 400.000 a cerca de 1 millón.
Según el CREE, la pobreza energética afecta a más de 8 millones de colombianos, con impactos directos sobre los ingresos y el bienestar: los hogares del decil más pobre con energía ganan hasta cuatro veces más que aquellos sin acceso. Este déficit evidencia la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura eléctrica, ya sea mediante microrredes, soluciones individuales o la ampliación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
En paralelo, el país enfrenta una inminente crisis de suministro eléctrico, pues la alta dependencia de la generación hidráulica expone al sistema a riesgos climáticos. Esta situación ha derivado en un incremento del 68% en los precios de electricidad, gas y combustibles desde la pandemia, afectando la competitividad industrial y el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en la región Caribe.
Ante este panorama, el CREE plantea una agenda estructural que articula medidas de corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, se proponen subastas de nivel de servicio para avanzar hacia la cobertura universal, empaquetando zonas sin energía y definiendo estándares de calidad diferenciados según su ubicación y potencial de uso productivo. Esto permitiría acelerar la inclusión energética con criterios de eficiencia y menor dependencia de subsidios permanentes.
En segundo lugar, enfatiza la urgencia de recuperar las señales correctas de inversión en el sector, mediante la estabilidad regulatoria, la promoción de nuevos jugadores y la agilizaciónde licencias ambientales y consultas previas.
Por último, en el frente fiscal, se propone sanear financieramente el sistema mediante la liberación gradual del precio del diésel, lo que generaría recursos adicionales para destinar a subsidios, acceso universal y modernización de redes.
Esta iniciativa fue presentada en la Asamblea General de ANIF el pasado 6 de noviembre en Bogotá, como parte de la hoja de ruta de Colombia Progresa 2630, una guía para dinamizar la economía.