Racionamiento eléctrico, las alarmas siguen encendidas

Frente al actual fenómeno de El Niño y en un ambiente donde las obras de expansión están retrasadas y otras canceladas, nueve exministros de Minas y Energía y ACIEM le expresaron al Gobierno su preocupación por una eventual crisis energética.

La situación de emergencia también fue puesta de manifiesta por XM, el operador del mercado eléctrico colombiano, en su reciente análisis de riesgo financiero del mercado de energía, pues 17 comercializadores que atienden casi el 40% de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras por deudas cercanas a los cinco billones de pesos, que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827 mil millones.

“Una crisis de esta naturaleza, que amenaza la viabilidad del sistema eléctrico actual, tiene su origen en las enormes dificultades para que los nuevos proyectos de generación y transmisión entren en operación a tiempo y permitan reducir los niveles de exposición de la demanda y asegurar la confiabilidad en el suministro; así como en medidas que han afectado de manera grave la liquidez de las empresas como la imposición reciente de barreras para recuperar los más de $5 billones del diferimiento de la tarifa (Opción Tarifaria) que se dio como alivio en momentos de la pandemia”, mencionan los exministros en carta envida el pasado 7 de octubre al presidente Petro.

A esa situación hay que sumarle las presiones al alza de los precios de la energía que ya se observan por el fenómeno de El Niño, la incertidumbre sobre el suministro de gas para atender la demanda de corto y mediano plazo, y la precariedad institucional, especialmente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), donde no se han nombrado comisionados en propiedad y al director se le venció el término de su mandato.

Desde hace meses, empresas, gremios, exfuncionarios y analistas vienen alertando al gobierno sobre la inminencia de una crisis energética y vienen proponiendo soluciones para conjurarla. “Infortunadamente estas advertencias se han desatendido y se ha permitido el deterioro hasta el punto de alcanzar los niveles de amenaza sistémica que enfrentamos hoy. ¿Está preparado el gobierno —en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Ministerio de Hacienda— para asumir la intervención de un número significativo de empresas sin afectar la calidad del servicio y sin que se ocasionen los elevados costos fiscales que traen intervenciones de este tipo?, se preguntan los exfuncionarios.

La implosión del sistema eléctrico por lo que se ha denominado el “apagón financiero” de algunos agentes es evitable, según los firmantes de la misiva, “pero lograrlo se requiere reconocer que la ventana de oportunidad para actuar se está cerrando y que el único camino que queda hoy es el de la financiación por parte del gobierno —como la que se ha prometido a través de Findeter y no se ha materializado— de la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes.”

Otras medidas que sugieren son la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta a la demanda, incentivos reales y de precios para vincular a la demanda en la entrega de excedentes de energía de autogeneración y, en esta coyuntura, mantener y asegurar la provisión de combustibles para la generación térmica. Y por supuesto, el nombramiento en propiedad de Comisionados en la CREG con la debida solidez técnica.

ACIEM propone plan de choque

Por su parte, la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), órgano consultivo del Gobierno en materia energética, también manifestó sus preocupaciones

“Ante el fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta abril de 2024 y con el riesgo en el descenso del nivel de los embalses que hoy están en 73%, hemos propuesto un plan de choque para evitar el riesgo de racionamientos de energía en el país. Consideramos que el Gobierno debe liderar las consultas previas con las comunidades; agilizar la entrada de proyectos atrasados; garantizar condiciones financieras a las generadoras y comercializadoras y realizar rápidamente la nueva subasta de energía”, declaró Daniel Enrique Medina, presidente de la Asociación.

En opinión del presidente de ACIEM, el suministro de energía eléctrica podría entrar en riesgo, puesto que, al disminuir el recurso hidráulico, se podría presentar limitaciones en el balance de oferta y demanda y un aumento de precios excesivos con impacto en los usuarios.

“Parte de esta situación se ha reflejado en el aumento del precio del kilovatio- hora en la bolsa de energía, que pasó de $300 en enero de 2023, a estar por encima de los $1.060 en las últimas semanas”: manifestó Medina.

ACIEM agregó que el sector eléctrico ha afrontado acontecimientos institucionales, económicos y sociales que han generado incertidumbre sobre la confiabilidad del sistema y por consiguiente riesgo en el suministro adecuado del servicio de energía eléctrica en el corto, mediano y largo plazo.

Medina señaló que: “Frente al aumento de los precios de la energía, debemos garantizar la competitividad de la industria y brindarle las condiciones para incentivarla de forma que sea un verdadero apoyo a la reindustrializacion que ha propuesto el Gobierno Nacional”.

Promover exploración de gas natural

Frente al riesgo de déficit de abastecimiento de gas natural, ACIEM resaltó que se debe aumentar la producción sobre los campos existentes y promover nuevos contratos de exploración y explotación, lo cual daría tranquilidad al sector, a la industria y ampliaría el nivel de reservas más allá de 2030.

Adicionalmente, propuso ampliar la capacidad de la Planta de Regasificación del Caribe, la cual podría pasar de 400 MPCD a cerca de 450 MPCD a comienzos de 2024 y a 530 MPCD a finales de 2026. “Esta sería una opción económica y rápida para cubrir el déficit de gas previsto en el corto plazo y así dar confiabilidad, firmeza y flexibilidad al sistema energético del país”, dijo Medina.

ACIEM llamó la atención que, en el corto plazo, el mayor riesgo es la indisponibilidad de producción de gas, lo que podría afectar seriamente a la demanda térmica por prioridad de despacho, ante eventos de desabastecimiento, afectando directamente la confiabilidad del sistema y por supuesto a los usuarios residenciales, industriales y comerciales.

De otra parte, tras declararse desierta la licitación de la Planta de Regasificación del Pacífico, ACIEM propone independizar este proyecto del gasoducto Buenaventura-Yumbo. “Creemos que esta planta de regasificación se podría ubicar en la Costa Atlántica, con el fin de aprovechar la infraestructura de transporte existente para suministrar gas importado al interior del país. Una vez el gasoducto Buenaventura-Yumbo esté disponible, la planta regasificadora se podría trasladar a Buenaventura para cumplir su objetivo inicial”: concluyó el presidente de ACIEM.

Geopark y Hocol anuncian segundo éxito exploratorio en Llanos 123

GeoPark, compañía latinoamericana de exploración y producción de petróleo y gas, y Hocol, empresa del Grupo Ecopetrol, confirmaron un nuevo éxito exploratorio en el pozo Toritos 1 del bloque Llanos 123. Este bloque en el que cada socio tiene participación del 50%, es operado por GeoPark y está ubicado en el departamento del Meta.

El pozo Toritos 1, perforado en zona rural del municipio de Cabuyaro, alcanzó profundidad total en septiembre y se evidenció la presencia de hidrocarburos en las formaciones Barco (Guadalupe) y Gachetá.

Actualmente se adelantan pruebas de producción y el pozo está produciendo aproximadamente 1.400 barriles de petróleo por día de 14 grados API de la formación Barco (Guadalupe), con un corte de agua de 1%.

Este es el segundo éxito exploratorio en el bloque 123. El primero fue anunciado el pasado agosto en el pozo Saltador 1, el cual produce aproximadamente 765 barriles de petróleo por día de 16 grados API de la formación Barco (Guadalupe) con un corte de agua de 3%. En total, este bloque tiene una producción superior a los 2.100 barriles de petróleo por día netos.

Teniendo en cuenta estos resultados, GeoPark y Hocol analizan (sujeto a aprobaciones) el nuevo pozo exploratorio Bisbita Centro 1, apuntándole a un prospecto exploratorio localizado al sur del pozo Saltador 1, el cual se perforaría en el cuarto trimestre del 2023.

Estos éxitos reafirman el compromiso de GeoPark y Hocol con la estrategia de crecimiento en los cinco bloques exploratorios en la cuenca Llanos que les fueron adjudicados de manera conjunta por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el Proceso Permanente de Asignación de Áreas de 2019.

La VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía abordará el trilema energético en Colombia

Del 24 al 26 de octubre de 2023 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias el evento más importante del sector hidrocarburos en Colombia.

Uno de los principales retos que tienen los países es gestionar el trilema energético, es decir asegurar el suministro de los energéticos de manera competitiva, el acceso a la energía y la sostenibilidad ambiental. Contexto en el que Colombia, al igual que otras naciones, reconoce la necesidad de diversificar sus fuentes de energía, avanzar hacia la descarbonización y la sostenibilidad, para mitigar el cambio climático y asegurar el futuro energético de los colombianos.

Es por ello que, la gestión del trilema energético en Colombia será el tema central de la IV Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, organizada por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), y la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).

El evento se realizará del 24 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, donde congregará a líderes del sector, expertos nacionales e internacionales, funcionarios del Gobierno nacional, líderes regionales, académicos y líderes de opinión, entre muchos otros actores que analizarán los retos energéticos que enfrenta Colombia, y la importancia de los hidrocarburos en el proceso de transición energética.

Durante tres días el sector hidrocarburos le planteará al país la importancia de trabajar en una estrategia energética sostenible, a partir de diálogos participativos en torno a temas como la energía y desarrollo territorial, los retos de la transición energética justa, los combustibles líquidos y la seguridad energética, el camino hacia la carbono neutralidad, la transición del parque automotor, y la participación ciudadana en proyectos del sector. Además de los avances, tecnologías e innovación en cada uno de los segmentos de la cadena de valor del sector.

La VI Cumbre de Petróleo, Gas y Energía tendrá entre otros invitados a: Omar Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; Gastón Siroit de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE); Fred Ghatala, director Carbon & Sustainability at Advanced Biofuels Canada; Luis Osegueda, gerente de Aviación Chevron; Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo  de Trabajo de Empresas y DD.HH. de la ONU; y Brigitte Baptiste; rectora de la EAN, entre otros líderes nacionales e internacionales.

ANH extiende plazos de contratos de exploración

En el marco de la 40 Conferencia Energética Colombiana (Enercol), organizada por ACIEM, la presidente de la ANH anunció acuerdos con la industria para aumentar producción.

“Hoy hemos anunciado al país las medidas del Acuerdo que permitirá la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos las cuales se relacionan con extensión de plazos para las fases de periodo de exploración; reducción de garantías por actividad exploratoria adicional; reconversión de contratos de yacimientos no convencionales (YNC), y la destinación de hasta un 50% de inversión remanente para apoyar o ejecutar la generación de energía a través de Fuentes No Convencionales de Energía”, declaró Clara Liliana Guatame, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La presidenta de la ANH indicó que el Acuerdo que fue aprobado establece los criterios que incentivarán la exploración a través de la adopción de medidas que los potencializarán, a la vez que impulsará la política de la Transición Energética Justa (TEJ).

“La adopción de estos criterios será clave para incentivar la actividad exploratoria generando inversión directa en proyectos que eventualmente pueden incrementar las reservas de hidrocarburos del país en el corto, mediano y largo plazo; generar un incremento en la inversión social directa en los territorios a través de los Planes en Beneficio de las Comunidades; e impulsar el uso de energéticos alternativos”, manifestó Guatame.

La presidente de la ANH destacó que la transición es gradual y que el país necesita no sólo los recursos económicos obtenidos en la cadena de valor del gas y del petróleo, sino que también los recursos para satisfacer la demanda nacional en el periodo definido para el cambio de la matriz energética.

En ese sentido, la funcionaria expuso algunos de los planes que tiene la Agencia para incorporar reservas, al respecto mencionó medidas adicionales al Acuerdo que se logró de la mano con la industria.

Por un lado, la creación e impulso de una nueva estrategia territorial con el objetivo de fomentar y repotenciar el diálogo entre la industria, las comunidades y las autoridades ambientales, además de asegurar inversiones sociales en los territorios; y por otro, la generación, desde la institucionalidad, de las condiciones jurídicas, técnicas y de acompañamiento permanente a los proyectos costa afuera que se encuentran en periodo de exploración y etapa de evaluación.

“Este Gobierno, a través de la ANH, está comprometido para que los contratos vigentes mantengan la actividad exploratoria en el país, tenemos un amplio margen de oportunidad para mejorar y ampliar nuestros indicadores con tecnología y conocimiento, preparar la industria y la Agencia para los próximos 20 años de trabajo”, concluyó Guatame.

El 50% ve ilegal la industria minera en Latinoamérica

El 72% de la conversación en Colombia se enfoca en la participación de grupos armados y organizaciones criminales en la minería ilegal, lo que ha generado una creciente preocupación por la seguridad en zonas aledañas. Cambiar la narrativa, humanizar el discurso o salir del cliché de la sostenibilidad son algunas de las claves para que la industria extractiva latinoamericana proyecte su valor.

La sociedad latinoamericana ha pasado de ver la minería como un sinónimo de prosperidad a cuestionar su impacto medioambiental. El 50% de las menciones en redes sociales hacen referencia a su ilegalidad.

Es la principal conclusión del informe “Una segunda oportunidad para la minería en LATAM: claves para reivindicar su historia”, elaborado por el equipo de Deep Learning de LLYC en el que se analizaron más de 1,4 millones de mensajes en el ámbito digital en diez países de la región para conocer la percepción sobre el sector minero. Para la realización de este estudio se utilizaron técnicas de Big Data y de IA.

El informe realizado por LLYC llega a las siguientes conclusiones:

  1. La minería ilegal lidera la conversación social: El 50% de las menciones sobre el sector se refieren a la minería ilegal, lo que refleja su profunda penetración en la conciencia pública y su estrecha relación con la industria en general.
  2. Dos protagonistas inciden en la negatividad: Tanto los gobiernos como la propia industria minera profundizan imaginarios que no favorecen un posicionamiento positivo del sector.
  3. El medio ambiente como bandera política: El impacto de la minería se ha convertido en un tema electoral y en un punto central en la gestión gubernamental, tanto a nivel local como nacional.
  4. El sector se comunica en círculos cerrados: La industria enfrenta el desafío de comunicarse principalmente dentro de su propia esfera, con un impacto mínimo y predominantemente negativo en la conversación pública.
  5. Circunstancias propias de América Latina profundizan los estigmas: La corrupción, la violencia y el narcotráfico, entre otros problemas regionales, se asocian a la industria minera debido a la ilegalidad de algunas actividades.
  6. La minería sostenible, un antídoto insuficiente: A pesar de su importancia, la minería sostenible representa solo el 2% de la conversación total, y su mensaje positivo se limita en gran medida al mismo círculo de influencia.

Para Alejandra Aljure, directora de Operaciones de LLYC Colombia, “estos hallazgos muestran la complejidad de los desafíos que enfrenta la industria minera en América Latina en términos de percepción pública. Es evidente que la industria necesita un enfoque estratégico para abordar estos temas y comunicar de manera efectiva su contribución al desarrollo sostenible y responsable en la región, lo cual es posible a través de varias claves que planteamos en este estudio”.

LLYC ofrecen algunas recomendaciones para ayudar a reenfocar la historia de esta industria. La clave está en corregir una tendencia pasiva en la comunicación y apostar por la proactividad. También es fundamental cambiar la narrativa, salirse del cliché de la sostenibilidad, humanizar el discurso, activarlo mediante otras vías y dirigirse a todos los públicos, incluidos los detractores.

ACIEM pide plan de choque para enfrentar el fenómeno de El Niño

Ante el fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta marzo de 2024 y con el riesgo en el descenso del nivel de los embalses que hoy están en 78%, la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) propuso un plan de choque para evitar el riesgo de racionamientos de energía en el país.

“Consideramos que el Gobierno debe liderar las consultas previas con las comunidades; agilizar la entrada de proyectos atrasados; garantizar condiciones financieras a las generadoras y comercializadoras y realizar rápidamente la nueva subasta de energía”, declaró Daniel Enrique Medina, presidente de ACIEM, gremio profesional de Ingeniería y Cuerpo Técnico Consultivo, en el acto de instalación de la 40 Conferencia Energética Colombiana (ENERCOL), que se realiza en el Club El Nogal de Bogotá.

En opinión de Medina, el suministro de energía eléctrica podría entrar en riesgo, puesto que, al disminuir el recurso hidráulico, se podría presentar limitaciones en el balance de oferta y demanda y un aumento de precios excesivos con impacto en los usuarios.

“Parte de esta situación se ha reflejado en el aumento del precio del kilovatio- hora en la bolsa de energía, que pasó de $300 en enero de 2023, a estar por encima de los $1.000 en las últimas semanas”: manifestó el dirigente gremial.

Y agregó: “Frente al aumento de los precios de la energía, debemos garantizar la competitividad de la industria y brindarle las condiciones para incentivarla de forma que sea un verdadero apoyo a la reindustrialización que ha propuesto el Gobierno Nacional”.

ACIEM indicó que el sector eléctrico ha afrontado acontecimientos institucionales, económicos y sociales que han generado incertidumbre sobre la confiabilidad del sistema y por consiguiente riesgo en el suministro adecuado del servicio de energía eléctrica en el corto, mediano y largo plazo

En este sentido, el gremio respaldó la iniciativa de reformar, modernizar y fortalecer la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, con el fin de ponerla a tono con los nuevos entornos regulatorios, económicos y tecnológicos de la nueva economía y garantizar el adecuado desarrollo de los servicios públicos en las próximas décadas.

Promover la exploración de gas natural

Frente al riesgo de déficit de abastecimiento de gas natural, ACIEM resaltó que se debe aumentar la producción sobre los campos existentes y promover nuevos contratos de exploración y explotación, lo cual daría tranquilidad al sector, a la industria y ampliaría el nivel de reservas más allá del año 2030.

Adicionalmente, ACIEM propuso ampliar la capacidad de la Planta de Regasificación de Cartagena, la cual podría pasar de 400 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) a cerca de 450 MPCD a comienzos de 2024 y a 530 MPCD a finales de 2026. “Esta sería una opción económica y rápida para cubrir el déficit de gas previsto en el corto plazo y así dar confiabilidad, firmeza y flexibilidad al sistema energético del país”, señaló Medina.

El gremio llamó la atención que, en el corto plazo, el mayor riesgo es la indisponibilidad de producción de gas, lo que podría afectar seriamente a la demanda térmica por prioridad de despacho, ante eventos de desabastecimiento, afectando directamente la confiabilidad del sistema y por supuesto a los usuarios.

De otra parte, ACIEM indicó que tras declararse desierta la licitación de la Planta de Regasificación del Pacífico, propuso independizar este proyecto del gasoducto Buenaventura-Yumbo. “Creemos que esta planta de regasificación se podría ubicar en la Costa Atlántica, con el fin de aprovechar la

infraestructura de transporte existente para suministrar gas importado al interior del país. Una vez el gasoducto Buenaventura-Yumbo esté disponible, la planta regasificadora se podría trasladar a Buenaventura para cumplir su objetivo inicial”: explicó el presidente de ACIEM.

Retos de la Transición Energética

ACIEM destacó el trabajo técnico de planeación realizado por el Ministerio de Minas y Energía en cuanto a los objetivos y escenarios propuestos para la Transición Energética Justa (TEJ) y consideró necesario revisar los compromisos de Colombia para reducir en un 51% las emisiones netas de CO2 en los plazos establecidos y las posibilidades reales de su cumplimiento.

Para Medina, “Colombia es un país particular, dado que su matriz de generación de energía eléctrica es altamente limpia, con emisiones atribuibles al sector de la energía del orden del 8,2%, por tanto, un análisis de pareto demuestra que el problema de emisiones se concentra en otros sectores”.

ACIEM destacó que las actividades que producen las emisiones de CO2 se concentran en agricultura, ganadería, forestación y otros usos de la tierra, con un 63,4%, y el transporte que es cerca de la mitad de las emisiones clasificadas como energía, que representan el 28,4%.

“En nuestra opinión, para lograr el éxito de la transición energética en los próximos años, se deben definir los costos y riesgos para el país, en aspectos considerados en la hoja de ruta, tales como las áreas de electrificación del transporte; el reemplazo del carbón por bagazo y los procesos térmicos con energías renovables en usos industriales, para solo mencionar algunos ejemplos”: explicó el vocero gremial.

ACIEM subrayó que expertos mundiales han señalado que las transiciones energéticas pueden durar entre 50 y 60 años y para el país podría costar entre 8 y 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 30 mil millones de dólares anuales.

“Estamos convencidos de que los hidrocarburos pueden coexistir transitoriamente con las energías limpias, utilizando tecnologías de punta, y protegiendo la vida, por lo cual proponemos una revisión exhaustiva de la política de asignación de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas natural, teniendo en cuenta el impacto en la economía al suspenderlos”: concluyó Daniel Enrique Medina.


ANIF: La tarifa cero del transporte con cargo a la energía es un sin sentido

La ANIF aclara varios puntos con respecto a su análisis de la viabilidad de la “Tarifa cero” para el transporte público en Bogotá.

Por: ANIF

Empecemos diciendo que la idea de que ciertos grupos poblacionales reciban un subsidio para el transporte público es buena, personas de bajos ingresos, estudiantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Eso es algo que tienen prácticamente todos los transportes públicos del mundo, no es nada nuevo. Incluso hoy en día el sistema integrado de transporte de la capital tiene tarifas más bajas para estos grupos poblacionales.

Lo que está mal, y lo decimos claramente, es proponer que anexado al recibo de la energía vaya un cargo adicional para cubrir los costos operativos totales del transporte público.

¿Porque está mal? Por varias razones. Primero, como lo dijimos en el Informe Semanal No. 1579 del 20 de septiembre, incluso en el mejor escenario, en el que hay un cobro progresivo dependiendo del es- trato socioeconómico, habría hogares que pagarían más de doble de lo que pagan hoy en día. Eso es sencillamente inviable.

Recapitulemos el ejercicio. De acuerdo con la UPME, el consumo mensual de energía eléctrica promedio por hogar en Colombia es de 157 kwh. Al tener en cuenta que en Bogotá el tamaño promedio de los hogares es de 2,7 personas, se utilizó para el ejercicio realizado en la presente sección un consumo promedio per cápita de 58 kwh al mes. Es importante tener presente que la posibilidad de que en las zonas urbanas y en especial en los estratos más altos, donde hay un mayor uso de electrodomésticos y posibilidades de trabajo remoto, se cuente con consumos más altos.

Con los datos de consumo per cápita y de tamaño promedio de los hogares, es posible obtener el consumo de energía en kwh al mes para un hogar representativo en cada estrato socioeconómico. Ahora, con los precios de la Tabla 1 se puede determinar un aproximado del costo de la factura de energía bajo un consumo por persona de 58 kwh al mes.

Dicho eso, se plantea una tarifa base para el estrato 4 tal que, los hogares del estrato 1 solo paguen el 40% de esta tarifa base, los hogares de estrato 2 paguen el 50%, los hogares de estrato 3, el 85% y los hogares de estrato 5 y 6, el 120%. La selección de estos montos está basada en los subsidios del servicio de energía eléctrica.

Aunque resulta más progresivo de acuerdo con la clasificación de estrato social, el costo de la tarifa sigue incrementando de manera considerable. Por ejemplo, un hogar de estrato 2 pasaría de pagar $82 mil pesos al mes, a pagar hasta $178 mil pesos si se financia todo el costo operativo del sistema. De igual manera, un hogar de estrato 5 pasaría de pagar $121 mil al mes a pagar $350 mil. Definitivamente, un aumento en más del doble de la tarifa actual para ciertos hogares es inviable. Además, el aumento en el costo de la tarifa para los estratos bajos también sería significativo.

Segundo, financiar el transporte público ligado al servicio de energía afectaría la canasta familiar y cambiaría de manera radical los incentivos para la utilización del servicio de transporte y de energía residencial.

Ese aumento en el costo de la factura podría traducirse en situaciones de impago o de conexiones ilegales al sistema, dependiendo de cómo se decida distribuir el cobro a lo largo de la población.

Es muy importante tener presente y recordar que el hecho de que no haya un cobro del pasaje no quiere decir que el transporte sea gratis, alguien tiene que asumir esos costos.

Además, recordemos que la energía tiene un peso cercano al 3% dentro del IPC y es muy sensible a choques como pueden ser fenómenos climáticos. Por ejemplo, lo que ocurrió a partir del segundo semestre de 2022 donde, a pesar de que los embalses estaban en máximos históricos, el precio de la electricidad aumentó más de 25% anual.

De la misma forma, el IPC e IPP son algunos de los principales determinantes macroeconómicos que afectan el valor de la tarifa del Sistema Integrado de Transporte año a año.

Asumiendo que el cobro que se hace a la tarifa de la energía varía según cambia la tarifa del Sistema, ante un episodio inflacionario estamos hablando de un aumento en el costo de la energía mediante dos canales distintos, los componentes tarifarios y el cobro al sistema de transporte.

Tercero, llevar a cabo esta propuesta podría afectar el mercado de energía de forma irreparable, pues se estaría aumentando el costo total de la factura de la luz por encima de sus valores de equilibrio.

Además, vale la pena recordar que una distorsión de esas características se introdujo en el mercado laboral hace más de 30 años, con todos los costos no salariales que enfrentan los empresarios para contratar. Pese a los grandes esfuerzos por descargar a la contratación de ese lastre, seguimos lidiando con ese problema que es, en buena medida, el responsable de nuestra baja capacidad de generar empleo formal.

Si se quiere subsidiar el transporte público, la financiación tiene que ser a través de impuestos generales, como pasa en prácticamente todo el mundo. Atar ese sobre costo a la tarifa de energía es problemático e inviable.

Gremios hacen llamado a despolitizar discusión sobre los servicios públicos

Diferentes gremios hicieron un llamado a que se despoliticen temas de alta complejidad técnica, económica, social y jurídica, como los servicios públicos, más aún en el periodo electoral que vive el país.

Andeg, Andesco, Acolgen, Asocodis, Naturgas y SerColombia emitieron un comunicado conjunto sobre la reciente asamblea de usuarios de servicios públicos que organizó el Ministerio de Minas y Energía en Santa Marta. El texto del comunicado es elsiguiente:

Considerando la Asamblea de Usuarios convocada y realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Santa Marta, desde los gremios del sector eléctrico y de gas natural, nos permitimos respetuosamente diferir de varias de las afirmaciones realizadas en este espacio y compartir algunas aclaraciones:

Entendemos con claridad los enormes retos de la actual coyuntura, sabemos que esta demanda cambios, y al igual que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, comprendemos que todos, incluidos actores del sector público y también del privado, debemos ser agentes de cambio, construyendo sobre lo construido. Desde el inicio de este Gobierno, como representantes del sector, hemos estado dispuestos al diálogo con el Ministerio de Minas y Energía, inicialmente con la exministra Irene Vélez, y hoy con el ministro Omar Andrés Camacho.

En ese sentido, entendemos y celebramos el acercamiento del Gobierno con las organizaciones sociales, pues estas son fundamentales para construir un consenso en función de un país mejor, pero tal cercanía debe basarse en argumentos y hechos ciertos, y no emplearse para destruir lo ya avanzado y/o para justificar cambios sustentados en afirmaciones no fundamentadas. Hacemos un llamado a la verdadera conciliación, el respeto de todas las partes y la despolitización de temas de alta complejidad técnica, económica, social y jurídica, más aún en el periodo electoral que vive el país.

Aunque hay cosas que mejorar, el énfasis debe estar en la causa en lugar del síntoma; el enfoque debe estar en mejorar las condiciones de la población, y generar nuevos empleos para que los ciudadanos tengan la capacidad de pagar sus servicios y necesidades, o en su defecto en captar mayores recursos para apoyar a los usuarios con el pago de sus facturas, sin comprometer la confiabilidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Como gremios del sector estamos dispuestos a compartir visiones para en compañía del Gobierno, los usuarios y los sectores sociales, seguir construyendo y avanzando hacia la Colombia que todos queremos.

Sobre los asuntos específicos tratados consideramos:

  1. Estigmatización del sector privado: Rechazamos la estigmatización de las empresas que prestan los servicios públicos, en especial del sector privado. Cabe recordar que antes de 1994 el Estado no tenía la capacidad para prestar los servicios públicos con confiabilidad y calidad, entre otros, al punto de sufrir un apagón y de comprometer el 30% de la deuda externa del país en la construcción de infraestructura eléctrica. Así mismo, está demostrado que gran parte las empresas que se encontraban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción que impedía la inversión y mejora del servicio. Hoy, gracias a la Ley de Servicios Públicos, hay empresas de propiedad pública, privada y mixta que le han permitido al Gobierno cumplir su obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, con resultados contundentes de mejora en cobertura, confiabilidad y calidad. Es completamente legítimo y razonable que las empresas reciban unos incentivos y una retribución por ello, dadas las altas inversiones y riesgos que impone este sector. Pretender lo contrario sería regresivo y nos llevaría a situaciones similares a las vividas en los 90’s.Ante las manifestaciones de no contar con las empresas en las discusiones que atañen al sector, respondemos ofreciendo nuestra disposición, conocimiento, capacidad y esfuerzo, para el desarrollo conjunto de propuestas de mejora, que beneficien al país, como lo hemos hecho históricamente, inclusive en el presente Gobierno, en iniciativas tales como el pacto por la justicia tarifaria, las comunidades energéticas y la transición energética justa.

2. Uso de los recursos de subsidios: Es una política de Estado apoyar a los usuarios más vulnerables en el pago de los servicios públicos. Una parte de dicho apoyo se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales y el déficit restante, aproximadamente $5 billones anuales, debe ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación. Las empresas prestadoras no se quedan con el dinero de los subsidios, por el contrario, lo aplican a los usuarios a través de las facturas de manera inmediata y luego el Gobierno se los paga, a través de procedimientos que garantizan la verificación de la actuación de los agentes; dichos pagos, en la mayoría de los casos, se demoran más de lo debido; de hecho, hoy se adeuda a las empresas por este concepto montos que datan del segundo trimestre del año.

3. Modificaciones de la Ley de servicios públicos: Como lo hemos dicho antes, la Ley 142 de 1994 ha permitido contar con más y mejores servicios públicos, y con una institucionalidad sólida con funciones técnicas e independientes para la elaboración de políticas, la planeación, la regulación y la vigilancia por parte del Estado. Si bien se requiere actualizar esta Ley se debe tener cuidado de no perder lo logrado, construyendo sobre lo construido. Estamos dispuestos a acompañar dicho esfuerzo, como de manera reiterada lo hemos indicado en diferentes espacios.

4. Fórmula tarifaria y factura: No es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente. El país y el gobierno deben conocer que el cobro del servicio de energía resulta de la aplicación de una fórmula tarifaria que busca reconocer el costo de la prestación del servicio, actualizando periódicamente las variables de mercado. La opción tarifaria fue una ayuda que se prestó a los usuarios durante la pandemia para aliviar el impacto de las facturas en momentos de bajos ingresos por los aislamientos en los hogares, permitiéndoles pagar en un mayor plazo. Al respecto ya hemos remitido propuestas incluyendo que el gobierno aporte recursos directos y financiación suficiente para apoyar a los usuarios, en lugar de culpar a las empresas por aplicar una medida que, lejos de representarles ingresos, ha estrechado su caja y comprometido su suficiencia.

5. Techos solares y comunidades energéticas: Estas estrategias son adecuadas y hemos venido apoyando y trabajando en su reglamentación, desarrollo e implementación. Es importante que se indique a los usuarios los mecanismos y recursos con los que se avanzará en esta línea, los criterios de asignación y las garantías de continuidad y prestación del servicio para todos los ciudadanos.

Queremos ratificar que todos los usuarios están y seguirán estando en el centro de la gestión de las empresas, quienes hacen su mayor esfuerzo para prestar cada vez mejores servicios al menor costo posible. Si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia. Mientras no existan tales evidencias, creemos que afirmaciones sin sustento tienden a minar la confianza en la institucionalidad pública y privada, lo que no es deseable en un mercado en donde dicho valor es fundamental para garantizar el abastecimiento confiable y eficiente, en el presente y el futuro.

Guerra del Yom Kipur: 50 años de la mayor crisis petrolera de la historia

Hace 50 años se vivió la mayor crisis energética que ha experimentado la humanidad. Desde entonces la seguridad y la soberanía energéticas se volvieron prioritarias en la agenda pública de las naciones.

Por: MARTÍN ROSAS

La tarde del sábado 6 de octubre de 1973 transcurría en medio de un aire de solemnidad en Israel, cuando el pequeño país fue sorprendido por un ataque conjunto de Siria y Egipto. La agresión no solo hirió en lo más profundo el sentimiento del pueblo hebreo, que en ese momento se preparaba para celebrar el Día de la Expiación, la fecha más importante del calendario judío, sino que daba inicio a la Guerra del Yom Kipur y, con ella, a la más grande crisis del petróleo que ha experimentado la humanidad.

En retaliación por el apoyo que los Estados Unidos dieron a Israel, los países árabes productores de petróleo se alinearon con los agresores e impusieron a Occidente un embargo petrolero que, en palabras del entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, “alteró irrevocablemente el mundo, en la forma en que se había desarrollado en el período de la posguerra.”

Como lo anota Daniel Yergin en su obra ‘La historia del petróleo’, “para 1973 el petróleo se había convertido en la savia vital de las economías industriales del mundo… y en ningún momento anterior de todo el período de la posguerra había sido tan tenso el equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que las relaciones entre los países exportadores y las compañías petroleras seguían siendo malas.”

Para ese entonces, las frases “crisis energética” y “escasez de energía” comenzaban a sonar en las conversaciones económicas y políticas de los Estados Unidos, Europa y Japón, toda vez que a raíz del sistema de cuotas de producción de petróleo y al control de precios para tratar de domar la inflación, la actividad exploratoria estaba de capa caída en Norteamérica, en un entorno donde el petróleo y el gas natural tomaban protagonismo en la generación de electricidad por el desmonte de plantas a carbón por razones ambientales.

Se vivía una época de insaciable apetito por el petróleo. Para el verano de 1973 el mundo ya dependía del crudo proveniente del Golfo Pérsico, y Arabia Saudita se había convertido en uno de los mayores productores y exportadores, con 8,4 millones de barriles diarios de producción y una cuota exportadora del 21%. A contrapelo, las importaciones de los Estados Unidos en ese año eran de 6,2 millones de barriles al día, comparadas con los 3,2 millones de barriles en 1970 y los 4,5 millones de 1972.

Definitivamente, el poder había pasado de las compañías occidentales, las Siete Hermanas (las anglosajonas Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, Royal Dutch/Shell y British Petroleum), a los países productores. Y los árabes fueron conscientes, más que nunca, de que tenían en sus manos una poderosa arma geopolítica: el petróleo.

Apenas unos años atrás, en 1960, se había creado la OPEP, el cartel de países exportadores de crudo, a instancias de Venezuela y Arabia Saudita, los mayores productores de petróleo de la época después de los Estados Unidos, lo que había derivado en mayores porcentajes de participación de las regalías para los países productores, que superaban ya el 50 por ciento, una medida tomada a regañadientes para tratar de frenar las nacionalizaciones.

Así que, a medida que la demanda mundial superaba la oferta, los precios fueron rompiendo barreras. En efecto, entre 1970 y 1973 el precio del crudo se había más que duplicado, al pasar de 1,20 dólares por barril a 2,70 dólares. Pero lo peor estaba por venir.

Fatal premonición

A finales de agosto de 1973, el primer ministro japonés Kakuei Tanaka hacía una premonitoria declaración: “En lo relacionado con la energía, se prevé claramente que de aquí a diez años se va a producir una crisis por cuenta del petróleo.” Falló en la escala de tiempo. La crisis no se tardaría un decenio sino apenas unos cuantos días. En ese momento, el presidente egipcio Anwar el-Sadat comenzaba su cuenta regresiva para la guerra.

La elección del Yom Kipur como fecha para lanzar el ataque árabe se hizo para encontrar a Israel desprevenido. Toda su estrategia de defensa dependía de una rápida movilización y del despliegue de sus reservas disponibles. En ningún otro día esa respuesta podía haber sido tan difícil. El país estaba paralizado por la meditación, la búsqueda espiritual y la oración. Además, Sadat se apoyaba en la sorpresa estratégica y puso toda la carne en el asador. Además, el dictador sirio Háfez al-Assad se unió al engaño. Una organización terrorista con conexiones en Siria secuestró a unos emigrantes soviéticos que viajaban a Viena desde Moscú y la primer ministra israelí Golda Meir fue a Austria a hacer frente a esa crisis, lo que capturó la atención de la líder hasta el 3 de octubre.

Aunque fuentes de inteligencia habían detectado movimientos de tropas en Siria y Egipto, tanto israelíes como estadounidenses desestimaron las alertas y pasado el mediodía del 6 de octubre Israel fue atacado. Frente al copioso respaldo en pertrechos que los soviéticos dieron a sirios y egipcios, Estados Unidos no tuvo más alternativa que apoyar con armamento a su principal aliado en el Medio Oriente, asumiendo el riesgo de maltratar las tensas relaciones con el mundo árabe.

El 15 de octubre los israelíes pudieron detener el avance de los egipcios antes de que llegaran a las montañas del Sinaí y lanzaron una contraofensiva exitosa. Un día después, provenientes de Viena de una negociación fallida con las compañías petroleras, los delegados de los Estados del Golfo Pérsico, cinco árabes y uno persa, se reunían en la capital de Kuwait para anunciar al mundo su decisión unilateral de aumentar el precio del crudo a 5,11 dólares el barril. Atrás quedaban para siempre los tiempos en que las compañías occidentales fijaban los precios del petróleo, y se ponía fin a una era de cien años de crudo barato. El ministro de Petróleo de Arabia, Ahmed Zaki Yamani, resumió la nueva situación con una frase críptica: “Es este un momento por el que he estado esperando mucho tiempo. Y por fin ha llegado. Ahora somos dueños de nuestra propia mercancía.”

El arma del petróleo se desenfundaba con toda contundencia y los Estados Unidos tomaron nota del nuevo escenario. El presidente Richard Nixon expresó su preocupación a sus asesores de seguridad nacional en la Casa Blanca: “Nadie es más consciente de lo que tenemos en juego: el petróleo y nuestra situación estratégica.”

El embargo

El 17 de octubre, aún reunidos en Kuwait, los ministros árabes del petróleo acordaron un embargo a los Estados Unidos y demás países simpatizantes de Israel, reduciendo en adelante la producción un cinco por ciento cada mes.

El 19 de octubre, el presidente Nixon, en medio del torbellino ocasionado por el escándalo del Watergate, propuso una ayuda militar a Israel de 2.200 millones de dólares. Ese mismo día Libia fue más allá y anunció que embargaría todos los envíos de petróleo a los Estados Unidos. Un día después lo secundaría Arabia Saudita.

La situación no podía ser más tensa. Para rematar, ante la inminente derrota del Tercer Ejército egipcio, el líder soviético Leonid Brézhnev dijo que la Unión Soviética no estaba dispuesta a dejarlo caer y hasta se tuvo información de emplazamientos de armas nucleares.

Por fortuna, pese a que el Tercer Ejército fue reabastecido por los soviéticos, el 26 de octubre el alto al fuego entró en vigor en Oriente Medio y comenzaron las negociaciones entre Egipto e Israel. Se evitaba así una escalada del conflicto con presencia de armas nucleares, una situación que no se vivía desde la Crisis de los Misiles de Cuba, en 1962.

“Las armas nucleares no se habían utilizado, pero los árabes seguían esgrimiendo el arma del petróleo. El embargo seguía vigente, con consecuencias que trascendieron más allá de la guerra de octubre”, señala Yergin y a renglón seguido relata: “El embargo marcó una nueva era para el petróleo de todo el mundo. Del mismo modo que la guerra era muy importante para dejársela exclusivamente a los generales, el petróleo era muy importante para dejárselo a los petroleros. El petróleo se había convertido en tema de responsabilidad de presidentes y primeros ministros; de ministros de exteriores, economía y energía; de congresistas y parlamentarios; de reguladores y ‘zares’, de activistas y lumbreras.”

Penurias, inflación y decrecimiento

Con las cotizaciones del crudo y la escasez disparadas, Occidente entró en pánico. No era para menos. El 16 de octubre el precio fijado por Irán era de 5,40 dólares el barril. En noviembre, parte del petróleo nigeriano se vendía a 16 dólares. A mediados de diciembre Irán realizó una subasta para poner a prueba el mercado. Las cotizaciones llegaron a 17 dólares, un 330 por ciento más que las de octubre.

Comenzaba la era de la escasez, con profundas repercusiones en las naciones industrializadas: pérdida de desarrollo económico, recesión e inflación. De repente, europeos y japoneses regresaron a los amargos años de la posguerra, con todas sus penurias y privaciones. Además, Estados Unidos, la más destacada superpotencia y creador del orden internacional, estaba ahora a la defensiva, humillado por un puñado de pequeñas naciones.

Con los precios de la gasolina subiendo a diario, los estadounidenses soportaron por vez primera un racionamiento del combustible al tiempo que escaseaban y subían de precio los demás productos básicos, lo que llevó al presidente a proponer como meta nacional que para finales de los setenta desarrollaran el potencial para satisfacer sus propias necesidades energéticas sin depender de ninguna fuente extranjera. Hablaba, por supuesto, de soberanía energética.

En medio de la crisis política en que se debatía internamente el gobierno de Nixon, las compañías occidentales asumieron la distribución de los limitados suministros de petróleo tratando de satisfacer las necesidades de cada nación, al tiempo de cuidarse de no irritar a los árabes.

Entre tanto, los ministros del petróleo de la OPEP se reunían en Teherán para fijar los nuevos precios. Se debatían entre un tope de 23 dólares el barril propuesto por los más radicales, hasta los 8 dólares defendido por una moderada Arabia Saudita. Finalmente se decantaron por la propuesta del Sha de Irán: 11,65 dólares, cuatro veces el precio de comienzos de la guerra.

La reacción de Nixon no se hizo esperar y le envió una carta al monarca iraní expresándole “el impacto desestabilizador” del aumento y los “problemas catastróficos” que crearía para la economía mundial. La respuesta del Sha fue lacónica: “Somos totalmente conscientes de la importancia de esta fuente de energía para la prosperidad y estabilidad de la economía internacional, pero también sabemos que esta fuente de riqueza se podría agotar para nosotros en un plazo de treinta años.”

En ese escenario, Japón era uno de los países más vulnerables, pues no tenía mayores fuentes de energía y su formidable desarrollo estaba soportado en las importaciones de petróleo. El 44 por ciento de su crudo provenía del Golfo Arábigo, y de todos los países industrializados era el que más dependía del petróleo como principal fuente de energía, el 77 por ciento, comparado con el 46 por ciento de los Estados Unidos.

El ministro saudita de Petróleo, Zaki Yamani, fue directo con los nipones: “Si son hostiles con nosotros, no tendrán petróleo. Si son neutrales, tendrán petróleo, pero no tanto como antes. Si nos favorecen, tendrán el mismo que antes.” El 22 de noviembre Tokio redactaba una declaración defendiendo la posición árabe, lo que representó el primer gran cambio de la política exterior de Japón con Estados Unidos en la era de la posguerra.

El arma del petróleo también hacía estragos en el Viejo Continente. Los países europeos se dividían entre los que trataban de distanciarse de los Estados Unidos para congraciarse con los árabes, encabezados por Francia e Inglaterra, Alemania algo menos, hasta Holanda, que se mantuvo firme con sus aliados tradicionales. El presidente francés Georges Pompidou le reclamó directamente a Kissinger: “Ustedes se basan en los árabes solamente para una décima parte de su consumo, pero nosotros dependemos completamente de ellos.”

La situación del Reino Unido era especialmente crítica. “La escasez de petróleo se vio aumentada por la huelga de los mineros del carbón, que acabó en una guerra económica total. No había suficientes suministros de petróleo para sustituir rápidamente el carbón en las centrales de generación eléctrica; la economía del país estaba paralizada como no lo había estado desde la escasez de carbón de 1947. Los suministros de electricidad se interrumpieron y la industria pasó a tener una semana laborable de tres días”, comenta Yergin.

Fue entonces cuando Estados Unidos convocó en febrero de 1974 a una conferencia sobre energía en Washington, donde se creó la Agencia Internacional de Energía, con el propósito inicial de establecer un sistema de reparto de emergencia para afrontar la “siguiente” crisis y, en un sentido más general, armonizar las políticas energéticas de los países occidentales.

Finalmente, Arabia y Egipto entendieron que el arma del petróleo había cumplido su cometido, pero que mantenerla desenfundada por más tiempo podía ser contraproducente. Acordaron entonces que Estados Unidos apoyara las negociaciones de paz en el conflicto árabe-israelí a cambio de levantar el embargo. Pese al rechazo de Siria y Libia, el 18 de marzo los ministros del petróleo firmaron su finalización.

El arma del petróleo se había utilizado con unas consecuencias que ni los propios árabes habían calculado, mientras que la administración Nixon se anotaba un éxito en la diplomacia internacional, aunque sus días en la presidencia estaban contados. El 8 de agosto de 1974 se convertiría en el único mandatario estadounidense en dimitir al cargo.

Era el epílogo de la mayor crisis energética de toda la historia de la humanidad, que cambió para siempre la geografía política del mundo, que transformó la industria del petróleo y las relaciones entre productores y consumidores, y que dio paso a una nueva economía internacional.

Cincuenta años después de la Guerra del Yom Kipur, otro conflicto trajo como consecuencia una nueva crisis energética. Apenas terminada la parálisis global por la pandemia de la Covid-19, Rusia invadió a Ucrania, y debido al apoyo de Occidente a los ucranianos, Vladímir Putin ordenó el corte del suministro de gas natural a Europa, con las consecuentes escasez y subidas de precio no solo de los energéticos, sino de los fertilizantes y algunos alimentos.

El mundo experimentó en 2022 las mayores cotizaciones históricas del gas natural: más de 30 dólares el millón de BTU para los europeos y 9,5 dólares para el resto de los mercados, frente a un mínimo histórico de 3,23 dólares en 2020.

Como hace cincuenta años, el mundo se resiste a aprender las lecciones de la Guerra del Yom Kipur. Pero esta es otra historia que aún se está escribiendo.

Ecopetrol y Gran Tierra extienden por 20 años contrato de producción en Putumayo

Como operador, Gran Tierra Energy invertirá USD$ 123 millones en los primeros tres años. Las compañías proyectan aumentar el factor de recobro y perforar nuevos pozos para extender la vida útil de los campos.

Ecopetrol y Gran Tierra Energy acordaron ampliar por 20 años el Contrato de Producción Incremental de hidrocarburos en el bloque Suroriente, ubicado en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.

Las compañías continuarán trabajando conjuntamente en este bloque de 36 mil hectáreas, con unas condiciones que, entre otras, establecen una participación de 52% para Ecopetrol y 48% para Gran Tierra, que ha sido el socio – operador del bloque Suroriente desde marzo de 2019.

El nuevo acuerdo permite la inversión en infraestructura y programas para aumentar el factor de recobro en este bloque, que hoy reporta una producción total de 7.327 barriles de petróleo equivalente por día en los campos Cohembí, Quillacinga y Quinde.

En los primeros tres años, Gran Tierra hará una inversión de USD$ 123 millones para ejecutar un plan de actividades con el que se busca extender la vida útil de los campos, los cuales tienen un potencial de reservas mayor a 10 millones de barriles de crudo estándar (estimaciones de Ecopetrol).

“Estamos haciendo historia con nuestro aliado Gran Tierra, a través de esta nueva oportunidad para trabajar de la mano, sumar más barriles y aportar al desarrollo territorial de la zona de influencia. Tenemos un plan de trabajo riguroso con el que, estamos seguros, alcanzaremos resultados positivos en materia de reservas y producción”, afirmó Zaring Joemy Ocampo B., vicepresidenta (e) de Filiales y Activos con Socios de Ecopetrol.

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