Balance del 2023, un año típicamente atípico para el petróleo

Esta revisión del 2023 permite identificar las tendencias de algunos de los componentes del mercado petrolero, y cómo estos podrían evolucionar en 2024. Extrapolamos un 2024 similar al 2023, con el suministro persiguiendo la demanda. Balance de la COP28.

Por: JUAN SZABO y LUIS PACHECO*

Durante 2023 el mercado petrolero, tradicionalmente veleidoso, fue influenciado por una particular mezcla de hechos y percepciones. No bien había ocurrido un evento o cambio político en el mundo, que uno creía relevante y trataba de analizar, que los medios, en su afán de mantenernos distraídos, lo substituían por algo diferente, generalmente en contrasentido. Bajo esa avalancha informativa, es difícil distinguir el grano de la paja: es la nueva normalidad, navegar aturdidos por el volumen de información.

El mercado de los hidrocarburos ha estado definido, en buena medida, por tres factores disruptivos: los conflictos geopolíticos, incluyendo dos guerras y sus reverberaciones; la evolución de las políticas y regulaciones relacionadas con el cambio climático; y la reacción de la economía mundial a las políticas de restricción monetaria para luchar contra la inflación.

Adicionalmente, el surgimiento de nuevas tecnologías para reducir o eliminar las emisiones de carbono (CCUS1, DAC2) y la evolución del fracturamiento hidráulico para hidrocarburos, entre otros desarrollos, contribuyen a la percepción de que los hidrocarburos pueden extender su vida útil en el largo plazo.

Estos disruptores impactan de forma significativa la dinámica del suministro y la demanda, el comercio, y la inversión en la industria del petróleo crudo y el gas natural, y es en ese contexto que los productores, en particular la OPEP+, ha desarrollado su estrategia.

Los precios del petróleo, que pudieran parecer erráticos, no fueron más que el resultado de la interacción de esos factores, y quizás otros muchos. El crudo Brent superó los 90 dólares el barril ($/bbl) en septiembre, en lo que algunos creían era una trayectoria ascendente, solo para retroceder a mitad y finales del año, acercándose a los 70 $/bbl.

Uno se atreve a postular que la variabilidad en los precios es el resultado de la pugna entre, por un lado, los fundamentos del mercado, y por el otro, la interpretación por los actores económicos del entorno económico y político que mencionamos antes, “la percepción del mercado”.

En esa dinámica, de hechos y percepciones, se confrontan cifras objetivas como volúmenes de producción e inventarios versus las expectativas de los actores del mercado.

Por ejemplo, en 2023 se habló de manera reiterativa de la inevitabilidad de una recesión en EEUU, enfatizada cada vez que la Reserva Federal (FED) incrementaba las tasas de interés en 0,25% (febrero, marzo, mayo y julio), lo que afectaría la demanda de petróleo. Sin embargo, la realidad fue que la economía estadounidense resultó más robusta de lo esperado y la demanda no aflojó, pero igual los precios se debilitaron -de nuevo, una dinámica muy particular.

Ya para diciembre, la FED parece haber concluido que no necesitarán hacer incrementos adicionales en las tasas de interés, y ya se habla de la reducción de ellas comenzando el 2024; lo que apuntaría a un crecimiento en la demanda de energía. En Europa, el Banco Central todavía no está muy convencido de imitar a sus colegas de Washington.

Esta revisión del año 2023 nos permite identificar las tendencias de algunos de los componentes del mercado petrolero, y cómo estos podrían evolucionar en el 2024.

Comenzando con China, el segundo mayor consumidor de petróleo, que sigue siendo el centro de la atención del mercado petrolero mundial. Desde principios de 2023, al levantarse el cierre económico por el COVID-19, surgió una ola de optimismo alrededor de la rápida recuperación económica de China. Sin embargo, ese optimismo pronto se convirtió en incertidumbre, que ya hacia fines de año contagiaba al mercado con un pesimismo que contribuyó de manera importante a las 7 semanas consecutivas de caída de precios del petróleo; aparentemente, debido a dos factores principales.

Por un lado, buena parte de la economía china se fundamenta en sus exportaciones y, por tanto, está expuesta a la salud económica de sus mercados, que han menguado ligeramente. Por otro lado, su demanda interna no se ha recuperado tal como se esperaba. Los esfuerzos del Gobierno para inyectar los fondos necesarios para impulsar el consumo no resultaron eficaces.

La sobrecentralización de la economía que el presidente Xi Jinping está imponiendo, pareciera restarle la flexibilidad y capacidad de respuesta necesaria para manejar las economías regionales; sin mencionar que la burocracia profesional está siendo debilitada por el creciente uso del criterio de lealtad política en los nombramientos.

En segundo lugar, la OPEP y la OPEP+ trataron a lo largo del año de controlar el mercado petrolero para mantener precios de crudo coherentes con las necesidades presupuestarias de sus actores dominantes, aunque la narrativa oficial lo define como mantener en balance el mercado petrolero.

A finales del primer trimestre del año, el grupo ampliado instrumentó una reducción de producción de más de 1,5 MMbpd, que no logró el efecto sobre los precios que se esperaba.

Mientras se anunciaban los recortes, Rusia, en la necesidad de financiar su incursión en Ucrania, había logrado colocar todo su crudo disponible a exportación, a pesar de las sanciones, en los mercados asiáticos; inclusive volúmenes adicionales a expensas de su mercado interno. También, Irán, cuyo petróleo está sancionado por EEUU y está excluido de los recortes de la OPEP+, despachaba un volumen de crudo con destino asiático cada vez mayor. De manera que, en un renovado intento de apuntalar los precios, en abril, Arabia Saudita anunció un recorte unilateral y temporal de 1,0 MMbpd adicionales; en agosto, Rusia anunció un recorte de 500 Mbpd de exportación con el mismo propósito. Ya a finales de año, la OPEP+, ante el debilitamiento de los precios, anunció un complejo rediseño y extensión de los recortes de sus miembros hacia 2024, que sembraron más dudas que alivio al mercado.

Estados Unidos constituye otro de los actores fundamentales en el mercado petrolero. Su producción depende principalmente del desarrollo de las cuencas de “shale oil”, y, en menor grado, de la contribución de las actividades costa afuera en el Golfo de México. Desde el año pasado sus empresas petroleras, presionadas por los inversionistas activistas, han sido más disciplinadas con sus inversiones de capital. Esa disciplina se evidencia en una reducción de los taladros activos y en la utilización más intensiva de los pozos DUC (pozos perforados, pero no completados), dando como resultado un crecimiento limitado a expensas de resarcir a los accionistas vía dividendos y recompra de acciones.

La EIA sostiene que la producción petrolera de EE.UU. ha venido incrementando hasta alcanzar los 13,2 MMbpd, una cifra que, bajo las condiciones descritas, parece improbable; el nuevo año nos dará más luces.

Estas tendencias, aunadas a la mayor dificultad de obtener financiamiento por las políticas ambientales, en línea con la recién terminada COP28, que favorecen las inversiones en energía renovable, también han limitado el potencial de crecimiento y han incentivado un proceso de consolidación de operadoras en el mercado norteamericano.

La premisa que justifica esta estrategia es que el mayor tamaño de las empresas resultantes permitiría obtener importantes sinergias para retomar el camino del crecimiento. Durante el 2023, ExxonMobil absorbió a Pioneer Resources y Chevron a Hess, ambas operaciones pagadas con acciones; y en pleno desarrollo actualmente, Occidental anunció la adquisición de CrownRock por 12 MMM$, alentado por Warren Buffett.

Estas megafusiones, junto a desarrollos tecnológicos y fuertes balances financieros, le darán una segunda vida a la revolución del “Shale Oil”, convirtiendo a EEUU en un competidor formidable en los mercados internacionales de crudo y en un dolor de cabeza para la OPEP+.

Algunos países productores No OPEP lograron incrementar su producción durante 2023. Los más relevantes son Brasil y Guyana. Brasil aumentó cerca de 300 Mbpd y Guyana cerca de 100 Mbpd, acompañado de otros países con aumentos menores, pero contrarrestados por reducciones en otros países. Para 2024 se espera que Brasil sea parte de la OPEP+, aunque en principio solo como observador.

Finalmente, la geopolítica ha tenido efectos positivos y negativos en el mercado petrolero de 2023. La persistencia de la invasión rusa a Ucrania, que ya tiene más de 18 meses sin aparente solución, ha redefinido los destinos comerciales de al menos el 5% de las ventas mundiales de crudo.

La otra confrontación bélica importante, entre Hamás e Israel, en pleno Medio Oriente, parecía amenazar el suministro petrolero desde esa región. Sin embargo, el interés común de EEUU y China de no afectar los flujos petroleros ha contribuido a que la confrontación no se haya extendido a otros países. No obstante, en los últimos días varios cargueros y tanqueros han sido atacados por terroristas Hutíes desde Yemen, en el mar Rojo, razón por la cual un número de navieras han suspendido el uso de esa vía vital de navegación. Podríamos estar en presencia de una escalada que pondría impactar los precios petroleros y otros productos afectados por el conflicto.

La demanda mundial, a pesar de todos los frenos macroeconómicos, creció en al menos 1,7 MMbpd y el suministro neto creció 0,5 MMbpd. El precio promedio del crudo Brent en 2023 fue de cerca de 83 $/bbl. Con estos resultados nos enfrentamos a 2024, que comenzará con menor incertidumbre en cuanto a la inflación y con menores probabilidades de una recesión, al menos en EE.UU.

La demanda continuará su expansión, de 1,2 a 2,4 MMbpd, según sea la fuente que se consulte, mientras que el suministro crecerá en EEUU, Brasil y Guyana, a la par que Arabia Saudita reducirá sus recortes voluntarios, según se mueva su precio objetivo.

De manera que nos arriesgamos a extrapolar un 2024 similar al 2023, con el suministro persiguiendo la demanda, y con precios de crudo Brent en una banda entre 86 $/bbl y 90 $/bbl, suponiendo que el Medio Oriente logre limitar la guerra a las fronteras de Israel con Gaza, Cisjordania y Altos de Golán.

Transición Energética: COP28, encuentro en el desierto

El 13 de diciembre, después de casi dos semanas de deliberaciones, con la presencia de representantes de 200 países, y cerca de 100.000 asistentes, concluyó en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Dependiendo de cuál lado del argumento y en cuál extremo del espectro ideológico se encuentre el lector, la Conferencia fue un éxito o un estruendoso fracaso.

La Conferencia de las Partes es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada en 1992. Se trata de una reunión anual de los 198 países que han ratificado la Convención, en la que se evalúan los progresos realizados en la lucha contra el cambio climático y se adoptan nuevas medidas para hacer frente a este reto.

La primera COP se celebró en Berlín en 1995, un año después de la entrada en vigor de la CMNUCC. En los primeros años, las COP se centraron en la adopción de los protocolos y mecanismos necesarios para poner en práctica la CMNUCC. El hito más importante de este periodo fue la firma del Protocolo de Kioto en 1997, el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Protocolo de Kioto expiró en 2012 y las negociaciones para un nuevo acuerdo internacional se intensificaron. La COP15, celebrada en Copenhague en 2009, fue un punto de inflexión, pero no se logró un acuerdo global ambicioso. Finalmente, en la COP21 de París en 2015, se adoptó el histórico Acuerdo de París, que establece el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C, y preferiblemente por debajo de 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2016, las COP se han centrado en la adopción de medidas para su implementación. La COP26, celebrada en Glasgow en 2021, fue un paso importante en este sentido, con la adopción del Pacto Climático de Glasgow, que insta a los países a acelerar la acción climática.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) agrega periódicamente investigaciones revisadas por pares para estimar rangos de consenso para los resultados climáticos bajo diferentes trayectorias de emisiones. Sin embargo, estos informes reconocen las incertidumbres intrínsecas involucradas en la modelización del clima global. La última evaluación del IPCC predice un rango probable de calentamiento de entre 1,5 °C y 4 °C para el 2100 si continúan las altas emisiones, lo que indica impactos potencialmente graves. Pero otros científicos cuestionan algunos aspectos de estas proyecciones.

También existen diferencias en el grado de confianza asignado a la atribución de los fenómenos meteorológicos extremos actuales. Por ejemplo, si bien el aumento de las olas de calor se dice está fuertemente vinculado al cambio climático, la división entre las causas naturales y los cambios inducidos por el hombre varían según los eventos específicos que se analizan: sequía, inundación o marejada ciclónica. Estas áreas de incertidumbre y variedad de perspectivas subrayan la complejidad tanto de la modelización climática como de la intersección de la ciencia con las negociaciones de políticas climáticas globales.

La decisión de realizar la COP28 en Dubái fue criticada desde el inicio, pues muchos consideraban inadecuado que la conferencia se realizara en un importante productor de petróleo y gas (cerca de 3 millones de barriles por día). Esas críticas se tornaron más profundas cuando se designó al ministro emiratí de Industria y Tecnología y presidente ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán Al Jaber, como el presidente de la Cumbre.

En todo caso, la Conferencia se llevó a cabo sin mayores contratiempos y como era de esperarse fue escenario de conversaciones controversiales, expectativas no cumplidas y algunos acuerdos que vale la pena examinar.

Comencemos por el acuerdo suscrito por las compañías productoras de petróleo y gas para reducir las emisiones de sus operaciones. Saudí Aramco, ExxonMobil y BP estuvieron entre los 50 principales productores de combustibles fósiles del mundo que plantearon un acuerdo voluntario para detener la quema rutinaria del exceso de gas para 2030 y eliminar casi todas las fugas de metano, un poderoso efecto invernadero. El éxito de este acuerdo será en función del uso intensivo de tecnología de detección, regulaciones gubernamentales y, en última instancia, las economías asociadas a las iniciativas.

La mayoría de los firmantes iniciales fueron compañías petroleras nacionales, como Saudí Aramco y Petrobras de Brasil, que normalmente enfrentan menos presión para descarbonizar que sus contrapartes que cotizan en Bolsa. Lo que todos tienen en común son las emisiones de metano, el gas inodoro producido prácticamente en todos los proyectos de petróleo y gas del mundo. Cuando no es rentable capturarlo, las empresas suelen liberar metano a la atmósfera mediante venteo o mediante quema, lo que lo convierte en dióxido de carbono. El gas también se escapa a la atmósfera desde las instalaciones a través de innumerables fugas pequeñas, no detectadas o no reportadas en tuberías u otros equipos, o mediante liberaciones a gran escala llamadas eventos de “superemisores”.

Un segundo compromiso de la COP28 podría afectar la demanda de combustibles fósiles al triplicar la capacidad mundial de generación de energía renovable en al menos 11.000 gigavatios para 2030. Más de 120 países firmaron este compromiso, lo que requerirá un gran esfuerzo con respecto a lo que se ha hecho antes.

Fueron necesarios 12 años, entre 2010 y 2022, para lograr la última triplicación de la capacidad renovable. Este nuevo objetivo debe lograrse en solo ocho años; será “difícil, pero alcanzable”, según los analistas de investigación BloombergNEF que han evaluado el compromiso.

Otro de los acuerdos que resaltan es el llamado “Fondo de Pérdidas y Daño”, acordado en la primera plenaria de COP28. Este fondo, financiado por los países desarrollados, está llamado a compensar a los países con menos recursos de los daños causados por el cambio climático. Algunos países comprometieron fondos de inmediato. La promesa de 100 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos, el país anfitrión de la COP28, fue igualada por Alemania, y luego por Francia, que prometieron 108 millones de dólares.

Estados Unidos, que históricamente es el peor emisor de gases de efecto invernadero -y el mayor productor de petróleo y gas este año- ha prometido hasta ahora solo 17,5 millones de dólares. Mientras que Japón, la tercera economía más grande, ha ofrecido 10 millones de dólares. Otros compromisos incluyen a Dinamarca con 50 millones de dólares, Irlanda y la UE, ambas con 27 millones de dólares, Noruega con 25 millones de dólares, Canadá con menos de 12 millones de dólares y Eslovenia con 1,5 millones de dólares.

Este fondo es quizás el ejemplo más palpable de las dificultades de materializar lo acordado en un documento bien intencionado. Un informe reciente de Naciones Unidas estima que se necesitarán hasta 387 mil millones de dólares anualmente para que los países en desarrollo se adapten a los cambios impulsados por el clima.

La declaración final de la conferencia fue objeto de discusiones largas y complejas, de hecho prolongando por 24 horas el cierre formal del evento. El desacuerdo giraba alrededor del lenguaje a ser usado en la declaración acerca del futuro del uso de los combustibles fósiles.

Los más radicales proponían tener un acuerdo sobre la eliminación gradual (“phase out” o “phase down”) de todos los combustibles fósiles. Otros, solo querían restringir el uso del carbón, el petróleo y el gas, sin reducción o captura de emisiones. Mientras tanto, algunos proponían formulaciones alternativas que vincularan la expansión de las energías renovables con la “sustitución” de combustibles fósiles, agregando verbos adicionales como “acelerar”, adverbios como “rápidamente” o incorporando escalas de tiempo como “esta década”.

Mientras el secretario general de la OPEP llamaba a concentrarse en la reducción de emisiones y no en la escogencia de los combustibles, y aleccionaba a sus miembros a oponerse a cualquier lenguaje que se interpretara como en contra del continuo uso del petróleo, la IEA consideraba los esfuerzos de captura y secuestro de emisiones como soluciones riesgosas. En definitiva, una negociación compleja, ya que los 198 firmantes de CMNUCC tenían que estar de acuerdo con el lenguaje de la declaración final.

En todo caso, se logró llegar a un acuerdo en el lenguaje que probablemente deja a todas las partes igualmente insatisfechas, pero que algunos consideran  como el llamado más fuerte en décadas para cambios en la industria de los combustibles fósiles. ¿Será suficiente? Muchos piensan que no y que los productores de combustibles fósiles se salieron con la suya al evitar que se incluyera un lenguaje más taxativo.

El texto del acuerdo final alienta, por primera vez, a los países a alejarse de los combustibles fósiles y aumentar rápidamente las energías renovables. Los estados insulares que se sienten en riesgo por el aumento del nivel del mar dijeron que el texto era una mejora, pero que contenía una “letanía de lagunas jurídicas”. 

Los científicos dijeron que el documento no iba lo suficientemente lejos como para que los líderes mundiales cumplieran la promesa que hicieron en el COP21 de evitar sobrepasar el hito +1,5 °C. En definitiva, un acuerdo imperfecto que deja a todas las partes igualmente insatisfechas, pero que muchos consideran como un avance en la cuesta empinada que es transformar el sistema energético del cual depende el bienestar de la especie; después de todo, hoy un poco más del 80% de la energía que usa el planeta proviene de combustibles fósiles. 

Que la COP28 haya sido en un país petrolero no deja de tener sus paradojas, pero por el otro lado es una muestra de cómo la energía puede transformar un desierto en un oasis.

La COP29 se realizará en Azerbaiyán, otra escogencia curiosa. Si en lugar de reclamar resultados definitivos, o buscar culpables de conveniencia, el discurso se centrará en lidiar con la gestión de riesgos y beneficios, este esfuerzo de ingeniería social a escala global, que es la transición energética, pudiera terminar siendo una herramienta más útil.

Publicado originalmente en lagranaldea.com

  • CCUS: Carbon Capture Utilization and Storage.
  • DAC: Direct Air Capture.

*M. Juan Szabo, analista Internacional.
*Luis A. Pacheco, non-resident fellow at the Baker Institute Center for Energy Studies.

El fantasma del ‘apagón’ ronda a Colombia

El 2027 será crítico para el sector energético colombiano, toda vez que en ese año la demanda de electricidad superará a la oferta y, en las condiciones actuales, lo más probable es que los proyectos de generación y transmisión no estén listos.

Pese a que la transición energética se ha enarbolado como una de la banderas del Gobierno Petro, lo cierto es que los proyectos están retrasados y otros están siendo cancelados, una CREG acéfala e inoperante, una infraestructura que comienza a tener problemas de seguridad, un Ministerio que no escucha ni actúa y que, por el contrario, da señales contradictorias y se empeña en cambiar las reglas con las que venía operando el sector, conforman un coctel que pone en riesgo la seguridad energética del país y avizora posibles apagones en 2027, cuando la demanda de electricidad supere a la oferta.

Este es el sombrío panorama que se retrató en el foro organizado por ANIF y Fedesarrollo, ‘Desafíos energéticos de Colombia en pleno fenómeno de El Niño’, realizado en Bogotá el pasado 12 de diciembre.

Los panelistas coincidieron en que para enfrentar el fenómeno de El Niño prácticamente ya no se puede hacer nada y hay que actuar con la infraestructura disponible. Y si bien, de no prolongarse la emergencia, esta puede ser superada sin racionamientos, preocupa que el gobierno no haya puesto en marcha un programa de ahorro de energía por parte de la demanda y que, por el contrario, quiera intervenir tarifas, lo cual no solo terminaría de minar la confianza de los actores y posibles inversionistas, sino que abocaría al sector térmico a dejar de generar en 2027 al no ver remunerada su actividad. 

Al respecto, Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de ANDEG, señaló que al no estar aún desarrollada la tecnología de almacenamiento de energía con baterías, “nuestro sistema se complementa entre la generación hidráulica y la térmica, el almacenamiento se da en la fuente, antes de producir, porque aún no tenemos como almacenar hacia adelante con baterías, esto significa que debemos tener siempre disponible la generación para atender la demanda”.

En ese mismo sentido se manifestó Alexandra Hernández, presidente Ejecutiva de Ser Colombia, quien dijo que “en este momento Colombia no se pueda dar el lujo de desescalar sus fuentes actuales de energía, cuando el país lo que necesita es aumentar la capacidad, pues la demanda está creciendo tres veces rápido más que la oferta.

“Hay un millón y medio de colombianos que hoy no tienen energía eléctrica y a 2050 van a ser cinco millones. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos una nueva oferta de energía para los hogares? Lo primero que debemos aterrizar es cómo vamos a hacer para ampliar la capacidad de generación, crear nueva oferta, el camino no es que satanicemos la hidroeléctrica o la generación a carbón o a gas o las renovables, que con grandes dificultades vienen ganando espacio. Hay un SOS para que entre la nueva oferta, porque a partir de 2027 tendremos problemas de energía.”

Hernández agregó que se deben dar solucione sencillas a problemas complejos. “No nos metamos en cambios regulatorios de lo que ya está funcionando, hagamos un llamado de emergencia (no un decreto de emergencia) para que los proyectos salgan y haya articulación con todas las entidades en 19 departamentos, eso ya se ha hecho antes.”

Y es que en el caso de las renovables, de los 24 proyectos, 6 ya están con ‘el agua al cuello’ y otros 6 están que ‘tiran la toalla’, proyectos donde se han invertido a la fecha cuatro billones de pesos, con pérdidas de un billón de pesos y nada que arrancan.

Sobre la coyuntura actual, Katrine Simankas, directora de la Cámara de Gas de Andesco, dio que los embalses han ido bajando hasta un 73%, pero lo preocupante es que los históricos de adición están al 50%.

“El comportamiento climático nos puede poner en una situación un poco tensa, lo que sugerimos es no bajar la guardia, hacer seguimiento a través del CACSE, que sugerimos que no sea mensual sino semanal y eventualmente diario”.

Además, agregó que hay una variable nueva que no estaba en el panorama y es la seguridad física de la infraestructura, pues han proliferado tomas y bloqueos sobre activos en construcción y en operación, como subestaciones y plantas. Por eso llamó al gobierno y a la fuerza pública a reforzar es la seguridad de la infraestructura.

También señaló que el problema financiero de las comercializadoras por la opción tarifaria no está solucionado. “No hay tranquilidad absoluta, hay un respiro de unas semanas o unos meses, pero el fujo de caja está resentido y es necesario ampliar el financiamiento”.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidente Ejecutiva de Acolgen, fue más ácida y dijo que está viendo el panorama con preocupación. “Todos tenemos que estar muy alarmados, porque no es que se nos vaya la luz, es que Colombia se para económicamente, los hospitales, las industrias, los colegios; un apagón es demasiado costoso. No puede ser que un país que ya lo vivió, que se supone que ya aprendió la lección”, dijo.

Frente al discurso internacional del gobierno, agregó que no es que no quieran estar en la discusión del cambio climático. “Hago un llamado a ser pragmáticos y a entender cuáles son las realidades de cada país. Colombia no tiene la misma necesidad de transitar hacia una carbono neutralidad como otros países que sí tienen una huella de carbono grande, que además esos países hicieron una tansición acelerada y que en los dos años pasados les provocaron apagones, como China, Reino Unido y Texas, uno de los estados más ricos de Estados Unidos”.

Y agregó que “Colombia no se puede dar el lujo de dejar de lado sus hidroeléctricas, sus térmicas; son 3.500 Mw en proyectos de retraso que no han entrado al sistema… Colombia tiene uno de los mejores casos de éxito en el sector eléctrico; todos los países vecinos se han apagado en los últimos 30 años y Colombia no se ha apagado. Somos un caso de estudio para Brasil, ChIle y Perú, que están mirando cómo volver a los dos mercados, el de energía y el de confiabilidad. No es cierto que seamos un caso fallido como lo ha querido hacer creer varios. Creemos que hay que mejorar, pero lo que tenemos es muy bueno. Por eso hago un llamado al equilibrio, entre una transición energética que no nos haga perder la seguridad, y que la podamos pagar, porque podemos transitar a energías más limpias, pero a lo mejor no sean las más baratas.”

En ese mismo sentido, en su presentación, el exministro Amilkar Acosta resaltó las experiencias recientes de racionamientos que ha tenido la Unión Europea y que le dejaron las siguientes conclusiones:

Uno, la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere. Dos, la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. Y tres, tan importante como la seguridad energética es la soberanía energética.

Con la animadversión que ha mostrado el Ejecutivo a la empresa privada y la falta de gestión, que están llevando al sector a un ‘apagón’ financiero y regulatorio, algunos agentes se preguntan si la intención del Gobierno Petro es, al igual de lo que está ocurriendo con la salud, asfixiar al sector energético para ir hacia la estatización y, de paso, llevar al país a un apagón en 2027.

Los anuncios de OPEP+ son recibidos con escepticismo

Los elementos fundamentales en la formación de los precios parecían haber logrado un balance algo inestable, que fue perturbado por las noticias emanadas de la OPEP+, que dejó al mercado con muchas dudas y movió su percepción hacia el negativismo. Venezuela y el campo de gas Manatee, compartido con Trinidad y Tobago.

Por: JUAN SZABO y LUIS A. PACHECO*

Cuando la OPEP+ anunció que pospondría su reunión de ministros del 26 al 30 de noviembre, muchos se imaginaban que el tiempo adicional sería utilizado para lograr acuerdos sustantivos sobre su estrategia de recortes voluntarios de producción. Por desgracia, los dos anuncios publicados por la OPEP, reportando lo acordado por los países productores a puerta cerrada, ofrecieron escasas respuestas y sembraron no pocas dudas acerca de la estrategia del cartel ampliado, reforzando los sentimientos negativos que se han venido acumulando en el mercado petrolero. Los acuerdos sobre los recortes de producción, anunciados en un lenguaje inusualmente confuso, se pueden resumir como sigue:

  • Los recortes voluntarios tendrán vigencia durante el primer trimestre de 2024 y se ajustarán a las condiciones del mercado petrolero.
  • Un total de 1.696 Mbpd de recortes fueron ofrecidos por Arabia Saudita, Irak, EAU, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán.
  • Rusia mantendrá una reducción de 500 Mbpd en sus exportaciones (300 Mbpd crudo, 200 Mbpd productos) con respecto a los promedios de mayo y junio.
  • Incorporación de Brasil al grupo de OPEP+.

Para ayudar a entender el alcance del anuncio, desglosemos los recortes anunciados, de cerca de 2,2 MMbpd, en relación con la situación operacional actual:

Como ya es costumbre, los recortes voluntarios excluyen a Irán, Nigeria y Venezuela, países cuya producción, reportada directamente a la OPEP, rara vez coincide con lo transmitido por las fuentes secundarias que utiliza la OPEP; la producción de estos países en su conjunto pueden representar variaciones de más de +/- 1,0 MMbpd en periodos cortos, que hace palidecer los recortes netos anunciados.

Para añadir a la confusa situación, Angola no solo no anunció un recorte voluntario adicional, sino que rechazó públicamente su cuota actual y reiteró su propuesta de una cuota de 1,18 millones de barriles a partir de enero. Añadió que no se atendrá a la nueva cuota de la OPEP.

No es sorpresa que aun los más experimentados observadores y analistas de la industria tengan problemas para seguir la pista de los incumplimientos, reducciones y sobreproducciones resultantes de estos anuncios, con el agravante de que la línea base para los recortes no es uniforme.

Así las cosas, estos últimos anuncios no son más que la ratificación de una reducción  voluntaria casi idéntica a la que hoy está en vigor, incluyendo la ya bien conocida poca confiabilidad de Rusia y la de algunos otros países a la hora de cumplir los acuerdos. En resumen, una decisión que no tiene efecto real más allá de extender el statu quo hasta marzo 2024.

¿Por qué entonces los precios caen tras los anuncios? Se supone, si uno le da credibilidad a los voceros desde Viena, que la medida es una respuesta a la proyección de un mercado sobre surtido para principios de 2024, lo cual pareciera contradecir las proyecciones de demanda petrolera recién publicadas por la misma OPEP. Adicionalmente, algunas fuentes afirman que existe un déficit en el suministro, y es difícil identificar las fuentes de suministro que puedan remontar la carencia. Por lo menos, esta confusa situación es evidencia de que el grupo de estudios de mercado y el de estrategia del cartel no están en la misma página.

Esta poca claridad de los anuncios de la OPEP+ es, al menos, desorientadora, y se toma como evidencia de falta de cohesión dentro del cartel a la hora de tomar medidas efectivas. No son buenas señales en momentos en los cuales las dos superpotencias, EE.UU. y China, y la economía mundial en general, lo que esperan es que el petróleo fluya de manera continua y sin controles artificiales de precio.

Por otro lado, durante la mayor parte de la semana, los precios encontraron cierto apoyo en los problemas causado por tormentas en el mar Negro, que retrasaron considerablemente los despachos de petróleo de Rusia y Kazajistán, problemas que parecen extenderse en el tiempo.

Los eventos relacionados con las guerras en Ucrania y Gaza no han tenido repercusiones sobre el mercado petrolero, por ahora, a pesar de que ambos frentes han estado muy activos.

Según la EIA, EE.UU. está produciendo crudo en 13,2 MMbpd (incluyendo condensado de campo), que algunos analistas consideran niveles innecesarios dado el estado del mercado. Los aumentos en sus inventarios, tanto de crudo como productos, también contribuyeron a presionar los precios a la baja.

En suma, los elementos fundamentales en la formación de los precios parecían haber logrado un balance algo inestable, que fue perturbado por las noticias emanadas de la OPEP+, que tal como concluimos anteriormente, dejó al mercado con muchas dudas y movió su percepción hacia el negativismo.

De manera que estamos culminando otra semana (la quinta) con los precios a la baja. Los crudos marcadores Brent y WTI al cierre del mercado el viernes 1º de diciembre, se cotizaban en 78,88 y 74,07 $/bbl, respectivamente. Puede que el espíritu de la Navidad (los fundamentos de mercado) aclare el panorama y ocurra un “Santa Claus rally”, como ha pasado en algunos cierre de año.

Aunque nada tiene que ver con el mercado petrolero de corto plazo, es relevante mencionar que continúa la tendencia de consolidación de empresas, particularmente en la Cuenca del Pérmico en los EE.UU. ConocoPhillips (NYSE:COP) y OXY (NYSE:OXY) compiten por agregar a CrownRock a sus respectivas carteras. El valor aproximado de los activos de CrownRock, casi enteramente localizada en la sub cuenca Midland, es de unos 10 MMM$, pero podría elevarse por la puja entre las dos empresas que la cortejan.

Venezuela

Eventos Políticos: La fecha establecida por el Departamento de Estado de los EE.UU. como el hito para evaluar el avance del cumplimiento de lo acordado en Barbados en octubre pasado entre el régimen y la oposición, vino y se fue; y no dejó mucha de claridad acerca de las consideraciones que pueda tener la Casa Blanca después de tanto aspaviento. Los presos políticos, venezolanos o americanos, no fueron liberados.

En cuanto a la habilitación de los candidatos presidenciales, ya sobre la última hora, los mediadores de Noruega informaron que el régimen les había hecho llegar un “procedimiento” para que los candidatos inhabilitados puedan solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un amparo para obtener la habilitación.

El procedimiento hecho público es muy particular y ha originado muchas críticas, no solo por la instancia a la que se debe acudir, que se sabe responde a los intereses del régimen, sino que la mera solicitud de una medida cautelar ante TSJ, podría implicar la admisión, sin ser cierto, que el solicitante está inhabilitado, una especie de “CATCH 22”.

Sorpresivamente, el Departamento de Estado de EE.UU., en un comunicado de prensa, fechado el 1º de diciembre, indicó: “Estados Unidos acoge con beneplácito las medidas adoptadas para implementar el acuerdo de la hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria y los representantes de Nicolás Maduro, en particular el anuncio del 30 de noviembre que define el cronograma y el proceso para la reincorporación de todos los candidatos…” Tendremos que indagar más para poder interpretar las reacciones.

Otro evento de importancia, no menos controversial, fue el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en respuesta a la solicitud de Guyana de medidas cautelares contra el referendo consultivo programado por el régimen para el 3 de diciembre. Ambas partes han declarado la decisión de la Corte como una victoria y el referéndum siguió adelante -al cierre de esta columna se reporta una muy baja participación en la votación, pero se espera que de igual manera el régimen abultará las cifras.

Con el ensordecedor ruido de la disputa con Guyana y el ultimátum de la administración de Joe Biden con respecto al cumplimiento de los acuerdos de Barbados, no se le ha prestado la debida atención a un evento que podría afectar la economía nacional, y quizás hasta su soberanía.

El gobierno de Trinidad y Tobago (T&T) le dio a Shell Trinidad la licencia para proceder a desarrollar el yacimiento de gas natural conocido como Manatee, localizado en las aguas frente a la Plataforma Deltana. En una nueva noticia, la contratista norteamericana McDermott ha recibido, de Shell Trinidad, una notificación para proceder a elaborar un contrato de ingeniería, adquisición, construcción e instalación para el desarrollo del yacimiento Manatee.

Ahora bien, esta enorme acumulación de gas natural, descubierta por PDVSA con el pozo Lorán-1X en 1980, se extiende entre las aguas territoriales de Trinidad y Venezuela; de hecho, más de 70% del yacimiento está ubicado bajo aguas venezolanas. Sin embargo, el régimen venezolano desistió en el pasado reciente de seguir negociando con T&T el desarrollo conjunto.

Ahora que las sanciones de la OFAC no pueden ser utilizadas como excusa, y que hay un negocio paralelo con el gas de Paria, Venezuela debería entablar las negociaciones correspondientes para un desarrollo unificado de Manatee, so pena de terminar en otro reclamo de derechos venezolanos que no fueron oportunamente defendidos.

Transición Energética: COP 28

En los Emiratos Árabes Unidos (EAU) comenzó la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28), que reunió prominentes dirigentes mundiales para tratar el tema del calentamiento global y la transición energética, un evento de dos semanas. En los primeros días lo que se ha visto es una renovación de los ataques contra los combustibles fósiles desde todas las esquinas -olvidando las dificultades de los últimos dos años para suplir energía confiable al planeta cuando se prescinde del carbón, petróleo y gas; también se han reiterado las propuestas de diferentes países de donar fondos para financiar la transición energética en países subdesarrollados. Tiene algo de ironía el hecho de que el evento se celebra en la península arábiga, cuyo subsuelo alberga un tercio de las reservas petroleras del mundo -una situación que ha sido muy criticada por los grupos ambientalistas.

Para sumarle a la ironía, uno de los compromisos más noticioso ha sido el de ExxonMobil y Aramco, las empresas petroleras más grandes del mundo, que encabezaron el compromiso de 50 productores de petróleo de reducir las emisiones de sus propias operaciones -las compañías firmantes representan alrededor del 40% de la producción mundial de petróleo-. El acuerdo ha levantado mucho polvo, ya que ninguna de las empresas acepta reducir la producción de petróleo y gas, pero sí se comprometen a limitar las emisiones de metano (Ch4), uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos, a casi cero para 2030 y detener la quema rutinaria de gas natural.

Tendremos que esperar que las deliberaciones concluyan para poder analizar los impactos de este nuevo cónclave mundial.

* La ilustración fue generada utilizando Midjourney, realizada por Luis A. Pacheco.

*M. Juan Szabo, analista internacional.
*Luis A. Pacheco, non-resident fellow at the Baker Institute Center for Energy Studies.

El fiasco del pacto de la justicia tarifaria

Del amago que sigue sin disiparse de un apagón financiero de las empresas pasamos a un apagón regulatorio por cuenta de la inoperancia de la CREG.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El 2023 inició con el desconcierto y el desencanto de los usuarios del servicio de energía, particularmente los de la región Caribe, después del fiasco que significó el publicitado Pacto por la Justicia tarifaria anunciado y propiciado por la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez en octubre del año pasado entre el Gobierno y las empresas prestadoras del servicio, como respuesta al reclamo y a las protestas por las desmesuradas alzas tarifarias.

Después de incrementos del 24% en promedio nacional y más del 40% en la región Caribe, la baja prometida en las tarifas con el tal Pacto no superó el 4%. Fue un verdadero parto de los montes. Y al final, al cierre del año anterior el alza desmesurada de las tarifas registró un 22,4%, promedio nacional y por encima del 30% en la región Caribe. Muy por encima, por lo demás de la inflación global del 13,1%, la mayor en 23 años.

El alza en las tarifas no fue mayor por la aplicación de la opción tarifaria, que no las congela sino que difiere los incrementos, convirtiéndose en una bola de nieve que creció hasta superar los $5 billones la deuda de los usuarios con las empresas, abocando a estas a un problema de flujo de caja que sigue amenazando su sostenibilidad financiera.

La situación se tornó aún más grave a consecuencia de la deuda insoluta del Estado con las electrificadoras por concepto de subsidios reconocidos y aplicados a los estratos 1, 2 y 3 por una cuantía de $2,3 billones más.

Ello llevó a XM, la empresa que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administra el mercado mayorista, en octubre de este año a alertar sobre el riesgo de un efecto dominó que podía derivar en una falla sistémica que podría comprometer la prestación del servicio.

De hecho, Air-e llegó a notificar a las generadoras de su imposibilidad de pagar la energía contratada, declarándose insolvente, lo cual podía llevar a una limitación de suministro, lo cual conllevaba su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por ser ello una causal de la misma.

Le tocó al nuevo ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho salir en volandas a expedir la Resolución 40611 del 11 de octubre para evitarlo, al tiempo que se autorizó una línea de crédito de $1 billón en FINDETER para solventar a dichas empresas. Cifra que resulta insuficiente para desactivar esta bomba de tiempo.

Las tarifas siguen al alza, empujadas en gran medida por la espiral alcista de los precios en Bolsa, que llegó a superar el 21 de octubre el precio marginal de escasez ($1.530.56/KWH) estimulada por el máximo grado de estrés en que está el sistema, debido al reducido margen de maniobra del SIN, toda vez que mientras la demanda oscila alrededor de 222 GWHD, la oferta a duras penas llega a los 240GWHD, es decir que estamos a ras con bola. Ello obedece fundamentalmente al rezago en la ejecución y entrada en operación de importantes proyectos de generación, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en 2018 y a la fecha solo están operando 4 de las 8 unidades del mismo. Para no hablar de los 16 parques eólicos de La Guajira, que ya deberían estar operando y hasta ahora ninguno de ellos, con capacidad de 2.525 MW, ha entrado en operación.

Y como es apenas obvio el aumento de los precios en Bolsa termina por impactar la tarifa al usuario, en mayor o menor medida, según el grado de exposición que tenga la empresa prestadora del servicio en Bolsa y de contera, a la postre, el mayor precio en Bolsa terminará por afectar los precios transados en los contratos bilaterales de largo plazo cuando estos llegan a su fin y tendrán que renovarse.

La escalada alcista de las tarifas no se detiene, alcanzando un incremento en el caso de los usuarios de Air-e, a guisa de ejemplo, del 31% entre enero y octubre frente a una inflación global de 10,48% para el. Ismo periodo.

Y hablando de atrasos de proyectos, también hay notorios retrasos en la ejecución de proyectos de transmisión, al punto que, según lo informado por XM, debido al congestionamiento de las redes y a la sobrecarga de las mismas, no están en capacidad de transportar la energía suficiente para satisfacer el mercado del Caribe y por ello reportó que desde hace varios meses se ha venido registrando “demanda no atendida”, que es como llama XM, eufemísticamente, el racionamiento en la prestación del servicio de energía.

Y para rematar, del amago que sigue sin disiparse de un apagón financiero de las empresas pasamos a un apagón regulatorio por cuenta de la inoperancia de la CREG. Esta pasó de su desmantelamiento a consecuencia de la declaratoria de la nulidad decretada por el Consejo de Estado de los nombramientos de los expertos comisionados por parte del anterior gobierno por no reunir la calidad de tales, a su interinidad al no nombrar sus reemplazos en propiedad sino en calidad de encargados y cuando se les terminó el encargo quedó sin el quorum necesario para tomar decisiones y al final, con el retiro de su director José Fernando Prada por tiempo cumplido de su periodo en la CREG ésta quedó al garete.

Finalmente, ante el requerimiento de la Procuraduría y la presión de las empresas del sector, se vieron compelidos y precisados a nombrar 4 de los 6 expertos comisionados, pero solo uno de ellos en propiedad, actuándose por parte del Gobierno nacional con negligencia y contumacia en desmedro de la institucionalidad.

La CREG no avanza, retornó a la interinidad que ya creíamos superada. Y mientras tanto se han venido represando decisiones que solo la Comisión puede tomar, porque son de su competencia, para frenar el alza excesiva en las tarifas de energía que paga el usuario final, que es el paganini de este despiporre.

*Exministro de Minas y Energía y membro de Número de la ACCE.

Ecopetrol presentó el plan de inversiones para 2024

La empresa mantendrá sus niveles de producción entre 725 mil y 730 mil barriles equivalentes por día, y el 42 % de los recursos se destinarán a proyectos de transición energética, soluciones de bajas emisiones y abastecimiento de gas natural.

La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó el Plan de Inversiones 2024 por un monto que oscila entre 23 y 27 billones de pesos, en el marco de su Estrategia 2040.

La empresa destinará alrededor de 19,3 billones de pesos para mantener los actuales niveles de producción entre 725 y 730 mil barriles equivalentes por día, un promedio de carga en las refinerías entre 420 y 430 mil barriles por día, y más de un millón de barriles transportados diariamente.

Se tiene previsto invertir más del 42% del plan en proyectos de transición energética, a través de los negocios de soluciones de bajas emisiones, abastecimiento de gas natural, descarbonización, transmisión eléctrica y vías.

Cerca de 3,7 billones de pesos se destinarán a proyectos y actividades de SosTECnibilidad, principalmente en las áreas de desarrollo territorial, cambio climático, ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con el Plan, en los próximos tres años el Grupo Ecopetrol generará más de 7 billones de pesos en eficiencias comerciales, ahorros y control del gasto. Asimismo, en 2024 se asegurarán retornos competitivos con precios de Brent de US$ 75 por barril, con un ROACE alrededor del 9%, un margen EBITDA aproximado de 38% y transferencias a la Nación superiores a 38 billones de pesos.

Promigas presenta resultados positivos al cierre del tercer trimestre

Al cierre del tercer trimestre, Promigas y sus filiales conectaron al servicio de gas natural y electricidad a 318.892 nuevos clientes entre Colombia y Perú (residencial, comercial, industrial, GNV y otros) llevando estos servicios a más de 1,14 millones de personas. De estos, el 92% correspondieron a hogares de estratos 1, 2 y 3.

Por otra parte, al tercer trimestre del año la utilidad neta acumulada a nivel consolidado supera de forma relevante lo presupuestado, alcanzando $0,75 billones. Se destaca una sobre ejecución del 7% (+$49.516 millones), como resultado del programa de eficiencias, la ejecución de los Costos y Gastos, el registro de la indemnización de Promioriente de $25.000 millones por encima de lo presupuestado, y una mayor utilidad neta de SPEC por mayores días de regasificación. Cabe resaltar que el estricto control de los Costos y Gastos permitió lograr un EBITDA superior, alcanzando los $1,71 billones con una ejecución presupuestal del 105% (+$88.831 millones).

Asimismo, se alcanzaron ingresos consolidados de $4,71 billones, correspondiente a una ejecución presupuestal del 97% (-$142.711 millones). La subejecución se debió principalmente a que las distribuidoras GDP y Promigas Perú obtuvieron menores ingresos como consecuencia de los menores volúmenes por atrasos en la temporada de pesca.

A nivel individual, Promigas reportó una utilidad neta de $0,76 billones, un EBITDA de $1,06 billones y unos ingresos de $0,77 billones, correspondientes a una ejecución presupuestal del 107%.

Los resultados muestran un importante incremento de los volúmenes regasificados a septiembre, para una ejecución presupuestal del 2929%, lo que confirma que SPEC sigue siendo el seguro energético para el país; se espera que para el último trimestre del año continue esta tendencia por el mayor consumo de gas de los clientes térmicos, producto del fenómeno de El Niño.

También se reporta un crecimiento significativo en los nuevos negocios de soluciones energéticas al cerrar el tercer trimestre con 64.3 MW de energía solar fotovoltaica contratada, correspondiente a una ejecución prespuestal del 148%.

“Los resultados también muestran el compromiso de la organización con la generación de una huella social positiva en todas sus actividades. Además de los nuevos hogares conectados al servicio de gas y electricidad, se destaca el crecimiento de nuestro negocio inclusivo BRILLA, el cual tuvo un incremento en colocaciones del 23%. Es así como a septiembre de 2023, hemos otorgado más de 367 mil nuevos créditos por $915 mil millones. Es de resaltar que el 95% de estos créditos fue tomado por personas de estratos 1, 2 y 3”, manifestó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Por último, se destaca que al culminar el tercer trimestre superó la meta trazada para todo el año hacia la descarbonización, logrando un abatimiento de 11.317 TonCO2e. Con ello, ratifica su compromiso con “Net Zero” a 2040 y de reducir en un 50% las emisiones a 2028.

Control político al ministro de Minas y al presidente de ECOPETROL por alianza con PDVSA

Revuelo por anuncio del presidente Petro de importar gas y petróleo desde Venezuela mientras marchita la industria en el país.

Ante el anuncio del presidente Petro de buscar una alianza entre ECOPETROL y PDVSA para explotar gas y petróleo en Venezuela para importar estos hidrocarburos a Colombia, algunos congresistas anunciaron un debate de Control Político, aduciendo que el país no puede depender energéticamente de un país como Venezuela.

Puntualizan que esta decisión aumentaría la tarifa en la factura de consumo del gas hasta por 5 veces, especialmente para los colombianos de estratos 1, 2 y 3.

Además, afirman que 37 millones de colombianos consumen el gas que se produce en el país. “¿Será que no hemos aprendido del ejemplo que nos deja la guerra entre Rusia y Ucrania?”, dicen.

Los líderes del control político son los representantes Oscar Villamizar y Juan Espinal, que han liderado la defensa sobre la Transición Energética y la Seguridad Energética del país, generando otros debates sobre el tema y liderando la moción de censura contra la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez.

Este fin de semana, en reunión conjunta con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el presidente Petro anunció que “es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo”, lo que está abiertamente en contradicción con lo que ha venido pregonando con su discurso del cambio climático, por lo que en Colombia está marchitando la industria de hidrocarburos, al no sacar nuevas rondas de exploración.

El anuncio de la sociedad entre Ecopetrol y PDVSA ya empezó a generar reacciones. Uno de los primeros en analizar este tema fue el exministro Juan Camilo Restrepo, quien en su cuenta de X advirtió de la incoherencia de prohibir explorar hidrocarburos en Colombia y ahora querer hacerlo en Venezuela. “¿Qué lógica hay en esto?, ¿es que acaso la capacidad de inversión de Ecopetrol es ilimitada?”, se pregunta Restrepo.

Por su parte la senadora Paloma Valencia también se refirió al tema en su cuenta de X, donde señaló: “En Colombia pretende prohibir la explotación de hidrocarburos en nombre de la transición energética, mientras negocia la importación de gas y petróleo con el dictador de Maduro en Venezuela.”

Gremios alertan al gobierno por ‘apagón regulatorio’

Seis gremios del sector energético colombiano le solicitan al presidente, de manera urgente, que se proceda a la designación en propiedad de los seis cargos de Expertos Comisionados que integran la CREG, con dedicación exclusiva y el conocimiento especializado requerido.

Agremiaciones de las empresas de servicios públicos y entidades representadas en ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER-COLOMBIA, expresaron su preocupación, no solo por las dificultades que trae la situación climática actual, sino por la grave situación institucional que enfrenta el sector energético del país, dada la inoperancia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), debido a la falta de expertos comisionados nombrados en propiedad.

“Esta inoperancia reviste una inusitada gravedad porque se trata de la parálisis de la institución que profiere la reglas y decisiones técnicas y operativas necesarias para la prestación continua del servicio público domiciliario de energía eléctrica y del mercado de gas natural”, expresan los gremios en una carta enviada al presidente Petro.

En la actual coyuntura por la que atraviesa el país, en el sector eléctrico existen dos situaciones relevantes que demandan una pronta decisión del regulador, como son la falta de liquidez de las empresas comercializadoras y las medidas necesarias para enfrentar el periodo seco por el Fenómeno de El Niño.

“En caso de mantenerse la situación anterior, se pone en riesgo la prestación del servicio públicos de energía eléctrica, máxime en estos momentos cuando el sector energético se enfrenta a retos de gran relevancia y trascendencia que demandan una alta producción regulatoria. Así mismo, es importante resaltar que para la industria del gas natural también hay decisiones urgentes pendientes por parte del regulador”, agregan los gremios en la misiva.

En tal sentido es que los gremios hacen un llamado al presidente para que tome una decisión urgente y definitiva frente al nombramiento de los expertos comisionados de la CREG pues, tal como lo reconoció el director saliente de la entidad, José Fernando Prada, “estamos en un apagón regulatorio”.

La CREG se encuentra inoperante pues no es materialmente posible integrar el quorum exigido para adoptar sus decisiones, esto es, para expedir la regulación a su cargo. Esta inoperancia va en contravía de los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

Esta situación la hizo evidente la propia entidad en la Circular CREG 086 de 2023, donde indica que “…dado la separación del cargo del director ejecutivo de la entidad, José Fernando Prada y la falta de los expertos comisionados que conforman la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionadas con la regulación de los servicios públicos”.

“Es verdaderamente lamentable que hoy en día una institución tan respetable y que tanto le ha aportado al país, como lo es la CREG, no tenga la capacidad para emitir ni siquiera un concepto técnico, tal y como se reconoce en la referida circular”, concluyen los gremios firmantes.

Municipios productores de hidrocarburos registran mayores índices de bienestar

El Monitor de Desarrollo Territorial (MDT), iniciativa de Jaime Arteaga & Asociados, analizó los cambios identificados en las regiones productoras de petróleo y gas del país, en 12 dimensiones relacionadas con aspectos sociales, económicos y ambientales, durante los últimos 10 años.

Los municipios donde se desarrolla la industria de hidrocarburos presentan un mejor índice de bienestar y desarrollo económico. Esta es una de las principales conclusiones del Monitor de Desarrollo Territorial (MDT), el cual hace una radiografía de los territorios productores de petróleo y gas, en donde viven más de 6,8 millones de colombianos, para evaluar cómo han avanzado estos municipios en comparación con el resto del país.

El Monitor muestra información histórica del desarrollo que han tenido los municipios productores de hidrocarburos en los últimos diez años, a través de una serie de indicadores distribuidos en 12 dimensiones: análisis de población, desempeño municipal, desarrollo económico, sector agropecuario, turismo, sector minero energético, inclusión financiera, educación, salud, seguridad y convivencia, y violencia de género.

En el marco del lanzamiento del MDT, Jaime Arteaga de Brigard, director de Jaime Arteaga y Asociados, resaltó que “las cifras muestran de manera clara que los municipios productores de petróleo y gas han alcanzado grandes logros en materia no sólo económica sino también social. Los datos también expresan que la industria del petróleo y gas no compite con otras actividades como la agrícola: por el contrario, la industria del petróleo y gas es el motor del desarrollo agropecuario”.

De acuerdo con el análisis, los niveles de pobreza multidimensional en los municipios productores de petróleo y gas están por debajo del nivel nacional: el promedio es 40,8% mientras que a nivel nacional es de 41,8%. Además, estos municipios tienen mayores niveles de recaudo de impuestos, como el predial e industria y comercio, cuyo recaudo promedio per cápita en los municipios productores de petróleo y gas es casi un 80% más que el promedio nacional.

«Teniendo en cuenta los resultados del Monitor, se evidencia que la industria de hidrocarburos desempeña un papel fundamental en la reducción de las desigualdades y la mejora del bienestar de la población colombiana. Por ello, es imperativo que el país incremente la producción y las reservas de hidrocarburos aprovechando los actuales precios del petróleo, al mismo tiempo que se trabaja en mejorar su competitividad y atraer inversiones”, mencionó Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol.

Así mismo, el MDT muestra que el PIB per cápita de los municipios productores es mayor que el promedio nacional. No obstante, la dependencia de las regalías en los municipios productores de petróleo duplica el promedio nacional.

“La industria del petróleo y gas en Colombia está comprometida con seguir siendo forjadora de una mejor calidad de vida para los colombianos; sabemos que la pobreza en la que viven millones de colombianos es el tema que hay que resolver para avanzar hacia la transición energética y el desarrollo sostenible; y el sector hidrocarburos es el que más puede contribuir a lograr una sociedad equitativa. Este monitor nos muestra que hemos contribuido y que aún tenemos muchos desafíos para alcanzar el cierre de brechas sociales”, destacó Carolina Rojas, vicepresidente de Comunicaciones y Estrategia de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

Los mejores índices de desempeño que muestra el estudio permiten concluir que la transición productiva ya se está dando en los territorios productores, pese a que actualmente se produce un 24% menos de petróleo y 43% menos de gas que hace diez años.

Municipios productores sobresalen en agricultura y financiación

Entre otros resultados, el Monitor destaca que, entre 2013 y 2022, los municipios productores de petróleo y gas han experimentado un desarrollo agrícola significativo. El área sembrada de los principales cultivos del país creció un 27,7% en los municipios productores de hidrocarburos, en contraste con el crecimiento registrado a nivel nacional, que fue del 7,4%.

Según se evidencia en el informe, si bien el aceite de palma ha sido el cultivo agrícola dominante en los municipios productores de petróleo y gas, los cultivos de soya y limón están experimentando un crecimiento significativo; también muestra que, en 2022 el 96% de la producción nacional de soya provenía de estas localidades.

Además, más de la mitad de las áreas destinadas al cultivo de aceite de palma y arroz en todo el país se ubicaron en municipios productores. Mientras que la participación de los productores de petróleo y gas en la producción pecuaria de bovinos a nivel nacional aumentó en un 12,4% entre el 2018 y el 2024. “La industria de petróleo y gas no compite con el agro sino que es su motor. El sector agropecuario depende de la industria de los hidrocarburos”, señala Arteaga.

De la misma manera, son notables los avances de los municipios en materia de educación y salud. Mientras que a nivel nacional la cobertura neta en educación fue del 86,9% en 2021, en los municipios productores de petróleo y gas la tasa de cobertura neta fue del 91,3%. Por su parte, estos municipios demuestran una medición en desempeño municipal (MDM) en salud de 85,2 puntos, superior al promedio nacional (84,5).

Finalmente, es necesario señalar los retos que, de acuerdo con el Monitor, persisten en estos municipios, particularmente en materia de seguridad. La tasa de homicidios en los municipios productores de petróleo y gas (31 por cada 100.000 habitantes) está por encima del promedio nacional (26 por cada 100.000 habitantes). Así mismo, la tasa de secuestros y la tasa de desplazamiento en estos municipios está por encima del doble del promedio nacional.

 Cabe señalar que el estudio fue hecho con base en información de entidades oficiales.

Hay riesgo de racionamiento eléctrico a partir de 2025: U. Nacional

Un estudio de oferta y demanda de electricidad elaborado por la Universidad Nacional y financiado por Acolgen, da cuenta de que a partir de 2025 el suministro de electricidad estaría comprometido, si no se expande el sistema de transmisión nacional.

El estudio ‘Desafíos y Oportunidades en la Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en el SIN’, elaborado por la seccional Medellín de la Universidad Nacional, y contratado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), concluye que, en el escenario más crítico pero más realista, a partir de 2027 comenzaría un déficit de energía en el país. Pero si las obras de transmisión contratadas no se terminan antes, la seguridad en el suministro eléctrico estaría comprometida a partir de 2025.

El estudio sobre el balance de oferta y demanda de energía hace especial énfasis en la energía firme y en las necesidades de expansión de generación y transmisión en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El estudio se realizó con base en la información oficial de la UPME y XM, entidades que estiman un crecimiento de la demanda entre el 2,2 y el 3,4%, aunque los investigadores señalaron que el consumo real está creciendo al doble, al 5%.

Por el lado de la oferta, el estudio tomó como base los proyectos de generación que están aprobados, que contemplan 19,3 GW, que es el doble de los 19 GW actuales de capacidad que tiene el parque eléctrico nacional.

El estudio analizó cinco escenarios, entre el más optimista, donde entran todos los proyectos de generación aprobados, y el más pesimista, donde solo ingresan los proyectos que tienen contratos y puntos de conexión aprobados.

En el escenario más optimista, si todos los proyectos entran en operación, el país comenzaría a tener déficit de energía en el 2034. Pero en el escenario más pesimista, pero al mismo tiempo más realista, si entran solo los 26 proyectos que tienen compromisos y que corresponden al 19% del total (3,6 GW), la energía firme no sería suficiente para abastecer toda la demanda a partir de 2027.

“De esos 26 proyectos, 17 están ubicados en la región Caribe, incluidos los de La Guajira, que dependen del desarrollo de la línea de transmisión Colectora para iniciar operación. Esta línea tenía fecha de entrada inicial en 2022; ahora se espera que finalice entre 2025 y 2027”, señala el estudio.

Y ahí está precisamente el otro corto circuito del sistema eléctrico nacional. El retraso de los proyectos actuales y la falta de nuevos proyectos de expansión de la red de transmisión.

“Las redes, que son el esqueleto del sistema, no han crecido como se necesita. No se han podido conectar nuevos proyectos de energía (proyectos renovables en La Guajira que representan más de 2 GW, casi el 17% de la capacidad actual) y, sin esto, se tiene menos oferta en el mercado”, dice el estudio.

Pero no solo existen retraso en La Guajira, en áreas como Chocó, Cundinamarca, Meta y el resto del Caribe, al menos 51 proyectos de generación (de un total de 437 de la muestra) dependen de obras de transmisión para ser viables.

Así, el 90% de los proyectos eólicos y el 55% del total de los proyectos están condicionados a la finalización de obras de expansión de la red de transmisión nacional.

Según la información recolectada de la UPME, se encuentran 21 convocatorias de transmisión en ejecución, tres abiertas y once en publicación.

Frente a un posible déficit de energía en los próximos años, preocupa que el gobierno no haya nombrado en propiedad a los nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) y que la Hoja de Ruta de la transición energética y la convocatoria de una nueva subasta de energía se hayan aplazado hasta 2024.

“El mercado necesita señales de estabilidad y de promoción desde el Ministerio de Minas y Energía, para que se puedan desarrollar nuevos proyectos de generación y transmisión, o se pondría en riesgo la atención de los colombianos desde 2025 en adelante”, concluye el estudio.

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