Categoría: Industria

Pese a una mayor producción de hidrocarburos y carga en refinerías, las utilidades netas de Ecopetrol se vieron golpeadas por la Reforma Tributaria, el precio del crudo y la revaluación.

Si bien durante el primer semestre del año Ecopetrol logró varios hitos, como una producción récord de los últimos tres años de 728 mil barriles equivalentes por día (bped), apalancada en campos como Permian (EEUU), Caño sur y Rubiales, y una carga récord en refinerías de 428 mil bd; las utilidades netas se redujeron en 43% al pasar de 17 billones de pesos en el primer semestre de 2022 a $9,7 billones en el mismo periodo de 2023.

Las razones del descenso son el impacto de la reforma tributaria, al no permitir la deducibilidad de las regalías, la reducción en el precio del petróleo, pues mientras el año pasado el Brent se cotizó en promedio a 105 dólares el barril, este año está en 80 dólares, a lo que hay que sumarle la revaluación del peso.

El informe de resultados señala que “en términos de mercado, durante la primera mitad del año diversos factores han impactado el precio del crudo, tales como la posibilidad de una recesión en el mundo desarrollado, altas tasas de interés, el estrés bancario en Estados Unidos y la desaceleración económica en China.”

Ricardo Roa, presiente de Ecopetrol, señaló que la reforma tributaria impactó las utilidades en $2,4 billones en el semestre, $1,2 billones por sobretasa a la renta y $1,2 billones por la no deducibilidad de las regalías.

No obstante, ha sido el segundo mejor semestre en la historia de la empresa, luego de los resultados récord del primer semestre de 2022.

“El Ebitda ($32,4 billones) y la Utilidad Neta ($9,7 billones) del primer semestre de 2023 son los segundos mejores reportados en la historia para tal periodo, lo cual ha permitido el pago de $11,3 billones en impuestos a la Nación e incluyendo cerca de $2,4 billones incrementales asociados al aumento de la tributación derivado de la reforma tributaria efectiva desde enero de 2023”, concluye el informe.

Una alianza entre Enel Colombia, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, con apoyo de la Secretaría de Salud y CIDET, busca llegar a niños, jóvenes y adultos en localidades de Bogotá y municipios de Cundinamarca con mayor índice de accidentalidad eléctrica, para propiciar espacios de conversación y conciencia sobre las medidas de precaución que deben adoptar para prevenir estos accidentes.

Enel Colombia, en alianza con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte con apoyo de la Secretaría de Salud y CIDET (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico), firmaron una alianza por la prevención de accidentes por origen eléctrico. Este esfuerzo tiene el propósito de unir acciones para minimizar estos incidentes a través de la prevención, la atención, la pedagogía y la sensibilización sobre las consecuencias de los accidentes eléctricos.​ 

“Estamos haciendo un gran esfuerzo por disminuir los accidentes eléctricos y por eso se materializa esta alianza, con la que estamos seguros aportaremos para generar mayor conciencia y minimizar los riesgos y las consecuencias de este tipo de accidentes. Además de apostarle a la pedagogía sobre la importancia de actuar con precaución frente a la infraestructura eléctrica, hemos invertido este año más de 4.600 millones de pesos en la intervención de varios kilómetros de red con el fin de aislar las redes y alejarlas de las fachadas de algunas construcciones, que cada vez más se acercan a las redes” aseguró Francesco Bertoli, Gerente General de Enel Grids en Colombia.

De acuerdo con estadísticas de Enel Colombia, la accidentalidad asociada a riesgo eléctrico corresponde a 236 accidentes en el periodo 2020 a julio de 2023, de los cuales el 67% fueron graves, el 21% fatales y el 12% sin lesión, siendo la causa más recurrente la violación de las distancias de seguridad a redes energizadas, seguido de trabajos de construcción. Así mismo, dentro de las localidades registradas de mayor accidentalidad por riesgo eléctrico se encuentran Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba.

En este sentido, y con el fin de prevenir este tipo de situaciones, la compañía ha sensibilizado a más de 1.100 personas, entre las que se encuentran trabajadores de obra civil, telecomunicaciones, bomberos, contratistas del metro de Bogotá, concesiones y trabajadores adscritos a tiendas especializadas en desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de remodelación y construcción de sus clientes.

Para Bertoli, “es muy importante que las personas conozcan las consecuencias de romper las medidas de seguridad, de asumir el riesgo de tocar las redes y de incumplir las normas que garantizan que todos estemos seguros con la infraestructura eléctrica, por eso tenemos el firme propósito de enseñar y tomar las medidas necesarias para disminuir esta problemática”.

Según datos de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, del 2018 a junio del 2023 las zonas con mayor número de quemados se ubicaron en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá, siendo los niños de 0 a 5 años los que tuvieron mayor número de ingresos.

Adicionalmente, en este mismo periodo, de los 8.388 pacientes atendidos por quemaduras, 600 han tenido relación con accidentes eléctricos, convirtiéndose en la tercera causa más alta, superando a la cifra de afectados por pólvora y químicos; y posicionándose como el número uno en fatalidad de quemaduras.

“En el ejercicio de estadística de nuestra Unidad de Quemados, de 2007 a 2017 se atendieron 9.384 pacientes, cuando miramos 2018 a 2023 ya vamos en 8.388, venimos en crecimiento exponencial en torno a las quemaduras que genera una alerta. Hoy el llamado es a prevenir los traumas por la quemadura eléctrica, la cual genera secuelas gravísimas que van desde la más grave que es la muerte, hasta amputaciones, deformidades, problemas cardíacos y renales con posibilidad de ser crónicas” anotó el Dr. Daniel Blanco Santamaria, Gerente de Norte del Hospital Simón Bolívar.

La campaña liderada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ‘Mi País Seguro’ a través de expertos del Hospital Simón Bolívar y aliados como Enel Colombia, se enfoca en realizar jornadas de concientización y acercamiento de la realidad que tienen que vivir los cientos de afectados que llegan al centro de salud con quemaduras graves ocasionadas por diferentes agentes como accidentes eléctricos, que dejan secuelas que marcan vidas y transforman familias.

Igualmente, esta unión de esfuerzos busca generar conciencia en las zonas con mayor incidencia de accidentalidad eléctrica, especialmente en Bogotá y Cundinamarca con acciones como la educación en instituciones educativas, propiciando espacios de conversación y socialización con líderes de comunidades sobre las precauciones y secuelas de este tipo de accidentes.

De acuerdo con los datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en Colombia el 31 % de los accidentes por origen eléctrico corresponde a menores de edad (589 accidentes), así mismo el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta que, en muertes por este tipo, la población joven ocupa el 10 % de los casos (160 muertes).

“Nuestro propósito es salvar vidas y crear una cultura de seguridad eléctrica, para que las personas entiendan las consecuencias y riesgos que implica una manipulación inadecuada de los sistemas y productos eléctricos. Este año, con la segunda versión de la campaña “Que no se te vayan las luces” impactaremos más de 16.000 niños, jóvenes, padres y educadores de instituciones educativas de la ciudad de Bogotá donde hay un alto número de accidentes y muertes por origen eléctrico. A través de actividades de sensibilización lúdico-pedagógicas generaremos mayor conciencia desde edades tempranas para que más ciudadanos se empoderen y comprendan las acciones mediante las cuales pueden prevenir accidentes y muertes en sus hogares y demás espacios” afirmó Carlos Ariel Naranjo, director Ejecutivo del CIDET.

La Cámara representa a más de 155 empresas de la industria de bienes y servicios de los sectores de petróleo, gas y energía. Esta industria aporta cerca del 80% de los $30 billones de pesos de los recursos de regalías que percibe el país.

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), celebra 35 años con un compromiso de entregarle la mejor energía a los colombianos, con la generación de más de 650 mil oportunidades de empleo, en 390 municipios de 22 departamentos, además del aporte al desarrollo de estos territorios con el fomento de programas sociales y enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La industria del petróleo, gas y energía cuenta con una trayectoria de más de 100 años en Colombia. Campetrol se suma a ella, a través de los 35 años que cumple al servicio de la innovación, el talento y la disciplina de los afiliados de la industria del petróleo, gas y energía que representa.

“Desde Campetrol reconocemos la importancia de integrar los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (EDS) en la estrategia corporativa del sector, los cuales tienen un papel determinante en la mitigación y el cuidado del medio ambiente, a través de acciones enfocadas en una transición energética justa, duradera y sostenible”, indicó Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol.

En ese sentido, la Cámara reconoce su compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo social del país, al tiempo que consolida una matriz energética más segura, que disminuya gases de efecto invernadero, a través de la innovación. Por ello, el sector ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad de largo plazo, atada al cumplimiento del Acuerdo de París y a los ODS.

Y es que la industria, para el bienio 2023 -2024, aporta cerca del 80% de los $30 billones de pesos de los recursos de regalías, los cuales serán una fuente primordial para luchar contra la pobreza y avanzar en los retos sociales de Colombia.

Así mismo, el sector cuenta con inversiones en fuentes alternativas como el hidrógeno verde y azul, gas natural y biocombustibles, o fuentes renovables no convencionales; así como el desarrollo de turbinas de mezcla de hidrógeno, la generación de electricidad con geotermia, los desarrollos en los parques eólicos, solares o en plantas de biodiesel o el almacenamiento subterráneo de carbono, acciones que la industria ha realizado para alinearse con las nuevas necesidades de un mundo más sostenible, de la mano de un compromiso por brindar a Colombia seguridad energética.

“Estamos en un momento crucial en el que, con mayor razón, la innovación, el talento y la disciplina que veo en los empresarios que agremiamos en Campetrol debe ser más evidente. Hoy nos enorgullece ver el camino recorrido y celebrar con nuestros afiliados que Somos la Energía de Colombia. Continuaremos poniendo pasión y orgullo por el trabajo que realizamos con el objetivo constante de innovar y transformarnos”, concluyó Castañeda.

El Comité Intergremial del Atlántico dice que el decreto de emergencia económica en La Guajira generará mayores alzas en las tarifas de energía y promoverá incumplimientos en contratos de venta a futuro.

El pasado 31 de julio, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1276 que declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, y «por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos.”

Pero, según el Comité Intergremial del Atlántico, este decreto “generará mayores alzas en las tarifas de energía y promoverá incumplimientos en contratos de venta a futuro.” El texto del comunicado es el siguiente:

A propósito de la expedición del decreto 1276 del 31 de julio de 2023, el Comité Intergremial del Atlántico, declara:

1. El decreto 1276 del 31 de julio de 2023 abre la puerta a mayores alzas en las tarifas de energía eléctrica porque al suspender los contratos de suministro de largo plazo para generadores con fuentes no convencionales en La Guajira, los comercializadores y distribuidores quedan expuestos a tener que comprarla en bolsa, lo que significa un precio mayor por las condiciones de hoy, derivadas de los efectos de El Niño y de crecimiento de la demanda, especialmente en la Región Caribe.
2. Con el citado decreto, el Gobierno nacional incentiva el incumplimiento de los contratos de compraventa de energía a futuro en toda la cadena del sistema eléctrico del país, lo que genera un factor de desconfianza en un sector cuya operación requiere reglas de juego claras y estables dada la magnitud de las inversiones que exige y la condición de esencial del servicio público que presta. Además, se trata de contratos entre privados en los que el Gobierno nacional no tiene injerencia.
3. Entendemos la compleja situación de La Guajira y la necesidad de lograr una cobertura total del servicio de energía eléctrica en ese departamento. Sin embargo, el mismo Gobierno dice en las consideraciones del decreto que para cumplir con ese objetivo se deben invertir $1,56 billones y que con la sobretasa de $1.000 para los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6 y de $5.000 para industriales y comerciales, el recaudo en los seis meses iniciales de su vigencia será de $51.230 millones. Esta suma no es representativa frente al monto de esa inversión, de manera que, con la sobretasa no resolverá el problema de la falta de energía en territorios lejanos de ese departamento.
4. Para atender necesidades de poblaciones vulnerables como las que habitan especialmente en la Alta Guajira, el Gobierno nacional puede hacer uso de recursos del Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes ya establecidas como el Fondo Único de Soluciones Energéticas, FONENERGÍA.
5. Le corresponde al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional revisar el alcance de este decreto para determinar su legalidad o constitucionalidad.

En los próximos meses la industria minera del país se juega su futuro: por un lado, la Corte Constitucional deberá fallar sobre la no deducibilidad de las regalías en la declaración de renta de las empresas, y por el otro, un proyecto de decreto que salió a comentarios por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, facultaría a cualquier funcionario para declarar, de manera subjetiva, reservas de recursos naturales.

Por: MARTÍN ROSAS

Este 4 de agosto la Corte Constitucional realizó la última audiencia pública, antes de fallar sobre las demandas que se han presentado contra el artículo 19 de la Reforma Tributaria de 2022, según el cual las regalías que pagan las empresas mineras no son deducibles de la renta.

Tal como está hoy la norma, solo en dos países del mundo, Colombia y Zambia, no se pueden deducir las regalías que pagan las empresas al Estado por los derechos de explotación de los recursos naturales.

Tres estudios independientes, de la Universidad Externado, Econometría Consultores y Mauricio Reina y Sandra Oviedo, coinciden en que la no deducibilidad de las regalías lleva al sector minero a tasas efectivas de tributación del 142%, cuando antes de la Reforma esa tasa estaba en el 88% en promedio.

“La no deducibilidad de las regalías llevará a que se marchite de manera gradual la minería, sobre todo la del carbón térmico, y eso compromete las finanzas públicas hacia adelante”, dice Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Mitos vs realidad

El dirigente gremial señala que en el debate se han esgrimido varios mitos sobre la actividad minera. “Uno es que no es cierto, como lo dice la exposición de motivos de la reforma, que este sector tenga una capacidad tributaria superior a otros sectores productivos, hoy ya este sector tiene una capacidad contributiva limitada del 88%, y en algunas operaciones sube al 90%.”

El otro mito que señala Nariño es que tampoco es cierto que el sector no aporte más plata a los colombianos en épocas de precios altos de los minerales. De hecho, dice que en un año excepcional de precios altos como el 2022, el sector triplicó sus aportes.

Efectivamente, mientras en 2021 el sector aportó en rentas y regalías 4,7 billones de pesos, el año pasado la suma ascendió a 15,7 billones de pesos. “Es un sector que en su estructura tributaria ya tiene inmerso que cuando hay buenos precios se aporta más al fisco colombiano”, dice.

Por último, el otro mito que señala es que no es cierto que la deducibilidad de las regalías signifique una recuperación del pago. “Es un criterio que no es acorde con la realidad contable en el mundo. Si fuera cierto que todos los costos fueran recuperación del pago, no existiría ningún costo salarial que se descuente ni operativo o de las materias pimas que se deducen, todos esos costos serían considerados una recuperación del pago de impuestos, dice Nariño.

Proyecto de decreto

Pero el mayor peligro que los mineros está viendo que se cierne sobre la actividad es el proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recurso naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.”

Según la ACM, este proyecto de decreto le da facultades a la ministra para decretar áreas ambientales de protección en cualquier parte del país, desbordando las facultades del Ministerio y asumiendo facultades de las Corporaciones Autónomas Regionales.

“Considero que este decreto materializa la intención del gobierno de menguar la actividad minera en Colombia vía actos administrativos por varias razones: La primera es que vuelve general el principio de precaución que hoy la jurisprudencia colombiana ha dicho que es un principio excepcional, cosa que le da una enorme subjetividad a los funcionarios públicos para tomar determinaciones.

“Lo segundo, este decreto elimina el rigor técnico para decretar esas áreas de reservas ambientales temporales, en un sector donde los colombianos lo que necesitamos es que cada vez tenga más universidades, más academia y más análisis con rigor técnico y académico.

“Tercero, este es un decreto que desconoce las autonomías y competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, es decir, unos funcionarios desde Bogotá van a determinar las sensibilidades ambientales en el territorio colombiano.

“Y cuarto, este es un decreto que elimina los derechos adquiridos de las actividades productivas en Colombia, y a través del principio de precaución los funcionarios públicos pueden suspender o eliminar actividades productivas, por supuesto mineras, en cualquier parte del territorio, por un principio entendido de manera generalizada”, concluye Nariño.

Así, pues, los últimos meses del 2023 serán cruciales para la actividad minera del país. Por un lado, en las manos de la Corte Constitucional está la viabilidad económica de la industria, y en el Ministerio de Ambiente se definirá la estabilidad jurídica, que pondría en riesgo la producción de minerales para otros sectores de la economía, como la construcción, el agro y la tan cacareada transición energética.

Klik Energy es un emprendimiento colombiano que está transformando, a través de inteligencia artificial, el mercado energético del país. La inversión le permitirá llevar junto al Programa Ventures EPM y Axon Partners su modelo de negocio a otros mercados de Latinoamérica.

Beam Energy Innovation (bajo nombre comercial Klik Energy), compañía catalogada como el primer market place de respuesta a la demanda de energía del país, informó que fue seleccionada por el Programa Ventures EPM y Axon Partners para recibir inversión con el fin de impulsar su expansión hacia mercados como Chile y Brasil, fortalecer su portafolio de servicios tecnológicos y crear nuevos productos.

EPM, a través de su programa Ventures, el cual fue creado desde 2013, continúa apostándole a este mecanismo de innovar en los servicios públicos y aumentar su competitividad al tener presencia «inmediata» con soluciones de vanguardia enmarcadas dentro de las hojas de ruta definidas para la transición energética, la transformación digital y la economía circular.

Klik Energy es un emprendimiento colombiano que ofrece una solución tecnológica disruptiva apoyada en inteligencia artificial, que contribuirá a materializar y ejecutar con mayor celeridad la estrategia de transformación digital y transición energética de EPM, gestionando la oferta de servicios de demanda voluntaria desconectable para sus clientes y en general para el mercado nacional, que les permite a los clientes controlar su cuenta de servicios.

Klik Energy cuenta con una plataforma integral de gestión de la oferta, demanda de respaldos, analítica y proyecciones de consumo. La compañía fue creada hace 2 años y hoy cuenta entre sus clientes con centros comerciales, frigoríficos, universidades y empresas de telecomunicaciones, entre otros grandes consumidores de energía. Su innovación tecnológica y el conocimiento adquirido en este sector los ha llevado a facturar más de USD$1 millón al año.

Esteban Quintana, CEO de Beam Energy Innovation, señaló que esta inversión es una gran noticia para el ecosistema emprendedor colombiano especializado en el sector energético, en la medida en que materializa un esfuerzo de transformar digitalmente el sistema.

“Gracias a la inyección de capital por parte del Programa Ventures EPM  y Axon Partners, tendremos la posibilidad de llegar con nuestra solución a otros mercados emergentes como Brasil y Chile, en los que proyectamos grandes posibilidades de crecimiento”, concluyó Quintana.

Por su parte, Nicolás Ríos, senior manager de Axon, destacó que la compañía está muy feliz “de impulsar y contribuir el crecimiento de Klik Energy, entregando toda la experiencia que puede ofrecer Axon como gestora con alto grado de especialización en inversiones de impacto en transición energética”.

Las investigaciones por la operación ‘Bunkering Imperio’ hasta ahora no vinculan a ningún funcionario del Grupo Ecopetrol. Ecopetrol, Cenit y Oleoducto de Colombia fueron reconocidos como víctimas en el proceso penal.

En un comunicado de prensa, el Grupo empresarial señala que Ecopetrol, Cenit y el Oleoducto de Colombia fueron reconocidos como víctimas en el proceso penal y que, demás, ninguna de las personas vinculadas a esta investigación son funcionarios del grupo Ecopetrol.

El texto del comunicado es el siguiente:

Frente a las investigaciones por el presunto contrabando y hurto de hidrocarburos, Ecopetrol se permite informar:

1. Ecopetrol ha venido trabajando conjuntamente y de manera articulada con las autoridades competentes para prevenir, controlar y perseguir el hurto de hidrocarburos, producto de lo cual han sido condenadas más de 400 personas, se ha ordenado la extinción de dominio de bienes y se ha logrado el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas a este delito.
2. En los últimos meses Ecopetrol ha venido sosteniendo reuniones permanentes con las autoridades del Gobierno y de la Fuerza Pública (FF.MM. Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Dirección General de la Policía Nacional) evaluando y definiendo estrategias conjuntas en contra de estas acciones delictivas.
3. Desde hace varias décadas, en el marco del conflicto armado, la infraestructura de Ecopetrol ha venido sufriendo atentados terroristas y la instalación de válvulas ilícitas para el hurto sistemático de hidrocarburos, tal como ha sido informado a las autoridades, a los medios de comunicación y al público en general. Desde 2013 hasta lo corrido de 2023, se han retirado 9.925 válvulas ilícitas en los sistemas de transporte del Grupo Ecopetrol; en este mismo periodo, Ecopetrol ha sido víctima de 1.607 atentados terroristas contra su infraestructura de transporte, por parte de grupos armados particularmente del ELN.
4. Como se informó en comunicado del 25 de julio de 2022, desde el 2021 el Grupo Ecopetrol ha venido trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional – Dijin, en la investigación de la que hoy dan cuenta los medios de comunicación y que vincula a varias compañías y personas comprometidas en el hurto y contrabando de hidrocarburos.
5. Desde el año pasado, Ecopetrol dio por terminada la relación comercial con la única empresa involucrada en la operación ‘Bunkering Imperio’ con la que tenía contratos. Adicionalmente contrató una reconocida firma internacional que luego de adelantar las verificaciones no encontró indicios sobre la participación de funcionarios del Grupo Ecopetrol en estos actos ilícitos.
6. Ecopetrol, Cenit y el Oleoducto de Colombia fueron reconocidos como víctimas en el proceso penal. Además, ninguna de las personas vinculadas a esta investigación son funcionarios del grupo Ecopetrol.

Finalmente, Ecopetrol señala que seguirá adelantando las auditorias necesarias y apoyando a las autoridades en todas las investigaciones correspondientes para proteger todos sus activos y negocios de estos actos delincuenciales.

El ingeniero eléctrico y magíster en Energías Renovables Omar Andrés Camacho Morales el nuevo ministro de Minas y Energía del Gobierno de Gustavo Petro.

Según información publicada por la revista Cambio, Camacho estaba desempeñándose como asesor del Ministerio de Minas y Energía y su hoja de vida había sido publicada para ser presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El mismo medio reveló que su hoja de vida en Función Pública destaca su labor como docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además, trabajó como contratista y asesor en la Cámara de Representantes de mayo de 2019 a enero de 2022.

Camacho es un ingeniero eléctrico, licenciado en Física y cuenta con un magíster en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables en la Universidad de Monterrey.

En el 2018 por medio del Partido Comunes, el ingeniero de 42 años se postuló a la Cámara de Representantes en Bogotá. También fue secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU).

El nuevo ministro, pues, presenta, dos facetas, la del técnico, que no tenía la anterior ministra Irene Vélez, y la política, como activista.

Camacho llega a una cartera maltrecha, que requiere atender varios frentes que están pendientes: Entre ellos, definir la nueva ruta de la transición energética -una bandera del actual gobierno-, atender la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, definir en propiedad a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), el nombramiento en propiedad del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y definir el rumbo que tendrá el Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada de la prospección de los recursos minero energéticos del país.   

A partir del 1 de diciembre de 2023, la Central Térmica Cartagena pasará a ser operada y administrada por la sociedad SMN Termocartagena S.A.S. Enel Colombia continuará enfocándose en el desarrollo e incorporación de proyectos de energías renovables no convencionales.

Enel Colombia y SMN Termocartagena firmaron un acuerdo de compraventa de la Central Térmica Cartagena (Termocartagena) y del 100% de la participación de la Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A., concesionaria de los Permisos Portuarios necesarios para la operación de la Central.

El acuerdo empezará a regir a partir del 1 de diciembre de 2023, fecha desde la cual el grupo SMN asumirá la administración y operación de esta planta generadora de energía.

Esta central termoeléctrica, ubicada en Mamonal, área industrial de Cartagena, cuenta con una capacidad instalada de 203 megavatios (MW) y genera energía mediante el uso de gas y/o combustible líquido. 

La venta de la Central Térmica Cartagena responde a la estrategia de Enel Colombia de enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos renovables no convencionales, en especial en la región Caribe, territorio con gran potencial; para contribuir a la diversificación de la matriz energética colombiana.

A su vez, el nuevo propietario propenderá por la continuidad de la operación de la planta en pro de la seguridad energética del país, con estándares técnicos y sostenibles, tal como la transición energética nacional lo demanda.

Actualmente, Enel Colombia, a través de su línea de negocio Enel Green Power, construye en la zona norte del país alrededor de 800 megavatios (MW) de energía renovable no convencional en los departamentos del Cesar, Magdalena y Atlántico, que representan una inversión de más de 2,5 billones de pesos. Este portafolio está compuesto por el parque solar La Loma, la extensión de El Paso solar, Guayepo I & II, el parque solar en construcción más grande de Colombia; y el parque solar Fundación, uno de los 11 proyectos adjudicados en la última subasta de contratos de largo plazo.

Gracias a los modelos predictivos a través de los cuales funciona la IA, es posible optimizar los recursos energéticos y los recursos económicos invertidos en proyectos. El principal avance en Colombia es el CONPES 3975 de 2019, que incluye la “Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial.”

Una de las industrias en que la Inteligencia Artificial (IA) puede tener mayor asiento es en generación de energías renovables (proyectos FNCER), ya que se ha identificado que contribuye a agilizar los procesos necesarios para su desarrollo, construcción y operación. Dicha incorporación es necesaria atendiendo al llamado de comunidades científicas sobre la necesidad de acelerar la transición energética con el fin de combatir el cambio climático.

Pero cabe preguntarse: ¿qué tan lejos estamos de lograr implementar un marco regulatorio que permita aplicar la IA en el sector energético, sin poner en peligro la seguridad de los datos personales y demás riesgos que la IA conlleva?

De acuerdo con la asociada de la firma Mendoza, Carolina Vargas, “en Colombia, el principal avance para la incorporación de la IA es el CONPES 3975 de 2019 que incluye la “Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial”. Esta política incorporó un plan de acción dirigido a disminuir las barreras que impiden la implementación de tecnologías digitales en el sector privado y público en Colombia; crear instituciones habilitantes para la innovación digital; fortalecer las competencias del capital humano para afrontar las tecnologías; y, desarrollar condiciones habilitantes en la preparación para los cambios económicos y sociales que conlleva la IA”.

A partir de esto, la Misión de Expertos de IA llevó a cabo dos proyectos: el Policy Lab: Laboratorio de Políticas Públicas en IA; y la Plataforma de Empoderamiento: AprendeIA. Además, se desarrollaron varios documentos: un marco ético de implementación de IA, la conceptualización de la economía de intercambio de datos, el diseño de los Regulatory Sandboxes y Beaches (también relevante en temas de hidrógeno) y un modelo de gobernanza.

“Sin embargo, aún hay un gran camino por recorrer en la industria energética, aunque llama la atención que en el capítulo de sostenibilidad y protección del medio ambiente del documento de Diagnóstico elaborado por esta Misión, se hace especial hincapié en el rol de la IA en la gestión las redes descentralizadas inteligentes que puedan optimizar el uso de energía, equilibrando las necesidades de suministro y demanda de electricidad en tiempo real, así como en el apoyo a los sistemas de energía con bajas emisiones de carbono integrándolo con fuentes de energía renovable y eficiencia energética”, explica la experta.

Beneficios para el sector

Gracias a los modelos predictivos a través de los cuales funciona la IA, es posible optimizar los recursos energéticos y los recursos económicos invertidos en Proyectos FNCE y llegar a reducir los costos de mantenimiento y funcionamiento de los equipos, identificando preventivamente problemas, y ajustando automáticamente los sistemas para mejorar su rendimiento (e.g. la gestión de redes inteligentes, mantenimiento predictivo, optimización y maximización del almacenamiento de energía, paneles solares y turbinas eólicas).

Más allá de los asuntos técnicos en los cuales se puede emplear la IA, estos sistemas predictivos pueden ayudar, incluso, a analizar la bancabilidad de un proyecto de energía renovable en proceso de financiación y en la valoración que hace una compañía en los derivados necesarios para proteger dichos proyectos.

“Desde algunas escuelas en Nueva York y compañías como Samsung, hasta estados completos como Italia, han tomado medidas restrictivas para el uso de la inteligencia artificial (IA) por razones de protección de datos personales. Sin embargo, es indiscutible que a pesar de la resistencia que se pueda presentar, el uso cada vez más cotidiano de las tecnologías de la cuarta revolución industrial es un hecho, y el desafío que las mismas representan para el ente regulador es ineludible”, concluye la asociada Carolina Vargas.