En los próximos meses la industria minera del país se juega su futuro: por un lado, la Corte Constitucional deberá fallar sobre la no deducibilidad de las regalías en la declaración de renta de las empresas, y por el otro, un proyecto de decreto que salió a comentarios por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, facultaría a cualquier funcionario para declarar, de manera subjetiva, reservas de recursos naturales.
Por: MARTÍN ROSAS
Este 4 de agosto la Corte Constitucional realizó la última audiencia pública, antes de fallar sobre las demandas que se han presentado contra el artículo 19 de la Reforma Tributaria de 2022, según el cual las regalías que pagan las empresas mineras no son deducibles de la renta.
Tal como está hoy la norma, solo en dos países del mundo, Colombia y Zambia, no se pueden deducir las regalías que pagan las empresas al Estado por los derechos de explotación de los recursos naturales.
Tres estudios independientes, de la Universidad Externado, Econometría Consultores y Mauricio Reina y Sandra Oviedo, coinciden en que la no deducibilidad de las regalías lleva al sector minero a tasas efectivas de tributación del 142%, cuando antes de la Reforma esa tasa estaba en el 88% en promedio.
“La no deducibilidad de las regalías llevará a que se marchite de manera gradual la minería, sobre todo la del carbón térmico, y eso compromete las finanzas públicas hacia adelante”, dice Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Mitos vs realidad
El dirigente gremial señala que en el debate se han esgrimido varios mitos sobre la actividad minera. “Uno es que no es cierto, como lo dice la exposición de motivos de la reforma, que este sector tenga una capacidad tributaria superior a otros sectores productivos, hoy ya este sector tiene una capacidad contributiva limitada del 88%, y en algunas operaciones sube al 90%.”
El otro mito que señala Nariño es que tampoco es cierto que el sector no aporte más plata a los colombianos en épocas de precios altos de los minerales. De hecho, dice que en un año excepcional de precios altos como el 2022, el sector triplicó sus aportes.
Efectivamente, mientras en 2021 el sector aportó en rentas y regalías 4,7 billones de pesos, el año pasado la suma ascendió a 15,7 billones de pesos. “Es un sector que en su estructura tributaria ya tiene inmerso que cuando hay buenos precios se aporta más al fisco colombiano”, dice.
Por último, el otro mito que señala es que no es cierto que la deducibilidad de las regalías signifique una recuperación del pago. “Es un criterio que no es acorde con la realidad contable en el mundo. Si fuera cierto que todos los costos fueran recuperación del pago, no existiría ningún costo salarial que se descuente ni operativo o de las materias pimas que se deducen, todos esos costos serían considerados una recuperación del pago de impuestos, dice Nariño.
Proyecto de decreto
Pero el mayor peligro que los mineros está viendo que se cierne sobre la actividad es el proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recurso naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.”
Según la ACM, este proyecto de decreto le da facultades a la ministra para decretar áreas ambientales de protección en cualquier parte del país, desbordando las facultades del Ministerio y asumiendo facultades de las Corporaciones Autónomas Regionales.
“Considero que este decreto materializa la intención del gobierno de menguar la actividad minera en Colombia vía actos administrativos por varias razones: La primera es que vuelve general el principio de precaución que hoy la jurisprudencia colombiana ha dicho que es un principio excepcional, cosa que le da una enorme subjetividad a los funcionarios públicos para tomar determinaciones.
“Lo segundo, este decreto elimina el rigor técnico para decretar esas áreas de reservas ambientales temporales, en un sector donde los colombianos lo que necesitamos es que cada vez tenga más universidades, más academia y más análisis con rigor técnico y académico.
“Tercero, este es un decreto que desconoce las autonomías y competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, es decir, unos funcionarios desde Bogotá van a determinar las sensibilidades ambientales en el territorio colombiano.
“Y cuarto, este es un decreto que elimina los derechos adquiridos de las actividades productivas en Colombia, y a través del principio de precaución los funcionarios públicos pueden suspender o eliminar actividades productivas, por supuesto mineras, en cualquier parte del territorio, por un principio entendido de manera generalizada”, concluye Nariño.
Así, pues, los últimos meses del 2023 serán cruciales para la actividad minera del país. Por un lado, en las manos de la Corte Constitucional está la viabilidad económica de la industria, y en el Ministerio de Ambiente se definirá la estabilidad jurídica, que pondría en riesgo la producción de minerales para otros sectores de la economía, como la construcción, el agro y la tan cacareada transición energética.
