Categoría: Industria

De los recursos de regalías, el 76% proviene de la explotación de hidrocarburos ($22,65 billones) y el 24% de la explotación minera ($7,25 billones).

2 de noviembre de 2022.   Las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024, por un monto de $31,3 billones, equivalente al 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde 2012, este es el presupuesto que más recursos asignará a los territorios y que permitirá impulsar acciones encaminadas a la transición energética, la descarbonización de las economías regionales y la transformación productiva sostenible e intensiva, principalmente en generación de empleo.

En relación con el bienio actual (2021-2022), el incremento que propone el proyecto de ley corresponde al 94% de los ingresos corrientes del Sistema, pasando de $15,4 a $29,9 billones.

Para la proyección de regalías de ingresos corrientes de $29,9 billones, el 76% proviene de la explotación de hidrocarburos ($22,65 billones) y el 24% de la explotación minera ($7,25 billones).

“Trabajaremos de manera articulada con las entidades territoriales en los ejercicios de planeación para que este presupuesto contribuya a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales en los territorios, impulsando la transición de las actividades productivas actualmente dependientes de la industria extractiva a otras alternativas para su desarrollo sostenible”, aseguró Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.

Según la funcionaria, el proyecto de ley aprobado favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades y la transformación productiva.

En materia de hidrocarburos, para la construcción de este presupuesto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en línea con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo, utilizó la información de reservas al cierre de 2021.   Estos informes están detallados para cada uno de los campos productores del país y permiten contar con reservas para ocho años.

A los ingresos corrientes, se adicionan $1,3 billones por concepto de rendimientos financieros del SGR y $33 mil millones por concepto de regalías por minerales sin identificación de origen. De acuerdo con lo anterior, el presupuesto del SGR para el próximo bienio corresponderá a $31,3 billones.

Cerca del 93% de estos recursos se destinará a la inversión en todos los territorios del país, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley que reglamenta el Sistema General de Regalías. El porcentaje restante se destinará a ahorro y administración del Sistema.

Luego de ser aprobado en las comisiones terceras y cuartas de Cámara y de Senado, el proyecto pasará a discusión y aprobación en las plenarias de las dos corporaciones.

Fuente: Minenergía

El gremio advierte que el impacto sobre los precios de electricidad para los usuarios de zonas francas podría ser superior a los $30 por KWh en los contratos de energía, lo cual impactaría al usuario residencial ya que podría representar un incremento entre el 8% y el 10%; y para un usuario industrial puede llegar a ser entre un 12% y un 15% de aumento en el componente de generación.

1 de noviembre de 2022. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) considera que para el sector de generación de energía eléctrica la propuesta incluida en la Reforma Tributaria relacionada con cambiar los impuestos y planes de internacionalización de las Zonas Francas es imposible de cumplir, ya que estas constituyen un servicio público que atiende a todos los colombianos.

Adicionalmente, la implementación de la medida iría en contravía de lo que plantea el Pacto por la Justicia Tarifaria, donde tanto el Gobierno Nacional como las empresas vienen haciendo esfuerzos para buscar soluciones que beneficien al usuario final.

“Confiando en el país y en la estabilidad jurídica, económica y competitiva que el Estado debe garantizar, las empresas de generación de energía asociadas a ANDEG han invertido cerca de 1.650 millones de dólares en los últimos 15 años. Estas inversiones representan más de 2.000 MW, el 11% de la capacidad de generación total”, indicó el director Ejecutivo del gremio, Alejandro Castañeda.

De acuerdo con Castañeda, las principales implicaciones asociadas a los cambios que plantea la Reforma Tributara son mayores costos para los usuarios de electricidad y desconfianza en las inversiones futuras por parte de los agentes de la cadena.

En ese sentido, la Asociación estima que el impacto sobre los precios de electricidad, a partir de la nueva tarifa de impuesto de renta para los usuarios de Zonas Francas, sería superior a los $30/kWh en los contratos de energía, lo que representaría para un usuario residencial entre el 8 y el 10%, y para un usuario industrial puede representar entre un 12 y un 15% de aumento en el componente de generación.

“Estos incrementos se reflejarían en mayores tarifas de energía para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN). En el contexto anterior, y considerando el rol de las plantas térmicas en la formación de precios, el impacto sobre la demanda eléctrica superaría los 2,1 billones de pesos, por lo cual, el efecto neto sería lesivo para los usuarios del sector eléctrico”, puntualizó Castañeda.

Otro aspecto importante es que se produciría una afectación a la confiabilidad que aportan estas generadoras al sistema, toda vez que los 2.000 MW que están disponibles en Zonas Francas son plantas de generación térmica, ubicadas específicamente en los departamentos Atlántico, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca.

En adición, con el incremento que se daría en los precios de energía por efecto de la modificación del impuesto de renta a las plantas de generación de zonas francas, se exigirá un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Nación, del orden aproximado entre 250.000 y 300.000 millones de pesos al año respecto a la referencia actual. Lo anterior, implicará un impacto directo para las finanzas públicas por las mayores necesidades de subsidios de energía, respecto al ya deficitario fondo de subsidios eléctricos.

Finalmente, “el recaudo adicional estimado por efecto de la medida planteada en la propuesta de Reforma Tributaria, en lo que concierne a las plantas de generación térmica, no sería superior a los $50.000 millones por año, con lo que, sin duda alguna, la iniciativa legislativa de modificación al impuesto de Zonas Francas en el sector de energía presenta un efecto neto negativo para la sociedad, superior a los 2,2 billones de pesos anuales”, afirmo el dirigente gremial.

ANDEG reitera que la modificación que se propone desde la Reforma Tributaria impactará todos los sectores de la economía, afectando de manera importante a los hogares colombianos, la dinámica empresarial, el desarrollo productivo y social, así como la competitividad del país. Y, además, significaría un retroceso en los avances que ya se han dado en materia de reducción de precios, gracias al Pacto por la Justicia Tarifaria.

De acuerdo con los petroleros, la reforma tributaria sería 115% más costosa que la propuesta inicial radicada en agosto. Con la tributaria, la producción de petróleo caería hasta 450.000 barriles a finales de la década.

31 de octubre de 2022.   La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) reiteró su preocupación por la reforma tributaria y los efectos que tendrá para el país en el mediano plazo.

“La propuesta anunciada por el Gobierno con los coordinadores ponentes, en lugar de corregir, carga aún más al sector afectando su competitividad, viabilidad, el desarrollo de la producción de petróleo y la generación de aportes fiscales para el país y las regiones” señaló el gremio en un comunicado.

De acuerdo con la ACP, la más reciente propuesta fija una sobretasa que varía con base en el precio internacional del petróleo de los últimos 10 años y corresponde a una sobretasa de 5, 10 y 15 puntos.

Así, de acuerdo con los análisis realizados por el gremio, y teniendo en cuenta las proyecciones de precio del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), esta propuesta implicaría que en los próximos años la sobretasa que se causa se encuentre entre 10 y 15 puntos, debido a que los umbrales para fijarla continúan siendo muy bajos y no estarían reflejando las consideraciones para clasificarse como precios altos. “Esto hace que esta propuesta sea excesivamente gravosa y alta comparada con otros sectores económicos como el financiero y eléctrico”, dice el gremio.

Por otro lado, el Gobierno mantiene la prohibición de deducir las regalías del impuesto a la renta, aunque elimina la exigencia que se había impuesto de crear un ingreso ficticio para las regalías pagadas en especie.

Esto no compensa el aumento en la sobretasa de 10 a 15 puntos, porque la mayor sobretasa al petróleo genera un costo exponencial al aumentarse en más de 50% la tarifa sobre la cual se grava (pasa de 35% a 50%). Asimismo, el 30% de la producción de petróleo y el 100% de la producción de gas natural pagan las regalías en dinero, por lo que no se benefician del ajuste; en cambio, por este concepto, el petróleo deberá pagar un 41% adicional a la propuesta inicial del Gobierno.

“Esta propuesta, si bien considera la variación de los precios internacionales, es la más gravosa de todas y no representa alivio, pues es 115% más costosa para las empresas que la propuesta inicialmente radicada por el Gobierno y 5% más gravosa que lo aprobado en

primer debate. Con este escenario, el Government take para nuevos proyectos de inversión aumentaría a 85%, sacando a Colombia del mapa de competitividad en la región, según cifras de la CEPAL”, dice la ACP.

Según el gremio, la propuesta, además de comprometer proyectos de desarrollo de recursos descubiertos y exploración bajo contratos existentes, también pondría en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción.

Con los recortes en la inversión, que podría oscilar entre 30% y 50%, se estima que la producción caería gradualmente y, para finales de esta década, la disminución sería de entre 350 mil y 450 mil barriles de petróleo, de los 750 mil barriles promedio día que se producen actualmente.

La caída en la producción de hidrocarburos afectaría al país y las regiones pues se perderán ingresos producto de la reforma. Para el año 2026 el recaudo con reforma sería hasta 10% menor que el recaudo sin reforma, y para finales de esta década sería hasta 44% inferior.

“Lo que hemos venido alertando desde el gremio es el impacto que tendrán estas decisiones para Colombia en el mediano plazo, pues si las inversiones en la industria disminuyen, caerá la producción y, en consecuencia, caerán los aportes de este sector al país y las regiones. Se está pensando en el corto plazo y no en cómo mantener y aprovechar una industria y sus recursos, que son clave para las finanzas públicas, para la financiación de los programas de desarrollo en las regiones y para todos los colombianos,” concluyó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

De acuerdo con su quinto Informe de Sostenibilidad, las compañías afiliadas al gremio se han mantenido estables en la generación de gases de efecto invernadero; incluso reportaron una disminución con respecto a 2020 y 2021.

28 de ctubre de 2022.   La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), entregó la quinta edición de su Informe de Sostenibilidad, donde recopila los principales resultados, impactos y contribuciones de sus empresas afiliadas durante 2021 en materia económica, ambiental, social, de eficiencia energética y sectorial. 

Uno de los datos destacados en el reporte es que las generadoras de energía asociadas al gremio –siendo el respaldo del sistema eléctrico nacional–, representan apenas el 2,4% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) del país, y que en el marco de la responsabilidad ambiental están implementando diferentes estrategias de mitigación, compensación y conservación con enfoque en la cadena de valor, lo que refleja su compromiso por desarrollar una operación cada vez más sostenible.

Así mismo, se muestran los múltiples esfuerzos que ha hecho el sector térmico para avanzar en la estimación de la huella de carbono empresarial, así como en el desarrollo y la estructuración las estrategias de gestión del cambio climático donde se invirtieron más de $1.480 millones, incluyendo la gestión de oportunidades en el mercado de carbono, la innovación y la investigación de nuevas tecnologías.  Además, se destinaron $9.790 millones para todas las actividades relacionadas con la gestión ambiental, como permisos, monitoreos, certificaciones, registros, auditorías y obligaciones de los PMA, entre otros. 

Eficiencia energética

De otro lado, la eficiencia energética ha sido la mayor apuesta de las empresas asociadas a ANDEG, entendiéndola como una estrategia relevante que consiste en generar más energía confiable y segura con el mismo combustible, brindando competitividad, confiabilidad y optimización de la operación del sector termoeléctrico.

En ese sentido, en 2021 las empresas realizaron inversiones por $540 mil millones en labores de configuración tecnológica, modernización de equipos y herramientas, sistemas de combustión y ajustes operativos, sistemas de enfriamiento, y medición y control, entre otros.

En materia de empleo, las 12 empresas afiliadas al gremio en 2021 generaron más de 1.800 empleos directos y 850 indirectos, una contribución importante considerando el contexto de la reactivación económica y los retos que representó para todos los grupos empresariales del país.

En relación con las iniciativas de impacto social, ANDEG y sus empresas afiliadas destinaron más de $4.900 millones en programas de educación (acceso y dotación), salud y bienestar, recreación y deporte, en beneficio de las comunidades del área de influencia de las térmicas. 

Además, continuaron apoyando a los territorios en la atención de la pandemia por Covid-19, con aportes por más de 780 millones de pesos y más de 13.900 personas favorecidas. 

Otro renglón importante es la generación de recursos para los territorios y la Nación. Durante 2021 se realizaron contribuciones en impuestos por más de $290.000 millones y aportes a los territorios por concepto de transferencias del sector eléctrico por más de $48.400 millones, recursos que van dirigidos a las corporaciones autónomas regionales y a los municipios para la protección del medio ambiente y el desarrollo municipal en términos sociales y productivos. Los departamentos impactados fueron Bolívar, Atlántico, La Guajira, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Córdoba y la Orinoquía.

“La sostenibilidad debe ser un propósito y esfuerzo de todos, no solamente de las empresas, sino también de las cadenas de suministro de insumos, de los usuarios, de las comunidades en las áreas de influencia, de los trabajadores y en general de todos los actores de la producción de energía. Pero, no se puede hablar de sostenibilidad sin seguridad y confiabilidad energética. En este contexto, es necesario reconocer que el sector térmico, representado en ANDEG, es la piedra angular sobre la cual se puede construir una transición energética justa, segura y ordenada”, destacó Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación.

Finalmente, el gremio destaca que cuenta con el apoyo de aliados estratégicos para buscar y analizar las mejores oportunidades y alternativas para el sector, con el objetivo de seguir brindando la confiabilidad energética que el país necesita, y que a través de la innovación y la investigación se continúe aportando al cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de sostenibilidad, de los ODS de la ONU y de la gestión del cambio climático, garantizando siempre la seguridad y la confiabilidad energética.

La nueva Junta Directiva de respalda al equipo directivo de Ecopetrol y coforma los comités de diracción.

28 de octubre de 2022.   La nueva Junta Directiva de Ecopetrol, elegida en Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 24 de octubre pasado, en su sesión del 27 de octubre de 2022 realizó la designación de Carlos Gustavo Cano Sanz como presidente de la Junta Directiva y de Mauricio Cabrera Galvis como vicepresidente de la Junta Directiva.

Además, la Junta Directiva manifestó su respaldo al equipo directivo de la Compañía, en cabeza de su presidente Felipe Bayón Pardo.

La Junta Directiva igualmente aprobó la conformación de sus comités de apoyo de la siguiente forma:

Comité de Auditoría y Riesgos

• Sergio Restrepo Isaza (Presidente del Comité)
• Carlos Gustavo Cano Sanz
• Santiago Perdomo Maldonado

Comité de Negocios

• Santiago Perdomo Maldonado (Presidente del Comité)
• Carlos Gustavo Cano Sanz
• Esteban Piedrahita Uribe
• Gonzalo Hernández Jiménez
• Mauricio Cabrera Galvis
• Sandra Ospina Arango
• Saúl Kattan Cohen
• Sergio Restrepo Isaza

Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

• Esteban Piedrahíta Uribe (Presidente del Comité)
• Carlos Gustavo Cano Sanz
• Gabriel Mauricio Cabrera Galvis
• Gonzalo Hernández Jiménez
• Mónica de Greiff Lindo

Comité de Compensación, Nominación y Cultura

• Mauricio Cabrera Galvis (Presidente del Comité)
• Mónica de Greiff Lindo
• Saúl Kattan Cohen

Comité de HSE

• Sandra Ospina Arango (Presidente del Comité)
• Mónica de Greiff Lindo
• Sergio Restrepo Isaza

Comité de Tecnología e Innovación

• Saúl Kattan Cohen (Presidente del Comité)
• Esteban Piedrahíta Uribe
• Sandra Ospina Arango
• Santiago Perdomo Maldonado

La Junta Directiva también designó a María Paula Camacho Rozo como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General a partir del 27 de octubre de 2022. Camacho ha estado encargada de esta vicepresidencia desde el 18 de agosto de 2022, es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en derecho comercial de la Universidad de Paris. Cuenta con 24 años de experiencia en el Grupo Ecopetrol, dentro de los cuales se ha desempeñado como Secretaria General de Cenit y Ocensa, y como gerente Jurídica de Nuevos Negocios y Corporativo de Ecopetrol.

Los legisladores del Centro Democrático, Cambio Radical y otras fuerzas independientes señalan incapacidad de Irene Vélez para dirigir la cartera minero energética.

27 de octubre de 2022.   Luego de muchos contactos políticos desde el Congreso de la República se radicó una moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por lo que un grupo de legisladores considera incapacidad para el manejo de una cartera tan delicada en los actuales momentos.

Uno de los promotores de la iniciativa, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal dijo que el Gobierno de Gustavo Petro debe darle claridad al país y a los mercados sobre lo que será su política minero energética y evitar los bandazos que se vienen presentando al interior del Ministerio.

Señaló que no es momento para acabar con la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, pues la situación fiscal de Colombia no lo permite y pidió la salida de la señora Vélez como titular de la cartera para tranquilizar los mercados.

Desde la llegada de Vélez al Ministerio de Minas y Energía se ha venido hablando de la posibilidad de no continuar con la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos que existen en el subsuelo colombiano, lo que ha causado molestias no sólo en los gremios que agrupan a las empresas del sector sino también en la opinión pública.

A juicio de los parlamentarios, Vélez no tiene la preparación suficiente para afrontar los nuevos retos que en materia minero energética tiene el país y el mundo, en momentos en que se encuentra en un proceso de transición hacia energías más limpias.

No obstante, el Gobierno anunció que los proyectos de exploración y producción firmados continuarán normalmente.

Desde Barranquilla, la ministra Vélez dijo que es respetuosa de la decisión tomada por el grupo de congresistas y señaló que “en este momento estamos esperando a que haya un curso regular de esa moción de censura y cuando ya nos citen estaremos listos para responder”.

El Congreso decidirá la próxima semana la fecha en que se llevará a cabo el Congreso Pleno para debatir la moción de censura a la ministra de Minas y Energía.

Los gremios de la región piden a congresistas no exponer al territorio a una crisis social, ni desestimular la producción de sectores estratégicos, ni la inversión privada vital para su desarrollo.

18 de octubre de 2022.   La Reforma Tributaria ocasionará una mayor pobreza y más desempleo en el Caribe al debilitar sectores estratégicos de su economía, limitar sus posibilidades de desarrollo y lesionar su competitividad.

Por ello, los gremios de esta Región solicitan a los congresistas, especialmente del Caribe, votar responsablemente la reforma sin exponer al territorio a una crisis social como consecuencia de un régimen de impuestos que exceda la capacidad de pago de las empresas, hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de sus operaciones.

Además, proponen aplazar el trámite de la Reforma Tributaria hasta cuando se logre el equilibrio entre las propuestas del Gobierno nacional y las de los gremios que representan al sector privado, sin afectar la productividad y competitividad de las empresas ni desestimular la internacionalización del país.

Insisten en alcanzar ese equilibrio ante las coyunturas que podrían derivar en una recesión global y nacional, el endurecimiento de las políticas monetarias en las principales economías del mundo para contener la inflación, el incremento de las tasas de interés, y la valorización del dólar, costos que afectan al sistema productivo.

Finalmente advierten que, a mediano plazo, es más eficiente y viable mantener la carga fiscal en niveles razonables que permitan realizar inversiones, generar empleo y conservar o mejorar grados de producción competitivos, que incrementar abruptamente el aporte tributario del sector productivo para obtener recaudos muy altos, pero insostenibles en el tiempo.

Los gremios de la región que se han expresado son: El Consejo Gremial de Bolívar y los Comités Intergremiales del Atlántico, Cesar, Magdalena y Sucre.

Algunos ejemplos del impacto de la Reforma Tributaria que mencionan en sectores estratégicos del Caribe son:

1. Una mayor carga fiscal desestimularía la inversión extranjera en la minería y los hidrocarburos, en contravía de la tendencia mundial, y aplazaría la explotación de los yacimientos de cobre de Córdoba y César, afectando la transición energética dado que este mineral es indispensable para desarrollar las energías renovables.
2. La minería genera el 49% de las exportaciones del Caribe, 42.000 empleos directos y

205.000 indirectos. Además, por cada peso generado activa encadenamientos por 2,4 pesos en otros sectores; realiza compras de bienes y servicios por $9,6 billones de pesos al año, de las cuales el 30% en los mercados locales; y anualmente paga compensaciones ambientales por $527 mil millones, y realiza inversiones sociales directas por $126 mil millones de pesos, beneficiando a 193.000 personas.

3. El Caribe es el principal receptor de inversión exploratoria de petróleo y gas en 2022, con USD 487 millones, el 59% de esa suma, en tierra firme. El total de la inversión en proyectos costa afuera se ejecutará en esta región, con compromisos en los próximos años por USD 1,5 billones. Aún con ese monto, poner a producir los recursos del Caribe requiere más pozos exploratorios e inversiones cuantiosas que convertirán a la Región en la fuente de la soberanía energética de la nación y de la producción de hidrógeno verde y azul.

4. El Caribe tiene un potencial de producción de gas natural costa afuera que triplicaría las reservas del país. Aquí se ejecutará el 78% de la inversión en exploración por lo que desincentivarla es condenar a la región a dejar ese recurso en el subsuelo y perder cerca de 20 mil empleos directos. El gas natural es el respaldo de las energías renovables ante su producción intermitente e impredecible, y un apoyo para la autosuficiencia y la transición energética.

5. Ponerles por decreto a las zonas francas un umbral de ventas máximo al Territorio Aduanero Nacional no superior al 40% en 2024; 30% en 2025; y 20% en 2026 para mantener el incentivo tributario de renta al 20%, y establecer que las que los incumplan por 3 años consecutivos perderán su calificación de usuarios industriales, desincentivaría la llegada de compañías a 45 zonas francas del Caribe; y pondría en riesgo a más de 300 empresas en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, 80% de las cuales son PYMES cumplidoras de compromisos de empleo e inversión.

6. Usuarios que por su naturaleza y fines no son exportadores, pero sí estratégicos para el comercio exterior y el país, como puertos, aeropuertos, ferrocarriles, generadores de energía, refinerías, productores de biocombustibles y agroindustrias deben mantener el tratamiento especial de zona franca con la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios gravable del 20%. En ese mismo sentido, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debe mantener sus condiciones especiales, amparadas en la ley 915, para que pueda conservarse el equilibrio comercial en zona insular.

7. La Reforma Tributaria elimina la exención del IVA en servicios de hotelería y turismo, y la reducción de dicho impuesto en los tiquetes aéreos del 5%. También elimina la exención a la sobretasa temporal a la energía para los hoteles, lo cual aumentaría en 20% los costos de este rubro en 2023. Tales beneficios son determinantes para que este sector, altamente dinamizador de la economía de la Región Caribe, siga recuperándose de la afectación causada por la pandemia.

En Legislatura de Buenos Aires se presentarán tres proyectos para potenciar la producción de hidrocarburos en la provincia

13 de octubre de 2022.   Buenos Aires no se da por vencida en sus planes para ser considerada una provincia petrolera. Por eso, este 14 de octubre se presentarán tres proyectos de ley para impulsar la actividad hidrocarburífera.

Provincia Petrolera, Promoción de Hidrocarburos y Creación de la Comisión Bicameral Exploración de Hidrocarburos Offshore son las iniciativas que se presentarán al senado en la sesión de la Legislatura bonaerense.

«La industria energética es de gran importancia para la soberanía nacional. Buenos Aires genera el 87% de la energía total del país, por eso apostamos a ampliar los horizontes y potenciar la Provincia con la promoción de la producción hidrocarburífera», se indicó el senador Francisco Durañona en un comunicado.

La primera propuesta, denominada «Provincia Petrolera» busca declarar de interés público provincial la promoción, el desarrollo y la ejecución de planes destinados a incrementar la producción y el tratamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados.

De ese modo, se busca promover el incremento racional de la producción y tratamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos de manera sostenible, el pleno desarrollo de la industria de los hidrocarburos y la petroquímica y la generación de empleo.

Para satisfacer el interés general de la población en materia energética y contribuir al desarrollo económico y ante la posibilidad de contar con producción y desarrollo offshore, se busca crear y establecer las bases necesarias para elaborar una Ley de Hidrocarburos en la provincia.

El proyecto declara de interés público provincial la promoción, el desarrollo y la ejecución de planes destinados a incrementar racionalmente la producción y el tratamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus derivados, promoviéndose el desarrollo pleno de la industria de los hidrocarburos y petroquímica en el territorio bonaerense.

De sancionarse, se creará una Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Provincial de Hidrocarburos a trabajar en conjunto con los distintos actores involucrados.

Asimismo, se presentará una propuesta que persigue la creación de la Comisión Bicameral Exploración de Hidrocarburos Offshore, para analizar y estudiar el desarrollo de la exploración petrolera en la Cuenca Argentina Norte.

«La región a explorar se ubica costa afuera, en aguas federales, a más de 300 km al sudeste y 400 km al sur de la ciudad de Mar del Plata, con una superficie de aproximadamente 9.500 kilómetros cuadrados», se detalló.

La iniciativa pretende consolidar la transparencia sobre la exploración y extracción en el mar argentino, garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, el cuidado de los recursos naturales y promover que los proyectos contribuyan al desarrollo local para proteger a las comunidades y economías regionales del área de influencia.

Fuente: La Mañana en Neuquén

Según el reporte entregado el 12 de octubre, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54 % se asocian al mercado regulado y el 46 % al mercado no regulado.

13 de octubre de 2022.   Después de cuatro semanas de la puesta en marcha del cronograma con las medidas a corto y mediano plazo para mitigar el alza de las tarifas de la energía eléctrica en Colombia, la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y los actores del sector energético anunciaron, como resultado de la primera etapa de negociaciones, que 82 empresas se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria, para disminuir las tarifas de energía.

Según el cronograma planteado, el pasado 7 de octubre se cumplió el plazo de la etapa de ajustes en las metodologías tarifarias y en los contratos de energía.

Las generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras manifestaron públicamente su voluntad de acogerse al Pacto por la Justicia Tarifaria y buscar alternativas para reducir efectivamente y, en el corto plazo, las facturas del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional.

82 empresas se sumaron a las medidas para reducir los componentes de Generación, Transmisión y Distribución. En total, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado.

“Hasta el 7 de octubre, las empresas tuvieron plazo de hacernos llegar sus propuestas de disminución y los acuerdos alcanzados, y cómo estos tendrán un efecto real para la reducción de las tarifas. Por ello, hoy anunciamos que más de 80 compañías del sector dieron el paso de flexibilizar su postura y mostrar voluntad para alcanzar una tarifa justa”, dijo Vélez Torres.

“Esto es solo el inicio del gran acuerdo al que debemos llegar y apenas una etapa intermedia en el cronograma del Pacto. Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes, sin embargo reitero la necesidad de seguir trabajando para alcanzar la meta que nos hemos propuesto”, concluyó.

El propósito del Gobierno es que antes de que finalice el año los colombianos vean una reducción en su tarifa de energía y, para este fin, los empresarios se comprometieron con que este cambio se manifestará desde noviembre.

La ministra Vélez y la viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz, han materializado el cronograma de ejecución del paquete regulatorio y lo dispuesto en la Resolución 101 de 2022, que permite la renegociación de los contratos del mercado regulado entre los comercializadores y generadores, que incluye la modificación de tiempos de pago y el ajuste del indexador.

Los anuncios sobre los avances en el Pacto por la Justicia Tarifaria, fueron hechos este miércoles por la ministra Vélez Torres; el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Jorge Valencia Marín; la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez; el director general de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur; y la directora sectorial de energía y gas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Katherine Simancas.

Por su parte, la CREG señaló que la Comisión sigue trabajando en la revisión permanente de las metodologías tarifarias.

“Estamos comprometidos con los costos eficientes en las tarifas de energía y por supuesto, siempre dando señales en la mejora del servicio, ayudando a que los colombianos tengan una mejor calidad de vida”, aseguró Jorge Valencia Marín, director de la CREG.

El primer paquete regulatorio expedido por la Comisión de Regulación involucró la revisión de los indicadores que se utilizan para actualizar los componentes de la tarifa y así viabilizar que, antes de finalizar el año, los colombianos cuenten con tarifas eficientes.

“La Comisión sigue trabajando en soluciones estructurales, no solo por la situación que se ha presentado coyuntural, sino también en la revisión de la metodología tarifaria de este servicio público”, dijo Valencia Marín.

En este momento, la Comisión adelanta la revisión de tres componentes tarifarios del costo de prestación del servicio de energía eléctrica: la transmisión, la comercialización, y el inicio del trámite de revisión de la metodología de los cargos de distribución. Todos como parte del Costo Unitario de prestación del servicio (CU).

La termoeléctrica ubicada en Yopal, Casanare, se suma a la estrategia liderada por el gobienro nacional para reducir las tarifas de energía eléctrica.

11 de octubre de 2022.   La generadora de energía térmica Termoyopal anunció que se suma de forma voluntaria al Pacto por la Justicia Tarifaria, liderado por el Ministerio de Minas y Energía y bajo los lineamientos definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para brindar una alternativa a los comercializadores que atienden el Mercado Regulado de la Costa Atlántica.

A partir de un diálogo consensuado, la empresa busca acuerdos sobre los contratos con vigencia en 2022, con el fin de contribuir al propósito de reducir el costo de las tarifas de energía en beneficio de todos los colombianos.

“La compañía tiene un compromiso social ineludible con las necesidades de los usuarios de energía eléctrica a nivel nacional y más especialmente con los de la costa Caribe, por eso estamos generando espacios de concertación con nuestros aliados comercializadores para definir un porcentaje de descuento sobre el precio de venta de energía que permita aliviar el bolsillo de las familias con menores ingresos”, señaló Luis Alberto Páez, gerente General de Termoyopal.

Cabe destacar que aun cuando el valor del gas natural, principal componente en los costos de generación para Termoyopal ha aumentado alrededor de 45% en pesos colombianos desde el año 2020, la compañía desde hace una semana viene presentando propuestas de reducción de precio a los comercializadores con los que tiene contratos para el Mercado Regulado y, especialmente, a los que atienden la demanda de la Costa Caribe.

Termoyopal reitera su compromiso de continuar brindando al Sistema Eléctrico Nacional energía firme, flexible y confiable, en el marco de la transición energética justa y gradual, señaló la térmica en un comunicado.