Categoría: Industria

15 de noviembre de 2022.   La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, presentó su gestión del tercer trimestre del año 2022 resaltando un desempeño económico positivo con crecimientos del 16,5% en su utilidad operacional; 5,5% en sus ingresos y 7,2% en el EBITDA, comparado el mismo periodo del año 2021. También resalta el incremento en volumen de gas natural transportado de 21 millones de pies cúbicos día (MPCD) para un total de 511 MPCD entre los meses de julio a septiembre.

A la fecha son más de seis millones de dólares de nuevos ingresos fruto de contratación adicional. La gestión comercial muestra una dinámica sobresaliente en segmentos como industria con 13,2 MPCD y movilidad con 4,9 MPCD, lo cual se traduce para los colombianos en el uso una energía más limpia para el transporte, la fabricación de productos y servicios, y mejor calidad de aire.

En el periodo señalado, TGI avanzó en su agenda de innovación en hidrógeno con la constitución de dos proyectos piloto. El primero, Hidrógeno distribuido en motores de compresión; el segundo, Hidrógeno distribuido en Transmilenio; ambos cuentan con alianzas estratégicas para el desarrollo de la cadena.

Además, la compañía avanza en el cumplimiento de su hoja de ruta de descarbonización, no solo con el 72% de avance en su plan para la reducción de emisiones, sino que también continúa su agenda ambiental con soluciones basadas en la naturaleza a través de las cuales promueve la conservación de la fauna y la flora.

En materia social, celebra ser una compañía de Puertas Abiertas con la participación de mujeres 70% en la alta dirección; 44% en Junta Directiva. Desde la perspectiva de gestión social en territorio, su impacto ha estado concentrado en brindar mayor acceso al gas natural.

“Para este periodo beneficiamos a más de 2.900 personas con acceso a gas natural, gracias a nuestro programa de gasificación rural en los municipios de Jesús María y Florián, Santander. Ese es el significado de mejorar vidas con energía sostenible y competitiva”, asegura Mónica Contreras Esper, presidente de TGI.

En la apertura de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se lleva a cabo en Bogotá hasta el 18 de noviembre, los gremios del sector expresaron que la Transición Energética no es incompatible con el sector de hidrocarburos; es más, este es necesario para financiarla además de soportar las finanzas de la Nación.  

15 de noviembre de 2022.   Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombia del Petróleo y Gas (ACP), dijo durante la inauguración de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que “si pierde la industria de hidrocarburos, pierde el país, por eso no contemplamos ese escenario (el del marchitamiento del sector), confiamos en que en la discusión que se está dando prime la sensatez y el interés de todos los colombianos”, dijo al dar inicio al máximo evento del sector.

Los gremios organizadores del evento (la ACP, Campetrol, ACIEM y la ACGGP hicieron un llamado para que la política energética, que incluye la política de hidrocarburos, sea una herramienta para promover equidad, la superación de la pobreza y el crecimiento económico y social en el país, en un marco de protección ambiental y gestión del cambio climático. 

Esto considerando que, en la actualidad, persiste una gran incertidumbre sobre el futuro del sector hidrocarburos en el país, pese a que la industria del petróleo, gas y combustibles líquidos contribuye significativamente a las finanzas del Gobierno nacional y de las regiones, y sus aportes fiscales apalancan inversiones en proyectos socioambientales estratégicos que aportan a la reducción de las desigualdades y la pobreza energética, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En efecto, Nélson Castañeda, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Serivicos del Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), señaló que en 2021 el sector le generó a la Nación recursos por 36 billones de pesos, con un precio promedio del crudo de 73 dólares por barril, y que el 2022 cerrará con más de 61 billones de peos, con un precio superior a los 90 dólares el barril; es decir, que solo el sector hidrocarburos le aportará a las finanzas públicas tres reformas tributarias.

Los gremios organizadores de la V Cumbre reiteraron que el sector está listo para continuar aportando y ser fuente de desarrollo de Colombia y, para ello, el país requiere contar con una política pública que promueva la sostenibilidad del sector energético, de las empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas, incluidas las privadas, y permita aprovechar su potencial para impulsar la transición energética y la transformación de Colombia.

“Esta industria ha sido aliada del progreso de Colombia y de miles de colombianos en las regiones donde ha operado, y está lista para seguir construyendo y aportar en la definición de la hoja de ruta de la transición, en el marco del gran diálogo social nacional; a la vez que esperamos poder continuar explorando y produciendo el petróleo y el gas claves para la seguridad energética del país y para aprovechar los recursos que genera el sector para beneficiar con proyectos sociales y ambientales a las comunidades y apalancar la transición energética”, aseguró Lloreda Mera.

En los próximos años, la transición energética a nivel global y en Colombia jugará un papel fundamental, por ello, el sector hidrocarburos también está comprometido con la gestión y mitigación del cambio climático; ejemplo de ello, desde el 2018, con corte a 2021, el sector de hidrocarburos ha desarrollado 92 proyectos asociados con cambio climático (mitigación, adaptación y gobernanza), que representan una inversión de $3,5 billones.

“El sector está convencido de la necesidad de hacer una transición energética justa y ordenada, y en ese sentido, la diversificación en curso es el camino apropiado para alcanzar la anhelada transición, asegurando la competitividad y las condiciones macroeconómicas del país”, explicó Nelson Castañeda.

Desafíos del sector de hidrocarburos

De acuerdo con los gremios organizadores de la Cumbre, Colombia necesita una política energética responsable, que contribuya no solo a garantizar el abastecimiento energético seguro, sino a la estabilidad macroeconómica y fiscal, y que tenga en cuenta las necesidades de las regiones en materia de regalías y transformación productiva.

Y para lograrlo es clave continuar explorando y produciendo petróleo y gas nacional, y exportando hidrocarburos para contar con recursos fundamentales para la Nación, al tiempo que se avanza en la transición y se fortalece la lucha contra el cambio climático. 

Precisamente, durante cuatro días, Bogotá será el escenario de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía: geopolítica, transición y seguridad energética, la cual reunirá a los actores más importantes del sector para discutir los desafíos que plantea la actual coyuntura global y nacional para un sector fundamental para la estabilidad macroeconómica y para el desarrollo social de Colombia.

Consulte la agenda en https://cumbrepetroleoygas.com/. 

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del acto de nombramiento de Sara Vélez Cuartas como experta de la planta de personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

11 de noviembre del 2022.   El acto fue demandado porque, a juicio del accionante, en este caso no se acreditaba el cumplimiento de un requisito consistente en contar con seis años de experiencia técnica en el sector energético.

Además, adujo que Vélez estaba inhabilitada para el ejercicio del cargo porque durante el año previo a su designación ostentó el cargo de integrante de la junta directiva de la Electrificadora del Meta (EMSA SA ESP). Si bien este rol lo desempeñó en calidad de delegada del ministro de Minas y Energía, esta circunstancia no está prevista como excepción para los integrantes de juntas directivas de empresas de servicios públicos, como Ecopetrol.

Por estas razones, la parte actora también solicitó que se emitiera una medida cautelar, buscando que se suspendiera la designación, mientras se emitía un fallo que resolviera la controversia de fondo.

El Consejo de Estado consideró que la condición de miembro de la junta directiva de la Electrificadora del Meta que ejerció la funcionaria sí constituye el rol de administrador de una empresa de servicios públicos que la ley establece como un factor inhabilitante.

Dado que la designación como experta de la CREG de la demandada se produjo antes del plazo de un año permitido por la ley para que no se configure tal factor de inelegibilidad, la sala consideró que se daban las circunstancias para conceder la suspensión solicitada, en atención a la vulneración del numeral 2º del artículo 44 de la Ley 142 de 1994.

Esta determinación supone que, mientras no se decida otra cosa, el acto de designación de la servidora en la Comisión de expertos se mantendrá suspendido provisionalmente, hasta que se decida de fondo la demanda.

Fuente: Consejo de Estado

Expertos nacionales e internacionales discutirán en la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía: Colombia Geopolítica, transición y Seguridad Energética, los desafíos del sector en Colombia y en el mundo. Se espera la participación de más de 3.500 asistentes del 15 al 18 de noviembre de 2022 en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá. 

11 de noviembre de 2022.   En medio de la discusión que ha suscitado durante los últimos meses el futuro energético de Colombia, expertos nacionales e internacionales, empresarios, funcionarios del Gobierno y líderes de opinión debatirán en la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, entre el 15 y el 18 de noviembre en Bogotá, el rol de esa industria para la economía del país y su peso como motor para su diversificación.

Como han adelantado los organizadores de la Cumbre, que espera reunir cerca de 3.500 personas en el centro de convenciones Ágora de la capital colombiana, las coyunturas internacionales y nacionales harán parte de la discusión, en torno a temas como geopolítica, transición, seguridad energética y el panorama macroeconómico. 

“Si el argumento es avanzar a pasos agigantados en la transición energética, el sector está convencido firmemente de que la diversificación energética, como debería ser llamada, se trata un proceso ordenado, en función de las condiciones de mercado y de las condiciones macroeconómicas del país, no debe ser forzada”, explicó Nelson A. Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol. 

Precisamente, ante varios señalamientos de diversas corrientes políticas sobre su proyecto energético, el presidente Gustavo Petro aclaró a finales de octubre en su cuenta de Twitter que “en ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas” y que “seguirán produciéndose normalmente”.

Por su parte, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que estará presente en la instalación de la V Cumbre, ha dirigido la atención de estas discusiones a la necesidad, según el Gobierno, de “mejorar sustancialmente la gestión de recursos de hidrocarburos y apalancar la transición energética” de una industria considerada vital por la contribución a las finanzas estatales.

Según datos del DANE, Colombia ha exportado más de 503 mil millones de dólares entre 2011 a 2021 en productos minero energéticos, entre ellos el petróleo, el gas y el carbón. Estas actividades representan, además, la principal fuente de divisas para el país.

“Este será un espacio de encuentro de una industria que mueve el país. Esperamos que aquí podamos discutir los temas que le interesan y preocupan a todos los sectores, para continuar en una línea de crecimiento que favorezca a todos los actores que participamos”, añadió Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

La V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía: Colombia Geopolítica, Transición y Seguridad Energética tendrá una amplia agenda académica, con más de 30 conferencistas invitados y espacios técnicos alrededor de las innovaciones del sector, una feria empresarial de más de 100 stands comerciales que espera generar nuevos negocios entre las compañías energéticas más importantes de la región.

Para hablar de la relevancia de esta industria en la economía nacional, se destacan presentaciones como el conversatorio programado para el 16 de noviembre sobre “Transiciones energéticas e impacto económico”, con invitados como Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo; el senador Mauricio Gómez Amín, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el presidente de UTIPEC, Alejandro Ospina.

También ante la pregunta: “¿Cómo conciliar las necesidades energéticas y los desafíos sociales y ambientales?, expertos de entidades como el CREE, Fedesarrollo o Inclusión SAS, además de líderes como la rectora de la EAN, Brigitte Baptiste, debatirán ese mismo día sobre esta temática y los esfuerzos por reducir su impacto en uno de los países más biodiversos del planeta.

Finalmente, otro de los espacios destinados al análisis de la coyuntura nacional será el dedicado el 17 de noviembre al “Plan Nacional de Desarrollo y los diálogos regionales”, en el que participará, entre otros, el alto comisionado para las Regiones, Luis Fernando Velasco. 

Entre los invitados de relevancia internacional estarán Agnia Grigas, experta en geopolítica del gas; Felipe Pérez, estratega de Downstream para Latinoamérica de Standard & Poor’s; Brian Sullivan, director ejecutivo de la Asociación Mundial de la Industria del Petróleo y el Gas; y Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Este evento es organizado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM).

Consulte la agenda en cumbrepetroleoygas.com

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Enel Colombia y Vanti, firmaron la Alianza por Legalidad de los Servicios Públicos, un esfuerzo conjunto para prevenir el fraude en los servicios públicos y mitigar los daños que esto conlleva para los clientes y para las redes de energía, agua y gas.

Bogotá, 10 noviembre de 2022.   Las empresas de servicios públicos que atienden la región Bogotá-Cundinamarca han detectado que organizaciones delictivas ofrecen conexiones y alteraciones de los contadores de algunos comercios e industrias, ocasionando enormes pérdidas económicas no solo a las empresas prestadoras sino que ponen en riesgo la vida de los usuarios.

Efectivamente, en el sector de agua las pérdidas estimadas son 1,5 millones de metros cúbicos, equivalentes al 3,2% de la facturación mensual de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); por su parte, Enel sostiene que entre Bogotá y el departamento los fraudes ascienden al 2% del total de la energía despachada. En el servicio del gas natural, Vanti estima que las pérdidas anuales equivalen al consumo de una ciudad como Tunja.

Los sectores más afectados en Bogotá por el hurto de servicios públicos son Kennedy, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito y Puente Aranda; y en el departamento los municipios con mayores fraudes son Soacha y Girardot.

Al detectar que son bandas organizadas, equipadas con vehículos y herramientas que ofrecen a los usuarios hacer prácticas ilegales en las conexiones, las empresas Vanti, Enel y EAAB se unieron en la ‘Alianza por la Legalidad de los Servicios Públicos’.

Bajo el hashtag #UnidosPorLaLegalidad, la Alianza busca generar conciencia colectiva sobre la importancia de prevenir el delito de hurto de servicios públicos y de denunciar este tipo de acciones, con el fin de proteger la integridad de sus usuarios, evitar accidentes, reducir las pérdidas de energía, agua y gas, que se presentan por acometidas ilícitas, alteración e intervención de medidores, defraudación, suplantaciones, negación de consumo y falta de pago, entre otros.

La alianza destaca que el incremento de los actos de hurto de los servicios públicos afecta la calidad de vida de los usuarios, incrementan posibles riesgos a la seguridad de las personas y eliminan la facturación y recaudo de contribuciones y subsidios.

Debido a que esas prácticas son un delito, la alianza también fortalecerá las estrategias técnicas y legales para contrarrestar la defraudación de fluidos en Bogotá y Cundinamarca.

En este sentido, el equipo interdisciplinario de la Alianza compuesto por las tres empresas trabaja en cuatro ejes estratégicos: operativo, judicial, preventivo y administrativo, enfocados en intercambiar información sobre zonas de alto impacto de hurto, y asegurar actuaciones que exijan el cumplimiento de la legislación respecto al cobro de servicios públicos.

Adicionalmente, buscarán identificar organizaciones dedicadas a cometer el delito de defraudación de fluidos para establecer acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación, coordinar operativos conjuntos con la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía para recuperar consumos ilegalmente obtenidos, entre otros.

Hasta el momento, con el apoyo de la Fiscalía ya se han emitido 80 condenas y actualmente hay abiertos 267 procesos judiciales. Entre los negocios que más acceden a estas prácticas están los restaurantes, los asaderos de pollos, las pizzerías, los hoteles, los moteles, las lavanderías y varias industrias. El problema es que además de que los inducen al ilícito, después terminan siendo extorsionados por las bandas

De acuerdo con Francesco Bertoli, gerente de Enel Grids de Enel Colombia, estas bandas se han sofisticado a tal punto que desde hace unos dos años las empresas también han comenzado a sufrir ataques cibernéticos. 

Sumado a esos esfuerzos colectivos, las compañías hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar estos actos ilícitos. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Enel Colombia y Vanti, cuentan con líneas de atención para realizar estas denuncias de manera anónima con el fin de guardar toda la reserva.

Cristina Arango, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dijo que: “Celebro que las Empresas de servicios públicos más grandes del país unamos esfuerzos en la articulación de acciones colectivas en contra del fraude de fluidos; no podemos aceptar que en nuestra ciudad se genere una cultura de la ilegalidad y es por esta razón que estamos trabajando en varios frentes conjuntos para contrarrestarla. Minimizar los fraudes y disminuir las perdidas tanto comerciales como técnicas se ha convertido en uno de nuestros grandes retos y seguro que con este esfuerzo colectivo lo lograremos”

Por su parte, para Rodolfo Anaya, presidente de Vanti “el llamado que hacen las empresas de servicios públicos es a unirnos contra el fraude, a no permitir que nuestra sociedad siga siendo impactada por conductas que la minan, que no seamos indiferentes frente a los que se empeñan por destruir valores a costa de sus mezquinos intereses económicos. Se necesitan acciones articuladas entre los usuarios, empresas y entidades de regulación, investigación, vigilancia y control, para proteger a todos los buenos usuarios que son la mayoría, y todos unidos con total determinación para que esos pocos malos usuarios fraudulentos y a terceros que hacen del fraude un negocio, reciban las más severas consecuencias legales por el daño que están causando”.

“Sin duda, estamos convencidos de que, con esta alianza y trabajo conjunto, damos un paso más para robustecer las acciones contra este tipo de actos vandálicos, incluyendo las legales, y trabajamos unidos para hacer consciencia social sobre las consecuencias que tiene el robo de energía y en general, de servicios públicos”, aseguró por su parte Francesco Bertoli, gerente de Enel Grids.

El presidente de la compañía Felipe Bayón anunció que además de solicitar a la ANH la suspensión temporal de los contratos de los pilotos de fracking, deshizo los acuerdos con ExxonMobil.

8 de noviembre de 2022.    Durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2022, el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón anunció que deshizo los acuerdos que la empresa tenía con ExxonMobil para desarrollar los pilotos de fracking en los yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio.

Bayón dijo que, además, la compañía le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la suspensión por 90 días de los términos de los contratos de los piloto de yacimientos no convencionales Kalé y Platero que tenía planeado desarrollar en asocio con ExxonMobil en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, con una inversión estimada en 130 millones de dólares.

“Esto tiene la intención de darle a la ANH y al Gobierno la oportunidad de sentemos y que miremos el tema de los no convencionales; pero desde Ecopetrol vamos a pedir la suspensión; pisamos el freno. Si el Gobierno nacional y el Congreso toman la decisión que no se hagan los no convencionales en el país no se van hacer no convencionales, eso es muy claro”, dijo Bayón.

Buenos resultados

Al cierre del tercer trimestre del año, las cifras del Grupo Ecopetrol evidencian un desempeño operativo y comercial sobresaliente que soporta los históricos resultados financieros. En estos nueve meses del año la compañía logró niveles de producción pre-pandemia y alcanzó una utilidad neta de 26,6 billones de pesos.

De acuerdo con la compañía, esos logros fueron el resultado de:

1. Avances significativos en la estrategia de diversificación operativa, geográfica y comercial,
2. El compromiso del Grupo con la sosTECnibilidad y la soberanía energética del país
3. La fortaleza, estabilidad y confiabilidad de los diversos segmentos de la operación, y
4. La estricta disciplina de costos y capital que ha permitido la captura de eficiencias acumuladas por más de 1,8 billones de pesos, alcanzando en tan solo nueve meses la meta propuesta para todo el 2022.

En relación con el pilar de Retornos Competitivos, en el tercer trimestre del año  Ecopetrol registró ingresos por 43,4 billones de pesos, una utilidad neta de 9,5 billones de pesos, un EBITDA de 21,1 billones, y un margen EBITDA del 48,7%.

En el acumulado del año, Ecopetrol presentó resultados históricos con ingresos por $119,8 billones, un EBITDA de $59,2 billones, y un margen EBITDA del 50%.

“El desempeño operativo y comercial, sumado a un precio internacional del crudo favorable, permitieron alcanzar mejores precios de realización de nuestra canasta de crudos (+24.5 USD/Bl en 3T22 frente a 3T21), un aumento en el volumen de venta local de productos (+8.9% en 3T22 frente a 3T21) y el crecimiento en las exportaciones (+17.1% en 3T22 frente a 3T21)”, dijo Bayón.

Además, señaló que, dado el comportamiento en los diferenciales de los precios de la gasolina y diésel en el mercado local versus el precio de referencia internacional, la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), correspondiente al 2T22 y 3T22, asciende a $20,4 billones al cierre de septiembre.

En el frente de exploración, en lo corrido del año Ecopetrol acumula 6 éxitos exploratorios en cuencas como el offshore colombiano (Uchuva-1, Gorgon-2), Valle Superior del Magdalena (El Niño-2), Valle Medio del Magdalena (Morito-1), Llanos Orientales (Tejón-1), y en el Valle Inferior del Magdalena (Coralino-1 operado por Hocol).

En producción, continúa con la senda de crecimiento, con 720,4 mil barriles de petróleo equivalentes por día (kbped) durante el 3T22, el nivel más alto desde el 1T20.

Durante el 3T22 el aporte del gas, combustible clave para la transición, a la producción consolidada del Grupo fue del 20%.

Por su parte, la operación en el Permian (EEUU), alcanzó nuevos máximos históricos, reflejados en un incremento en la producción en el 3T22 del 79% frente al 3T21 y de 62% frente el 2T22con una producción promedio de 43,7 kbped (neto para Ecopetrol antes de regalías) en el trimestre.

En el segmento de refinación Ecopetrol registró resultados operativos y financieros destacados en el trimestre, con una carga de 395 mil barriles por día, la más alta registrada en la historia y un margen bruto integrado de 20,3 USD/Bl. A mediados de septiembre la refinería de Cartagena alcanzó 200 mil barriles diarios de carga gracias al arranque de la unidad de crudo adicional del Proyecto Interconexión de Plantas de Crudo, que incrementó en 50 mil barriles diarios la capacidad de la refinería.

 Por su parte, la refinería de Barrancabermeja fue reconocida como la mejor de Latinoamérica por la Asociación Mundial de Refinación (World Refining Association) en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Tecnología de Refinación (LARTC) que se desarrolló en septiembre. Se destaca además la alta disponibilidad operacional de las unidades, del 96.3%.

El gremio señala que como resultado de la reforma tributaria aprobada se reducirá significativamente el flujo de caja y la capacidad de realizar inversión por parte de las compañías petroleras. Así mismo, habrá un menor recaudo tributario y de regalías, con lo cual será más difícil superar las brechas de pobreza en Colombia.

4 de noviembre de 2022.   De acuerdo con la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Reforma Tributaria aprobada por el Congreso de la República impone costos que impactan de manera directa y negativa la capacidad de inversión y los flujos de caja de las compañías petroleras.

Al respecto, la Cámara enfatizó en que la imposibilidad de reducir el pago de regalías y la sobretasa al impuesto de renta, son medidas anticompetitivas que en un momento ad portas de una recesión económica como el actual, tendrán diferentes impactos en el territorio nacional.

Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol, indicó que ambos tributos impactarán los márgenes de todas las empresas de la cadena de valor y afectarán los empleos actuales en un porcentaje significativo.

“Como resultado se verán afectados indicadores de los pozos exploratorios, de desarrollo, la sísmica y de la actividad de taladros, con consecuencias directas sobre nuestra seguridad energética como país, entendiendo que tenemos 7,6 años de reservas de petróleo y 8,0 de gas. Esta caída en inversiones, y por consecuencia la disminución en la producción de petróleo y gas, nos generan una alerta roja sobre nuestra capacidad de tener soberanía energética”, afirmó.

En ese sentido, agregó que “si el argumento es avanzar a pasos agigantados en la transición energética, el sector está convencido firmemente que la diversificación energética, como debería ser llamada, se trata un proceso ordenado, en función de las condiciones de mercado y de las condiciones macroeconómicas del país, no debe ser forzada”.

De acuerdo con estimaciones del gremio, el impacto de la reforma también se sentirá directamente en las regiones con vocación de producción o exploración de hidrocarburos, afectando su tejido económico y encadenamientos productivos, e impactando empleos que se generan por relación directa e indirecta con las operaciones de la industria petrolera.

Adicionalmente, prevén que la decisión del legislativo afectará la generación de recursos para la Nación, indicadores como la tasa de cambio y la inflación; la seguridad energética del país, la competitividad, el tejido empresarial y como resultado, la economía de 50 millones de colombianos.

“Coincidimos con el Gobierno Nacional en la necesidad de incrementar el recaudo tributario en pro del cierre de las brechas sociales y en que todos los sectores debemos acompañar este propósito; sin embargo, el cambio constante en las reglas del juego, la afectación a la competitividad no solo del sector sino del país y la incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica, no permiten que los proyectos de hidrocarburos sean viables en el corto y mediano plazo”, concluyó Castañeda.

La industria petrolera en Colombia ha generando desarrollo y crecimiento económico al país por más de 100 años. El sector genera más de 100 mil empleos directos y 550 mil indirectos, con actividades en 390 municipios en 22 departamentos, aporta cerca del 80% de las regalías y en promedio, en la última década, ha aportado el 8,5% de los ingresos del Gobierno, así como el 42% de las exportaciones y el 23% de la IED, y da cuenta entre refinación y extracción del 6,1% del PIB, impactando directamente el 39% de todos sus rubros a nivel nacional.

Si no hay más exploración y explotación de hidrocarburos, seguramente, se entrará en problemas por no tener acceso a recursos desde el exterior, consideró el Comité de la Regla Fiscal.

2 de noviembre de 2022.   El Comité Autónomo de la Regla Fiscal recomendó al Gobierno no cambiar las reglas del juego en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, pues de este sector dependen cerca del 40 % de las exportaciones y del 20 % de la inversión extranjera directa, y representan entre el 10 % y el 20 % de los ingresos del Gobierno Nacional.

“La continuidad de la política de exploración y explotación de petróleo y gas en el país es necesaria dada la importancia de estos recursos para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la dificultad de reemplazarlos en el corto plazo”, precisó el Comité en un comunicado.

Según el organismo estos ingresos hacen que la sostenibilidad del sector sea clave para asegurar los recursos del Gobierno Nacional y las regiones.

Según el Comité, la capacidad y el costo de financiar el déficit fiscal y atender el servicio de deuda de la Nación está limitado por la disposición de los acreedores a extender préstamos, sean estos entidades multilaterales o prestamistas a través de los mercados de bonos.

El presidente del Comité de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, señaló que “los ingresos que recibe el país de la industria minera y de los hidrocarburos son muy importantes para la balanza de pagos y la sostenibilidad fiscal. Interrumpir abruptamente la exploración y explotación de hidrocarburos en el país pone en peligro la generación de esos ingresos y, concomitantemente, la sostenibilidad fiscal misma”.

El ejecutivo dijo que Colombia tiene una alta dependencia de los hidrocarburos y por ello hay que darle continuidad a los procesos de exploración y explotación para garantizar el endeudamiento externo del país, pues ningún operador financiero en el mundo le va a prestar recursos a Colombia a 20 o 30 años si sólo se tiene reserva para seis o siete años, como ocurre en la actualidad.

“Si no hay unas fuentes creíbles de ingresos futuros no es posible que el Gobierno pueda endeudarse”, señaló Córdoba.

De los recursos de regalías, el 76% proviene de la explotación de hidrocarburos ($22,65 billones) y el 24% de la explotación minera ($7,25 billones).

2 de noviembre de 2022.   Las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024, por un monto de $31,3 billones, equivalente al 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde 2012, este es el presupuesto que más recursos asignará a los territorios y que permitirá impulsar acciones encaminadas a la transición energética, la descarbonización de las economías regionales y la transformación productiva sostenible e intensiva, principalmente en generación de empleo.

En relación con el bienio actual (2021-2022), el incremento que propone el proyecto de ley corresponde al 94% de los ingresos corrientes del Sistema, pasando de $15,4 a $29,9 billones.

Para la proyección de regalías de ingresos corrientes de $29,9 billones, el 76% proviene de la explotación de hidrocarburos ($22,65 billones) y el 24% de la explotación minera ($7,25 billones).

“Trabajaremos de manera articulada con las entidades territoriales en los ejercicios de planeación para que este presupuesto contribuya a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales en los territorios, impulsando la transición de las actividades productivas actualmente dependientes de la industria extractiva a otras alternativas para su desarrollo sostenible”, aseguró Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.

Según la funcionaria, el proyecto de ley aprobado favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades y la transformación productiva.

En materia de hidrocarburos, para la construcción de este presupuesto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en línea con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo, utilizó la información de reservas al cierre de 2021.   Estos informes están detallados para cada uno de los campos productores del país y permiten contar con reservas para ocho años.

A los ingresos corrientes, se adicionan $1,3 billones por concepto de rendimientos financieros del SGR y $33 mil millones por concepto de regalías por minerales sin identificación de origen. De acuerdo con lo anterior, el presupuesto del SGR para el próximo bienio corresponderá a $31,3 billones.

Cerca del 93% de estos recursos se destinará a la inversión en todos los territorios del país, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley que reglamenta el Sistema General de Regalías. El porcentaje restante se destinará a ahorro y administración del Sistema.

Luego de ser aprobado en las comisiones terceras y cuartas de Cámara y de Senado, el proyecto pasará a discusión y aprobación en las plenarias de las dos corporaciones.

Fuente: Minenergía

El gremio advierte que el impacto sobre los precios de electricidad para los usuarios de zonas francas podría ser superior a los $30 por KWh en los contratos de energía, lo cual impactaría al usuario residencial ya que podría representar un incremento entre el 8% y el 10%; y para un usuario industrial puede llegar a ser entre un 12% y un 15% de aumento en el componente de generación.

1 de noviembre de 2022. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) considera que para el sector de generación de energía eléctrica la propuesta incluida en la Reforma Tributaria relacionada con cambiar los impuestos y planes de internacionalización de las Zonas Francas es imposible de cumplir, ya que estas constituyen un servicio público que atiende a todos los colombianos.

Adicionalmente, la implementación de la medida iría en contravía de lo que plantea el Pacto por la Justicia Tarifaria, donde tanto el Gobierno Nacional como las empresas vienen haciendo esfuerzos para buscar soluciones que beneficien al usuario final.

“Confiando en el país y en la estabilidad jurídica, económica y competitiva que el Estado debe garantizar, las empresas de generación de energía asociadas a ANDEG han invertido cerca de 1.650 millones de dólares en los últimos 15 años. Estas inversiones representan más de 2.000 MW, el 11% de la capacidad de generación total”, indicó el director Ejecutivo del gremio, Alejandro Castañeda.

De acuerdo con Castañeda, las principales implicaciones asociadas a los cambios que plantea la Reforma Tributara son mayores costos para los usuarios de electricidad y desconfianza en las inversiones futuras por parte de los agentes de la cadena.

En ese sentido, la Asociación estima que el impacto sobre los precios de electricidad, a partir de la nueva tarifa de impuesto de renta para los usuarios de Zonas Francas, sería superior a los $30/kWh en los contratos de energía, lo que representaría para un usuario residencial entre el 8 y el 10%, y para un usuario industrial puede representar entre un 12 y un 15% de aumento en el componente de generación.

“Estos incrementos se reflejarían en mayores tarifas de energía para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN). En el contexto anterior, y considerando el rol de las plantas térmicas en la formación de precios, el impacto sobre la demanda eléctrica superaría los 2,1 billones de pesos, por lo cual, el efecto neto sería lesivo para los usuarios del sector eléctrico”, puntualizó Castañeda.

Otro aspecto importante es que se produciría una afectación a la confiabilidad que aportan estas generadoras al sistema, toda vez que los 2.000 MW que están disponibles en Zonas Francas son plantas de generación térmica, ubicadas específicamente en los departamentos Atlántico, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca.

En adición, con el incremento que se daría en los precios de energía por efecto de la modificación del impuesto de renta a las plantas de generación de zonas francas, se exigirá un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Nación, del orden aproximado entre 250.000 y 300.000 millones de pesos al año respecto a la referencia actual. Lo anterior, implicará un impacto directo para las finanzas públicas por las mayores necesidades de subsidios de energía, respecto al ya deficitario fondo de subsidios eléctricos.

Finalmente, “el recaudo adicional estimado por efecto de la medida planteada en la propuesta de Reforma Tributaria, en lo que concierne a las plantas de generación térmica, no sería superior a los $50.000 millones por año, con lo que, sin duda alguna, la iniciativa legislativa de modificación al impuesto de Zonas Francas en el sector de energía presenta un efecto neto negativo para la sociedad, superior a los 2,2 billones de pesos anuales”, afirmo el dirigente gremial.

ANDEG reitera que la modificación que se propone desde la Reforma Tributaria impactará todos los sectores de la economía, afectando de manera importante a los hogares colombianos, la dinámica empresarial, el desarrollo productivo y social, así como la competitividad del país. Y, además, significaría un retroceso en los avances que ya se han dado en materia de reducción de precios, gracias al Pacto por la Justicia Tarifaria.