Categoría: Industria

De acuerdo con la Información Relevante publicada por el Grupo Energía Bogotá, la operación le permite consolidar el control total de activos que operan 1.086 kilómetros de líneas de transmisión y 17 subestaciones en seis estados de Brasil.

El Grupo Energía Bogotá (GEB) cerró la adquisición del 49% restante de las acciones de las sociedades concesionarias de transmisión de energía Goiás Transmissão S.A., MGE Transmissão S.A., Transenergia Renovável S.A. y Transenergia São Paulo S.A., en Brasil.

La operación, anunciada por la compañía el pasado 30 de abril, le permite convertirse en propietaria del 100 % de estas cuatro empresas, tras adquirir la participación que pertenecía a Axia Energia.

A través de su filial Gebbras Participações Ltda. (Gebbras), GEB concretó la adquisición del 49% de las acciones ordinarias que permanecían en poder de Axia Energia, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Contrato de Compraventa de Acciones (SPA), entre ellas las aprobaciones de la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) y el consentimiento del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Con esta operación, GEB pasa a ser propietario del 100% del capital social de las cuatro concesionarias, que en conjunto operan 1.086 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kV, 345 kV, 230 kV y 138 kV, además de 17 subestaciones ubicadas en los estados de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y São Paulo. Estas sociedades registran ingresos regulados (RAP 2025/2026) cercanos a US$56 millones y un EBITDA IFRS de US$42 millones en 2025.

La adquisición fortalece la presencia del Grupo Energía Bogotá en el mercado de transmisión de energía en Brasil y hace parte de su estrategia de crecimiento regional.

En su alocución del pasado 13 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, anunció el nombramiento de María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía del nuevo gobierno. Los gremios y las empresas del sector saludaron el nombramiento al tiempo que anunciaban los principales retos que le esperan a la nueva alta ejecutiva, frente a un sector en crisis.

Arboleda es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría y una especializaciónen Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Además, la ministra designada tiene más de 25 años de experiencia en planificación y operación de sistemas eléctricos de potencia, planeación energética y transacciones del mercado de energía mayorista, durante su paso por ISA y XM, pues desde 2016 es la gerente General de la operadora del Sistema Interconectado Nacional y del mercado mayorista de energía.

Luego de un gobierno enemigo abierto del sector y que deja al país con pérdida de autosuficiencia en gas natural y al borde de un apagón eléctrico, el sector celebra la llegada de una ingeniera al frente de la cartera.  “El país necesita un liderazgo con rigor técnico y conocimiento del sector que fortalezca la seguridad energética, impulse la infraestructura estratégica y genere confianza para seguir construyendo desarrollo y bienestar para todos”, trinó la Empresa de Energía de Bogotá.

En ese mismo sentido se manifestaron algunos gremios, entre ellos, ACIEM, Andesco, ANDEG y CEERA, que coinciden en que el país necesita recuperar la confianza para la inversión, garantizar la seguridad energética y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.

Entre las principales solicitudes de los gremios a la nueva ministra están:

1. Garantizar la seguridad energética y evitar riesgos de desabastecimiento

• Asegurar el abastecimiento de energía y gas.
• Preparar al país para un eventual fenómeno de El Niño.
• Incorporar nueva capacidad de generación.
• Fortalecer la infraestructura de transmisión.
• Diversificar la matriz energética sin excluir tecnologías.
• Andesco propone incluso crear un Consejo Presidencial de Seguridad Energética para hacer seguimiento permanente a las variables críticas.
• Por su parte, CEERA plantea instalar una Mesa de Alto Nivel para la Seguridad Energética y acelerar decisiones regulatorias antes de que aparezca una crisis.

2. Recuperar la confianza para atraer inversión

Existe consenso en que la inversión privada requiere reglas claras y estabilidad. Los gremios piden:

• Seguridad jurídica.
• Estabilidad regulatoria.
• Respeto por los contratos.
• Independencia técnica de las entidades.
• Reducción de la incertidumbre regulatoria.

3. Destrabar la infraestructura energética

Otro punto transversal es acelerar proyectos que llevan años de retraso. Las solicitudes incluyen:

• Destrabar proyectos de generación.
• Acelerar líneas de transmisión.
• Reducir obstáculos regulatorios, ambientales y prediales.
• Facilitar nuevas inversiones.

En concreto, Andesco pide reactivar la Comisión Intersectorial de Infraestructura y priorizar los proyectos estratégicos.

4. Tomar decisiones técnicas y no políticas

Los gremios reclaman un ministerio con mayor rigor técnico y separar la política de la regulación, que incluya.

• Políticas públicas sustentadas en evidencia, no en la ideología.
• Independencia de los reguladores.
• Meritocracia para nombramientos.
• Mayor participación de expertos y academia.

5. Resolver la crisis financiera del sector eléctrico

Andesco y Andeg consideran que la situación financiera requiere decisiones inmediatas, como:

• Pago de las deudas derivadas de la intervención de Air-e.
• Giro oportuno de subsidios.
• Garantizar liquidez para las empresas.

ANDEG recuerda que las acreencias de Air-e con el sector ascienden a $2,9 billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a empresas térmicas. Por su parte, Andesco estima que el Fondo Empresarial necesitaría cerca de $6 billones para garantizar la continuidad del servicio.

6. Impulsar una transición energética con criterios técnicos

Ningún gremio cuestiona la transición energética, lo que solicitan es que:

• Sea gradual.
• Preserve la confiabilidad.
• Aproveche todas las tecnologías disponibles.
• Garantice competitividad.

En conjunto, los gremios transmiten un mensaje consistente: la prioridad de la nueva ministra de Minas y Energía debe ser combinar seguridad energética, inversión, infraestructura, estabilidad regulatoria y sostenibilidad para responder a la creciente demanda de energía en Colombia y reducir los riesgos de suministro en los próximos años.

Mientras el déficit de gas natural podría alcanzar el 39% de la demanda nacional en 2026, Colgas amplía en más de 50% la capacidad del puerto de importación más grande del país y se fija la meta de duplicar sus ventas al sector industrial.

Ante el déficit de gas natural que enfrenta el país y la necesidad de que la industria mantenga su capacidad productiva durante el fenómeno de El Niño, Colgas anunció que cuenta con la disponibilidad de gas licuado del petróleo (GLP) para atender la demanda del sector.

La capacidad es posible gracias a una inversión aproximada de $236.000 millones para 2026, el plan más ambicioso de su historia en el país, con el cual busca fortalecer la seguridad energética y ofrecer una fuente alternativa de abastecimiento energético para las empresas.

Y es que Colombia se acerca a uno de los momentos más exigentes de su historia energética reciente: el déficit de gas natural podría alcanzar el 39% de la demanda nacional en 2026 y el fenómeno de El Niño 2026–2027 reducirá la disponibilidad hídrica para generación eléctrica, presionando aún más la demanda de gas para respaldo térmico.

Anticipando esta situación, la compañía ha invertido en los últimos años en infraestructura. Durante años de planeación anticipada, fortaleció su red de importación, almacenamiento y distribución para poder responder ante un escenario de menor producción nacional de gas natural y GLP que hoy ya es una realidad.

Durante la crisis de abastecimiento de gas natural de los últimos meses, Colgas adecuó su infraestructura para atender a más de 80 industrias adicionales que requerían un energético confiable y competitivo para no detener sus operaciones, en sectores estratégicos como la agroindustria, los alimentos y la minería.

Ese desempeño impulsó un crecimiento superior al 16% del segmento granel en el país durante 2025, un año en el que el consumo nacional de GLP aumentó el 8% hasta alcanzar cerca de 800.000 toneladas.

“La industria colombiana sabe que el GLP no es un plan de contingencia, sino una decisión estratégica de continuidad y eficiencia. Frente a El Niño, nuestro mensaje es claro: la resiliencia energética se construye antes de la crisis, y Colgas tiene el energético, la infraestructura y la experiencia para garantizarla”, afirmó Didier Builes, gerente General de Colgas.

Uno de los ejes centrales delplan de inversión es la ampliación de la terminal de importación de GLP en Cartagena, el puerto de este energético más grande de Colombia. Su capacidad pasará de 21.000 a 32.000 toneladas mensuales, un incremento superior al 50% mediante una inversión de USD 60 millones, de los cuales USD 25 millones se ejecutarán en 2026.

El plan se complementa con la modernización de plantas y flota, la expansión de la red de estaciones de AutoGLP y el crecimiento del negocio de energía solar.

La diferencia estructural frente al gas natural es decisiva en esta coyuntura. Mientras el gas natural depende de gasoductos y plantas de regasificación, el GLP es almacenable y transportable: llega en cilindro o tanque estacionario a cualquier rincón del país, sin redes ni procesos complejos.

Esa flexibilidad operativa y logística articulada con más de 20 plantas de almacenamiento a nivel nacional y la capacidad de compra en mercados internacionales de un grupo multinacional, le permite a Colgas absorber la volatilidad de precios con planeación financiera, sin trasladarla de manera abrupta a sus clientes.

“El GLP es un sustituto técnico directo del gas natural en procesos térmicos, con alto poder calorífico y combustión baja en emisiones, sin necesidad de conexión a gasoducto. Hemos evolucionado de proveedores de producto a socios de eficiencia energética de la industria: la acompañamos con asesoría especializada e incluso combinando GLP con soluciones solares”, agregó Builes

De esta forma, Colgas se convierte en una alternativa para que las empresas eviten regresar a combustibles altamente contaminantes como el diésel, el carbón o el fuel oil, deshaciendo años de avances en reducción de emisiones y comprometiendo metas climáticas ya adquiridas con clientes, inversionistas y mercados.

A esta alternativa se suma el portafolio de autogeneración solar fotovoltaica y eficiencia energética de la compañía, que permite a las empresas complementar o cubrir parte de sus necesidades de electricidad.

Esta unidad cerró 2025 con 14.926 MWh de generación acumulada y proyecta aumentar en 50 % su capacidad instalada durante 2026. “En un contexto de menor disponibilidad de gas natural y de un eventual fenómeno de El Niño, la combinación de GLP para procesos térmicos y energía solar para el consumo eléctrico ofrece a la industria una mayor diversificación de sus fuentes de abastecimiento y reduce su exposición a los riesgos del sistema energético”, explicó Builes.

Expertos del sector energético coincidieron en que la Respuesta a la Demanda será una herramienta clave para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.

Colombia enfrenta un panorama energético cada vez más desafiante. El incremento en la demanda de energía, sumado a los efectos del fenómeno de El Niño, ha puesto sobre la mesa la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan la confiabilidad del sistema eléctrico, promuevan una gestión más eficiente del consumo energético y se genere mayor flexibilidad energética.

En este contexto y en el marco de RD en Acción, el primer conversatorio de Respuesta a la Demanda liderado por Klik y GreenYellow, dos actores del sector privado, se reunieron para discutir sobre soluciones y herramientas que serán vitales para que el ecosistema energético pueda ayudar, en equipo con los distintos gremios, asociaciones y empresas, a mitigar el impacto

Según, Juan Carlos Bedoya, jefe Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía, la demanda de energía en ciertas regiones del país como el Caribe o el centro de Antioquia, se ha registrado un crecimiento del 10% intermensual, impulsado por factores como el aumento de las temperaturas asociado al fenómeno de El Niño.

Ante este panorama, se han impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, entre ellas la implementación de mecanismos como la Respuesta a la Demanda (RD), el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, entre otros proyectos que buscan mejorar la gestión y eficiencia del consumo energético.

En este escenario, RD es uno de los mecanismos más relevantes para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, al permitir que los grandes consumidores flexibilicen voluntariamente su consumo en momentos de alta demanda, contribuyendo a la estabilidad de la red y accediendo a incentivos económicos por su participación.

Klik, como uno de los actores que impulsa este mecanismo, ha evidenciado su impacto: durante la implementación de RD en 2024, en contexto de fenómeno de El Niño se gestionaron 23.000 MWh de energía, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico nacional y generando más de tres millones de dólares en ingresos para las empresas participantes en un periodo de tres meses.

Estos resultados reflejan que, además de optimizar el consumo energético, el país requiere continuar impulsando nuevas estrategias que complementen la transición hacia un sistema eléctrico más resiliente y eficiente.

«La energía dejó de ser únicamente un costo para las empresas y hoy representa una oportunidad para aportar a la confiabilidad del sistema eléctrico mientras se generan beneficios económicos. La Respuesta a la Demanda demuestra que es posible fortalecer la seguridad energética del país con una participación más activa de los grandes consumidores», afirmó Esteban Quintana, CEO de Klik.

Ahora bien, entre esas estrategias, el almacenamiento y las soluciones de eficiencia impulsadas por GreenYellow se perfilan como herramientas complementarias, que permiten usar la energía almacenada en los momentos de mayor demanda, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico.

Asimismo, el crecimiento de proyectos de energía solar abre la posibilidad de almacenar los excedentes de generación para utilizarlos cuando el sistema más lo requiera, fortaleciendo la flexibilidad energética e incentivando la participación de más usuarios en la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Actualmente, en Colombia estas soluciones de la multinacional francesa, permiten ahorrar cerca de 860 GWh de energía al año y evitar la emisión de aproximadamente 350.000 toneladas de CO₂ anuales a sus clientes, evidenciando el impacto que la innovación tecnológica puede tener en la transición energética del país.

«El almacenamiento energético y la gestión inteligente de la energía serán fundamentales para aprovechar mejor los recursos disponibles y responder a los momentos de mayor demanda. Estas soluciones no solo fortalecen la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que también impulsan la descarbonización y sobre todo aceleran la transición hacia un modelo energético más sostenible», aseguró Pilar Reyes, directora General y Comercial de GreenYellow Colombia.

El fortalecimiento del sistema energético colombiano dependerá de la articulación entre el Gobierno, el sector privado, gremios y los usuarios para impulsar mecanismos que respondan a los nuevos desafíos del país.

Herramientas como la Respuesta a la Demanda, el almacenamiento, la integración de energías renovables y el desarrollo de marcos regulatorios que incentiven la participación de nuevos actores, evidencian que el trabajo conjunto será fundamental para garantizar un suministro de energía más confiable en el país.

El Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA) hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para adoptar decisiones que fortalezcan la confiabilidad del sistema eléctrico y la seguridad energética del país, tras conocerse el Boletín 349 de XM, que confirma un escenario de creciente presión sobre la operación del Sistema Interconectado Nacional.

El informe XM revela una convergencia de factores que exige actuar con anticipación. En junio de 2026 la demanda de energía creció 6,49 % frente al mismo mes del año anterior y alcanzó máximos históricos de consumo y potencia. A ello se suma una probabilidad superior al 95 % de consolidación del fenómeno de El Niño, el atraso en la entrada de nueva infraestructura y una red de transmisión cada vez más exigida.

De los 4.475 MW previstos para entrar en operación durante 2026, apenas ha iniciado operación comercial el 7,4 %, mientras cerca del 60 % de los proyectos de transmisión presentan retrasos. Solo entre abril y junio, XM impartió 165 instrucciones de desconexión preventiva de carga para proteger la operación del sistema, que hoy registra 36 restricciones en estado de emergencia y 48 en estado de alerta.

«El principal riesgo para Colombia no es únicamente el fenómeno de El Niño; es enfrentarlo con proyectos que no han logrado entrar en operación y con una infraestructura que no ha crecido al ritmo de la demanda. Todavía estamos a tiempo de actuar, pero esa ventana de oportunidad es cada vez más estrecha», afirmó Catalina Rueda, directora Ejecutiva del CEERA.

Frente a este panorama, CEERA plantea unas acciones concretas para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar la seguridad energética del país.

1. Recuperar la capacidad de ejecutar la infraestructura energética. Crear una Mesa Nacional para la Seguridad Energética, liderada por la Presidencia de la República, que articule a las entidades del sector para destrabar los proyectos estratégicos de generación y transmisión, resolver los principales cuellos de botella institucionales y acelerar la entrada en operación de la infraestructura que hoy requiere el país.
2. Garantizar el respaldo operativo del sistema. Asegurar la disponibilidad de combustibles para el parque termoeléctrico ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad, garantizando el suministro de gas nacional, gas importado, carbón y combustibles líquidos, así como la logística necesaria para respaldar la operación continua de estas plantas durante los meses de mayor exigencia.

3. Impulsar un entorno que acelere la inversión y la expansión de la infraestructura eléctrica. Modernizar las convocatorias de expansión de transmisión para atraer nuevos inversionistas nacionales e internacionales, habilitar plenamente mecanismos como las conexiones compartidas y las fronteras embebidas, y establecer mecanismos ágiles para ejecutar las obras que aún no cuentan con inversionistas, especialmente en las regiones donde XM identifica mayores riesgos para la atención de la demanda.

4. Convertir la seguridad energética en una política de Estado. Formular un Plan Nacional de Seguridad Energética que fortalezca la planeación de largo plazo, incorpore el monitoreo permanente de las condiciones de confiabilidad, promueva la gestión eficiente de la demanda y genere un marco regulatorio que permita acelerar proyectos estratégicos sin disminuir los estándares ambientales y sociales.

En este contexto, las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) representarían una oportunidad para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico. En ese sentido, piden acelerar la entrada en operación de las PCH que hoy enfrentan retrasos regulatorios, ambientales o administrativos, lo que permitirá incorporar nueva capacidad de generación.

«La seguridad energética no puede seguir dependiendo de respuestas coyunturales. Colombia necesita una política de Estado que garantice la entrada oportuna de nueva infraestructura, promueva la inversión y aproveche todas las tecnologías que aportan confiabilidad al sistema. Esa es la mejor manera de proteger a los usuarios y preparar al país para los desafíos energéticos de la próxima década», concluyó Catalina Rueda.

En su comentario económico de julio, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), hace un balance sobre los resultados de la OPEP+. Aquí el análisis:

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) nació en 1960 con un propósito claro: permitir que los Estados productores recuperaran el control sobre el precio y la producción de su propio crudo, hasta entonces en manos de un puñado de grandes petroleras occidentales: las Siete Hermanas.

Más de medio siglo después, en un mercado transformado por el auge del petróleo estadounidense, la organización enfrentó un desafío distinto: la pérdida de influencia sobre los precios. Su respuesta fue ampliar la mesa.

A finales de 2016 sumó a un grupo de países productores para conformar la OPEP+, una coalición concebida para restaurar su capacidad de mover el mercado. No obstante, desde ese momento, la participación del bloque en la producción mundial no ha dejado de retroceder.

Cuando se creó la OPEP+, el bloque concentraba el 48% de la producción mundial de crudo. Para diciembre de 2025, diez años después, esa participación había descendido a 42%, una pérdida de más de seis puntos porcentuales explicada por dos factores que actuaron en la misma dirección.

En primer lugar, el crecimiento sostenido de la oferta fuera del bloque, liderado por Estados Unidos y acompañado por Brasil, Guyana y Canadá, países que en conjunto explican buena parte del incremento de la producción mundial proyectada por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés).

En segundo lugar, los recortes voluntarios de producción implementados por la propia OPEP+ desde 2022, que alcanzaron cerca de 5,85 millones de barriles diarios en su punto máximo. Si bien esta estrategia buscó sostener los precios internacionales del crudo, también redujo la participación del bloque en el mercado mundial, espacio que fue rápidamente ocupado por productores ajenos al acuerdo. Esta dinámica se refleja al comparar la producción de la OPEP+ con la del resto del mundo.

Aunque en 2017 ambas series partían de niveles similares, con el tiempo comenzaron a divergir. Tras la pandemia de la COVID-19, la producción de los países por fuera del bloque retomó una senda de crecimiento sostenido, mientras que la de la OPEP+ permaneció contenida por los sucesivos recortes de oferta, ampliando progresivamente la brecha entre ambas. El deterioro se acentuó en 2026 como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y las disrupciones del tránsito por el Estrecho de Ormuz, que afectaron a los productores del Golfo. Como resultado, la participación de la OPEP+ en la producción mundial cayó de 42 a 36,8% en apenas unos meses. En términos absolutos, la producción del bloque descendió hasta 25,4 millones de barriles diarios en mayo de 2026, su nivel más bajo desde la creación de la OPEP+.

La evolución reciente de la OPEP+ pone de manifiesto la creciente dificultad de influir en un mercado petrolero cada vez más diversificado. La expansión de la producción en países ajenos al acuerdo ha reducido la capacidad del bloque para sostener los precios mediante recortes de oferta sin sacrificar participación de mercado.

Los datos muestran que la OPEP+ enfrenta un dilema cada vez más complejo. Mantener recortes de producción puede contribuir a sostener los precios del petróleo, pero también implica ceder espacio a competidores que no participan del acuerdo. En un mercado con una oferta cada vez más diversificada, preservar el equilibrio entre precio y participación de mercado será uno de los principales retos para el bloque en los próximos años.

La comercialización ilegal de combustibles es una problemática creciente en varias regiones del país, particularmente en Norte de Santander, Cesar y Arauca.

Durante 2025, se registraron en Colombia más de 490 válvulas ilícitas conectadas a poliductos para el hurto de combustibles, lo que evidencia la magnitud de este delito.

Solo en enero de 2026, el Ejército Nacional ubicó 11 válvulas ilícitas para el hurto de hidrocarburos en el sur del Cesar, lo que confirma la continuidad de estas prácticas y la presión que ejercen sobre la infraestructura energética del país, además del impacto por los hurtos a carrotanques.

Según reporte de autoridades nacionales, en 2025 se comercializaron ilegalmente más de 27,5 millones de galones, un volumen que equivale aproximadamente al combustible necesario para abastecer durante un año a cerca de 55.000 vehículos particulares.

Esta problemática tiene impacto directo sobre las finanzas territoriales, pues la sobretasa a la gasolina y al ACPM es una de las principales fuentes de financiación de los departamentos y municipios en Colombia

Con base en la proyección de los volúmenes de venta y en las cifras del Sistema de Administración de la Sobretasa al ACPM y a la Gasolina (ASGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 2025 se registraron 4,8 millones de galones menos en ventas oficiales en la cadena de distribución, que de acuerdo con el valor de sobretasa vigente y el estimado en la caída en las ventas por hurto en los Departamentos de Norte de Santander, Cesar y Arauca refleja una disminución en los recursos recibidos anualmente por concepto de la sobretasa a la gasolina, estimada en $2,6 mil millones.

“El combustible ilegal no solo evade impuestos: le está quitando recursos a las regiones y fortaleciendo redes criminales. Cada galón que se vende por fuera de la legalidad es menos inversión en vías, servicios públicos y desarrollo para los colombianos”, aseguró Frank Pearl, presidente Ejecutivo de la ACP.

Cada galón que se vende de manera ilegal no paga sobretasa ni IVA, lo que significa menos recursos para financiar infraestructura vial, transporte y movilidad, mantenimiento urbano y servicios públicos locales. El impacto es acumulativo, menos recursos para inversión y menor capacidad fiscal para las regiones.

Además del impacto fiscal, la comercialización ilícita afecta el mercado formal, pone en riesgo la sostenibilidad de estaciones de servicio legalmente constituidas e impacta el empleo formal en las regiones. Esta actividad también genera presiones y amenazas sobre los distribuidores que operan dentro de la legalidad.

Riesgos para la seguridad, el ambiente y los usuarios

La comercialización ilícita de combustibles está vinculada a otras actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, y fortalece redes criminales que generan graves afectaciones sociales, económicas y ambientales. A esto se suman riesgos ambientales y de seguridad asociados a la perforación ilegal de poliductos y a la manipulación inadecuada del combustible.

Estas prácticas pueden generar derrames, contaminación de suelos y fuentes hídricas, riesgo de incendios o explosiones y afectaciones a ecosistemas y comunidades cercanas. Además, el combustible comercializado ilegalmente carece de controles de calidad y de mezcla con biocombustibles, lo que puede incrementar la contaminación ambiental.

“Es fundamental proteger al consumidor, que también es expuesto a riesgos de seguridad y a ambientes de criminalidad, además de accidentes y daños en los vehículos, si no se abastece de combustible en estaciones de servicio autorizadas que cumplen con los estándares de calidad, seguridad y tributación establecidas por la ley”, dijo Pearl.

Finalmente, reconoce los esfuerzos que adelantan las autoridades nacionales, regionales y la Fuerza Pública con acciones de control que han permitido mejorar los resultados operacionales y avanzar en una mayor articulación interinstitucional.

La compañía señaló que, pese a tener un contrato vigente hasta 2029, Canacol, empresa en proceso de reestructuración, restringió el suministro de gas natural de manera unilateral.

Cerro Matoso, productora de ferroníquel en el departamento de Córdoba, informó que desde el primero de julio redujo en 25 % su operación. Según la compañía, el suministro fue limitado a 7.000 MBTU, lo que equivale a una reducción del 55% del gas contratado para el funcionamiento de la planta.

Según la compañía, esta decisión fue adoptada de manera unilateral por Canacol y contraviene las condiciones pactadas entre las partes. Agregó que la reducción de la operación afecta directamente su producción y se reflejará en la suspensión parcial de procesos operativos, con impactos sobre el empleo, los contratos de bienes y servicios, el pago de impuestos, las regalías y las compras a proveedores, actividades que representan alrededor de $3.000 millones diarios para la economía del departamento.

Cerro Matoso advirtió que, si la restricción se mantiene o aumenta, se verá obligada a detener una de sus dos líneas de producción, lo que implicaría reducir su operación a la mitad y pondría en mayor riesgo los empleos, los contratos, las regalías y las compras locales. La empresa recordó que mantiene un contrato de suministro de gas con Canacol Energy vigente hasta 2029.

Cabe recordar que a comienzos de mayo de 2026 Canacol presentó ante una corte de Alberta, Canadá, una solicitud para terminar anticipadamente varios de sus contratos de suministro en Colombia, entre ellos el de Cerro Matoso.

Pese a que la Corte canadiense avaló esa solicitud, la medida no tiene efectos inmediatos en Colombia, ya que será la Superintendencia de Sociedades la encargada de evaluar si reconoce o no esa decisión. 

Cerro Matoso indicó que cuenta con un plazo de 21 días para solicitar autorización para interponer un recurso de apelación y pedir que una corte de segunda instancia revoque la decisión.

También sostuvo que participó de buena fe en las negociaciones adelantadas en Canadá y presentó diferentes alternativas. Sin embargo, aseguró que las propuestas de Canacol contemplaban incrementos tarifarios “desproporcionados” y condiciones contractuales que “no eran viables ni equilibradas” para las partes. Al no alcanzarse un acuerdo, Canacol procedió a restringir el suministro de gas.

Finalmente, Cerro Matoso hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a la Superintendencia de Sociedades para que actúen de manera inmediata y adopten medidas que protejan a los trabajadores y a las cerca de 50.000 personas que, según la empresa, dependen directa e indirectamente de su operación.

Promigas anunció la conclusión de su oferta de bonos híbridos internacionales subordinados por un monto nominal de USD 920 millones, con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75%, en una operación que contó con una fuerte demanda de USD$2,606 millones por parte de los inversionistas.

Promigas y sus filiales peruanas actuaron como emisores en la colocación. La demanda superó 2,8 veces el monto colocado, con la participación de alrededor de 150 inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, evidenciando la confianza del mercado internacional en la estrategia de negocio, crecimiento de largo plazo y solidez financiera de la compañía.

“Los recursos obtenidos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes. La operación se enmarca en la estrategia de la Compañía de optimizar su estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos de la misma, sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado”, señaló la empresa.

Como resultado de esta transacción, Fitch Ratings y Moody’s, mejoraron la perspectiva de calificación de grado de inversión de negativa a estable de Promigas.

«Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer la estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

El sector energético sumó 2,5 millones de nuevos empleos técnicos desde 2019. En América Latina, la demanda de especialistas en automatización y analítica energética supera ampliamente la oferta.

A medida que la electrificación y la digitalización avanzan en América Latina, emerge una paradoja crítica, ya que la región necesita con urgencia talento especializado para liderar la transición energética, y ese talento no existe en la cantidad ni con las habilidades que se requieren.

Para Schneider Electric, compañía que integra electrificación, automatización y digitalización para la forma en que la energía se produce, se gestiona y se consume, resolver esa brecha es tanto un imperativo de negocio como una responsabilidad social.  

El World Energy Employment 2025 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirma que el empleo energético global alcanzó 76 millones de personas en 2024. Aun así, más de la mitad de las empresas encuestadas por la AIE reportó cuellos de botella críticos en la contratación.

El Foro Económico Mundial (WEF) complementa el panorama, la transición energética creará 170 millones de empleos globales antes de 2030, pero desplazará 92 millones de puestos actuales, y el 39 % de las competencias laborales quedarán obsoletas. En Colombia, el 60 % de los empleadores ya exige más inversión pública en reconversión de talento.

Los perfiles más demandados y menos disponibles en la región son: especialistas en automatización industrial, analistas de eficiencia y analítica energética que traduzcan datos en ahorro real, técnicos en redes eléctricas inteligentes y microrredes y especialistas en ciberseguridad para infraestructura crítica. Según McKinsey, para 2030 el 14,5 % de la fuerza laboral global deberá actualizar sus habilidades para responder a la evolución del sector.

Schneider Electric no espera a que eso ocurra. Su programa Youth Education & Entrepreneurship superó la meta de 1 millón de jóvenes capacitados en gestión de energía, seis meses antes de lo previsto, operando en más de 60 países con más de 400 aliados.

«La mayor brecha de la transición energética no es tecnológica, es de acceso. Por eso, en Schneider Electric trabajamos para que más jóvenes desarrollen habilidades con empleabilidad real y puedan ser parte activa del cambio. El reciente reconocimiento de TIME y Statista como la empresa más sostenible del mundo reafirma nuestra convicción de que formar talento hoy es asegurar que América Latina tenga un lugar protagónico en la economía energética del futuro», manifestó Mairym Romero, líder de Comunicaciones Corporativas y Sostenibilidad Región Andina Norte de Schneider Electric.

La brecha de talento no esperará. Requiere que las empresas actúen hoy para que los empleos verdes y digitales del mañana no sean una oportunidad perdida para América Latina.