Enel: Resultados del primer trimestre reflejan impacto positivo de la fusión

El primero de marzo pasado se materializó la fusión por absorción de Emgesa S.A. E.S.P., Codensa S.A. E.S.P., Enel Green Power Colombia S.A.S. E.S.P. y Essa2 SpA, dando paso al nacimiento de Enel Colombia, compañía que cuenta con presencia en cuatro países: Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica.

20 de mayo de 2022.   La nueva compañía participa en toda la cadena de la energía eléctrica desde los siguientes segmentos de operación: Generación, a través de la línea de negocio Enel Green Power & Thermal Generation, que está enfocado en el desarrollo y gestión del portafolio de energía hidráulica, solar, eólica y térmica; y Distribución, orientado al desarrollo, modernización y transformación tecnológica de las redes de distribución, y el cual también abarca  la línea de negocio Enel X, dedicada al portafolio de soluciones a las ciudades, industrias y hogares.

Así, el nuevo grupo empresarial reunido en Enel Colombia obtuvo resultados positivos en el primer trimestre del año. Los ingresos operacionales subieron un 91% a 1,9 billones de pesos; el EBITDA creció 73% a 1,1 billones de pesos; y la utilidad neta creció 50% a 593 mil millones de pesos.

Por su lado, la deuda financiera neta presentó un incremento del 72,6% frente al cierre de 2021, explicado por la absorción de la deuda del negocio de Distribución por Enel Colombia, en concordancia con la ejecución del plan de inversiones que viene realizando la Compañía.

Hay que tener en cuenta que los resultados de la Compañía para el primer trimestre de 2022 corresponden a los estados financieros consolidados, que incluyen a Enel Colombia S.A. ESP y sus filiales en Colombia y Centroamérica.

Durante el primer trimestre del 2022, Enel Colombia también realizó inversiones por $102.620 millones de pesos.

Lucio Rubio Díaz, director general de Enel Colombia, afirmó: “Los resultados financieros del primer trimestre del año reflejan el impacto positivo de la fusión de los activos de Colombia y Centroamérica, así como los beneficios que esta conlleva para nuestros grupos de interés. Además de aprobar el pago histórico de $3,48 billones de pesos en dividendos para nuestros accionistas, la integración de Enel Green Power nos permitirá acelerar nuestra apuesta por la descarbonización y la transición energética, contribuyendo a una matriz energética más confiable, segura, limpia y eficiente en cuatro países de la región”.

Hitos relevantes

El informe de resultados del primer trimestre destaca los siguientes hitos relevantes:

  • – La finalización de labores en cinco cruces del traslado anticipado de redes de alta tensión para la primera línea del metro de Bogotá.
  • – La instalación de 36.000 paneles solares en el parque fotovoltaico La Loma, que permitió entregar el primer kilovatio hora (kWh) de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
  • – Inicio de la adecuación del edificio corporativo, con el propósito de adaptarlo al nuevo modelo de trabajo.
  • – La entrega de un nuevo patio para buses eléctricos, denominado Escritorio, y 172 buses eléctricos para ser operados por Transmilenio.
  • – La reactivación de la Central Hidroeléctrica de Montecristo en Guatemala, luego de siete meses de mantenimiento tras un evento de rotura en una tubería.

Fuente: Enel Colombia

Enel inaugura la subestación San José en el centro de Bogotá

San José es la tercera subestación que se inaugura dentro del plan de expansión Bogotá-Región 2030, que busca fortalecer la infraestructura eléctrica en Bogotá y Cundinamarca. Esta subestación se encuentra ubicada en la localidad de Los Mártires y es un hito de gran importancia, en el marco de la renovación urbana que está teniendo el centro de Bogotá.

19 de mayo de 2022.   Luego de un año de construcción y una inversión de más de $26.000 millones de pesos, Enel puso en funcionamiento la nueva Subestación Eléctrica San José y sus dos líneas de conexión asociadas, ubicada en el centro de la capital del país (localidad de Los Mártires).

Éste es un hito de gran importancia, en el marco del plan integral de renovación urbana que está teniendo esta zona de Bogotá, pues permitirá atender la creciente demanda de energía, requerida para los proyectos actuales y futuros de infraestructura, urbanismo y vivienda, que se planean en el sector.

El proyecto de Modernización de la Subestación Eléctrica San José consistió en el desmonte de la infraestructura anterior; y el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de una nueva subestación y líneas de transmisión, aumentando su capacidad.

La nueva infraestructura cuenta con dos transformadores de potencia de 40 millones de voltamperios (MVA) cada uno, para completar una capacidad total de 80 MVA, lo que equivale al consumo energético de un municipio como Zipaquirá.

Otra de las características de esta nueva subestación es la tecnología utilizada, la cual corresponde a encapsulada tipo GIS, lo que significa que los equipos principales de operación se encuentran al interior de cuartos de control y no son visibles al público, obteniendo una mejora en la armonización del paisaje del área de influencia. Por su parte, en el marco de este proyecto, también se construyeron 20 circuitos de media tensión, encargados de distribuir la energía por los diferentes barrios.

Para Francesco Bertoli, gerente de Infraestructura y Redes de Enel Colombia, “la puesta en funcionamiento de la nueva Subestación San José da cuenta de nuestro compromiso con el plan de expansión de subestaciones de alta tensión que nos hemos trazado, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura eléctrica, atender la creciente demanda de energía requerida para el desarrollo económico e industrial del centro del país, y mejorar los niveles de confiabilidad, estabilidad, seguridad y calidad del servicio”.

En el marco de su construcción, la Subestación San José contó con una Política de Creación de Valor Compartido y una Estrategia de Economía Circular, cuyo objetivo principal fue trabajar con las comunidades y autoridades locales, identificando las necesidades e intereses del sector, para que conjuntamente, se establecieran acciones que permitieran aportar al desarrollo social.

Como resultado de ello, se obtuvo el embellecimiento del muro exterior de la infraestructura, en una actividad que contó con la participación de diferentes actores, como habitantes de calle, recicladores, comunidad LGBTI, estudiantes de instituciones educativas y grafiteros, entre otros; convirtiéndose, en un ejemplo de inclusión social.

La Subestación San José es la tercera que entra en operación de las más de 30 que se tienen contempladas en el plan de expansión Bogotá-Región 2030, el cual busca fortalecer la infraestructura eléctrica en Bogotá y Cundinamarca.

Durante 2022 también se tienen previstos avances significativos en cuatro subestaciones más: Terminal, ubicada en la localidad de Fontibón; Calle Primera, en localidad de Antonio Nariño; Río, en el municipio de Soacha; y Barzalosa, en Girardot. 

Ecopetrol y OXY aumentan exploración en aguas del Caribe colombiano

La nueva alianza con Oxy está alineada con la estrategia a largo plazo del Grupo Ecopetrol de fortalecer la exploración offshore o costa afuera. Los bloques se encuentran ubicados a una distancia promedio de más de 150 kilómetros de la línea costera de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

18 de mayo de 2022.   Ecopetrol S.A.y Occidental Petroleum Corp. (Oxy) informaron que Ecopetrol y Anadarko Colombia Company, subsidiaria de Oxy, suscribieron un acuerdo de exploración conjunta en los Bloques COL 1, COL 2, COL 6 y COL 7, localizados en aguas profundas en el noreste del Caribe colombiano, con el objetivo de emprender la búsqueda de hidrocarburos en esa zona insular.

En virtud del acuerdo suscrito entre las compañías, Ecopetrol adquirirá el 40% de los derechos de exploración y producción en los bloques, mientras el restante 60% continuará bajo el control de Anadarko que, a su vez, con base en su experiencia, mantendrá la condición de operador. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Los bloques se encuentran localizados frente a las costas de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, a una distancia promedio de más de 150 kilómetros de la línea costera de estas jurisdicciones.

Las evaluaciones geológicas de los bloques objeto del acuerdo, realizadas con base en información sísmica de última tecnología adquirida en el área por Anadarko, indican la posibilidad de acumulaciones importantes de hidrocarburos bajo diferentes conceptos geológicos en este sector de la Cuenca Colombia, lo que de confirmarse constituiría un evento transformacional de la industria petrolera colombiana.

Las empresas prevén explorar las áreas mediante la adquisición de muestras del fondo marino y la perforación de un pozo exploratorio, sujeto a las autorizaciones regulatorias y a la culminación de los estudios técnicos. Este pozo representa un importante reto tecnológico con el cual están comprometidas las empresas, dado que se haría en aguas profundas.

“Estamos muy complacidos de sellar esta nueva alianza con Oxy, un socio de primer nivel, para continuar fortaleciendo el portafolio exploratorio en el Caribe colombiano en línea con nuestra estrategia al 2040 ‘Energía que transforma’, uno de cuyos impulsores busca mantener la competitividad en la cadena de hidrocarburos incrementando la exploración costa afuera”, señaló el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.

Actualmente el Grupo Ecopetrol cuenta con un portafolio de activos Offshore en el Caribe colombiano distribuido como sigue: un área en producción: Contrato de Asociación Guajira; dos áreas de evaluación: Tayrona Orca y KG (Fuerte Sur, Purple Angel y COL-5); y 4 bloques exploratorios: Tayrona, COL-5, GUAOFF-1 y GUAOFF-10.

El GEB expande su red de transmisión en La Guajira

El Grupo Energía Bogotá adquirirá la participación de Ashmore Management Company en Elecnorte, que presta servicios en La Guajira. Con esta adquisición, el Grupo completa más de 1.800 kilómetros de líneas de transmisión de energía en Colombia.

17 de mayo de 2022.   El Grupo Energía Bogotá (GEB) sigue fortaleciendo su presencia en el negocio de transmisión de energía eléctrica en Colombia, con la suscripción de un contrato de compraventa de acciones con Ashmore Management Company para adquirir su participación en Elecnorte S.A.S. E.S.P.

Ashmore Management Company tiene 100 por ciento de participación accionaria en Elecnorte, en La Guajira, departamento donde el GEB actualmente desarrolla el proyecto Colectora, que incorporará al Sistema de Transmisión Nacional (STN) las energías renovables no convencionales que se producirán en el norte del país.

Elecnorte fue seleccionada bajo la convocatoria pública UPME STR 06- 2016 para el diseño, construcción, administración, operación y mantenimiento de una línea de transmisión del Sistema de Transmisión Regional (STR) con una longitud aproximada de 138,3 km.

Este activo en operación contempla dos líneas de transmisión que operan en un nivel de tensión de 110 kV: 76,51 km entre las subestaciones de Riohacha y Maicao y 61,79 km entre las subestaciones de Riohacha y Cuestecitas, así como sus bahías de conexión en todas esas subestaciones. Su área de influencia es Riohacha, Manaure, Albania y Maicao.

El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato de compraventa de acciones.

“Con esta adquisición estamos cumpliendo las metas definidas en el Plan Estratégico Corporativo de la compañía, con el cual buscamos robustecer nuestra presencia en Colombia y en Latinoamérica para seguir llevando desarrollo en nuestras áreas de influencia y mejorar vidas con energía sostenible y competitiva”, aseguró Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

En Colombia, contando con el cierre de la adquisición de Elecnorte, GEB sumaría 1.828,3 kilómetros de líneas de transmisión de energía eléctrica de los cuales 1.689 son a nivel 220-230 kV.

Fuente: Grupo Energía Bogotá.

Política Energética: Recomendaciones a los candidatos

La Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) pone a consideración de los candidatos presidenciales recomendaciones de Política Energética para el cuatrienio 2022-2026.

12 de mayo de 2022.   La Ley de Transición Energética de 2021 ha comprometido al Gobierno a alcanzar las metas del Acuerdo de París en el 2030, lo cual es inalcanzable para esa fecha por las múltiples tareas asignadas al país, relacionadas con la declaratoria de proyectos de interés nacional y estratégico; el desarrollo de la energía geotérmica; los energéticos alternativos de origen orgánico y/o renovable; incentivos a la movilidad eléctrica; impulso a los vehículos de bajas y cero emisiones en el transporte terrestre; el desarrollo del hidrógeno; el sistema público de proyectos y la implementación del fondo de energía, FonEnergía.

En opinión de ACIEM, es necesario:

  Propender por un sistema energético balanceado, donde todas las fuentes de energía existentes en el país participen en la atención de la demanda, asegurando la confiabilidad requerida.

  Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Minas y Energía y agilizar los trámites de los proyectos eólicos y solares para que se ejecuten e interconecten con la prontitud que requiere el Plan de Expansión de Generación y Transmisión de energía eléctrica.

Focalización de subsidios

El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingreso de la Nación, creado por la Ley 142 de 1994, está en grave déficit y se ha venido incrementando en la medida en que la industria quedó exenta de contribuir, de tal forma que resulta urgente para el presupuesto de la Nación aplicar los nuevos criterios de focalización de subsidios, esto es, aumentar el porcentaje de subsidio a los más pobres y ajustar el porcentaje de subsidio a quienes no lo requieren.

Confiabilidad del sistema eléctrico

Las incertidumbres del proyecto Hidroituango que apenas recientemente comienzan a despejarse, así como los riesgos que han tenido que afrontar las comunidades localizadas aguas abajo y su impacto en el abastecimiento de energía eléctrica al mercado, han arrojado dudas sobre la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

La confiabilidad es el principal objetivo de política energética en el sector eléctrico y para lograrla, es necesario tener en cuenta:

  Los proyectos de energías renovables suministran energía al sistema en la medida que la radiación solar y el viento lo permitan. Por esta razón no son energías firmes cuyo suministro esté garantizado de manera permanente. Considerando la gran cantidad de estos proyectos que van a entrar en operación en los próximos años, el sistema eléctrico debe tomar las medidas necesarias para el óptimo aprovechamiento de estos recursos, sin poner en riesgo la confiabilidad. Las energías hídricas, gas natural y carbón fortalecerán el sistema de generación eléctrica.

  Los problemas de Hidroituango no deben convertirse en obstáculo al desarrollo de futuros proyectos hidroeléctricos. Colombia debe tener en cuenta el importante potencial de generación hidráulica, el cual debe desarrollarse a mediano y largo plazo, con criterios que consulten los intereses del país y de las comunidades localizadas en la zona de influencia.

Planta de regasificación y confiabilidad del abastecimiento

Preocupa la pérdida de competitividad del gas natural frente a otros energéticos, lo cual ha ocasionado que la industria nacional igualmente pierda competitividad; se subutilice la infraestructura de gasoductos y se regrese a la utilización de combustibles líquidos más contaminantes e ineficientes.

Preocupa el aprovisionamiento de gas natural y el plan de instalar una Planta de Regasificación en la costa Pacífica por ser ineficiente, costosa y riesgosa para el país. Además, las incertidumbres ambientales derivadas de la construcción del gasoducto Buenaventura-Yumbo sugieren una estrategia de dos vías:

  Es necesario identificar mayores reservas probadas de gas natural costa afuera y en tierra firme e incentivar su desarrollo, así como articular el acceso al mercado internacional.

  Con el fracaso de la convocatoria de la Planta de Regasificación del Pacífico a finales de 2021, se hace necesario encontrar una solución alternativa ante la amenaza de restricciones en la oferta de gas natural en los próximos años, como consecuencia del decrecimiento de la producción de gas en el país y muy especialmente de los campos de La Guajira.

ACIEM propone evaluar la posibilidad de utilizar otros puertos en el mar Caribe con posibilidad de admitir buquetanques con gas natural licuado, así sea de manera temporal, y con posibilidad de utilizar el gasoducto Ballena-Barrancabermeja a fin de conjurar los déficits que se prevén en los próximos años.

Este punto es crítico para el nuevo gobierno y deberán tomarse, a la mayor brevedad, las decisiones adecua- das, con el fin de evitar la posibilidad de un faltante para atender la demanda de gas natural nacional.

De otra parte, es urgente limitar o eliminar las posiciones dominantes y la integración vertical en el transporte, distribución y comercialización, y en la conveniencia de tener un solo mercado nacional integrado. Así mismo, es necesario concretar los pilotos de fracking y las oportunidades para el gas natural en el mediano y largo plazo.

Carbón

Colombia debe diseñar su propia estrategia en el tema del carbón, incluyendo el sector eléctrico, las exportaciones y la carboquímica. Este energético representa el 16% de las exportaciones; el 1% del Producto Interno Bruto (PIB); aporta casi $2 billones en regalías anuales y atiende la demanda de combustibles de los sectores de electricidad e industria en un 7%.

Aprovechando los avances tecnológicos en control de emisiones, ACIEM plantea incluir el carbón en la matriz eléctrica e impulsar el uso de este recurso en las plantas de generación de energía de gran escala.

Hay que señalar que países como Japón, China e India, entre otros, están haciendo uso intensivo de este recurso energético en sus sistemas de producción. De otra parte, el encarecimiento del gas natural, en vista de los conflictos en la zona oriental de Europa, está llevando a varios países a poner los ojos nuevamente sobre el carbón.

ACIEM considera que las lecciones aprendidas de diferentes países son útiles para Colombia en la construcción de una visión propia acerca de la forma como este energético se podría aprovechar, teniendo reservas para más de 200 años.

Lo que no debe ocurrir es seguir con una política energética nacional que no define con claridad lo que se pretende con el carbón, sabiendo que muchas familias dependen del carbón para su sustento. Este panorama merece del próximo gobierno una política clara y con visión de largo plazo.

Petróleo y Gas Natural

Colombia debe fortalecer la estrategia para mantener una posición competitiva en el mercado internacional de los hidrocarburos, lo cual exige crear las condiciones contractuales para la llegada de nuevas empresas que inviertan en exploración y producción (E&P) en los próximos años, y así mantener no solo la autosuficiencia petrolera sino disponer de un volumen remanente para la exportación.

En los últimos años, el país ha hecho importantes inversiones en exploración costa afuera en el Caribe, por lo que existen oportunidades para crear un hub o eje del desarrollo del gas natural en el país. El sector de los hidrocarburos ha iniciado el camino de la Transición Energética y este es el momento propicio en que la industria debe adaptarse y transformarse, pero de manera ordenada y entendiendo, además, cuál es su papel en el proceso económico colombiano.

Respecto al fracking o técnicas de fracturamiento hidráulico, el país ha trazado la Hoja de Ruta para desarrollar los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre los yacimientos no convencionales (YNC) de hidrocarburos. La reglamentación que el Gobierno Nacional expidió en la materia estableció adecuadamente las pautas para su implementación en cuanto a las etapas de los PPII (condiciones previas, concomitante, evaluación, participación ciudadana, acompañamiento institucional, y vigencia).

ACIEM respalda la iniciativa gubernamental de realizar los proyectos piloto de producción de hidrocarburos no convencionales y evaluar los resultados de manera transparente con las comunidades, académicos y sectores de opinión.

La CREG asume presidencia de la Asociación Iberoamericana de Reguladoras

Como proyectos a corto plazo, la ARIAE trabaja junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar el Hub de Energía, así como para mejorar la financiación de la Escuela Iberoamericana de Regulación.

12 de mayo de 2022.   El director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Jorge Valencia Marín, asumió la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE), de la que hacen parte 27 entidades reguladoras energéticas de 20 países.

“Los reguladores iberoamericanos cumplen el papel de desarrollar una política que garantice el acceso a todos los usuarios a costos eficientes protegiendo los derechos de los consumidores. La regulación, entonces, constituye la piedra angular de la

transición energética y la descarbonización de la energía”, aseguró Valencia en la IX Junta Anual Ordinaria de la Asamblea General de la ARIAE, donde fue elegida la nueva junta directiva.

La ARIAE nació en 2000 con el fin de promover el intercambio de experiencias, realizar investigación conjunta y tener una armonización regulatoria entre países, mediante grupos de trabajo dirigidos a electricidad, gas, productos petrolíferos, biocombustibles, upstream y consumidores.

ARIAE también es la impulsadora de la Escuela Iberoamericana de Regulación Energética (EIR), que reside en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y en la Universidad ESAN del Perú.

Valencia Marín reemplaza a André Pepitone da Nóbrega, director General de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de Brasil, quien ocupaba el cargo de presidente de la ARIAE desde 2018. La Comisión de Regulación colombiana asumirá el cargo por los próximos tres años.

Como proyectos a corto plazo, la ARIAE trabaja junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar el Hub de Energía, así como para mejorar la financiación de la Escuela Iberoamericana de Regulación.

“La labor de la ARIAE ha sido fundamental para garantizar la seguridad energética en Iberoamérica, fomentar la implementación de la Transición Energética y universalizar el acceso a la energía en la región. Para Colombia es un orgullo presidir por primera vez en la historia una entidad que busca día a día optimizar las condiciones regulatorias del mercado energético en pro de la ciudadanía en general. Colombia sigue siendo reconocida internacionalmente por su proceso de Transición Energética y sus medidas que han garantizado la seguridad energética”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Urge hacer una subasta de cargo por confiabilidad: ANDEG

Los tiempos se han alargado y las dificultades han aumentado para realizar cualquier proyecto de infraestructura en energía, por lo que es urgente estructurar una nueva subasta para suplir la nueva demanda a partir del 2024.  

Por: MARTÍN ROSAS

12 de mayo de 2022.   No hay tiempo que perder. La reactivación económica, la incertidumbre de Hidroituango, el atraso en la expansión de redes (Colectora), los mayores tiempos en la construcción de plantas y hasta la variabilidad climática y la situación internacional, son solo algunos de los factores que, a juicio de Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), obligan a que se haga cuanto antes una nueva subasta de cargo por confiablidad.

De no hacerse, el país comenzaría a ver situaciones críticas de oferta de energía desde 2024 hacia delante.

Si bien los proyectos asignados en las últimas subastas tanto de cargo por confiabilidad como en energías renovables están próximos a entrar, como el caso de las ampliaciones y nuevas térmicas como Termocandelaria, Tesorito, Termorubiales y TermoEBR, además de los proyectos de energía renovable eólica y solar en la costa Caribe, que se espera estén culminadas hacia 2024, al gremio generador le preocupa que para esa fecha ya exista una nueva demanda que se debe entrar a satisfacer.

Pero esa expansión se enfrenta a nuevos problemas. Primero, un entorno internacional de crisis que también se refleja en Colombia, pues, por un lado, los precios del gas y el carbón han tenido alzas exageradas; por otra parte, las dificultades de financiación para térmicas a carbón; la casi imposibilidad de conseguir proveedores de equipos para esta tecnología; pero lo más grave es la demora en el suministro de equipos para cualquier tipo de tecnología, por los problemas logísticos y de escasez de materias primas a nivel global.

Eso ha llevado, dice Castañeda, a que los proveedores, que antes se demoraban entre 24 y 28 meses en entregar equipos, ahora se estén tardando 50 meses, más de cuatro años después de entregada la orden de producción, a lo que hay que añadirle los tiempos de consultas previas, licencias ambientales y cierre financiero de los proyectos.

Es decir, si se aprobara un proyecto de generación hoy, estaría entrando a operar dentro de seis u ocho años. Por todas estas razones es que ANDEG concluye que se debe estructurar y socializar ya una subasta de cargo por confiabilidad, y que el próximo gobierno entraría a convocar, pues los tiempos se han ajustado.

“Viendo las asignaciones que se dieron para los años 23-24 y 24-25 estamos con la energía apenas para cubrir esos años; es decir, lo existente más lo nuevo que está entrando, y las renovables de La Guajira que deben entrar en 2024, aunque ahí está pendiente el tema de Colectora; pero con esas asignaciones, lo que estamos viendo es que para el 25-26 y luego 26-27 ya  se necesita nueva capacidad de energía firme, la que soporta el cargo por confiabilidad”, dice Castañeda y agrega “que se necesita nueva capacidad del orden de 400 Mw para el primer año y de cerca de 1.000 Mw para el segundo”.

Justamente, el crecimiento de la demanda es otro factor que genera incertidumbre; pues pese a que en el último análisis de proyección realizado a mediados de 2021 por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), ya consideraba la recuperación y el crecimiento económico, no reflejó el comportamiento del ultimo año que ha sido bastante bueno.

Como ejemplo, Castañeda señala que entre 3 y 4 meses del último año la demanda estuvo por encima del escenario alto de la UPME; luego lo que se espera es que se revise hacia arriba, sobre todo con una expectativa de crecimiento del PIB de 5,8% para este año.

Planeación a más largo plazo

Justamente, Christian Jaramillo, director de la UPME, reconocía en un certamen de generadores que la entidad se durmió en los últimos años, planeando como se hacía para los tiempos de hace 20 años, con un escenario de 5-6 años, pero la realidad está mostrando que cualquier proyecto lineal se está demorando entre 6 y 8 años, luego el país está en mora de actualizar la red de distribución.

Jaramillo señalaba, por ejemplo, que la infraestructura de transporte de la costa funciona para lo que hay hoy, pero si se está pensando en adicionar entre 2 y 3 Gw de eólica, que es lo que tiene previsto el Ministerio de aquí al 2030, no hay capacidad para recibir esa energía y distribuirla y menos para trasladarla al interior del país.

Castañeda dice que “nos hemos demorado en actualizar la red y además la conflictividad social le pega mucho a los proyectos de distribución y generación. Tenemos potencial de renovables en zonas muy complejas, como La Guajira. Además de Colectora, todos los proyectos en ejecución están demorados por comunidades o por socialización, porque les bloquean, porque no pueden entrar, etcétera.”

Agrega que la consulta previa a comunidades es un tema que el próximo gobierno debe entrar a solucionar pronto, “porque, en general, hacer un proyecto de infraestructura en el país se volvió un caos, se volvió difícil ejecutarlo. La ANLA, por el contrario, ha mejorado mucho en la expedición de licencias ambientales, pero lo que tiene bloqueado ahora es el tema social, y lo triste es que desde hace unos ocho años los gremios del sector de infraestructura le propusieron al gobierno un proyecto de ley de consultas previas. Hoy en día hay decretos que cada quien interpreta, pero una ley no existe, y la Corte Constitucional lo que dijo en su momento fue que el legislador es el que tiene que dar la pauta sobre la consulta previa, pero aquí la consulta se volvió un tema extorsivo. Lo que dice el acuerdo de la OIT, al cual Colombia esta suscrito, es que la consulta previa no es una arma para vetar proyectos, tiene que hacerse para saber qué expectativas tiene la comunidad, pero no puede ser una herramienta para bloquear proyectos; entonces yo creo que al nuevo gobierno le toca tomar cartas en el asunto, de lo contrario nos vamos a enredar mas”.

Combustibles fósiles

Si bien Castañeda reconoce que se debe seguir avanzando en la Transición Energética hacia fuentes de energía renovable, la intermitencia de estas no aseguran firmeza, por lo que se debe pensar en seguir utilizando las térmicas para el respaldo del sistema, como lo han venido haciendo luego del Apagón de 1992.

Pese a que las tecnologías de carbón han avanzado para emitir al mínimo y captar carbono, al tiempo que los costos han bajado, a nivel global se enfrentan con la falta de financiación y la dificultad para conseguir equipos.

No obstante, dadas las enormes reservas y la calidad del mineral con que cuenta Colombia, el país está en mora de definir una política de Estado frente a este energético. Definir si lo utiliza para generación, le da otros usos o definitivamente lo deja enterrado. Australia, por ejemplo, lo está gasificando y generando hidrógeno azul, adicionándole la captura y almacenamiento de carbono.

Y es que definir una política de combustibles fósiles es importante por lo que ello implica en la generación de energía. En el caso del carbón, este es el que determina el precio de los contratos de mediano y largo plazo luego de las hidroeléctricas.

Para el caso del gas natural, si se aplica una política de restricción a la exploración y explotación de hidrocarburos, las térmicas, que a hoy les resulta casi imposible obtener contratos de largo plazo en el mercado nacional, quedarían expuestas a las importaciones, con los riesgos que implican las cotizaciones internacionales y que se reflejarían en las facturas de la electricidad, además de la dificultad de tener contratos de largo plazo.

Regulación, otro tema pendiente

En cuanto a regulación, Castañeda reconoce que hay pendientes muchas cosas. “Creo que la hoja de ruta de la Misión de Transformación Energética planteó varias cosas que deberíamos hacer, lamentablemente ese ejercicio demoró mucho tiempo, casi dos años, y muchas cosas que el sector sabía que tenían que hacerse se represaron esperando los resultados de la Misión”.

Como ejemplo señala la profundización en el tema de contratos de energía eléctrica, ajustes a la formación en los precios de bolsa, que es básicamente la incorporación de mercados intradiarios y en tiempo real.

“Estamos hablando de eso desde hace 8 años y se necesita no solo por las térmicas sino para las renovables, pues lo que permite este tipo de profundización en el mercado es mayor flexibilidad a todas las tecnologías y la que necesita mas flexibilidad es la renovable”, dice.

“Hoy el renovable está expuesto a que si se desvía frente a su generación las penalidades son altas; estos mercados entre más cortos en tiempo lo que hacen es que se pueden ajustar mucho mas rápido a la realidad de su generación”, concluye.

Enel transfirió más de $95.300 millones a municipios y autoridades ambientales

En el marco de la Ley 99, el 50,2% ($ 47.840 millones) del total transferido por la Compañía, fue destinado a las autoridades ambientales de las regiones donde tiene presencia; mientras que el 49.8% ($47.543 millones) fue destinado a municipios de Cundinamarca, Huila, Cauca y Bolívar.

10 de mayo de 2022.   Por su operación en 2021, Enel Colombia transfirió $95.383 millones a las autoridades ambientales y administraciones municipales en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Cauca y Bolívar.

Esos recursos, según la Ley 99 de 1993, deberán destinarse a la protección del medio ambiente de la zona y a obras previstas en los planes de desarrollo municipales, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. En las zonas con ecosistemas de páramos, los beneficiarios deben priorizar la inversión de los recursos en su conservación.

De acuerdo con Lucio Rubio Díaz, director general de Enel Colombia, “este compromiso que tenemos como compañía con los municipios y las regiones en donde estamos presentes, busca aportar a la protección y buen uso de los recursos naturales de las zonas de influencia de nuestra operación. El 50.2% del monto total fue destinado a las corporaciones ambientales y el 49.8% a las administraciones municipales de cuatro departamentos del país, siendo Cundinamarca y Huila las regiones más beneficiadas, con la recepción del 62.3% y 35.6% de los recursos, respectivamente”.

Así pues, en Cundinamarca se transfirieron $59.498 millones. De esta suma, $29.610 millones se destinaron a los municipios, distribuidos de la siguiente manera: $15.756 millones a los siete municipios de la cuenca que alimenta a las centrales del Guavio, $13.438 millones a los 34 municipios de la cuenca que alimenta la denominada Cadena Río Bogotá, y $416 millones a Tocancipá, territorio asociado a la central Termozipa.

De otro lado, más de $29.888 millones se destinaron a las autoridades ambientales con jurisdicción en las áreas de las Centrales: la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca recibió $13.733 millones, Corpoguavio $16.132 millones y Corporinoquía $23 millones.

En Huila y Cauca, las transferencias totalizaron $35.805 millones, de los cuales $17.902 millones se distribuyeron entre los 50 municipios localizados en las áreas de la Centrales Hidroeléctricas Betania y El Quimbo. Por otro lado, $17.902 millones se transfirieron a las autoridades ambientales de esas jurisdicciones, distribuidos de la siguiente manera: $15.935 millones para la Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena y $1.967 millones a la Corporación Autónoma Regional del Cauca.

En Bolívar, por la operación de la Central Termocartagena, se realizaron transferencias por $30 millones al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y $50 millones para la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.

De acuerdo con la Ley 99 de 1993, las transferencias de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica corresponden al 6% de las ventas brutas, que se dividen en la mitad (3%) para las autoridades ambientales y la otra mitad (3%) para los municipios y distritos. Así mismo, del porcentaje que pertenece a estos últimos, la mitad (1.5%) es para aquellos donde se encuentra el embalse y la otra mitad (1.5%) para los municipios ubicados sobre la cuenca hidrográfica que lo surte. Los municipios y distritos donde están las plantas, que no son parte de la cuenca o del embalse, reciben el 0.2%, que se descuenta proporcionalmente a los demás municipios beneficiarios.  

En el caso de las centrales de generación térmica, las transferencias corresponden a 4% de las ventas brutas que se distribuyen así: 2.5% para la corporación autónoma regional donde se encuentra la planta y 1.5% para las administraciones municipales.

Fuente: Enel Colombia

Colombia aumenta sus reservas de petróleo y gas

La Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció las reservas de petróleo y gas natural con corte a diciembre de 2021. Aumentan las de crudo y se revierte la tendencia bajista del gas.

10 de mayo de 2022.   De acuerdo con las cifras divulgadas hoy por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas de crudo y gas de Colombia aumentaron al corte a diciembre de 2021.

En gas natural se revertió la tendencia bajista que traían las reservas en los últimos diez años. El 2021 cerró con 3,16 terapiés cúbicos (Tpc), con una relación Reservas/Producción (R/P) de 8 años, mientras que en 2020 las reservas eran de 2,95 Tpc y 7,7 años de relación R/P.

En el último año el índice de reposición llegó al 1,54, al incorporarse 610 Gigapies cúbicos (Gpc), frente a un consumo total de 395 Gpc en 2021, que se ha mantenido relativamente estable en los últimos seis años.

Estas mayores incorporaciones, que no se veían desde hace diez años, se deben principalmente a reclasificaciones y revisiones técnicas, señaló Armando Zamora, presidente de la ANH.  

Frente a este panorama alentador, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas aseguró que “la realidad de Colombia es que cuenta con un potencial de reservas de gas natural que permitirá mantener la autosuficiencia y soberanía energética para garantizar el abastecimiento a los más de 10.460.000 familias colombianas que hoy tienen mejor calidad de vida gracias al gas natural, así como a los sectores industrial, comercial y de transporte. El gas natural contribuye a mejorar la calidad del aire y a facilitar el camino hacia una transición energética justa y ordenada. Justa, para el bolsillo de los colombianos y ordenada en el aprovechamiento de todos los recursos energéticos que tenemos a disposición”.

Por departamentos, los que tienen las mayores reservas probadas de gas son: Casanare, 52%; Guajira, 18%; Córdoba, 9%; Boyacá, 5%; Sucre, 4,6%, y Santander, 4,2%.

Por Empresas, el Grupo Ecopetrol acapara cerca del 80% (Ecopetrol, 58%, y Hocol, 21%), les siguen Canacol con el 7%, Lewis Energy con el 3%, Petrosantander con el 3% y Parex Resources con el 2%.

Reservas de petróleo

En materia de crudo las cifras fueron mejores, con un índice de reposición de 1,8. Las razones, según el ministro de Energía, Diego Mesa, se deben a un mejor precio internacional y a la mejora de la actividad tanto exploratoria como de producción luego de un año de pandemia y de conflictos de orden púbico.  

En efecto, las reservas probadas (1P) de petróleo pasaron de 1.816 millones de barriles en 2020 a 2.039 millones de barriles en 2021, un aumento del 12,3% que le permite al país pasar de 6,3 a 7,6 años de autosuficiencia.

Entre los departamentos con mayores reservas están: Meta, 51%; Casanare, 17%, y Santander, 8%.

Por empresas, Ecopetrol acumula el 66% de las reservas, Geopark el 8%, Frontera el 7%, Gran Tierra el 3%, Sierracol el 3% y otras el 13%.

Frente a un posible freno a la actividad de la industria en un eventual gobierno de izquierda, el Ministro señaló que prohibir la exploración continental y costa afuera llevaría en el mediano plazo a una situación de tener que importar crudo y gas.

Por su parte, Zamora dijo que “tenemos petróleo más no somos un país petrolero. Podemos mantener el nivel de reserva siempre y cuando mantengamos la inversión, que en promedio es de 4.000 millones de dólares anuales, mil millones dirigidos a exploración y 3.000 millones a mantenimiento de campos.”

El presidente de la ANH puso como ejemplo en año 2020, cuando en el peor momento de la pandemia de la covid-19 se detuvieron nuevas inversiones en el sector y la producción se desplomó de 950.000 barriles diarios a 750.000 barriles diarios, una caída del 21%.

Finalmente, Zamora señaló que antes de que termine el gobierno quedará estructurada una nueva ronda de asignación de bloques, y que la próxima administración determinará si la lleva adelante o no.

$18 billones perdería la Nación y las regiones si se frenan los hidrocarburos

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas estimó las consecuencias económicas, fiscales y sociales en caso que se impongan políticas que debiliten el sector de hidrocarburos.

9 de mayo de 2022.   En un escenario de debilitamiento de la industria de los hidrocarburos, como lo propone uno de los candidatos a la presidencia, las pérdidas estimadas serían de $18 billones en aportes fiscales y regalías de las empresas de Exploración y Producción a la Nación y las regiones en el próximo cuatrienio.

Por ejemplo, un departamento productor como el Meta dejaría de recibir $412 mil millones por regalías, recursos que equivalen a los ingresos destinados a fondos de salud y turismo del departamento; y uno no petrolero como el Chocó dejaría de recibir $70 mil millones, que hoy equivalen a la mitad de los ingresos del fondo local de salud de ese departamento.

Ad portas del cambio de gobierno en Colombia, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico Escenarios de política energética y su impacto para los colombianos, sobre los aportes que el sector podría hacer al país en el próximo cuatrienio, e incluso en esta década. El informe presenta dos escenarios, uno de sostenimiento de la exploración y producción de petróleo y gas (Futuro A) y otro de debilitamiento, con el freno en nuevos contratos de exploración y producción (Futuro B).

“Debilitar la industria repercutiría en una pérdida anticipada en la autosuficiencia energética: se importaría gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028, con las consecuentes pérdidas en ingresos fiscales, regalías y divisas por exportación”, dio Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.

Por el contrario, en el escenario de sostenimiento, se estima que el sector de hidrocarburos generaría ingresos a la Nación por $105 billones en los próximos cuatro años y $227 billones hasta 2032, contribuyendo a la financiación de programas de desarrollo social, reactivación económica, diversificación productiva y energética y al equilibrio fiscal del país.

Asimismo, aportaría $38 billones por regalías durante el próximo Gobierno, y $80 billones hasta 2032, que contribuirían a mejorar la calidad de vida de las regiones, especialmente aquellas con mayores necesidades básicas insatisfechas (beneficiadas con regalías) y las productoras.

En Colombia, el sector está compuesto por más de 500 empresas entre operadoras y contratistas de bienes y servicios, con presencia en al menos 97 municipios de 19 departamentos, y genera 95 mil empleos.

Frenar esta industria equivale a desaparecer la principal empresa del país (Ecopetrol) y los recursos que le genera a la Nación como principal propietaria. Además, se dejarían de percibir una tercera parte de los recursos por las exportaciones que representa el sector.

En el periodo 2022-2032, se dejarían de percibir 45.000 millones de dólares y, en cambio, habría que desembolsar 17.000 millones de dólares en importaciones de petróleo y combustibles.

Dentro de los hallazgos más relevantes del informe, se resalta también la importancia que tiene para Colombia contar con petróleo y gas nacional (autosuficiencia energética), fundamental para mitigar el costo de los servicios públicos de luz, gas y combustibles (gasolina y diésel), y, por tanto, el costo de vida.

Al contrario, esta situación cambiaría si el país requiere importar desde 2026 (Futuro B), teniendo en cuenta que, con importaciones de petróleo y gas el país sería aún más vulnerable a tensiones internacionales, se encarecerían la energía, los insumos con los que se fabrican productos del diario vivir, insumos agrícolas, el dólar, tasas de interés, el endeudamiento público y privado, todo esto con repercusión para el costo de vida.

Hay que señalar que en Colombia hay 11 millones de familias que utilizan el gas natural, 3,5 millones usan GLP, y otro 1,5 millones aún cocinan con leña. En el hipotético caso en que se debiera importar gas, a las cotizaciones internacionales actuales, el precio de este combustible subiría cinco veces, haciendo imposible el pago por los consumidores y enviando a un gran número de población a cocinar con combustibles más contaminantes y peligrosos para la salud.

“Este es un momento crucial para el país, luego de la pandemia y el recrudecimiento de la pobreza que esta ocasionó, hay muchos desafíos en materia social, y este sector puede ser un gran aliado en la lucha contra la pobreza, pues los recursos que genere apoyarían la financiación de los principales programas de desarrollo del próximo gobierno, y permitirían apalancar la diversificación energética y productiva, mientras aprovechamos los recursos de petróleo y gas con los que cuenta Colombia en esta ventana de oportunidad única para el país”, concluyó Lloreda Mera.

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