Categoría: Industria

Los Ministerios de Minas y Energía, de Salud y Protección Social, y del Trabajo, emitieron una circular con recomendaciones de buenas prácticas sanitarias, de seguridad y salud en el trabajo, para proteger a los empleados del sector minero energético, y a las comunidades.

7 de abril de 2020.   El Ministerio de Minas y Energía, conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo, publicó una serie de medidas sanitarias y buenas prácticas a considerar por parte de las compañías que forman parte de los diferentes eslabones de la cadena logística y productiva del sector minero energético, con el fin de proteger a los trabajadores y comunidades ante la emergencia por la Covid-19.

La Circular conjunta No. 01 del 6 de abril de 2020 plantea medidas de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con el uso de utensilios mínimos de cuidado personal, la manipulación de herramientas de trabajo, los accesos y filtros de seguridad, los alojamientos y áreas de suministro de alimentos y el transporte terrestre de los trabajadores, entre otros. 

Para prevenir el contagio de la Covid-19, la circular reitera la importancia de definir y promover una rutina de lavado de manos, con la técnica y duración recomendada de 40 segundos, para el personal que esté laborando tanto en trabajo remoto, como en centros de operación o en actividades externas, como mínimo cada dos horas.

Asimismo, disponer del suministro de gel antibacterial y productos de desinfección, realizar la limpieza y desinfección integral de las herramientas de trabajo y lugares de uso frecuente.

También recomienda adoptar esquemas operativos que, en desarrollo de los planes de continuidad, permitan disminuir el riesgo de contagio como horarios flexibles, esquemas de turnos y trabajo remoto cuando sea posible. De igual forma, definir horarios de trabajo escalonados, que eviten la acumulación de personal en el ingreso y salida, comidas, descansos, entre otros. 

En la medida de lo posible, procurar mantener la distancia mínima de dos metros entre personas, establecida por el Ministerio de Salud y de Protección Social, y en caso de que se desarrollen trabajos que requieran una menor distancia, se recomienda que todo el equipo utilice tapabocas de forma permanente.

Las buenas prácticas incluyen la implementación de la toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida de cada turno de trabajadores y realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. 

Durante el desplazamiento al lugar de trabajo, evitar el contacto o acercamiento con otras personas, procurando mantener la distancia mínima dos metros. También se recomienda la notificación a las poblaciones aledañas con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados en su área de influencia, por medios y canales que eviten la exposición o contacto directo entre población y trabajadores. 

Finalmente, la circular recomienda que las empresas adopten un protocolo de operación, donde se incluyan las medidas frente a la pandemia de la Covid-19, y que se dé a conocer a las autoridades territoriales de los lugares donde operan. Además, se recomienda que el protocolo de operación sea publicado en las páginas web y medios de información de las compañías para que sea de conocimiento general de los ciudadanos. 

Los detalles de la Circular No. 1 de 2020 pueden ser consultados en:  https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//48526-Circular+01.pdf

Los alcaldes y gobernadores podrán, con cargo a los recursos de Asignaciones Directas y Fondo de Compensación Regional del 40%, aprobar proyectos de inversión que tengan por objeto la atención y ayuda humanitaria o de emergencia. A la fecha, la caja disponible del Sistema General de Regalías asciende a $4,5 billones de pesos aproximadamente. 

4 de abril de 2020.   Con el propósito de agilizar las acciones e inversiones necesarias frente a la emergencia declarada por la Covid-19, el Gobierno nacional habilitó la aprobación directa de los proyectos de inversión con recursos de regalías por parte de las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas municipales y departamentales y del 40% del Fondo de Compensación Regional.

Los municipios, distritos y departamentos que reciben asignaciones directas de regalías son aquellos donde se desarrollan actividades de producción minera o de hidrocarburos, por las cuales las empresas deben realizar aportes económicos al Estado.

De acuerdo con el Decreto legislativo No.513 del 2 de abril de 2020, los proyectos de inversión que no necesitarán pasar por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) son aquellos que tengan por objeto la implementación de las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria o de emergencia. 

«Las regalías que genera el sector minero energético son una fuente fundamental de recursos para la ejecución de obras y proyectos que beneficien a las comunidades. Esta decisión del Gobierno nacional busca facilitar y agilizar la inversión de los recursos en las regiones para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia por la Covid-19″, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

De igual forma, el Decreto legislativo No.513 les da la facultad a alcaldes y gobernadores que no hayan contratado proyectos anteriormente aprobados, y que no sean prioritarios dada la coyuntura actual, para que puedan desaprobarlos y así tener más disponibilidad presupuestal para atender la emergencia. 

Adicionalmente, la Comisión Rectora, órgano encargado de definir la política general del Sistema General de Regalías, redujo de 11 a 4 el número de requisitos para el trámite de los proyectos de inversión que se encuentren en el marco de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y que tengan por objeto atender la emergencia declarada.

Los cuatro requisitos que deben cumplir los proyectos para ser viabilizados son: 

1. El proyecto de inversión debe haberse formulado a través de la Metodología General Ajustada (MGA).

2. Se debe presentar una copia del acto administrativo de declaratoria de la situación de calamidad pública vigente, expedido con posterioridad al 17 de marzo de 2020.

3. Certificado del representante legal de la entidad que suscribió el plan de acción específico. 

4. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad en el cual se indique que las actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no están siendo, ni han sido financiados con otra fuente de recursos.

«Desde el Gobierno nacional estamos comprometidos con facilitar la atención de la emergencia producto de la Covid-19, por ello le brindamos apoyo a las entidades territoriales para que puedan financiar proyectos de inversión. Por esa razón pasamos de tener 11 requisitos generales, exigidos en el Acuerdo Único, a cuatro para viabilizar esas nuevas inversiones», explicó el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez.

En este sentido, se podrán financiar inversiones relacionadas con:

* Atención en salud y protección social. 

* Agricultura y desarrollo rural. 

* Suministro de alimentos y recurso hídrico. 

* Asistencia alimentaria a la población afectada por las causas de la emergencia

* Garantizar la efectiva continuidad y calidad en la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como asumir el costo del alumbrado público.

A la fecha, la caja disponible del Sistema General de Regalías asciende a $4,5 billones de pesos aproximadamente. Esto se refiere a recursos no comprometidos de los diferentes fondos que podrán ser utilizados por los mandatarios para la aprobación de proyectos de inversión requeridos para hacer frente a la crisis.

Proceso más ágil y eficiente

Por otra parte, el proceso de aprobación de los proyectos de inversión financiables con recursos de fondos regionales, que sí requieren la evaluación y viabilización de los OCAD y que buscan atender la emergencia originada por la Covid-19, será más ágil y eficiente. El tiempo para realizar la citación de los OCAD pasará de siete días a un día, lo que se sumará a que las actas y acuerdos serán aprobados en la misma sesión. 

Otra de las medidas tomadas por la Comisión Rectora, presidida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es que con recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación se podrán financiar proyectos de inversión relacionados con el diseño, fabricación, desarrollo y producción de dispositivos médicos, equipos biomédicos, productos farmacéuticos y otras tecnologías en salud, elementos de bioseguridad, así como investigaciones, transferencia de tecnologías e innovaciones que permitan hacer frente a la emergencia, entre otros. Dichas aprobaciones también se regirán por la reducción de tiempos, trámites generales y las reglas y procedimientos que se tienen establecidos en este OCAD.

Finalmente, la Comisión Rectora del SGR aprobó $200 millones para la contratación de un equipo técnico que apoyará al Ministerio de Salud para brindar ayuda constante a todas las alcaldías y gobernaciones durante la emergencia.

La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías está conformada por el Departamento Nacional de Planeación (quien preside y ejerce la Secretaría Técnica), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, las gobernaciones de Cundinamarca y Arauca y las alcaldías de Castilla La Nueva y Puerto Nare.

La compañía registró ingresos por $4,9 billones en 2019 y utilidades por $1,85 billones.

30 de marzo 2020.   El Grupo Energía Bogotá (GEB) realizó su Asamblea Ordinaria de Accionistas, en la que presentó los resultados financieros, operacionales y sociales durante 2019.

Los ingresos operacionales del Grupo en 2019 alcanzaron $4,9 billones, lo que representa un aumento del 22,2% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la utilidad neta en el 2019 fue $1,85 billones, que corresponde a un crecimiento de 5,6% frente al 2018. El Ebitda pasó de $2,64 billones a $3,12 billones, con una variación de 18,1%.

La Asamblea de Accionistas aprobó la distribución de $1,29 billones de dividendos, es decir $140 pesos por acción. Los dividendos se pagarán en dos cuotas iguales así: La primera cuota hasta el 24 de junio de 2020, y la segunda cuota hasta el 29 de octubre de 2020. 

Durante su intervención en la asamblea, que se realizó por streaming, la presidente del Grupo Energía Bogotá, Astrid Álvarez, sostuvo que “gracias a los programas de valor compartido y nuestro atributo cultural y conciencia social con el que están comprometidos más de 2.300 colaboradores del Grupo, se han beneficiado cera de 900.000 personas en Colombia, Perú y Guatemala”.

Agregó que la política de sostenibilidad ha permitido el reconocimiento del Grupo por su relacionamiento genuino y multicultural y por llevar progreso a las comunidades en las que opera. Al respecto, ilustró sobre sus dos programas insignia; Energía para la Paz, gracias al cual se logró la verificación de 46.542 hectáreas como zonas verdes libres de minas y el desminado militar de más de 173 kilómetros de minas antipersona; y, Energía para Aprender, el cual tiene como propósito implementar 24 aulas solares interactivas, en alianza con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

De otra parte, en lo referente al Gobierno Corporativo, expresó que el Grupo implementó y consolidó su modelo de Gobierno Corporativo, proceso en el cual adoptó más del 92 % de las recomendaciones de la OCDE. Indicó que el Grupo es una empresa reconocida por dicha Organización como un caso ejemplar en esta materia.

Los logros de 2019

Entre los principales logros de 2019 está la adquisición que realizó el Grupo Energía Bogotá de los activos del Grupo Dunas, conformado por las compañías ElectroDunas, Cantalloc y Peru Power Co (PPC), con 245.000 clientes.

En Brasil, junto con Red Eléctrica Internacional de España, presentó una oferta para adquirir conjuntamente la compañía de transmisión Argo Energía, que tiene 1.460 kilómetros de líneas de transmisión, lo que permitirá consolidar una robusta plataforma energética en ese país.

En Colombia, el Grupo siguió creciendo con la Sucursal de Transmisión, con 1.655 kilómetros de líneas de transmisión en operación, y con TGI, líder en transporte de gas natural con 4.016 kilómetros de gasoductos y una participación del 54% del mercado.

En Perú, con sus compañías Cálidda y Contugas, logró un récord de más de un millón de clientes, y en Guatemala, con Trecsa, avanzó en más del 70% en la construcción del PET, el proyecto de infraestructura energética más importante de Centroamérica.  

Además, en 2019 el GEB obtuvo importantes reconocimientos: Dow Jones destacó a la empresa por su desempeño en el sector de gas en materia de Sostenibilidad, y Great Place To Work reconoció el ambiente laboral por haber alcanzado un nivel muy satisfactorio, por encima de la mayoría de las empresas del sector.

Para Álvarez, “estos buenos resultados evidencian la consolidación del Plan Estratégico Corporativo trazado en 2016 y de los dos pilares de crecimiento que definió el Grupo, un Gobierno Corporativo sólido y una política de Sostenibilidad que lleva progreso y bienestar a las comunidades”.

Fuente: Grupo Energía Bogotá.

La actual crisis de precios del petróleo es continuación de la de 2014, ocasionadas ambas por una sobreproducción de crudo. La que se vive en 2020, aupada por la pandemia del coronavirus, promete ser más fuerte y con un desenlace desolador. Análisis. 

Por: MARTÍN ROSAS*

30 de marzo de 2020.    Se veía venir. Era solo cuestión de tiempo. Con una producción creciendo en medio de una economía en desaceleración, aupada por la pandemia de la Covid-19 que llevará a una recesión planetaria, era inevitable que los precios se desplomaran. La ley de la oferta y la demanda finalmente se impuso en el mercado petrolero.

Agravada por la actual coyuntura sanitaria, la descolgada de las cotizaciones es solo el segundo capítulo de la crisis de precios de 2014. En esa ocasión anunciamos que era el comienzo del fin de la era del petróleo como rey de los energéticos, y que, curiosamente, ese reinado no terminaba por el “peak oil”, como profetizaba la teoría de Hubbert en el siglo pasado, sino por todo lo contrario: una abundancia del “oro negro”. Esta no es una crisis de demanda; es una crisis de sobreoferta, lo cual cambia la perspectiva.

Luego de que los recortes en producción por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) no lograran detener el auge del shale oil en los Estados Unidos, que lo llevaron a posicionarse como el primer productor mundial de crudo con cerca de 15 millones de barriles diarios; Arabia Saudita no tuvo otra alternativa que ofrecer su petróleo con descuentos de hasta 20% y anunciar que aumentaría su producción hasta los 13 millones de barriles diarios, desatando así una guerra de precios, innecesaria por demás, pues la pandemia en pocas semanas recortó la demanda global en 20 millones de barriles diarios, hundiendo los precios aún más.

El objetivo de Arabia Saudita es sacar del mercado a los productores más costosos, especialmente al esquisto estadounidense, altamente endeudado y con un precio de equilibrio de 48 dólares por barril.

Las petroleras de Texas y Dakota del Norte, los estados con mayor producción en los Estado Unidos, están ahora al borde del abismo. Los bajos precios del crudo y una abultada deuda podría ser un golpe mortal para los productores de esquisto bituminoso. Está por verse si es también el fin de la llamada revolución del shale estadounidense.

Con cotizaciones rondando los 20 dólares el barril a finales de marzo, el panorama luce desolador.

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, dijo que “con estos precios, veremos una disminución importante en la producción de shale en Estados Unidos. Se avecina un gran sufrimiento para la industria petrolera estadounidense… Y anticiparía que el GNL estadounidense también se verá afectado negativamente.”

Algunos analistas sostienen que ante el dramático descenso en la demanda y con el aumento de la producción saudita, los depósitos de crudo pronto estarán a tope y los tanqueros ocupados, pues en épocas de sobreproducción se convierten en almacenamientos flotantes.

En este panorama, los productores no solo recibirán los precios más bajos del siglo sino que estarían pagando por el crudo en stock. Esta será, tal vez, la peor crisis del petróleo en toda su historia.

Furia de titanes

Los protagonistas de esta guerra de precios son los tres más grandes productores de crudo: Arabia Saudita, Rusia y, de contera, Estados Unidos. Los dos primeros quieren sacar al tercero del juego y ganar cuota de mercado. Al final, el triunfador será quien resista el mayor tiempo con cotizaciones extremadamente bajas, o los que logren un respaldo de las finanzas estatales, para lo cual Estados Unidos cuenta con la chequera más abultada. De hecho, el presidente Donald Trump anunció que compraría 77 millones de barriles en los próximos meses para alimentar las reservas estratégicas.

Entre tanto, las compañías a nivel global (excepto Saudi Aramco) anuncian las obligatorias reducciones en producción y fuertes recortes en inversiones (Ecopetrol recortará 1.300 millones de dólares en inversiones, de un presupuesto de 4.300 millones de dólares para 2020), al tiempo que se estima que un millón de empleos queden cesantes en la industria.

En tales circunstancias, Rusia tiene ciertas ventajas, pues no posee una deuda externa tan alta como la saudita, dispone de un fondo soberano con 170.000 millones de dólares acumulado gracias a las ganancias petroleras y su economía está más diversificada; mientras que la de Arabia depende casi exclusivamente del petróleo, aunque a su favor cuenta el tener los costos de producción más bajos, por debajo de 9 dólares el barril.

Un ganador insólito

Mientras eso sucede, curiosamente, el país que sacará más provecho de esta coyuntura no es ninguno de los tres contrincantes en el campo de batalla. Será China que, superada la pandemia, se consolidará como la primera potencia económica del planeta. Trump ya lo avizoraba y por eso desató su guerra comercial con el gigante asiático, demasiado tarde tal vez.

China tiene a su favor que como fue el foco de infección de la Covid-19 también será el primero en superarla, mientras que Estados Unidos pagará caro la tardanza en declarar las cuarentenas.

Aún es pronto para saber cuál será el desenlace de esta guerra de precios, pues los peores días están por venir. Lo cierto es que productores con costos superiores a los 45 dólares por barril seguramente saldrán del mercado, dejando a su paso una estela de quiebras. Y, si la crisis se prolonga, los países más dependientes de las rentas petroleras, como Venezuela, Irak, Irán, Kuwait, Qatar y Nigeria, podrían ver colapsadas sus economías.

Superada la crisis, la industria petrolera quedará debilitada y su influencia en el mundo se irá diluyendo en el tiempo con una nueva reconfiguración, donde los nuevos protagonistas serán los sobrevivientes de esta implacable guerra de precios.

*Director de guiadelgas.com

En los cinco países en donde está presente – Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana – la compañía alcanzó un volumen de ventas por 2.917 millones de galones, 6,7% más que lo registrado en 2018. 

27 de marzo de 2020.   De acuerdo con cifras presentadas en su informe de gestión 2019, la Organización Terpel reportó un EBITDA consolidado de $884.346 millones y una utilidad neta de $237.920 millones, con un crecimiento del 19,4% y del 77,9%, respectivamente, frente al año anterior.

En Colombia el EBITDA fue de $694.126 millones, 14,7% más que en 2018, y las ventas totales alcanzaron los $17 billones. De igual forma, Terpel reportó la consolidación de una red de 1.921 estaciones de servicio, 1.674 afiliadas y 249 propias. La compañía compartió estos resultados en su Asamblea General de Accionistas, llevada a cabo de forma virtual, el pasado 20 de marzo.

“Cada año trabajamos en el desarrollo de iniciativas que nos impulsan a ser la mejor opción del mercado en términos de infraestructura, servicio y precio. Nuestro desafío permanente es estar al servicio de nuestros consumidores, lo que nos demanda ser innovadores, competitivos y sostenibles, económica, social y ambientalmente”, dijo Sylvia Escovar, presidente de Terpel.

Terpel, en su red de estaciones de servicio, logró distribuir 1.505 galones, con un crecimiento en ventas del 6,3% frente al año anterior.

Crecimiento sostenible

En términos ambientales, la compañía incorporó al mercado 129 taxis con motores dedicados a GNV, en alianza con Hyundai. Estos vehículos representaron una reducción en la emisión de 750 toneladas de CO₂ (más del 50% de las emisiones), en los 4´100.000 kilómetros que recorrieron entre abril de 2018 y febrero de 2020.

De igual forma, Terpel apoyó la reducción de la huella ambiental de sus clientes industriales, a través de la gestión de compra de bonos de carbono, equivalentes a una disminución en la emisión de 214.673 toneladas de CO₂ en 2019.

En el frente social, la compañía benefició el año pasado a cerca de 350.000 colombianos, a través de los programas de la Fundación Terpel y de Restaurando Sueños, la iniciativa corporativa mediante la cual la organización aporta a la construcción de una paz sostenible.

La compañía generó oportunidades laborales para 208 reintegrados y víctimas y apoyó la labor de la Patrulla Aérea Colombiana, con la donación de más de 20.817 galones de combustible que permitieron realizar 11 brigadas de salud para que 6.681 colombianos accedieran a más de 4.000 tratamientos médicos y a más de1.300 tratamientos quirúrgicos en zonas de difícil acceso.

Gracias a sus buenas prácticas en cuanto a la gestión sostenible con sus diferentes grupos de interés, Terpel fue incluida en el listado de las 15 compañías más sostenibles a nivel mundial en el sector retail, de acuerdo con el índice de sostenibilidad de Dow Jones.

Nueva movilidad

Con la inauguración del primer punto de carga eléctrica en carretera, Terpel marcó un hito en su historia. A través de su estrategia de nueva movilidad, la compañía busca conectar a toda Colombia con puntos de recarga en las principales carreteras del país.

Terpel cerró 2019 con dos electrolineras, ubicadas en estaciones de servicio en la troncal Bogotá – Medellín, y espera cerrar 2020 con 30 puntos distribuidos por todo el territorio nacional.

El negocio de lubricantes también creció

La compañía alcanzó un volumen de ventas de 24,3 millones de galones de lubricantes y una participación del mercado del 40% (10% con la marca Terpel y 30% con la marca Mobil). Terpel logró llegar al 100% del envasado de la producción nacional en la planta de Lubricantes de Cartagena.

Fuente: Terpel 

Los recursos de esta donación estarán destinados para apoyar iniciativas que ayuden a garantizar la salud y la alimentación de las poblaciones más vulnerables.

26 de marzo de 2020.   Para apoyar la emergencia sanitaria que se vive actualmente, Enel-Codensa y Enel-Emgesa donarán inicialmente un millón de dólares para la mitigación del impacto del coronavirus COVID-19 en Colombia. Los recursos se destinarán principalmente para apoyar iniciativas que ayuden a garantizar la salud y la alimentación de las poblaciones más vulnerables.

Dicha donación se realizará a través de iniciativas del gobierno nacional, local, distrital, así como del sector privado, entre ellas #AyudarNosHaceBien, #UnidosSomosMásPaís y Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa, con el fin de garantizar que los recursos se destinen a iniciativas que apoyen la seguridad alimentaria y la seguridad médica.

Enel-Codensa y Enel-Emgesa hacen parte del Grupo Enel, una multinacional energética con sede en Italiay uno de los principales operadores integrados globales en el sector de la electricidad, gas natural y energías renovables.

“Somos conscientes de las necesidades de alimentación que hoy, más que nunca en medio de esta coyuntura, tienen las poblaciones más vulnerables. Por eso, parte de nuestras donaciones apoyarán iniciativas que permitan que las personas que más lo necesitan, accedan a alimentos sanos, saludables y nutritivos, así como a agua potable. Sin duda, garantizar la alimentación de la población facilitará el aislamiento y la salud de las personas”, señaló Lucio Rubio Díaz, director General de Enel en Colombia.

Parte de los recursos que serán donados por Enel en Colombia se enfocarán en apoyar también aquellas iniciativas que buscan ampliar la capacidad médica en instrumentación, respiradores artificiales, disponibilidad de camas para atención de pacientes y equipos de protección médica, entre otros.

También se ha invitado a los empleados de Enel-Codensa y Enel-Emgesa a sumarse con una donación individual que aportará a estas iniciativas de alimentación y seguridad médica, de forma voluntaria.

“En este escenario que ha sido tan complejo, hemos buscado aplicar medidas responsables para cuidar a nuestros empleados, para conservar su empleo; hoy, junto a ellos uniremos esfuerzos para apoyar a quienes más lo necesitan, convencidos de que sumando esfuerzos Colombia saldrá adelante”, concluyó Rubio Díaz.

El vicepresidente Técnico de la Fundación de XUA ENERGY hace un análisis detallada de cómo y para qué se realizarían los Proyectos Piloto de Investigación Integral en el Magdalena Medio.

Por: JOHN F. CERÓN*

26 de marzo de 2020.   En la película “Dónde está el Piloto” (1980), que muchos de las  generaciones milenials actuales no tuvieron la oportunidad de ver, se desarrolla una parodia que ocurre en un avión en emergencia, cuando un ex piloto de guerra neurótico toma los controles del avión ante la intoxicación del piloto del mismo, y aunque termina aterrizando en condiciones atmosféricas adversas, son muchas las tensiones y pánico que se desatan a bordo durante la operación.

Ante la discusión de los Proyectos Piloto para investigar la prospectividad de los Yacimientos No Convencionales (YNC) en Colombia, ¿estamos ante un piloto neurótico y ante una crisis abordo, con la confusión que puede causar el término “Pilotos de Fracking”, tan discutido en los medios colombianos, o es posible que no se tenga claridad sobre el alcance de este término propio de las etapas de un proyecto de desarrollo industrial?

Abordaremos este tema que, aunque técnico, pueda ser entendido por todos.

¿Qué es un Proyecto Piloto?

Un Piloto es una etapa dentro de un proyecto que permite moverse del concepto teórico de la oficina al campo o al desarrollo práctico. Este conjunto de pruebas a menor escala, permite decidir si se debe y cómo mover el proyecto a escala plena o de carácter industrial o productiva. Mediante la realización de un piloto también se comunica a la gente cómo se mide la incertidumbre y cómo se planifica la mitigación de los riesgos.

Ejemplos diarios de pilotos lo constituyen los prototipos de un producto, servicio o tecnología que se realizan antes de lanzarlos al mercado; las pruebas de mercadeo que lanzan restaurantes, medios de comunicación o inclusive tiendas de pueblo para probar la penetración de un producto; las pruebas en animales o voluntarios para verificar la eficacia de una vacuna, etcétera.

En la industria manufacturera es común la implementación de pilotos antes de entrar a desarrollos a escala plena, y se pueden distinguir tres tipos diferentes de piloto, que también permiten identificar la etapa de madurez en la cual se encuentra el proyecto:

1. Pilotos de Concepto. En la industria de hidrocarburos responden la pregunta: ¿Tiene el modelo geológico potencial de entregar hidrocarburos?
2. Piloto de Evaluación Técnica: Responden a la pregunta: ¿Puede el modelo geológico entregar hidrocarburos en forma comercial?
3. Proyectos Piloto Tecnológicos. Se realizan en la etapa madura del proyecto para probar la eficiencia de tecnologías maduras, ya probadas en otras partes. Responden a la pregunta: ¿Puede esta tecnología mejorar un aspecto específico del desarrollo del proyecto?

En el análisis de los resultados del piloto se debe:

• Incluir la revisión de resultados tanto de las pruebas exitosas como de las pruebas fallidas,
• Caracterizar el reservorio para determinar la viabilidad del prospecto,
• Compartir lo aprendido con los grupos de interés: comunidad, entes de control, gobierno e inversionistas y,
• Formar las bases para el desarrollo comercial del play.

De la Fase Piloto usualmente se pasa a una fase de implementación de lo aprendido en más pozos y en más ubicaciones, profundizando en la curva de aprendizaje, logrando eficiencias en todas las etapas del desarrollo y estableciendo claramente la rentabilidad del proyecto, para pasar definitivamente al desarrollo a gran escala o fábrica de pozos.

Un aspecto que ha sido poco revisado en Colombia es la escala a la cual se desarrollará el proyecto, dadas nuestras limitadas áreas accesibles para perforación.

El Valle Medio del Magdalena tiene aproximadamente 60 km de ancho por 150 km de largo, pero a ésta área hay que sustraerle las áreas donde no se puede operar, tales como cuerpos de agua, reservas ambientales, etc. contenidas en el mapa de restricciones socio – ambientales.

Mientras que en los Estados Unidos al 2016 se habían sobrepasado los 670.000 pozos horizontales e hidráulicamente fracturados, en Colombia el número máximo a lograr es del orden de 2.000 a 3.000 pozos, o sea una escala de 1:300. Esto también resultará en volúmenes a utilizar de agua, propante, posibles efectos ambientales y demás aspectos, notoriamente menores que en los  EEUU.

Los pilotos tecnológicos

Una vez se ha comprobado la producibilidad del Play y se encuentra avanzando la etapa de desarrollo industrial (fábrica de pozos), puede ser necesario volver a retomar pilotos de investigación para profundizar en preguntas fundamentales que afectan a toda la industria.

Tal es el caso de los Sitios de Prueba de Fracturamiento Hidráulico (HFTS por su sigla en inglés) adelantados en años recientes en los Estados Unidos, donde alianzas público-privadas conformadas por operadores, academia y entidades gubernamentales unen esfuerzos para realizar campañas de perforación y corazonamiento tendientes a mejorar la eficiencia del fracturamiento hidráulico en pozos horizontales, observar las fracturas creadas y distribución del propante, y reducir y minimizar potenciales efectos ambientales y demostrar la confiabilidad de las operaciones.

Acerca de los PPII en Colombia

En Colombia, una comisión integrada por 13 expertos fue conformada para dar recomendaciones al gobierno acerca de la conveniencia o no de adelantar la exploración de los YNC.

Una de sus principales recomendaciones fue la de adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) definidos como: “Procesos integrales de investigación técnica y científica, de carácter temporal, que buscan recopilar información social, ambiental, operacional y de potencial de gas y petróleo, bajo la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal (FHPH). También buscan generar fortalecimiento institucional y promover la participación ciudadana y evaluar los efectos de ésta técnica en Colombia.”

Pareciera evidente que esta definición de PPII corresponde en un todo a un piloto de evaluación conceptual, en donde se ha extendido el concepto a la recopilación de información social y al fortalecimiento institucional, aspectos que en sí no forman parte de un piloto pero sí tienen una gran influencia, si se acepta que en forma intrínseca se está hablando del concepto de la Licencia Social.

Mencionan estos autores que la diferencia entre aprobación (tener una opinión favorable) y la aceptación (consentir) constituyen la diferencia entre un nivel más bajo de Licencia Social suficiente para poder operar y un nivel más avanzado de aprobación en el cual la comunidad, los entes de control, los gobiernos nacional, regional y local y los operadores están todos alineados en la búsqueda del éxito del proyecto, y los inconveniencias que puedan surgir durante su desarrollo son solucionados por todos, pues se busca el beneficio común de la sociedad.

Acerca del Decreto 328 del 2020

Con el objeto de definir los lineamientos para actividades de exploración en ‘Proyectos Piloto de Investigación Integral’ (PPII) en yacimientos no convencionales el gobierno de Colombia expidió el Decreto 328 del 28 de febrero de 2010, luego de poner a consideración y discusión pública el borrador del mismo.

Algunos críticos  han manifestado su inconformidad con el Decreto, pues resaltan que los “PPII no pueden ser transformados en proyectos piloto de exploración”. Puesto que dicho Decreto menciona en varios apartes que el Piloto propuesto debe llegar hasta el dimensionamiento del yacimiento, (Art. 2.2.1.1.1A.1.2, Art. 2.2.1.1.1A.2.12) se observa que para el Gobierno Colombiano los Pilotos no solamente deben ser de evaluación conceptual, sino que contemplan la etapa de Evaluación Técnica. Más aún, cada área independiente constituye un Piloto en sí mismo, según se observa  del Artículo 2.2.1.1.1A.2.2:

“Los requisitos técnicos determinados por el Ministerio de Minas y Energía deberán establecer las ubicaciones donde se podrán adelantar los Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII y el número de locaciones y pozos que se podrán desarrollar en cada uno de los Proyectos Piloto de Investigación Integral –PPII.”

En cada etapa de los Proyectos Piloto de investigación Integral, se siguen lineamientos en cuanto a Centro de Transparencia, Mesas territoriales de diálogo y seguimiento, Plan de monitoreo ambiental participativo, Diálogos Territoriales y Fortalecimiento Institucional.

La conclusión es que el Decreto 328 está diseñado como un Piloto de Evaluación Técnica para llegar hasta la evaluación del yacimiento, cosa que solo se consigue con un proyecto extendido de pozos piloto que comprueben no solamente las variaciones laterales del yacimiento, sino también otros niveles estratigráficos, por lo cual los PPII quedan inmersos como una etapa inicial de dicho macro-proyecto, y no se especifica claramente un Punto de Decisión (Gate) de aprobación de la Licencia Social que determine en qué momento la comunidad está de acuerdo con la etapa de exploración y cuando comienza la misma.

Una propuesta de conciliación

Se hace necesario, pues, encontrar un lugar común entre lo que pretenden los PPII, según lo propuso la Comisión de Expertos, y lo descrito en el Decreto 328 de 2020 y los reglamentos técnicos que del mismo se desprenden y que, a la fecha de este escrito, aún no han sido publicados.

Resulta evidente que el espíritu del decreto mencionado es establecer si existen las condiciones científicas, ambientales, institucionales, sociales y técnicas para avanzar a la etapa de exploración y explotación comercial de los YNC, bajo unos lineamientos de transparencia y el debido acceso a la información pública, así como el fortalecimiento institucional de todas las entidades involucradas.

Por su parte, al Comisión de Expertos pensó los PPII como un vehículo para viabilizar el uso de la técnica, asegurar la realización de unas líneas base robustas en salud, hidrología, hidrogeología y sismicidad, hacer eficaz la Ley de Transparencia, hacer realidad el fortalecimiento institucional y capacitar a la ciudadanía, y poner en marcha mecanismos de veedurías que aporten al entendimiento de la técnica.

Las mesas técnicas de trabajo que ya vienen funcionando deben en esta etapa dar a conocer sus resultados a la comunidad y grupos de interés. Aquí las ONG’s y centros de pensamiento independientes, (como XUA ENERGY) y las Asociaciones técnicas pueden jugar un rol de comunicación muy importante, para llevar a las comunidades la información relevante, y junto a ellos entrenar a sus voceros para que sepan leer y entender en un mínimo temas técnicos tales como los registros eléctricos, como se interpretan pruebas de pozos y datos de completamiento, como se mapean, se hace seguimiento y se mitigan los riesgos y, en fin, un nivel de conocimiento suficiente que les permita tener conversaciones simétricas con operadoras, el gobierno nacional y demás entes de control, y puedan transmitirlo a sus pobladores.

De esta forma, se sugiere que cada PPII sea uno de los primeros pozos de investigación científica de que habla el Decreto 328 de 2020 y su realización debería ser un proyecto conjunto entre un consorcio de operadores, el gobierno a través de sus entes de investigación y control, la academia representada por investigadores de los temas en observación, y la comunidad a través de “Veedurías Constructivas”, que participen desde la selección del sitio y el diseño del pozo, la construcción del vertical con especial énfasis en el estado mecánico y cómo se protegen los acuíferos de superficie, y la construcción y estimulación de un lateral con algunas etapas de estimulación en donde se logre recuperar fluidos de formación, analizar sus características y, muy importante, entender los esfuerzos geomecánicos locales que constituyen una de las grandes incógnitas en nuestro medio.

La recomendación de la comisión de expertos de respetar una distancia mínima de 2,5 km a los centros poblados prácticamente obliga a dos industrias que son altamente compatibles a buscar sinergias y acercamientos para bien mutuo: la exploración de hidrocarburos a través  de las empresas operadoras y la industria de la palma de aceite (existen cerca de 150.000 hectáreas sembradas de palma en el VMM).

Adicionalmente, se pueden empezar a hacer las investigaciones para buscar sinergias a futuro en lo que se ha denominado “el tercer uso de agua”, tema sobre el cual varios de los fundadores de nuestra Fundación han trabajado de tiempo atrás, que necesariamente debe darse de ser exitosas las pruebas.

En resumen: El Decreto 328 de 2020 permitirá trazar un camino abierto y transparente a nivel normativo, informativo y de controles, que deben seguirse para la realización de las líneas base y estudios que permitan estructurar unas mediciones de impacto socio – ambiental concertadas y conocidas para todos.

Los primeros pozos a adelantar, si se siguen las recomendaciones del Comité de Expertos, bajo un marco de transparencia y discusión abierta de sus resultados, darán las bases para evaluar si existe el recurso para pasar a pilotos extendidos, y mediante una discusión amplia pero objetiva permitirán establecer si se obtiene la Licencia Social para seguir con la etapa de exploración.

*PhD. VP Técnico Fundación de XUA ENERGY, Colombia.

Según un informe de Rystad Energy, citado por Bloomber, se estima que el esquisto estadounidense sufriría los mayores recortes y podría perder hasta el 32% de su fuerza laboral.

25 de marzo de 2020.   El sector de servicios para la industria petrolera mundial eliminará más de un millón de empleos en 2020 debido al colapso de los precios del crudo, según Rystad Energy.

La industria de los servicios petroleros, que los exploradores contratan para determinar reservas subterráneas, perforar pozos y rejuvenecer campos más antiguos, emplea a más de 5 millones de trabajadores en todo el mundo en la actualidad, según la consultora industrial con sede en Noruega.

Rystad pronostica una contracción del 21% en ese sector laboral este año, un golpe impactante, pero no tanto como la contracción del 30% durante la última crisis en 2016.

“Es probable que los bajos precios del petróleo persistan en 2021 y ello podría conducir a nuevas reducciones de la fuerza laboral. Los operadores y contratistas de exploración y producción quieren minimizar la posible propagación del Covid-19, reduciendo la fuerza laboral a un nivel mínimo absoluto”, señaló Audun Martinsen, responsable de investigación de servicios de campos petroleros de Rystad en un informe. 

Schlumberger y Halliburton advirtieron el martes que el petróleo shale de Estados Unidos disminuirá más rápido que durante la última recesión. El petróleo esquisto (shale) sufrirá los mayores recortesy podría perder hasta el 32% de su fuerza laboral, según Rystad.

Por su parte, los contratistas en altamar disminuirán un 19% este año y los empleos en todo el mundo fuera del shale caerán un 17%.

Nabors Industries, propietaria de la mayor flota de plataformas terrestres del mundo, planea suspender su dividendo y recortar salarios de directivos. Los beneficios del primer trimestre no alcanzarán la estimación, dijo la compañía el miércoles.

EPM asumirá el servicio en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre; mientras que el Consorcio Energía de la Costa operará en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Los nuevos operadores as deberán invertir $8.7 billones.  

21 de marzo de 2020.   Con la adjudicación por subasta y la suscripción del contrato de adquisición de las acciones y activos de Electricaribe a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Consorcio Energía de la Costa, la agente especial de Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Gobierno Nacional, concluyen con éxito la búsqueda de operadores – inversionistas para garantizar la prestación del servicio de energía y el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en la región Caribe.

EPM será la encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en el segmento conocido como Caribe Mar que cubre a 1,51 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. El Consorcio Energía de la Costa asumirá el segmento Caribe Sol con 1,21 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.  
Al finalizar la sesión de subastas del mercado de energía de la región Caribe, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, manifestó: “Terminó la espera y, tal como se lo propuso el presidente Iván Duque, aseguramos un proceso transparente y responsable en todas sus etapas. Desde la superintendencia ofrecimos toda la información y garantías de participación a los interesados, que hoy se concreta con los dos nuevos operadores que asegurarán la continuidad del servicio de energía a más de 10 millones de usuarios en la región Caribe.

“Durante la intervención de Electricaribe hemos asegurado los recursos para la continuidad del servicio, a través del Fondo Empresarial; gestionamos recursos para inversiones en el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) y lideramos la estructuración del mejor esquema de solución para que el servicio cumpla las condiciones de calidad, continuidad y cobertura que merece esta amplia zona del país.”  
Los nuevos operadores asumirán los planes de inversiones y de reducción de pérdidas orientados al mejoramiento de redes, estaciones y subestaciones y de la infraestructura en general, así como la tecnificación de los sistemas de medición. 

Los montos de inversión exigidos a un horizonte de cinco años ascienden a $3,2 billones para Caribe Mar y $2,6 billones para Caribe Sol. La proyección a 10 años es de $5 billones para Caribe Mar y de $3,7 billones para Caribe Sol.  
Realizada la subasta, las firmas adjudicatarias iniciarán los trámites legales para la conformación de las dos empresas que garantizarán la continuidad del suministro del servicio de energía eléctrica.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará el proceso de intervención de Electricaribe hasta formalizar su liquidación, conforme lo establece el marco legal.  

Ecopetrol S.A. informó a través de un comunicado que su Junta Directiva adoptó un conjunto de medidas con el fin de enfrentar las retadoras condiciones del mercado, que se han reflejado en el descenso de más de 40% en el precio del crudo de referencia Brent, debido a choques externos como el fuerte incremento en la oferta de petróleo y la diseminación del Covid-19.

17 de marzo de 2020.   Las medidas definidas por Ecopetrol hacen parte de un plan de intervención que tiene como objetivo adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado de manera oportuna y ordenada.

La primera etapa de este plan contempla las siguientes acciones:

1. Reducción de 2 billones de pesos en costos y gastos para fortalecer la competitividad de la empresa, adoptando con efecto inmediato, medidas de austeridad, priorización de actividades operativas, administrativas y control de gastos operacionales, como restricción de viajes, viáticos, patrocinios y participación en eventos, entre otros.
2. Implementación de nuevas estrategias comerciales para maximizar el valor de los crudos y productos que vende el Grupo Ecopetrol.
3. Reducción de USD$1.200 millones en el plan de inversiones 2020 ubicándose en un nuevo rango entre USD$3.300 – USD$4.300 millones de dólares. Las medidas adoptadas se orientan a intervenir oportunidades de inversión en etapas tempranas de maduración, buscando preservar la producción y la caja, y salvaguardando inversiones en integridad y confiabilidad, así como compromisos de inversión social ya efectuados.
4. Respecto al proyecto de distribución de utilidades, dado a conocer al mercado el pasado 2 de marzo, la Junta Directiva propone un nuevo esquema de pago: un primer pago del 100% del dividendo a accionistas minoritarios y 14% del dividendo al accionista mayoritario, a realizarse el 23 de abril de 2020, y el pago del restante 86% del dividendo para el accionista mayoritario en el segundo semestre de 2020.

El rango de producción para el Plan 2020 se mantiene sin cambios entre 745 y 760 miles de barriles diarios equivalentes.

El nivel de apalancamiento de Ecopetrol se ubica en 1,2 veces al cierre de 2019, lo cual le brinda flexibilidad a la compañía para acceder a los mercados de deuda en caso que se requiera.

Actualmente, Ecopetrol tiene a su disposición líneas de crédito por USD$665 millones con la banca internacional y se encuentran acordados los términos para una facilidad comprometida adicional por COP$ 990.000 millones con la banca local, la cual se encuentra en proceso de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Junto con las intervenciones anunciadas, la disponibilidad de estos recursos le permitirá a Ecopetrol continuar mitigando riesgos asociados a fluctuaciones de precios del crudo y minimizar riesgos asociados a escenarios de estrés de liquidez.

La compañía continuará monitoreando la evolución del mercado para determinar la necesidad de poner en marcha etapas subsecuentes del plan de intervención, buscando un óptimo balance entre responder decididamente a la coyuntura actual, y preservar el valor a largo plazo de la Empresa.