El ente de control señaló que EPM no obtiene los resultados físicos y financieros que buscaba e incumple principios de eficiencia y eficacia. Además, el lucro cesante del proyecto se calcula en $1.1 billones, y se estableció un presunto detrimento al patrimonio público por valor de $2,9 billones.
20 de septiembre de 2019.
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó su actuación de
control excepcional a los recursos del proyecto Hidroituango, determinando que
la gestión de la gerencia y control del mismo no solo ha incumplido los
objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino
también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando
una destrucción de valor.
La actuación especial de fiscalización se realizó del 4 de
marzo al 17 de julio de 2019, por parte de un equipo multidisciplinario de
auditores integrado por abogados, ingenieros civiles y de sistemas,
economistas, contadores y geólogos, entre otras profesiones, y todos con más de
15 años de vinculación a la CGR. Adicionalmente se contó con el apoyo de un
equipo de la Universidad Nacional en el tema de análisis financiero al
proyecto.
Más allá de los dos hallazgos fiscales detectados y su
millonaria cuantía (el primer hallazgo fiscal, por $1.1 billones, se da con
ocasión del lucro cesante del proyecto Hidroituango, por su no entrada en
operación. Y el segundo por ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal -destrucción
del valor del proyecto- en cuantía de $2.9 billones), hay otros 4 hallazgos de
carácter administrativo que ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño
o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no
se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas,
grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales
que vulneran el principio de planeación.
La Contraloría señala que proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión del ente de control es que esto no ha sido así. La razón para señalar esta situación es que se evidencian debilidades en los estudios técnicos, tanto en obras de la logística inicial como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto.
Otro aspecto importante que hace ver el informe de la Contraloría es que la valoración económica que actualmente hace Empresas Pública de Medellín (EPM) del proyecto contempla que en años siguientes se recuperará, a través de las pólizas, un daño emergente y un lucro cesante que, de no recibirse, afectará negativamente las expectativas económicas que se tienen sobre el proyecto a mediano y largo plazo.
Un aspecto adicional evidenciado es que EPM construyó la central de generación mediante la subcontratación con empresas especializadas, que a su vez subcontrataron parcialmente sus contratos, lo que, si bien no está prohibido en el contrato BOOMT, deja en duda la experiencia constructiva de la empresa, que sustentó la decisión de abandonar la opción de subasta internacional y optó por una negociación directa para desarrollar el proyecto, un proyecto muy costoso, si se compara con otros similares.
La CGR realizó un análisis comparativo de los costos en dólares por kilovatio instalado (USD$/KW) en proyectos hidroeléctricos comparables cercanos a los 2.000 MW y empresas generadoras de energía con características similares y/o comparables con Hidroituango, en el mercado nacional e internacional.
El resultado de ese análisis indica que Hidroituango presenta el costo de inversión más alto: cerca de 2.096 USD$/KW, con el agravante que aún no ha entrado en operación y en consecuencias las inversiones seguirán aumentando hasta la terminación del proyecto y puesta en operación.
Decisiones que
afectaron el proyecto
El informe de la CGR analiza minuciosamente 15 puntos
relevantes que se dieron desde el inicio del proyecto hasta la contingencia
presentada en abril de 2018 y la posterior desviación del río Cauca por casa de
máquinas, a través de los túneles de captación 1, 2, 7 y 8, que ocasionó daños
en la infraestructura construida y la maquinaria instalada.
Entre los temas evaluados está el retraso en el inicio de la contratación de los túneles de desvío, donde se encuentra que el contratista inicial (CTIFS) presentaba atraso en el cronograma, y cuando estaba próxima la fecha del desvío del río, no tenía listas las guías de las compuertas de desviación ni la estructura de descarga de fondo. Los incumplimientos de este contratista llevaron a EPM a decidir la liquidación de ese contrato y a entregar la terminación de las obras subterráneas pendientes al consorcio CCCI, ejecutor de las obras de superficie, en especial la presa.
En este punto, la Contraloría señala dos aspectos que
resultaron siendo críticos para el proyecto: Primero, la no construcción de las
guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación. Y Segundo, la
construcción de la galería auxiliar de desviación en contravía a las
recomendaciones de su Junta de Asesores.
Para el organismo de control, una de las decisiones tomadas
por EPM que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las
guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación. Dicho efecto se
reflejó, no solamente en los costos del proyecto sino también en la entrada en
operación y generación del proyecto.
La Contraloría dice en el informe que, en reiteradas ocasiones, la Junta de Asesores de EPM manifestó su desacuerdo frente al denominado “Plan de Aceleración” y la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación señalando que “los riesgos técnicos asociados con la aceleración no son aceptables para un proyecto de esta envergadura” y, además, “existe aún incertidumbre de que las múltiples y delicadas tareas restantes para lograr el desvío se ejecuten oportunamente”.
La Junta de Asesores siempre recomendó ajustarse al diseño
original y tratar de desviar el río si no en el primer semestre de 2014 a
mediados de éste y, en caso de ser necesario, recuperar tiempo agilizando la
construcción de la presa, lo cual era una alternativa con mucho menor riesgo
que la aceleración del desvío. No obstante sus recomendaciones, la Junta de
Asesores fue sorprendida en 2013 con “la decisión ya tomada de abandonar los
elementos de control y cierre de los túneles y adoptar un tercer túnel (T3) de
desvío aguas arriba, que permita el cierre final con la construcción de los
tapones definitivos al final de la obra”.
Así fue como, con el fin de lograr la desviación del río en febrero del 2014, dado que el incumplimiento de esa fecha acarrearía mayores tiempos en el inicio de generación del proyecto, EPM se apartó no solo de los diseños originales sino también de la recomendación de su Junta de Asesores.
Afectación
patrimonial
Los auditores de la Contraloría cuantificaron en cerca de
$839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir
el paso del río Cauca por la casa de máquinas y las consiguientes situaciones
que ocasionó: daños en la infraestructura y equipos, así como afectaciones
ambientales y sociales.
Vale anotar que el rubro “Baja de Activos, calculado inicialmente en $78.295 millones, podría aumentar a $432.969 millones, debido a los equipos que EPM estima perdidos (aún no se tiene dictamen definitivo de los mismos). Además, hay algunos eventos cuya cuantía está por determinar, como la reparación de oquedades, la fracturación en la roca, los blindajes de acero instalados, las obras civiles en casa de máquinas y elementos adicionales por dar de baja, entre otros.
Equipos,
mantenimiento y conservación
La Contraloría encontró deficiencias en aspectos de
almacenamiento, mantenimiento periódico y actualización de novedades, que
generan el riesgo de daños o deterioro de equipos electromecánicos, por las
condiciones climáticas de frío-calor a las que se encuentran sometidos. La
falta de mantenimiento puede implicar la pérdida de las garantías de los
fabricantes o la destinación de mayores recursos para su recuperación.
Adicionalmente, se evidenciaron mayores costos dentro del
proyecto por la permanencia de los equipos electromecánicos en bodega, ya que
se extienden los períodos de almacenamiento por efecto de la parálisis en que
se encuentran dichos equipos para la generación eléctrica.
Inestabilidad de
algunas obras del proyecto
El equipo de control observó inestabilidad por
desprendimiento de material del macizo y de las obras de protección del talud
de la margen derecha del vertedero, en el sitio denominado Capitanes, en el
sector ubicado debajo de la construcción de la Base Militar Capitanes y de la
zona sur de la galería de compuertas, que se afectó por un deslizamiento
ocurrido durante la contingencia. Lo anterior motivó el reforzamiento
estructural de la galería, situación que puede aumentar y generar riesgo de
estabilidad en esta zona.
Al momento de la visita de la CGR, que no incluyó el ingreso
a toda el área de casa de máquinas (no se podía hacer en este momento), se
observaron grietas dentro del macizo de casa de máquinas.
Hallazgo en contratos
de construcción
De acuerdo con la revisión documental de la información suministrada por EPM y la visita realizada por la CGR, fue evidente la existencia de modificaciones contractuales -suscritas incluso antes de la contingencia-, en las cuales se reconoció el pago de ítems nuevos, respecto de los cuales se definió su cantidad y precio con posterioridad a su ejecución y sin contar con estudios de mercado u otras alternativas previamente definidas, que permitieran validar los valores expresados por el contratista.
Con lo anterior, se observa vulnerado el principio de
planeación, garantía de una eficiente y eficaz inversión de los recursos,
pudiéndose denotar además con ello el incumplimiento del principio de economía,
concluye la Contraloría.
Fuente: CGR
