Categoría: Sostenibilidad

Vanti alcanza el máximo reconocimiento en sostenibilidad y demuestra que en Colombia la energía también se produce con responsabilidad.

En un contexto donde el sector energético enfrenta crecientes exigencias regulatorias, sociales y ambientales —y donde el gas natural cumple un rol clave en la confiabilidad del sistema y la transición hacia matrices más limpias—, la sostenibilidad ya no se mide por intención, sino por resultados.

Ese fue el camino que recorrió Grupo Vanti, que atiende a más de 3,7 millones de usuarios en Colombia, al pasar de Sello Plata a Sello Oro de Sostenibilidad del ICONTEC en solo un año, una evaluación técnica que mide de forma integral la gestión ambiental, social y de gobierno corporativo.

El avance respondió a integrar la sostenibilidad al corazón del negocio. A través del Plan Vanti Avanza Sostenible, la compañía alineó su operación con indicadores claros en ética y transparencia, eficiencia energética, gestión de consumos, emisiones y residuos, acción frente al cambio climático, respeto por los territorios y desarrollo del talento humano.

La evaluación exigió procesos documentados, evidencias verificables y resultados concretos, impulsando el fortalecimiento de sistemas internos de medición, la estandarización de prácticas y una mayor responsabilidad transversal entre áreas técnicas, operativas y administrativas.

“El mayor aprendizaje fue entender que la sostenibilidad no puede operar como un frente aislado. Tiene que convertirse en un criterio transversal para decidir cómo operamos, cómo invertimos y cómo nos relacionamos con los territorios”, señaló Ricardo Garzón Torres, director de Asuntos Públicos de Vanti.

En la práctica, el proceso implicó fortalecer sistemas de medición y control, estandarizar indicadores ambientales y sociales, y consolidar una gestión más rigurosa sobre consumos energéticos, emisiones, residuos y seguridad operativa.

Como parte de ese camino, la compañía avanzó en eficiencia energética con proyectos como distritos térmicos, reforzó su estrategia de movilidad sostenible y desarrolló iniciativas sociales como Con Sabor de Hogar Vanti, enfocadas en seguridad alimentaria y formación comunitaria.

El Grupo Energía Bogotá recibe este reconocimiento por quinto año consecutivo, luego de que la calificadora evaluara a más de 9.200 compañías en 2025, de las cuales solo 848 fueron incluidas en la publicación.

S&P Global, líder mundial en calificación de riesgos, análisis de sostenibilidad, gestión de índices, investigación de mercado y servicios financieros, incluyó al Grupo Energía Bogotá (GEB), y a sus filiales TGI en Colombia y Cálidda en Perú, en el Anuario de Sostenibilidad 2026 (Sustainability Yearbook 2026) por su alto desempeño en la gestión de asuntos sociales, ambientales, económicos y de gobernanza.

El Anuario de Sostenibilidad destaca a las empresas más sostenibles del mundo en 59 industrias, evaluadas en 2025 en la gestión de asuntos no financieros. Este año, S&P Global analizó a más de 9.200 compañías, de las cuales solo 848 lograron ser incluidas en la publicación, 22 de Colombia.

El GEB alcanzó este reconocimiento por quinto año consecutivo, con un puntaje ASG (ambiental, social y de gobernanza) de 84/100 y posicionándose en el cuarto lugar del ranking mundial de la industria de Gas Utilities, y como el número 1 de América, obteniendo la distinción de “Top 10%” en su sector.

“Este reconocimiento es resultado de una gestión basada en reglas claras, Gobierno Corporativo sólido y estándares éticos exigentes. La sostenibilidad es la forma como se toman las decisiones. Cada proyecto debe generar valor para las comunidades y contribuir a la prosperidad de los territorios donde estamos presentes”, señaló Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá.

Por su parte, TGI, filial del Grupo Energía Bogotá, se ubicó en el primer puesto del ranking de la industria de transporte y almacenamiento de Oil & Gas, con un puntaje de 83/100.

Durante el periodo evaluado, TGI registró avances en estrategia climática, gestión de capital humano, relaciones con la comunidad, derechos humanos, salud y seguridad y ética empresarial. Gracias a lo anterior, TGI recibe, por tercer año consecutivo, la distinción de “Top 1%” en su sector.

“Ser incluidos en el Sustainability Yearbook de S&P Global confirma que la sostenibilidad es un componente estructural de nuestra estrategia empresarial. Este resultado refleja disciplina y transparencia en la gestión, y coherencia entre nuestras decisiones operativas y nuestros compromisos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Más que un reconocimiento, es un compromiso que nos exige seguir elevando nuestros estándares y fortaleciendo la resiliencia del negocio en el largo plazo”, destacó Jorge Henao, gerente General de TGI.

Por su parte, Calidda, filial del GEB dedicada a la distribución de gas natural en Perú, fue incluida por primera vez en el Anuario en el sector de Gas Utilities, con un puntaje de 77/100 y recibió el reconocimiento de “Miembro del Anuario de Sostenibilidad”.

“Esto es una validación clara de que nuestra estrategia de sostenibilidad está alineada con los más altos estándares globales. Nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestras prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, a innovar de manera responsable y a continuar generando valor duradero para nuestros grupos de interés. Sabemos que el camino hacia una transformación sustentable es permanente, y este reconocimiento reafirma nuestra dedicación para seguir avanzando con convicción y excelencia”, afirmó Martín Mejía del Carpio, director General de Cálidda.

Rehabilitar la tierra después de la minería de carbón sí es posible, y en La Guajira ya está ocurriendo.

La Granja Experimental Manantial de Cerrejón es una muestra de cómo los suelos rehabilitados pueden transformarse en espacios productivos y sostenibles, donde se cultivan alimentos, se protege el medio ambiente y se generan aprendizajes transferibles a comunidades vecinas y a territorios con condiciones similares al bosque seco tropical.

Esta iniciativa es el resultado de más de 19 años de investigación desarrollada por Cerrejón en la cuenca media del río Ranchería, enfocada en identificar sistemas de producción que mejoren la productividad del suelo, fortalezcan el manejo del agua y reduzcan los procesos de degradación asociados a distintas actividades humanas.

De la mano de comunidades vecinas

El proyecto ha contado con la participación de comunidades de los municipios de Albania y Hatonuevo, vecinas a la operación minera, entre ellas Nueva América, Coveñas, Angostura, El Cerro y Provincial, a través de los Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL).

Mediante metodologías de investigación participativa, se realizaron diagnósticos de calidad de suelos y se implementaron modelos productivos adaptados al territorio, promoviendo el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de capacidades locales.

Un modelo productivo después de la minería

Como evolución de este proceso, Cerrejón puso en marcha la Granja Experimental Manantial en terrenos rehabilitados, con el propósito de consolidar un modelo que integre sostenibilidad ambiental, social y económica.

Este laboratorio permite aplicar buenas prácticas de manejo y generar información técnica y científica que apoya la toma de decisiones sobre el uso futuro de las áreas rehabilitadas, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

“Más allá de su carácter piloto, Cerrejón ha concebido a la granja como un modelo de transferencia de conocimiento para comunidades vecinas y territorios con condiciones similares, facilitando su implementación y replicabilidad”, afirma Juan Pablo Lozano, gerente de Gestión Ambiental de Cerrejón.

En la primera siembra se cosecharon: 2.436 Kg de patilla, 1.845 Kg de ahuyama, 17 Kg de fríjol y 253 Kg de maíz en 4 hectáreas inicialmente.

Sembrando futuro para La Guajira

Los sistemas silvopastoriles y agroforestales implementados en la granja representan alternativas biológica, económica y ecológicamente más sostenibles frente a los modelos tradicionales de uso del suelo, al ofrecer beneficios como la rehabilitación del suelo, el aumento de la biodiversidad, la regulación hídrica y la captura de carbono.

Con la Granja Experimental Manantial, Cerrejón busca evidenciar que, tras la actividad minera, la tierra puede recuperar su potencial y abrir nuevas oportunidades productivas, reafirmando su compromiso con la innovación, la rehabilitación de las áreas y el desarrollo rural sostenible en La Guajira.

Este premio reconoce proyectos con impacto social, laboral, ambiental, económico y de gobernanza. Los ganadores se darán a conocer en el 28.º Congreso Andesco, en Cartagena.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) invita a las empresas y organizaciones del país a postular sus proyectos al 21.º Premio Andesco a la Sostenibilidad, un reconocimiento que destaca a las organizaciones que están liderando la transformación de Colombia a través de iniciativas de sostenibilidad, innovadoras y con impacto positivo en las personas, los territorios y el ambiente.

Durante más de 20 años, este premio ha visibilizado las mejores prácticas empresariales en sostenibilidad, consolidándose como una plataforma para compartir experiencias exitosas, promover la sostenibilidad de manera integral y estratégica y fortalecer el compromiso del sector productivo con el desarrollo sostenible.

La convocatoria, que estará abierta del 10 de febrero al 30 de abril, está dirigida a organizaciones grandes, medianas y pequeñas, afiliadas o no a Andesco, pertenecientes al sector de los servicios públicos, las comunicaciones y a todos los sectores de la economía nacional. Se recibirán postulaciones de buenas prácticas en los entornos ambiental, colaboradores, gobernanza, mercado y social.

“Desde Andesco, seguimos promoviendo buenas prácticas que se traduzcan en mejor calidad de vida para los ciudadanos y en avance económico para el país. Este premio, es una invitación a que las empresas compartan sus mejores iniciativas, inspiren a otros actores y demuestren que es posible generar impacto positivo con visión de largo plazo. Es también una invitación a seguir construyendo una Colombia sostenible”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Como parte de la evolución del Premio Andesco a la Sostenibilidad, este año se pone en marcha una nueva plataforma digital de postulación, que marca un hito en la historia del reconocimiento. Esta herramienta fue diseñada para hacer el proceso más intuitivo y amigable para los postulantes, permitiendo registrar los proyectos de manera guiada, cargar la información de forma estructurada y   hacer seguimiento en tiempo real al estado de la postulación.

Con esta innovación, Andesco busca facilitar la participación, fortalecer la transparencia del proceso y seguir elevando el estándar técnico del premio, alineándose con las mejores prácticas internacionales.

La entrega del 21.º Premio Andesco a la Sostenibilidad se realizará en el marco del 28.º Congreso Andesco, que tendrá lugar en Cartagena los días 23, 24 y 25 de septiembre, el principal encuentro del sector de los servicios públicos, comunicaciones y TIC en Colombia.

Los términos de referencia, bases del premio y plataforma de postulación estarán disponibles en: https://andesco.org.co/premios-a-la-sostenibilidad

El proyecto beneficia a más de 450 habitantes y contribuye al cuidado del planeta al reducir 3 toneladas de CO₂ al año, equivalente a sembrar 140 árboles.

Promigas y su Fundación Promigas presentaron en Paiva, Bolívar, el primer piloto de Soluciones Energéticas Comunitarias, una iniciativa que integra energía limpia, formación y liderazgo local.

El Centro Educativo Chiricoco fue elegido como punto de partida de este modelo, que beneficiará a más de 450 habitantes de la vereda y evitará la emisión de 3 toneladas de CO₂ al año, equivalente a la capacidad de absorción de 140 árboles. La Institución, además de ser un espacio educativo, funciona como centro comunitario para reuniones, celebraciones y actividades sociales.

En vísperas de Navidad, la comunidad celebró la puesta en marcha de este proyecto, que representa mucho más que una instalación: es una oportunidad para que las familias accedan a espacios educativos más seguros, confiables y alineados con un futuro sostenible.

Durante cuatro meses, 63 personas participaron en encuentros formativos que les permitieron comprender el funcionamiento del sistema solar, fortalecer capacidades para su cuidado y promover prácticas responsables dentro y fuera de la institución.

Uno de los logros fue la conformación del Comité Comunitario de Energía, integrado por habitantes capacitados en mantenimiento preventivo y uso responsable del sistema. Este comité será el primer nivel de acompañamiento para garantizar el buen funcionamiento de la solución energética y la sostenibilidad del proceso a largo plazo.

“Este sistema permitirá que la Institución cuente con mejores condiciones para sus estudiantes. Para Promigas y la Fundación Promigas es fundamental acompañar a las comunidades en su desarrollo, brindando procesos de formación que les permitan comprender, apropiarse y cuidar esta energía”, expresó Marcela Dávila, directora Ejecutiva de la Fundación Promigas.

Por su parte, Edilberto Cabeza, secretario del Consejo Comunitario de la vereda, afirmó: “Gracias a Promigas y su Fundación Promigas, hoy Paiva hace parte de la transición energética. Este proyecto no solo nos trae energía; trae nuevas oportunidades para nuestra comunidad”.

El sector TIC enfrenta un aumento histórico en consumo energético impulsado por la IA y la nube. La transición ecológica representa una oportunidad estratégica para modernizar la infraestructura con soluciones más eficientes, automatizadas y sostenibles.

El sector TIC atraviesa un momento decisivo: mientras la adopción de la nube, la inteligencia artificial y los centros de datos de alta densidad impulsa un crecimiento acelerado, también incrementa el consumo energético y la presión ambiental.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que la demanda eléctrica asociada a centros de datos y redes podría duplicarse entre 2022 y 2030, una tendencia que obliga a repensar la infraestructura tecnológica desde un enfoque sostenible.

La transición ecológica emerge como una oportunidad estratégica para modernizar la operación con soluciones más eficientes, automatizadas y resilientes, especialmente a través de la digitalización de la energía.

En este contexto, Schneider Electric destaca que adoptar prácticas y tecnologías alineadas con la transición ecológica permite al sector TIC reducir su impacto ambiental, optimizar recursos y fortalecer la resiliencia operativa.

Digitalizar la infraestructura energética

La digitalización de la energía se ha convertido en el habilitador central de la transición ecológica. Contar con visibilidad en tiempo real sobre el desempeño eléctrico y térmico de los activos permite identificar consumos innecesarios, optimizar cargas y prevenir puntos de falla.

Según McKinsey (2024), las empresas que digitalizan sus operaciones energéticas pueden lograr hasta un 30 % de reducción en consumo, además de mejorar la estabilidad operativa.

Plataformas como EcoStruxure integran datos de energía, climatización y rendimiento para ofrecer un panorama completo de la infraestructura. Este nivel de monitoreo permite una gestión más inteligente, disminuye la huella ambiental y ofrece a los centros de datos y proveedores cloud la capacidad de operar con mayor precisión y menor desperdicio energético.

Incorporar eficiencia energética como pilar de sostenibilidad

El crecimiento de la IA generativa está impulsando densidades nunca vistas en servidores, lo que aumenta la necesidad de enfriamiento y demanda eléctrica.

La IEA advierte que la IA y el uso global de datos podrían añadir al menos 460 TWh de consumo energético anual hacia 2030, un salto que solo puede gestionarse mediante infraestructuras más eficientes. Reducir este impacto es clave no solo para el planeta, sino para mantener costos operativos manejables.

“Soluciones como la refrigeración avanzada, la optimización térmica y los sistemas modulares de alta eficiencia permiten mitigar el consumo sin comprometer el rendimiento. Al combinar hardware eficiente con analítica avanzada, los centros de datos pueden gestionar cargas de IA con un impacto ambiental mucho menor y con una operación más estable ante variaciones de demanda”, afirma Luis Santamaría, líder del área Cloud & Service Providers en Schneider Electric.

Integrar energías renovables y modelos modulares

La transición ecológica también implica repensar la forma en que se expanden los entornos TIC. Los modelos modulares y escalables permiten crecer solo cuando es necesario, evitando infraestructuras sobredimensionadas —una de las principales causas de desperdicio energético en centros de datos tradicionales—. Estudios del Uptime Institute indican que esta práctica puede disminuir hasta un 40 % la energía utilizada en capacidad no aprovechada.

Además, la integración de energías renovables en operaciones TIC se está acelerando. Este proceso se facilita mediante sistemas de gestión que equilibran el uso de energía limpia y la operación continua. El resultado son centros de datos capaces de crecer sin incrementar su huella ambiental, y más preparados para cumplir regulaciones de descarbonización.

El futuro del sector TIC depende de su capacidad para reducir su impacto energético sin frenar la innovación. La transición ecológica no es solo una respuesta ambiental, sino una oportunidad para operar con más eficiencia, menores costos y mayor resiliencia.

Al digitalizar la energía, automatizar procesos, optimizar la infraestructura y escalar de forma inteligente, las organizaciones tecnológicas pueden avanzar hacia un modelo más sostenible.

La tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE) revela avances significativos; sin embargo, 1 de cada 6 colombianos sigue siendo pobre energético, lo que hace necesario acelerar las acciones y cerrar las brechas regionales y rurales.

Promigas y su Fundación Promigas presentaron la III edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), una herramienta desarrollada con la firma Inclusión SAS para medir la pobreza energética, entendida como una condición en la que confluyen una acumulación de privaciones que limitan la posibilidad de las personas de realizar actividades esenciales mediadas por el uso de la energía.

En 2023, la pobreza energética en Colombia alcanzaba el 16,1%, equivalente a 8,4 millones de personas. Durante 2024, esta cifra bajó a 15,4%, reflejando que más de 300 mil colombianos superaron esta situación. Pese a este avance, aún hay cerca de 8,1 millones de personas en condición de pobreza energética.

En zonas como Bogotá (1,4%), Quindío (2,9%), Valle del Cauca (3,5%) y Risaralda (4,6%) se presentan bajos niveles de privación energética; mientras que en otros territorios las cifras siguen siendo críticas como en Córdoba (45%), Chocó (52,8%), La Guajira (63,1%) y Vaupés (86,5%), lo que evidencia la urgencia de intervenciones territoriales diferenciadas.

“El IMPE es más que una métrica: es una hoja de ruta para transformar vidas y cerrar brechas históricas; es una carta de navegación para los gobernantes, que les permite identificar rutas posibles para reducir la pobreza energética, balanceando eficiencia y equidad. Alcanzar un dígito en 2030 es posible a través de la implementación de diferentes medidas que reducirían las brechas regionales y rurales a un ritmo acelerado”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

La hoja de ruta presentada con esta edición del IMPE, plantea 4 acciones clave para acelerar la meta de un dígito de pobreza energética a 2030, reduciendo en cerca de 40% (2,9 millones de personas) el número de pobres energéticos en el país.

Estas acciones son:

1. Recuperar y ampliar la calidad de la energía eléctrica en aquellas zonas en las que ha desmejorado.
2. Avanzar en la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Leña.
3. Ampliar la dotación de electrodomésticos básicos y dispositivos para aprender y comunicarse con el fin de aprovechar la energía dentro del hogar.
4. Garantizar el acceso a la energía eléctrica en todos colegios del país.

“Si alcanzamos la meta de reducir la pobreza energética a un solo dígito para 2030, aún habrá cerca de 5,1 millones de personas viviendo en esta situación en Colombia. Por eso, es urgente implementar desde ahora políticas claras y de largo plazo, ya que el desarrollo no admite atajos”, concluyó Rojas.

Colombia necesita abrir ventanas de conocimiento, fortalecer la investigación científica, el monitoreo ambiental y el relacionamiento con las comunidades, para diseñar políticas que armonicen conservación, desarrollo y bienestar social.

El Bioma Amazónico colombiano vuelve al centro del debate nacional tras la discusión de un proyecto de resolución que busca declarar más de 483.000 km² del bioma amazónico como Reserva de Recursos Naturales Renovables, lo que equivaldría a cerca del 43% del territorio nacional.

“Esto significaría la prohibición de exploración y producción de hidrocarburos y minerales en esta región, que, en el papel, pretende blindar la Amazonía, apostando por la conservación y la bioeconomía. Sin embargo, este tema merece un análisis más profundo y técnico, que despierta al menos tres inquietudes que vale la pena analizar”, dijo Flóver Rodríguez, director de la Asociación Colombina de Geólogos y Geofísicos (ACGGP).

Las inquietudes del gremio son:

1. Un diagnóstico incompleto del problema amazónico

La resolución prohíbe nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y minería como si fueran la principal amenaza del bioma. Pero el deterioro de la Amazonía se explica en gran medida por la deforestación asociada a economías ilícitas, cultivos de uso ilícito, acaparamiento de tierras y extracción ilícita de minerales.

“Ignorar este hecho es simplificar el debate y desplazar la atención del verdadero desafío: cómo enfrentar las dinámicas ilegales que destruyen el bosque”, dice Rodríguez.

2. Una visión descontextualizada del territorio

El proyecto de resolución plantea blindar un 43% del país sin reconocer que gran parte de esa extensión ya ha sido históricamente intervenida por actividades humanas y productivas.

Además, es importante precisar que no todos los departamentos amazónicos tienen potencial de hidrocarburos, sino algunos como Putumayo, Caquetá y Meta, donde existen bloques y contratos vigentes, así como comunidades estrechamente vinculadas a esa actividad. Ignorar este hecho es desconocer la realidad productiva de esas regiones y los impactos económicos y sociales que una prohibición total generaría.

“Nadie duda de la necesidad de proteger la Amazonía. Pero hacerlo con diagnósticos incompletos, medidas desproporcionadas y sin participación genuina de quienes habitan el territorio puede ser contraproducente. En la discusión ambiental de Colombia es común que surjan propuestas de prohibición total como “solución rápida” a problemas complejos. Sin embargo, la experiencia muestra que prohibir sin conocer a fondo suele llevar a decisiones desproporcionadas y, muchas veces, ineficaces”, indicó Rodríguez Portillo.

3. Déficit democrático y de participación

La propuesta busca materializarse vía resolución ministerial, lo que evita el debate democrático en el Congreso y deja de lado la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan la región. Una medida de semejante envergadura debería pasar por una discusión pública amplia y por la construcción de consensos sociales, no imponerse desde un acto administrativo que además carece de jerarquía suficiente para alterar contratos vigentes de hidrocarburos.

“En Colombia, el sector de hidrocarburos no está en contra del ambiente; por el contrario, ha demostrado que es posible combinar la exploración responsable con la gestión ambiental y social. Pero el país necesita un debate de raíz, uno que reconozca que proteger la Amazonía es también entenderla desde la ciencia, la geología y la planificación territorial, no desde el miedo ni la desinformación”, agregó.

Avanzar en conocimiento detallado del territorio y el subsuelo, basado en ciencia y en diálogo social, no solo permite tomar mejores decisiones, sino que también otorga legitimidad.

Pero, una prohibición sin diagnóstico puede terminar castigando actividades legales, reguladas y con aportes sociales, mientras deja intactas las verdaderas amenazas: la deforestación y las economías ilícitas.

Miles de familias podrán completar las obras en su nuevo hogar con un crédito accesible que se paga a través de la factura de Vanti.

Cada año, más de 60 mil viviendas nuevas se conectan al servicio de gas natural domiciliario en la zona de cobertura de Vanti. De estas, cerca de 39.000 son viviendas de interés social (VIS), entregadas en obra gris, sin acabados básicos como pisos, baños o cocina, lo que representa un reto para miles de familias que sueñan con un hogar digno.

El costo de adecuación para hacerlas habitables oscila entre 20 y 30 millones de pesos, una cifra difícil de asumir para hogares de estratos 2 y 3, cuyos ingresos no superan los cinco salarios mínimos. Además, muchas de estas familias ya han comprometido su capacidad de endeudamiento en el crédito hipotecario, lo que limita su acceso al sistema financiero tradicional.

Con el objetivo de cerrar esa brecha, Vanti lanzó “Vanti Listo para nuevo hogar”, el servicio de financiación no bancaria para nuevos hogares, un producto financiero diseñado para brindar a estas familias un cupo de crédito de hasta $15 millones, que pueden pagar a cuotas a través de la factura de gas natural y lo pueden utilizar para:

• Comprar materiales de construcción
• Adquirir muebles y electrodomésticos
• Adecuar espacios esenciales del hogar

Este crédito puede ser usado en aliados como Homecenter, Easy, Alfa, Corona, entre otros.

Vanti Listo representa una apuesta por la inclusión financiera, la dignificación de la vivienda y el uso responsable del gas natural en hogares que lo necesitan.

Transformar una casa en un hogar ahora es posible, pasar de una obra gris a una obra lista es una realidad con Vanti Listo.