El sector energético colombiano atraviesa por la peor crisis desde el ‘apagón’ de 1992. En la clausura del Congreso Naturgas 2025 se pusieron sobre la mesa los problemas del sector gasífero y las posibles soluciones.
Pese a que estaba invitado, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, no asistió al cierre del Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), que se realizó en Barranquilla entre el 9 y el 11 de abril pasados.
No obstante, el presidente del Consejo Directivo de Naturgas y presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, dirigió su discurso de clausura al jefe de la catera energética, donde señaló que “la industria de servicios públicos de gas natural atraviesa una coyuntura compleja. Muchos coinciden en que es la más delicada desde el racionamiento eléctrico de 1991.”
Y agregó que este no es un fenómeno pasajero o aislado. “Es una crisis estructural, visible en la necesidad de importar gas natural no solo para respaldo térmico, sino también para cubrir la demanda esencial.”
Efectivamente, desde diciembre de 2024 el país ha tenido que importar gas para atender la demanda no térmica, algo que no había sucedido en los más de cincuenta años de historia del gas natural en Colomba.
Además de la caída consistente en las reservas en los últimos doce años y la negativa del gobierno Petro a firmar nuevos contratos de exploración, se ha unido el retraso en el pago de los subsidios, lo que está llevando al estrangulamiento financiero de las empresas y al alza en las facturas de los usuarios.
Además, la pérdida de la autosuficiencia gasífera tomó al país con una insuficiente infraestructura de importación. Colombia solo cuenta con una planta de regasificación en Cartagena, mientras que los intentos por contratar otra planta en el Pacífico han fracasado en dos ocasiones.
Por el momento, Ecopetrol anunció que desde 2026 importará gas natural licuado (GNL) por Buenaventura, con una capacidad de 60 millones de pies cúbicos diarios (MPCD).
Rojas dijo que en estos momentos el país está operando al límite y esto genera consecuencias: Interrupciones en el servicio, mayor costo para los usuarios, menor capacidad de conexión de nuevos hogares, y un retroceso ambiental, al aumentar el uso de energéticos como el carbón, GLP o leña. También hay efectos sobre la economía popular y el empleo, producto de la parálisis en exploración y producción.
“Parte de esta situación obedece a decisiones de política pública que, aunque orientadas a acelerar la transición energética, se han implementado sin el balance necesario entre seguridad, asequibilidad y sostenibilidad”, dijo Rojas, y agregó:
“El trilema energético está comprometido en sus tres dimensiones: hemos perdido seguridad y soberanía energética al depender cada vez más de las importaciones; los costos del servicio se han elevado por el cambio en la composición de la canasta, afectando a hogares y sectores productivos; y, en lugar de avanzar en la descarbonización, se observa una preocupante “recarbonización” de la matriz energética.”
Al trilema clásico Rojas le sumó el ‘trilema colombiano’: “Altos costos de capital, incertidumbre jurídica y bajos incentivos para la inversión. Estos factores amenazan la competitividad energética que tanto trabajo nos ha costado construir. Confiamos en la electrificación de la matriz energética, pero también en el rol que el gas tiene en la misma.”
Llamado a la acción
Aunque el dirigente gremial resaltó que no hay soluciones únicas ni sencillas, convocó al gobierno y al sector empresarial a tomar tres medidas concretas, posibles y urgentes:
- Primera: Acciones regulatorias rápidas que permitan la contratación a largo plazo de gas importado para mitigar la volatilidad del mercado spot; y brindar señales claras para expandir la capacidad de transporte y resolver los cuellos de botella logísticos.
- Segunda: Acelerar el pago de subsidios por parte del Ministerio de Hacienda, aliviando la carga financiera de las empresas y permitiendo continuar con la expansión de redes y conexiones a nuevos hogares.
- Tercera: Promover la oferta nacional, acelerando permisos, licencias y consultas que permitan desarrollar los campos costa afuera, en la Guajira; y en tierra, en Magdalena, Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar y el piedemonte llanero.
“No cabe duda de que tenemos los recursos naturales, el conocimiento técnico, el capital humano y la voluntad de inversionistas para seguir apostándole a Colombia, pero necesitamos mayor voluntad política y más trabajo en conjunto.
“Por eso, le proponemos al Ministerio conformar mesas técnicas y operativas, con participación del Gobierno, el regulador y la industria, para trabajar articuladamente en la implementación de estas medidas y en la resolución de los obstáculos que enfrentamos.
“El costo de no actuar es muy alto. Estamos deteniendo la reducción de la pobreza energética, retrocediendo en sostenibilidad y arriesgando la competitividad del país”, concluyó Rojas.