La misma fórmula que el gobierno Petro le aplicó al sector salud, primero desprestigiando el sistema y luego asfixiándolo económicamente, se la está aplicando al sector energético colombiano.
Pese a los reclamos desde hace ya varios meses de los gremios y de los llamados de atención de la Procuraduría y la Contraloría General de la República, el gobierno tiene al borde de la quiebra a las empresas distribuidoras de energía por las deudas acumuladas, tanto de subsidios como de la opción tarifaria e impagos de empresas del Estado.
Efectivamente, a 31 de enero de 2025 lo adeudado a las empresas distribuidoras de energía ascendía a 7,4 billones de pesos, discriminados así: $3,2 billones en saldos de la opción tarifaria, $2,8 billones en subsidios, un billón de pesos en deuda de entidades estatales y $0,4 billones por mayor precio de empresas expuestas a la bolsa de energía.
Y aunque el presidente Petro se comprometió ya hace casi un año con los usuarios en que el gobierno asumiría la deuda de la opción tarifaria, no se ha cumplido. Los gremios afirman que esto se podría solucionar con la expedición exprés de una ley que contenga un solo artículo, el cual habilitaría al Ministerio de Hacienda para girar esos recursos. Pero el gobierno se niega a esta opción y quiere que se incluya en su ya fracasada reforma tributaria.
De acuerdo con los gremios Andesco, Andeg, Asocodis, Ser-Colombia, Naturgas y Acolgen, si no se desembolsan esas deudas en abril próximo empezarían a quebrar las primeras empresas distribuidoras, generando un efecto dominó que arrastraría a los demás eslabones de la cadena: las transportadoras y las generadoras.
El chu, chu, chu que le aplicó el gobierno a las EPS para quebrar a varias de ellas y concentrar el mayor número de afiliados en la estatal Nueva EPS, ahora se lo aplica al sector energético.
Hay que recordar que ya una empresa distribuidora de energía quebró en Puerto Carreño y Air-e en la costa Caribe fue intervenida. Además, Afinia anunció que solo tendrá caja hasta marzo próximo.
En esas condiciones, el que pagará los platos rotos será el usuario, que en los estratos bajos verá cómo la factura le subirá hasta un ciento por ciento al no poder las empresas seguir financiando los subsidios o, en el peor escenario, que la empresa cierre y deje de prestar el servicio.
Hay que recordar que los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios al consumo, lo que beneficia a 13,5 millones de usuarios.
De acuerdo con Asocodis, las regiones más golpeadas serían Chocó y Antioquia, donde los incrementos en las facturas serían del 140% y 100%, respectivamente
Camilo Sánchez, director Ejecutivo de Andesco, dijo que ante esta crítica situación se reunieron con el ministro de Hacienda, quien destinó recursos por $800 mil millones para atender las empresas más expuestas y evitar apagones.
En febrero se destinarán $350 mil millones, para marzo $250 mil millones y para abril $200 mil millones; sin embargo, son paños de agua tibia para evitar la quiebra de algunas empresas, pues cada mes los subsidios suman $300 mil millones.
Sánchez agregó que tampoco está claro si esos recueros del Minhacienda se destinarán a las empresas de electricidad o también parte a las de gas, a las cuales el gobierno les adeudaba hasta finales de 2024 $840 mil millones.
Los gremios señalaron que han puesto sobre la mesa una propuesta para titularizar la deuda y así darle flujo de caja a las empresas, pero el gobierno no atiende sus llamados y el ministro de Minas y Energía hace más de seis meses que no se reúne con los gremios del sector, pese a las reiteradas solicitudes.
Parte de esta crisis también se debe a la interinidad con que el gobierno ha mantenido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Luego de que al comienzo del gobierno el Consejo de Estado fallara en contra de las intenciones del presidente Petro de asumir las funciones de la CREG, la institución la han mantenido sin el número completo de comisionados, algunos de ellos han sido nombrados de forma temporal y otros no llenan los requisitos para el cargo.
“La CREG no está al servicio del ministerio, debe estar al servicio del país”, sentenció Sánchez, y agregó que lo prioritario es que no se apague el país.
“Hoy ya hay un apagón financiero. Es el momento de tomar decisiones. Nosotros queremos que entiendan que la técnica está por encima de cualquier proceso”, concluyó Sánchez.
Por otro lado, ante la incertidumbre, las empresas no están haciendo las inversiones necesarias, que para este año se estiman en $10 billones.
Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidente Ejecutiva de Acolgen, dijo que el sector eléctrico colombiano ha sido confiable en los últimos 30 años, en los cuales ha sorteado cinco fenómenos de El Niño sin que se haya afectado el servicio, por lo que el de Colombia es un caso de estudio en el mundo.
“Tenemos un gran diseño de mercado, pero necesitamos es que se gestione, eso es lo que ha hecho falta. Intervenir el mercado solo va a poner en riesgo las inversiones, a llevarnos a litigios internacionales y a poner en riesgo la prestación del servicio,” dijo.
La dirigente también criticó la decisión del gobierno de intervenir el precio de la energía en bolsa, “pues es intervenir la señal de escasez para ahorrar agua, y en época de escasez no vamos a contar con ella para generar. Para tener mejores precios lo que necesitamos es contar con más proyectos. Hay un rezago de 6 gigavatios, entre ellos los de La Guajira, donde las compañías se están retirando pues los trámites en permisos, licencias y consultas se demoran hasta tres años”.
Gutiérrez agregó que la demora en la entrada de nuevos proyectos ha generado que el margen ente oferta y demanda sea cada vez más estrecho. De acuerdo con XM y la UPME, el margen de energía firme es crítico para 2026 y 2027, con un 0,4%, lo cual significa que ninguna planta puede fallar o entrar a mantenimiento.
Así las cosas, con la asfixia financiera, la intervención del mercado y la negativa a sacar nuevas subastas de expansión, el gobierno está llevando al país a un nuevo apagón, el que ya sufrió en 1992, cuando la mayor parte del servicio estaba en manos de empresas estatales, politizadas e ineficientes.