Ya lo habíamos dicho, que Colombia estaba en el radar de la Transición Energética a nivel global en un lugar muy destacado y se había convertido en un polo de atracción de las inversiones en proyectos para generar energía a partir de fuentes no convencionales y renovables (FNCER).
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
El interés por las energías renovables en el país surgió gracias al impulso que les dio primero la Ley 1715 de 2014, posteriormente la Ley 2099 de julio de 2021 y el Documento CONPES 4075 de 2022, que vinieron a reforzar y a ampliar el espectro de los beneficios de la Ley anterior a las energías renovables.
La ejecución de los proyectos de parques eólicos en La Guajira, que fueron asignados en las tres subastas que tuvieron lugar entre 2019 y 2020, la primera de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del cargo por confiabilidad y las dos últimas convergentes, que comprometen 2.400 MW de potencia, llegándose a acuerdos de compra – venta de energía entre generadores y comercializadores a 15 años, auguraban un auge de las FNCER para ser integradas a la matriz energética, diversificándola aún más e imprimiéndole una gran resiliencia frente al cambio climático.
Pero luego este boom se frenó y estancó, la ejecución de los proyectos ha estado empantanada y la entrada en operación de los mismos al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se atrasa debido a la conflictividad social que se le ha interpuesto, especialmente a causa de los desencuentros con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia de los mismos, en desarrollo de las consultas previas, que son de obligatorio cumplimiento, dado que su instalación tienen lugar en territorios ancestrales.
Lo que temíamos, a raíz de estos inconvenientes, ha ocurrido. En el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), que se acaba de revelar, Colombia, junto con Chile, se rezaga, pasando de la casilla 25 en 2020 a la 29 en 2021 y a la 39 en 2022, entre 120 naciones evaluadas.
Colombia, después de estar en lote puntero en Latinoamérica, ocupando el tercer lugar en materia de Transición Energética, sólo detrás de Uruguay y Costa Rica, ahora está en un sexto lugar, superado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay, países que le han venido sacando ventaja. Colombia quedó a 5,4 puntos de Brasil, que es el país que encabeza el pelotón en la región.
Es de anotar que este Índice evalúa el grado de preparación y aprestamiento de cada país para avanzar en la Transición Energética, así como la eficacia de los sistemas energéticos nacionales.
No fue un buen mensaje a este respecto el aplazamiento de la Hoja de Ruta de la Transición Energética hasta febrero de 2023, después que se anunció en noviembre pasado en la COP 27 que se daría a conocer en mayo de este año.
No obstante que en materia regulatoria le va bien a Colombia, al obtener una calificación de 65,2, en cambio pasa raspando en estabilidad política al obtener 3,58 en un rango de 1 a 7. Un aspecto que pudo haber influido en este mediocre resultado, que puede estar influido por el cambio de las métricas de evaluación en la que se introdujeron dos ítems en los que le va muy mal a Colombia.
En innovación, por ejemplo, obtiene el puntaje más bajo (28) y en seguridad energética la castiga la baja resiliencia en el suministro de gas natural, que le merece una calificación de cero.
El hecho cierto es que, a pesar de los reiterados anuncios y de los buenos propósitos del actual gobierno respecto a la Transición Energética, al corte del mes de junio de este año Colombia sólo contaba con algo más de 400 MW de energía solar – fotovoltaica, que representa a duras penas el 2,1% de la matriz de generación y pare de contar, mientras en generación de energía eólica está todavía en cero.
Ojalá el pacto suscrito entre el Gobierno, las empresas y las comunidades, al destrabar la marcha de los proyectos, contribuya a recuperar el terreno perdido.
Empero, como afirma José Vicente Zapata, partner en Holland & Knight, “no basta con un pacto” para destrabar todos los proyectos de energía eólica en La Guajira, pues “se sigue creyendo erradamente que la suscripción de pactos y la expedición de decretos y resoluciones materializarán la Transición Energética. Nada más alejado de la realidad”.
Pactos como este, diría yo, son necesarios, pero no suficientes, por ello coincido con él cuando dice que “mientras las normas y decisiones sigan siendo teóricas y dilatadas continuaremos cayendo en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial”.
Mirando otros indicadores y su desempeño en los últimos tres años, cabe destacar que el mismo ha dejado mucho qué desear, especialmente en variables como en el de la intensidad energética (cantidad requerida por unidad de producción) y el comportamiento de las emisiones de CO2 (gramos de dióxido de carbono) provenientes de la generación de electricidad. Se salva la variable que da cuenta de la participación de la electricidad en la demanda final de energía, que cerró en verde, ¡gracias a Dios!
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.