La semana pasada, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó el proyecto de ley de tarifas, que no es más que un engaño, es “La Ley del Apagón”.
Por: JUAN ESPINAL*
El Gobierno Petro no ha logrado solucionar el problema de las tarifas eléctricas que afecta especialmente a la Costa Caribe. Por el contrario, lo único que ha hecho es profundizar la crisis de un sector que ha resistido y que resulta fundamental para la vida cotidiana de todos los colombianos.
La semana pasada, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó el proyecto de ley de tarifas, que no es más que un engaño, es “La Ley del Apagón”.
Promete reducir los costos con una ley que, en realidad, desmonta el sistema energético, politiza la fijación de precios y aplica su famoso “shu shu shu” a la soberanía energética del país. ¿De qué alivio hablan si el Gobierno sigue sin pagar más de $4 billones en subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3?
Estamos ante un proyecto de ley que no resuelve absolutamente nada. Colombia enfrenta hoy la mayor estrechez de oferta de energía en los últimos 30 años, con un margen de seguridad de energía firme que apenas llega al 1%.
Según la UPME y XM, desde 2026 habría un déficit de energía firme en horas críticas, agravándose seriamente en 2027. Presentar, en medio de esta coyuntura, una “solución” mediante un proyecto de ley que modifica la estructura del mercado energético es un error estratégico que, de ser aprobado por el Congreso, generará un efecto inmediato de desconfianza entre los inversionistas.
Desde el inicio del Gobierno Petro se han tomado decisiones completamente ideologizadas que representan un alto riesgo para la estabilidad energética del país.
Este proyecto es un verdadero adefesio: desnaturaliza las leyes 142 y 143, debilita el carácter técnico de la CREG al permitir el ingreso de perfiles sin experiencia, elimina la reelección de comisionados y reduce su mandato seguramente para abrocharlo al periodo del gobierno de turno, lo que supone una pérdida total de estabilidad institucional.
Además, introduce discriminaciones tarifarias por tecnología, deteriorando la competitividad energética del país; pretende prohibir la remuneración de inversiones ya depreciadas en hidroeléctricas, desconociendo el valor del capital financiero; sustituye el mecanismo de mercado por un régimen de precios basado en costos, lo que en la práctica implica estatizar el sector; y busca aumentar la carga de burócratas que terminarán definiendo los márgenes de rentabilidad de un sector intensivo en riesgo y capital.
Y como si todo lo anterior fuera poco, el proyecto crea nuevas cargas e impuestos, imponiendo una contribución adicional del 2% sobre las ventas de generación hidroeléctrica para las comunidades locales. Esto se suma a una reforma tributaria que ya había elevado en más de 2 puntos la renta del sector.
Colombia tiene hoy uno de los regímenes fiscales más altos del mundo en generación eléctrica.
Finalmente, toca el Cargo por Confiabilidad. Gracias a este mecanismo, Colombia no ha tenido apagones desde 1992. Esta ley establece que la remuneración por confiabilidad aplicará principalmente a nuevas plantas o a las que hagan adecuaciones importantes. Es decir, muchas hidroeléctricas y térmicas que hoy reciben pagos fijos por confiabilidad podrían salir del sistema si no se les remunera esa disponibilidad, lo cual, podría reducir el colchón de seguridad energética ante sequías o fallas.
Esta ley no baja tarifas. Las encarece, las politiza y destruye el equilibrio técnico que ha sostenido la energía del país durante tres décadas.
Hago un llamado al sector para que no esconda la cabeza. Este es el momento en que Colombia necesita urgentemente más inversión para evitar un apagón.
Lo único que propone este Gobierno es incertidumbre regulatoria, estatización encubierta del mercado y nuevos desincentivos tributarios.
Este proyecto de ley, en efecto, no es otra cosa que la ley del apagón.
*Representante a la Cámara por Antioquia.