La banda había sido capturada en noviembre de 2023, cuando se encontró que tenía un listado con más de 500 usuarios comerciales que pagaron para disminuir el valor de sus facturas de gas natural, a través de la alteración de los medidores, conexiones y otras prácticas ilegales.
El Juzgado 63 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Deifer Alexander Urrea Martínez (quien adicional a los delitos que se mencionan a continuación se le impuso condena por el delito de Receptación, quien sería el líder de la banda), Johan Oswaldo Becerra Medina, José Néstor Barrios Martínez y James Andrey Gómez Herrera por los delitos de Concierto para Delinquir, Defraudación de Fluidos, Acceso Abusivo a Sistema Informático Agravado, Falsedad Material en Documento Público, Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial y de Derechos Obtentores de Variedades Vegetales, con penas de hasta 66 meses de prisión por delitos relacionados con la distribución de gas natural.
Además de la pena principal de prisión impuesta a cada uno de los condenados, el juez impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal de prisión.
En noviembre de 2023, en el momento de la captura de estas personas se encontró un listado de más de 500 usuarios comerciales que aparentemente pagaron para disminuir el valor de sus facturas de gas natural a través de la alteración de medidores, conexiones y otras prácticas ilegales.
Desde ese momento, la Empresa ha presentado las acciones legales correspondientes contra dichos usuarios, quienes en algunos casos se acercaron a Vanti para tratar de llegar a acuerdos, entregar información y de esta manera normalizar su situación.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los fraudes contra el servicio de gas natural domiciliario son realizados por organizaciones criminales que ofrecen a industrias y comercios prácticas ilegales para pagar un consumo inferior al valor real o dejar de pagar, generando millonarias pérdidas económicas, además de poner en riesgo la seguridad de la comunidad.
Estos delitos se han identificado especialmente en negocios de tintorería, fábricas de vidrios, hoteles, pizzerías, fábricas de tamales y lechona, asaderos, fábricas de látex, fábricas de detergentes, restaurantes, lavanderías, panaderías y moteles, entre otros establecimientos.
Además de las penas de prisión para los propietarios y/o administradores de esos establecimientos, pueden conllevar acciones de extinción del dominio de los predios en donde se lleven cabo este tipo de actividades ilegales.